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Ecuador eleva al 100 % la tasa de seguridad a importaciones desde Colombia


(Redacción Ecuador).- El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones anunció que Ecuador incrementará al 100 % la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes de Colombia. La medida entrará en vigencia a partir del 1 de mayo de 2026.


Hasta ahora, esta tasa se ubicaba en el 50 %, por lo que el ajuste representa un endurecimiento importante en la política comercial del país. Según el comunicado oficial, la decisión responde a la falta de acciones concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte del país vecino.


El Gobierno ecuatoriano explicó que la medida se sustenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en el control de la frontera, especialmente frente a amenazas como el narcotráfico y el contrabando.


La medida se adopta en medio de un contexto reciente de tensión en la frontera norte, donde se registraron 19 días de paralización y luego del anuncio del Ministerio de la Producción de Ecuador, que entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2026, el país pasó de un déficit de 145,9 millones de dólares en 2025 a un superávit de 62,9 millones en el mismo periodo de 2026.


Al mismo tiempo, las crecientes tensiones diplomáticas que han ido más allá del ámbito comercial, tras las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien calificó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como un “preso político”. Estas afirmaciones fueron rechazadas por el Gobierno de Ecuador, liderado por el presidente Daniel Noboa.


En respuesta, la Cancillería ecuatoriana envió una nota de protesta formal a Colombia, al considerar que dichas declaraciones vulneran la soberanía nacional. Además, la canciller Gabriela Sommerfeld confirmó la suspensión de las mesas binacionales que se habían instalado previamente para tratar temas relacionados con la tasa de seguridad.

CHIJALLTA FICI oficializa su distancia con el Gobierno mediante nueve resoluciones

(Redacción Otavalo).- La Confederación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte (CHIJALLTA FICI) emitió ayer un comunicado oficial con la presencia de presidentes de pueblos, uniones y comunidades de Imbabura. En el documento, que contiene alrededor de nueve resoluciones, la organización adopta una postura crítica frente al Gobierno Nacional y reafirma su decisión de impulsar la campaña por el “NO” en la consulta popular y referéndum convocados por el Ejecutivo.

Uno de los aspectos más controversiales del documento es el punto seis, donde:

“Se exige al municipio de Otavalo que, a partir de este año y de manera permanente, el desfile cívico del 31 de octubre y todos los actos cívicos se realicen sin presencia militar ni policial, en respeto a la memoria de nuestros pueblos que fueron reprimidos con violencia desmedida”.

La resolución refleja las secuelas sociales y políticas que aún persisten en Imbabura, especialmente entre el pueblo otavaleño, quienes mantienen un sentimiento de distancia y desconfianza hacia el accionar del Gobierno en base a lo que muchos consideran un uso desproporcionado de la fuerza policial y militar durante las protestas.

Asimismo, en el punto siete, CHIJALLTA FICI anunció que:

“Prohíbe el ingreso a nuestros territorios a operadores políticos del Gobierno que están utilizando los recursos públicos para tratar de manipular o comprar conciencias para promover la Consulta Popular a favor del Gobierno.

Invitando a su vez a los actores sociales a trabajar de manera conjunta en la campaña por el “No”, y anunciaron que desde su estructura ejercerán un control permanente y estricto sobre los precios de los productos de primera necesidad y del gas en todas sus comunidades.

Con estas resoluciones, la organización indígena marca una postura firme de autonomía y rechazo a la intervención política de Daniel Noboa, reafirmando que, a pesar del fin del paro en Imbabura, la tensión entre las comunidades indígenas y el Estado central persiste, una brecha que se profundizó tras los episodios de represión vividos durante los 30 días de paralizaciones.