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A un año de Gobierno, promesas de campaña de Daniel Noboa continúan bajo cuestionamiento ciudadano

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(Redacciòn Ecuador).-A un año de que Daniel Noboa asumiera la Presidencia de Ecuador, varios de los ofrecimientos realizados durante su campaña y al inicio de su gestión continúan siendo cuestionados por ciudadanos que consideran que algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo contradicen el discurso con el que llegó al poder.

“No más impuestos” vs IVA al 15%
Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa aseguró que no se crearían nuevas cargas tributarias para los ecuatorianos. Sin embargo, pocos meses después de asumir el poder, el Gobierno impulsó el incremento del IVA del 12% al 15% como una medida para enfrentar la crisis fiscal y financiar acciones de seguridad. La decisión generó cuestionamientos debido al impacto directo en productos, servicios y el costo de vida de la población.

Aunque el Ejecutivo ha decretado de manera esporádica la reducción temporal del IVA al 8% durante feriados nacionales y fechas especiales con el objetivo de incentivar el turismo y dinamizar la economía, sectores ciudadanos y comerciales sostienen que estas medidas no compensan el efecto permanente que significó el aumento general del impuesto en el consumo diario de los ecuatorianos.

“Bajar la gasolina” vs incremento en combustibles
Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa habló de reducir el impacto económico que enfrentaban los hogares ecuatorianos, especialmente en temas relacionados con los combustibles. Sin embargo, durante su administración se aplicaron incrementos en las gasolinas extra y ecopaís, medida que derivó en protestas y paralizaciones de transportistas a nivel nacional. Como parte de los acuerdos alcanzados tras las movilizaciones, el Gobierno implementó compensaciones económicas para ciertos sectores del transporte, beneficios que continúan vigentes hasta la actualidad.

Posteriormente, organizaciones indígenas también protagonizaron jornadas de protesta en rechazo al alza de combustibles y otras medidas económicas. En provincias como Imbabura se registraron cierres de vías y paralizaciones que se extendieron durante varias semanas, afectando el comercio, el turismo y la movilidad de miles de ciudadanos.

La discusión volvió a tomar fuerza este 12 de mayo, cuando nuevamente se registró un incremento en las tarifas de los combustibles, reactivando críticas de sectores ciudadanos que consideran que las decisiones adoptadas por el Gobierno contradicen el discurso de campaña relacionado con aliviar el costo de vida de la población.

“Bajar la luz” vs crisis energética y apagones
Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa habló de aliviar el gasto de las familias ecuatorianas en servicios básicos; sin embargo, durante 2024 el país atravesó una de las peores crisis energéticas de los últimos años. Los cortes de luz llegaron a extenderse hasta por 14 horas diarias en varias provincias, afectando a hogares, comercios, industrias, estudiantes y trabajadores en todo el territorio nacional.

La emergencia eléctrica provocó millonarias pérdidas económicas y obligó al Gobierno a implementar medidas de contingencia para evitar un colapso mayor en el sistema energético. Entre ellas estuvo la compra de energía a Colombia, así como el impulso de proyectos de generación eléctrica y la incorporación de nueva infraestructura para enfrentar el déficit energético que aún continúa siendo motivo de preocupación en el país.

Aunque el Ejecutivo atribuyó la crisis a la sequía, la falta de mantenimiento y problemas estructurales heredados de administraciones anteriores, ciudadanos y sectores productivos continúan cuestionando la falta de previsión frente a una situación que impactó directamente en la economía y en la vida cotidiana de millones de ecuatorianos.

Plan Fénix y la inseguridad
El “Plan Fénix” fue presentado como la principal estrategia para enfrentar la violencia y recuperar la seguridad en el país. Aunque el Gobierno ha desplegado operativos y estados de excepción, ciudadanos continúan manifestando preocupación por extorsiones, sicariatos y hechos violentos que persisten en varias provincias del Ecuador.

