(Redacción Ibarra).- Lo que comenzó como una serie de denuncias por mensajes intimidantes terminó destapando una presunta red de extorsión que operaba en Imbabura y Los Ríos. Cuatro personas fueron aprehendidas durante el operativo “Libertad 223”, ejecutado por la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE), entre ellas un policía en servicio activo.
Según las investigaciones, los sospechosos enviaban mensajes de texto y videos en los que aparecían armas de fuego, identificándose como integrantes de “Los Lobos”. Las amenazas estaban dirigidas principalmente a comerciantes y familias de Ibarra y Quevedo, a quienes exigían altas sumas de dinero bajo advertencia de atentar contra sus hijos o cónyuges si no cumplían con los pagos en los plazos establecidos.
Las indagaciones se extendieron por varias semanas. Agentes especializados realizaron seguimientos y aplicaron técnicas investigativas para ubicar los inmuebles desde donde presuntamente se coordinaban las extorsiones. La madrugada del operativo, varias viviendas fueron allanadas de manera simultánea en ambas ciudades.
Entre los detenidos figura un servidor policial que, de acuerdo con las primeras versiones, habría utilizado su experiencia y conocimientos institucionales para facilitar la planificación de las acciones delictivas. Este elemento ha generado especial preocupación en las autoridades, al tratarse de un funcionario en servicio activo.
Durante los allanamientos se incautaron tres teléfonos celulares, considerados indicios clave dentro del proceso, además de dinero en efectivo y documentos que vincularían a los aprehendidos con varias denuncias presentadas en los últimos meses.
Los cuatro sospechosos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado. En Ecuador, este delito puede ser sancionado con penas de cinco a diez años de prisión, dependiendo de los agravantes que se determinen en el proceso judicial.
(Redacción Pichincha).- Un accidente de tránsito ocurrió la mañana de este jueves en la Panamericana Norte, a la altura del sector de Oyacoto, dejando como saldo una persona fallecida y ocho heridos.
La emergencia movilizó de inmediato al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, para atender a los afectados en el lugar del siniestro. Los heridos presentaban diversas lesiones y fueron estabilizados antes de ser trasladados a diferentes casas de salud.
La víctima mortal falleció en el sitio del accidente. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad.
Agentes de tránsito y personal de primera respuesta permanecen en la zona realizando las investigaciones para determinar las causas del hecho y coordinar la circulación vehicular.
(Redacción Ecuador).- La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) permanecerá cerrada a nivel nacional durante 30 días, luego del operativo denominado ‘Caso Jaque’, ejecutado este viernes 30 de enero por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada al interior de la institución.
Durante la intervención, las autoridades allanaron oficinas de la ANT en Quito, Ibarra y Santo Domingo, logrando la detención del director nacional de la entidad y ocho funcionarios, quienes estarían involucrados en una red dedicada a cobros ilegales por trámites de licencias, con valores que fluctuaban entre 150 y 200 dólares por usuario.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que esta estructura delictiva operaba desde dentro de varias agencias de tránsito del país y tendría presuntos vínculos con el grupo criminal Los Choneros. Según las investigaciones preliminares, el perjuicio económico superaría los tres millones de dólares, dinero que habría sido desviado a cuentas de los involucrados.
En los allanamientos se incautaron 38 teléfonos celulares, ocho computadoras portátiles, 55 dispositivos electrónicos, 165 documentos, además de 53.510 dólares en efectivo, un arma de fuego, dos alimentadoras y 29 cartuchos.
Reimberg explicó que el cierre temporal de la ANT permitirá avanzar con las investigaciones y ejecutar un proceso de depuración y reestructuración del personal, reiterando que todas las dependencias de la institución suspenderán sus actividades durante 30 días.
En la ciudad de Ibarra, las oficinas de la ANT también fueron allanadas como parte del operativo; sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre personas detenidas producto de la intervención local. Asimismo, no se ha emitido un pronunciamiento por parte de la actual directora de la ANT en Ibarra, Patricia Unda.
(Redacción Carchi).- Un juez de Garantías Penales de la provincia del Carchi dispuso la libertad de dos ciudadanos detenidos durante el operativo “Renacer”, en el que la Policía Nacional incautó más de 22 millones de dosis de ketamina en Tulcán.
El decomiso se realizó el pasado 23 de enero, en el sector Julio Andrade, cuando agentes policiales interceptaron un camión que transportaba la sustancia oculta bajo bloques en la parte posterior del vehículo, con el objetivo de evadir los controles de seguridad en la ruta hacia el norte del país.
