(Redacción Imbabura).- A 100 días de su designación, la gestión del gobernador de Imbabura, Jorge Ortiz, empieza a ser objeto de análisis y cuestionamiento por parte de la ciudadanía.

El Gobierno Nacional lo nombró mediante decreto ejecutivo el 17 de diciembre de 2025, en reemplazo de Elsy Maité Landeta Sánchez, en un contexto complejo para la provincia: pérdidas económicas tras la paralización de octubre y un ambiente de descontento ciudadano frente a la administración anterior.

Ortiz, coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, llegó al cargo con un perfil enfocado en seguridad, control territorial y gestión pública. Bajo esa línea, su administración asegura haber impulsado varias acciones en este inicio de gestión.

Entre los principales anuncios oficiales se destacan la activación permanente de un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, operativos de control migratorio y la intervención en la detección de cámaras ilegales en coordinación con el ECU 911. A esto se suman brigadas sociales en el marco del programa “El Nuevo Ecuador”, la entrega de kits agropecuarios, tractores y la implementación de reservorios para el sector agrícola, además de acciones de apoyo a comunidades vulnerables.

Sin embargo, más allá del discurso institucional, la percepción ciudadana parece ir en otra dirección. En lo que va del año, Imbabura ha registrado al menos ocho muertes vinculadas a hechos violentos, entre ellos casos de sicariato, desapariciones y asesinatos, lo que ha generado preocupación en distintos sectores de la provincia. En este contexto, el foco de la migración delincuencial se ha concentrado en Ibarra y Otavalo, donde se han reportado dos casos de doble sicariato en cada cantón.

A pesar de los operativos de control y de la activación de mesas de trabajo en seguridad —particularmente durante feriados—, los reportes ciudadanos reflejan una problemática persistente: la inseguridad continúa en el territorio. Modus operandi como los robos en motocicleta en Ibarra, los asaltos en la vía pública y los robos a locales comerciales se han vuelto recurrentes en el día a día. Este patrón mantiene en alerta a la población y evidencia una brecha entre las acciones anunciadas y la realidad que se vive en las calles.