Con un año de gestión cumplido y un periodo presidencial que se extiende hasta 2029, el Gobierno de Daniel Noboa continúa enfrentando el desafío de equilibrar las promesas realizadas durante la campaña con las decisiones adoptadas en medio de la crisis económica, energética y de seguridad que atraviesa el país.

Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes es designado nuevo Gobernador de Imbabura

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(Redacción Imbabura).- El Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes como nuevo gobernador de la provincia de Imbabura, en reemplazo de Elsy Maité Landeta Sánchez, según consta en el decreto ejecutivo emitido esta semana.

Ortiz Cifuentes es coronel retirado del Ejército Ecuatoriano y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público, especialmente en áreas relacionadas con seguridad, control y gestión territorial. A lo largo de su carrera ha participado en distintos procesos de coordinación institucional orientados al fortalecimiento del orden y la administración del territorio.

Dentro de sus antecedentes profesionales consta su paso por la Agencia de Regulación y Control de Recursos No Renovables (ARCOM) en Imbabura, donde intervino en acciones de control minero y articulación con otras entidades del Estado, en un contexto marcado por la necesidad de regular esta actividad en la provincia.

La Gobernación de Imbabura es la instancia encargada de representar al Ejecutivo en el territorio provincial, así como de coordinar el trabajo conjunto entre los ministerios, las fuerzas del orden y los gobiernos autónomos descentralizados. En ese marco, el nombramiento de Ortiz Cifuentes responde al objetivo del Gobierno de reforzar la gestión institucional y la coordinación interinstitucional en la provincia.

Se espera que en los próximos días el nuevo gobernador asuma formalmente sus funciones y dé a conocer las líneas prioritarias de su gestión al frente de la representación del Ejecutivo en Imbabura.

¿Qué función cumple el Gobernador en la provincia?

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(Redacción Imbabura).- Ante los recientes acontecimientos en la provincia de Imbabura, la falta de gobernabilidad y la inestabilidad política en el cargo de Gobernador han generado una inquietante interrogante en la ciudadanía: ¿Cuáles son las funciones, competencias y alcances territoriales del Gobernador?

La constante rotación en este cargo ha puesto en duda la experiencia y preparación de quienes lo asumen. Desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia de la República, Imbabura ha tenido dos gobernadores: Patricio Cervantes y Juan Sebastián Echeverría, quien cesó en sus funciones el pasado martes. Esta mañana, la provincia amaneció con un nuevo representante del Ejecutivo: Israel Cabezas, designado mediante el Decreto Presidencial N.º 38 firmado por el presidente de la República. Con su designación, Cabezas se convierte en el tercer funcionario en ocupar la Gobernación desde la llegada de Daniel Noboa al poder en 2023.

¿Cuáles son las funciones del Gobernador?

  • Representante del Presidente: El gobernador actúa como delegado del presidente de la República en la provincia.
  • Dirección de la Función Ejecutiva: Dirige las actividades de las entidades estatales en el territorio.
  • Coordinador de políticas nacionales: Supervisa la ejecución de las políticas del gobierno central a nivel provincial, como el Decreto Ejecutivo #21, mediante el cual se declara como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delincuenciales y el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno.
  • Promoción de la participación ciudadana: Fomenta la participación de la comunidad en decisiones públicas; el gobernador puede crear espacios de diálogo y consulta, o la implementación de mecanismos de participación directa como referendos y consultas populares.
  • Mantenimiento de la gobernabilidad: Tiene la responsabilidad de garantizar el orden público y la estabilidad provincial. El gobernador puede actuar mediante la conformación de un Comité de Seguridad, integrado por representantes de las distintas instituciones del Estado, con el objetivo de diseñar planes de contingencia que garanticen el orden público durante eventos masivos, feriados, festividades, eventos deportivos o en situaciones de riesgo como desastres naturales.
  • Coordinación de proyectos nacionales: El gobernador no maneja un presupuesto propio para ejecutar obras, pero le corresponde asegurar la ejecución de proyectos considerados prioritarios por el gobierno central. En este sentido, debe velar por la ejecución de varias obras emergentes que aún no se concretan en la provincia, entre ellas: La rehabilitación de la vía Salinas–Lita, con especial atención en el sector El Guadual, una zona geológicamente inestable y propensa a constantes derrumbes; así como la culminación del paso lateral de Ibarra, una obra inconclusa desde hace una década y que formó parte de las promesas de campaña del actual presidente de la República.
  • Vigilancia del Código de Ética: Controla que los funcionarios públicos actúen con principios éticos; el gobernador puede solicitar la rendición de cuentas en la administración pública, lo que a su vez fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
  • Supervisión de la administración pública: Vigila el desempeño de las instituciones y sus funcionarios en la provincia; es decir, el gobernador puede realizar visitas a instituciones públicas para supervisar la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía, además de dialogar con los usuarios para entender sus necesidades y solicitar a las autoridades mejoras en la atención al público.