Los aprehendidos, un ciudadano ecuatoriano y otro de nacionalidad colombiana, identificados como Luis L. y Pedro C., fueron puestos en libertad tras la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Pese al volumen récord de ketamina incautada, el juez dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Según las autoridades, el valor estimado de la sustancia supera los USD 324.000 en el mercado ecuatoriano, mientras que en otros países de la región podría alcanzar hasta USD 432.000 en Colombia y USD 216.000 en Perú. El camión utilizado para el transporte también fue decomisado como parte de la investigación.
La Policía Nacional expresó su profunda inconformidad con la decisión judicial. Un vocero de la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas (UNISC) señaló que resulta preocupante que una cantidad tan significativa de ketamina no haya ameritado prisión preventiva. “Se trata de una sustancia controlada, utilizada como precursor para drogas sintéticas y con alto riesgo para la salud pública. Este tipo de resoluciones envía un mensaje equivocado en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.
La ketamina es un anestésico de uso médico y veterinario legítimo; sin embargo, en algunos países se ha popularizado como droga recreativa, conocida comúnmente como “kit kat”. Los usuarios han señalado que esta sustancia produce efectos similares a los de la PCP, generando distorsiones en la percepción visual y auditiva, así como una marcada sensación de desconexión y pérdida de control. Su consumo puede afectar los sentidos, el juicio y la coordinación hasta por 24 horas después de la ingesta, aunque los efectos alucinógenos más intensos suelen presentarse durante un lapso de entre 45 y 90 minutos.
En volúmenes como el decomisado, la ketamina suele utilizarse como precursor en la fabricación de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo y sus análogos, lo que representa una amenaza creciente para la región, según alertas emitidas por organismos internacionales como la ONU y la DEA.
La Fiscalía General del Estado anunció que apelará la decisión judicial y continuará con las investigaciones para determinar la ruta, el destino final de la sustancia y posibles vínculos con redes criminales transnacionales. Los indicios, incluidos los frascos plásticos y el embalaje, serán sometidos a peritajes químicos especializados.
(Redacción Ecuador).- Ecuador no solo enfrenta una ofensiva sin precedentes del crimen organizado; también vive un debilitamiento interno de su fuerza policial. Mientras los homicidios y la violencia marcaron récords históricos, la Policía Nacional perdió a miles de sus integrantes más experimentados, en un fenómeno que avanza de forma silenciosa pero constante.
Entre 2020 y 2025, 9.608 policías solicitaron la baja voluntaria, una cifra que evidencia una crisis paralela dentro de la institución. El punto más crítico se registró en 2023, año que coincidió con el periodo más violento del país, cuando 3.053 uniformados decidieron abandonar el servicio activo.
Las cifras revelan una relación alarmante: durante ese mismo quinquenio, 698 policías murieron, lo que significa que por cada uniformado fallecido, casi 14 optaron por retirarse voluntariamente.
El comportamiento de las bajas no fue uniforme. En 2021, las salidas tocaron su nivel más bajo con 465 casos. Sin embargo, en 2022 se produjo un salto abrupto a 1.834 bajas, anticipando el colapso institucional que se evidenciaría al año siguiente. En 2023, Ecuador cerró con 8.004 asesinatos, y la Policía sufrió el mayor éxodo de su historia reciente.
Aunque en 2024 y 2025 las cifras descendieron a 1.887 y 1.493 bajas, respectivamente, el nivel de deserción sigue siendo muy superior al registrado antes de la pandemia, confirmando que el problema no ha sido superado.
Paradójicamente, este debilitamiento ocurre incluso cuando se intenta reforzar la fuerza pública. El 9 de junio de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso encabezó la graduación de 7.301 nuevos policías, una incorporación que no logró compensar la salida masiva de personal con años de experiencia.
Se van los más preparados
El impacto más grave no está en el número, sino en el perfil de quienes se van. Casi el 48% de las bajas corresponde a policías con entre 16 y 20 años de servicio (4.591 casos), es decir, cuadros formados, con liderazgo operativo y conocimiento del territorio. A ellos se suman 3.910 agentes con entre 21 y 25 años de trayectoria.
Detrás de las estadísticas hay historias marcadas por el miedo, el desgaste y la supervivencia. Uno de los casos es el de un Mayor del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que operaba en Manta, quien solicitó su baja en 2023 tras perder compañeros y recibir amenazas directas del narcotráfico. Su proyecto de vida dentro de la institución terminó abruptamente, dejando atrás años de entrenamiento de élite que hoy ya no están al servicio del Estado.
Este tipo de salidas ha generado un efecto estructural: la Policía enfrenta una escasez de oficiales de alto rango. Actualmente, solo siete generales integran el Mando Institucional, pese a que existen 18 plazas previstas para dirigir unidades estratégicas y zonas críticas.
