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Jueza dicta prisión preventiva contra presidente de la Fenocin por protestas de 2025

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(Redacciòn Ibarra).- La jueza Raquel Maza, de Ibarra, aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva contra Guido Perugachi, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), en el marco de una investigación por la presunta paralización de servicios públicos durante las movilizaciones registradas en septiembre y octubre de 2025, cuyo epicentro estuvo en la provincia de Imbabura.

La Fiscalía investiga al dirigente con base en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quien impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público. Este delito contempla una pena de entre uno y tres años de prisión.

La decisión judicial generó reacciones entre organizaciones sociales. La Unión Nacional de Educadores (UNE) rechazó la prisión preventiva y cuestionó la independencia e imparcialidad de la decisión, al considerar que la medida estaría fuera de la ley.

La UNE sostuvo además que el proceso evidenciaría una supuesta criminalización y persecución contra dirigentes sociales que mantienen posiciones críticas frente al Gobierno de Daniel Noboa. A través de un comunicado, la organización hizo un llamado a los sectores sociales y populares a rechazar lo que calificó como autoritarismo del Gobierno.

Hasta el momento, Guido Perugachi no ha emitido un pronunciamiento público sobre la decisión judicial.

Imbabura patrulla con menos policías de los necesarios, según cifras oficiales

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(Redacción Imbabura).- La rendición de cuentas 2025 de la Policía Nacional en Imbabura revela una brecha que impacta directamente en la seguridad: la provincia opera con menos uniformados de los que recomienda el estándar internacional.

Según los datos presentados, Imbabura tiene 469.879 habitantes. De un total de 1.033 efectivos, apenas 914 cumplen funciones preventivas, es decir, son los que realizan patrullaje en territorio.

Bajo el estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes, la provincia debería contar con al menos 1.380 agentes operativos. Sin embargo, actualmente hay 1.033 policías en funciones, lo que representa un déficit de 347 uniformados y reduce la cobertura a aproximadamente 225 por cada 100.000 habitantes.

Ciudad Blanca: menos de la mitad del personal necesario

El Distrito Ciudad Blanca, el más poblado, concentra 209.816 habitantes, pero cuenta con solo 297 policías operativos. Aplicando el estándar internacional, este sector debería tener cerca de 630 policías. La cifra actual representa menos del 50% del personal requerido, evidenciando una presión operativa constante.

Patrullaje extendido y respuesta limitada

Con una extensión cantonal de 1.093 km² y apenas 297 policías en funciones operativas, la carga territorial en el Distrito Ciudad Blanca resulta considerable: en promedio, cada uniformado tendría que cubrir cerca de 3,7 km². Sin embargo, en la práctica —debido a turnos, descansos y otras funciones— el número de agentes en calle se reduce significativamente, lo que puede elevar la cobertura a más de 10 km² por policía en servicio. Esto implica que un solo uniformado podría estar respondiendo en un radio cercano a los 2 kilómetros a la redonda, una distancia que limita el patrullaje preventivo y refleja cómo la falta de personal termina diluyendo la presencia policial en amplios sectores del cantón.

Poco personal para investigar

A esto se suma que solo 102 policías están en investigación y 17 en inteligencia. Lo que refleja una estructura enfocada en patrullaje, pero con limitaciones para enfrentar delitos complejos o estructuras criminales.

Las cifras oficiales muestran que Imbabura no solo enfrenta problemas de inseguridad, sino también una limitación de personal. Con menos policías de los necesarios en las calles, la provincia opera al límite de su capacidad, en un escenario donde la demanda de seguridad supera claramente los recursos disponibles.

Durante la visita del ministro Reimberg a Ibarra, el pasado 26 de marzo, se le consultó sobre el déficit de personal policial frente a una provincia con alta población. El funcionario aseguró que se incrementaría el número de efectivos y se reforzaría el parque automotor para mejorar la seguridad; sin embargo, hasta el momento no hay claridad sobre si este ofrecimiento se ha cumplido en los meses posteriores.

Tribunal revoca prisión preventiva a 11 de los 12 detenidos por las protestas en Otavalo

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(Redacción Quito).- Durante la mañana de este viernes, se llevó a cabo la audiencia en la que un tribunal de justicia de Pichincha resolvió revocar la prisión preventiva para 11 de los 12 detenidos durante las protestas registradas en Otavalo.

Las personas procesadas enfrentaban cargos por el presunto delito de terrorismo; sin embargo, el tribunal determinó que los elementos presentados por la Fiscalía no cumplen con los presupuestos necesarios para sustentar que los acusados pertenecen a un grupo terrorista o grupo delictivo organizado (GDO).

En su resolución, el tribunal concluyó que no existen elementos suficientes para mantener la privación de libertad, por lo que los procesados deberán ser puestos en libertad en las próximas horas. No obstante, continuarán su proceso judicial en libertad, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Los 12 ciudadanos permanecieron un mes en prisión preventiva, dentro de un proceso que ha generado amplia controversia por las denuncias de posibles excesos ocurridos durante las manifestaciones.