Según información publicada en el portal web de la Gobernación de Imbabura, el Gobernador percibe un sueldo mensual de 3.247 dólares, lo que representa un ingreso anual aproximado de 39.500 dólares. Además, se conoce que la Gobernación cuenta con 87 funcionarios, cuyo gasto mensual en sueldos asciende a 31.120 dólares, lo que representa al año un total aproximado de 1 millón 65 mil dólares del presupuesto estatal.

Ajuste tarifario a la energía eléctrica reabre debate sobre el desarrollo industrial en Imbabura

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(Redacción Imbabura).- El 2 de junio de 2025, la vocera del Gobierno nacional, Carolina Jaramillo, anunció la eliminación del subsidio eléctrico para las industrias de alto y medio voltaje, una medida que forma parte del nuevo plan económico del Ejecutivo. Las tarifas para grandes consumidores pasarán de 7,91 a 10,22 centavos por kilovatio-hora (alto voltaje AV1) y de 9,27 a 11,64 centavos por kilovatio-hora (medio voltaje MV). Aunque el Gobierno ha aclarado que las tarifas residenciales no se verán afectadas, ni tampoco sectores como el agua para comunidades rurales y escenarios deportivos, el impacto sobre el sector empresarial sí genera reacciones.


En la provincia de Imbabura, de las más de 1.700 empresas registradas, apenas 20 están catalogadas como grandes, según datos de la Superintendencia de Compañías. Estas concentran el 53,63% de las ventas globales de la provincia (USD 303,78 millones). Empresas como FALCOMFARMS DEL ECUADOR S.A. (sector florícola), FLORALP S.A. (lácteos), ECUATEXTILES S.A. (textiles) y UNACEM (cemento) podrían estar mejor preparadas para enfrentar este ajuste gracias a que ya cuentan con sistemas propios de generación eléctrica —como paneles solares—, reduciendo su dependencia de la red nacional.


Sin embargo, el panorama no es igual para las pequeñas y medianas empresas, que podrían verse afectadas de forma indirecta si sus proveedores o distribuidores encarecen sus costos de producción. Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra, explicó que el alza golpeará con mayor fuerza a ciudades con un parque industrial más activo, como Quito o Guayaquil. En el caso de Ibarra, señaló que el parque industrial existente ya cumplió su vida útil, lo cual limita la capacidad productiva local y, al no tener un parque industrial renovado, dependemos en esta actividad productiva de otras ciudades como Quito o el centro del país.


Aguilar también hizo un llamado a retomar con fuerza la propuesta de construir un nuevo parque industrial en Ibarra, como una alternativa para impulsar el desarrollo de las pymes y fortalecer la autonomía productiva de la provincia. “Nos corresponde a los ibarreños e imbabureños impulsar la creación de un nuevo parque industrial para la pequeña y mediana empresa”, enfatizó, recordando que esta iniciativa lleva años en discusión y requiere concretarse con urgencia.