Quito lidera las bajas
La distribución geográfica de las salidas rompe varios supuestos. Quito concentra el mayor número de bajas voluntarias del país, con 2.589 casos entre 2020 y 2025. Le sigue la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) con 1.087 salidas, y la Zona 1 de la frontera norte —Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos— con 1.205 casos.
En contraste, la Zona 2 (Napo, Orellana y el área rural de Pichincha) registra apenas 374 bajas, el nivel más bajo a escala nacional.
Al analizar provincias específicas, el impacto de la violencia territorial es evidente. Manabí perdió 663 policías, Los Ríos registró 545 bajas, y Esmeraldas vio salir a 449 uniformados, todas zonas fuertemente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Por otro lado, un informe técnico revela una grave desigualdad en la distribución de la Policía Nacional: mientras Quito concentra un excedente de más de 7.000 agentes en relación con su población y nivel delictivo, provincias como Guayas y Los Ríos —epicentros de la violencia criminal y el narcotráfico— operan con un déficit de personal para enfrentar la inseguridad.
Un problema que continúa en 2026
Para el inicio de 2026, ya existen 124 solicitudes de baja en trámite, bajo la figura de “pendiente entrega de requisitos”. Ante este escenario, la institución ha empezado a aplicar filtros más estrictos: en 2025, por primera vez en el quinquenio, 23 solicitudes fueron negadas por incumplimiento del reglamento de carrera o bajo la figura de negativa temporal.
Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y resultados frente a la delincuencia, la Policía Nacional enfrenta una batalla interna por retener a su personal clave. Menos experiencia en las filas significa menos capacidad operativa, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
(Redacción Ecuador).- Los recientes controles ejecutados por el Estado en agencias del Registro Civil responden a una estrategia nacional para combatir la intermediación ilegal, los cobros indebidos y la venta de turnos fraudulentos, prácticas que afectan directamente a la ciudadanía.
Como parte de estas acciones, este martes se realizaron operativos simultáneos en varias ciudades del país, con la participación de la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas, Gobernaciones y agencias municipales de control. Las intervenciones permitieron reducir la presencia de tramitadores en los exteriores de las agencias, inspeccionar locales comerciales y detectar irregularidades administrativas vinculadas a permisos y facturación.
Según información oficial, en 2025 se ejecutaron 99 operativos a escala nacional, que dejaron 46 personas aprehendidas, una sentencia por falsificación y uso de documento falso, y ocho locales clausurados, evidenciando que las detenciones se producen por delitos relacionados con la tramitación ilegal y el fraude documental.
En este contexto, y en medio de la investigación a 32 locales comerciales ubicados en los alrededores de varias agencias del Registro Civil a nivel nacional, en la ciudad de Tulcán cuatro funcionarios del Registro Civil del Carchi fueron desvinculados este martes, en un procedimiento que ha generado cuestionamientos por presuntas presiones y amenazas para forzar la firma de sus renuncias. Según denunciaron abogados de los afectados, la medida se habría ejecutado tras la llegada del coordinador general del Registro Civil a la dependencia local, bajo el argumento de supuestas irregularidades, concretándose al final de la jornada la salida obligada de cuatro servidores.
Las defensas legales aseguran que varios de los funcionarios contaban con nombramiento definitivo y que habrían sido advertidos con posibles penas de prisión de entre cuatro y cinco años si no renunciaban, sin que se les informara el presunto delito. También denunciaron impedimentos para brindar asesoría legal, la ausencia de Fiscalía y Policía durante el proceso, y la incomunicación de los empleados. Entre los desvinculados figuran servidores con hasta 24 y 15 años de trayectoria institucional.
(Redacción Ibarra).– A las 06:45 de esta mañana, se registró un siniestro de tránsito en el Anillo Vial, a la altura del redondel del Milagro, en el que un vehículo liviano impactó a un ciclista que transitaba por la zona, provocando una emergencia de alta gravedad.
El personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, estación Santo Domingo, acudió de inmediato al lugar con una unidad de rescate y una ambulancia. Al llegar, el equipo de atención prehospitalaria constató que la víctima se encontraba junto al vehículo involucrado y, tras la evaluación, se confirmó que no presentaba signos vitales, falleciendo de manera inmediata como consecuencia del impacto.
La Policía Nacional se encargó de los procedimientos legales correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo. Cabe señalar que, al momento de la intervención, el conductor del vehículo presuntamente implicado no se encontraba en el lugar.
(Redacción Imbabura).- El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó a las disputas entre bandas criminales —a las que el Gobierno ha declarado “la guerra”— el hecho de que 2025 se convirtiera en el año más violento del país, con más de 9.000 homicidios registrados. Según la autoridad, la ofensiva estatal contra el crimen organizado intensificó los enfrentamientos entre estructuras delictivas, lo que derivó en cerca de 9.300 muertes violentas a nivel nacional durante el año pasado.
En Imbabura, se registraron 33 asesinatos, más del doble de los contabilizados en 2024. Las cifras ubican al año pasado como el segundo más violento en diez años, solo por debajo de 2019, cuando la provincia enfrentó el impacto directo de la minería ilegal en Urcuquí.
La capital provincial concentró el mayor número de muertes violentas. Ibarra acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1), lo que evidencia una preocupante concentración de la violencia en zonas urbanas y refuerza la alerta sobre el avance del crimen organizado en la provincia.
Autoridades y analistas de seguridad advierten que este repunte no es un hecho aislado. La disputa por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a Imbabura en un territorio estratégico para organizaciones criminales, que utilizan a Ibarra como centro logístico y refugio, según reportes policiales y militares.
El hallazgo de armas de alto poder, municiones y explosivos durante los operativos ejecutados en 2025 confirmó la presencia de estructuras armadas con una capacidad operativa sin precedentes en la provincia. Ante este escenario, Imbabura enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de seguridad, un compromiso que el gobernador Jorge Ortíz asumió públicamente el día de su posesión. Mientras tanto, la ciudadanía exige acciones más contundentes y mantiene la expectativa de que el 2026 marque el inicio de un periodo de mayor paz y tranquilidad para la provincia.
(Redacción Ibarra).- En un video difundido por la Policía Nacional, se evidenció un presunto hecho delictivo ocurrido el 21 de noviembre, cerca de las 13:50, en un domicilio ubicado en la calle Luis Felipe Borja. En las imágenes se observa cómo un individuo ingresa al inmueble forzando aparentemente la seguridad de la vivienda y procede a sustraer varios cilindros de gas, los cuales fueron cargados en un taxi para luego huir del lugar.
Según información de la entidad, el sujeto habría sido identificado como Anderson P., quien posteriormente habría sido aprehendido en un operativo en la parroquia Alpachaca por el delito de hurto y puesto a órdenes de las autoridades competentes. De acuerdo con datos preliminares, el ciudadano registraría antecedentes penales y procesos judiciales pendientes.
Un aspecto que llamó la atención de los investigadores es la facilidad con la que el individuo ingresa al domicilio, lo que hace presumir que habría utilizado una especie de llave maestra o un objeto similar para vulnerar la seguridad del inmueble.
Segundo caso con características similares De manera presumible, un nuevo hecho de similares características quedó registrado en cámaras de seguridad el 20 de diciembre, alrededor de las 16:57, en un domicilio ubicado en la calle Galo Plaza Lasso, en el sector del parque Céntrica, a pocos metros del ECU 911.
En este segundo video se observa a un hombre con rasgos físicos similares al del primer caso, quien actuó en compañía de dos mujeres. Mientras el individuo irrumpía en la vivienda utilizando un objeto metálico, las mujeres permanecían en el exterior vigilando el entorno.
El sujeto logró sustraer un cilindro de gas, regresó al interior del domicilio, manipuló la cámara de seguridad y posteriormente intentó llevarse dos tanques más. Sin embargo, al escuchar ruidos dentro de la vivienda, huyó del lugar, dejando el presunto delito inconcluso.
Ambos sucesos presentan coincidencias en la forma de ejecución, lo que permitiría presumir que podrían estar relacionados y que un mismo individuo habría actuado en más de una ocasión en un lapso menor a un mes. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial que establezca una vinculación directa entre los casos, por lo que la información descrita en esta redacción se mantiene en el ámbito de lo presuntivo para conocimiento de la ciudadanía.
(Redacción Ibarra).- Un violento intento de asalto se registró la noche del pasado viernes en el sector El Olivo, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a dos jóvenes que se encontraban sentados en el borde de una acera, en la intersección de las calles Dr. Cristóbal Tobar Subía y Dr. Luis Madera.
En el video enviado a nuestra redacción, se observa cómo uno de los agresores sacó un arma blanca e intentó robar el teléfono celular de uno de los jóvenes, provocando un forcejeo que pudo terminar en tragedia. La rápida reacción de otros jóvenes y vecinos que acudieron en ayuda de las víctimas obligó a los antisociales a huir del lugar.
El hecho ocurrió alrededor de las 23:00, generando temor e indignación entre los moradores del sector. Hasta el momento, se desconoce si el joven sufrió heridas durante el enfrentamiento.
Vecinos exigen mayor presencia policial, ya que aseguran que este tipo de hechos se repiten con frecuencia en la zona.
Hoy en Imbabura 