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2025, el año más violento de la historia de Ecuador

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(Redacción Imbabura).- El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó a las disputas entre bandas criminales —a las que el Gobierno ha declarado “la guerra”— el hecho de que 2025 se convirtiera en el año más violento del país, con más de 9.000 homicidios registrados. Según la autoridad, la ofensiva estatal contra el crimen organizado intensificó los enfrentamientos entre estructuras delictivas, lo que derivó en cerca de 9.300 muertes violentas a nivel nacional durante el año pasado.

En Imbabura, se registraron 33 asesinatos, más del doble de los contabilizados en 2024. Las cifras ubican al año pasado como el segundo más violento en diez años, solo por debajo de 2019, cuando la provincia enfrentó el impacto directo de la minería ilegal en Urcuquí.

La capital provincial concentró el mayor número de muertes violentas. Ibarra acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1), lo que evidencia una preocupante concentración de la violencia en zonas urbanas y refuerza la alerta sobre el avance del crimen organizado en la provincia.

Autoridades y analistas de seguridad advierten que este repunte no es un hecho aislado. La disputa por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a Imbabura en un territorio estratégico para organizaciones criminales, que utilizan a Ibarra como centro logístico y refugio, según reportes policiales y militares.

El hallazgo de armas de alto poder, municiones y explosivos durante los operativos ejecutados en 2025 confirmó la presencia de estructuras armadas con una capacidad operativa sin precedentes en la provincia. Ante este escenario, Imbabura enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de seguridad, un compromiso que el gobernador Jorge Ortíz asumió públicamente el día de su posesión. Mientras tanto, la ciudadanía exige acciones más contundentes y mantiene la expectativa de que el 2026 marque el inicio de un periodo de mayor paz y tranquilidad para la provincia.

Juicio político al CPCCS avanza y pone bajo observación a dos vocales imbabureños

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(Redacción Imbabura).- El juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza en la Asamblea Nacional y coloca en el foco de atención a dos representantes de la provincia de Imbabura: Piedad Cuarán y David Rosero.

Este jueves 8 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento, por unanimidad, de la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina, quien acusa a los vocales de presunto incumplimiento de funciones. La resolución dio paso al envío del expediente a la Unidad Técnica Legislativa, que tendrá tres días para emitir el informe técnico correspondiente.

Entre los vocales señalados constan Piedad Cuarán y David Rosero, ambos imbabureños, junto con Andrés Fantoni (presidente del CPCCS), Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez.

El pedido de juicio político se sustenta en tres causales principales, un presunto conflicto de intereses relacionado con Christian Troya, cercano a Mario Godoy, el archivo de impugnaciones presentadas contra Godoy durante el concurso para la designación de vocales del Consejo de la Judicatura y la descalificación de Édison Toro, que habría facilitado la incorporación de Godoy en dicho proceso.

De ser calificada la solicitud tras el informe técnico, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), donde se analizarán las pruebas y argumentos presentados.

Piedad Cuarán, oriunda de Lita, es licenciada en Ecoturismo por la Universidad Técnica del Norte y cuenta con un máster en Ecoturismo de Áreas Protegidas. Antes de su actual cargo, tuvo un paso previo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se desempeñó como especialista en Políticas de Interculturalidad, gestora cultural y delegada provincial de Imbabura en 2017.

Por su parte, David Rosero fue consejero del CPCCS en dos periodos: entre 2011 y 2015, y posteriormente de 2019 a 2023, cuando fue destituido. No obstante, fue posesionado nuevamente en abril del año pasado, retomando funciones en el organismo.

El proceso avanza en medio del seguimiento público, especialmente en Imbabura, donde se observa con atención el rol y la actuación de Piedad Cuarán y David Rosero, a la espera del desenlace del juicio político

Viceprefecta de Imbabura denuncia persecución política tras investigación por presunto financiamiento al terrorismo

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(Redacción Imbabura).- La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, denunció una presunta persecución política y judicial en su contra, luego de que la Fiscalía abriera una investigación por presunto financiamiento al terrorismo.

A través de un pronunciamiento público, Vercoutère aseguró que el proceso forma parte de una estrategia estatal para acallar voces críticas y disidentes, especialmente de mujeres, dirigentes indígenas y defensoras de derechos humanos.

La viceprefecta relató que el 21 de septiembre sus cuentas bancarias fueron bloqueadas sin previo aviso, junto con las de otras lideresas sociales. Asegura que no recibió notificación ni se presentaron pruebas, lo que a su criterio constituye una violación al debido proceso.

Días después, el 26 de septiembre, su nombre apareció en redes sociales dentro de una lista de personas investigadas por presunto enriquecimiento privado no justificado. En respuesta, presentó una acción de protección para exigir la restitución de sus derechos, la cual fue negada por la justicia constitucional.

Aunque el 31 de octubre anunció haber conseguido el desbloqueo de sus cuentas, horas más tarde fue notificada nuevamente por un nuevo proceso judicial: financiamiento al terrorismo.

La abogada Sonia Vera, defensora de Vercoutère, aseguró que su clienta ha sido víctima de un patrón de hostigamiento desde que lideró movilizaciones y procesos de defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios.

Entre las acciones denunciadas figuran: Bloqueo arbitrario de cuentas sin orden judicial, procesos penales fabricados por supuestos delitos de terrorismo, vigilancia estatal y hostigamiento físico en Otavalo e Imbabura, estigmatización pública por parte de autoridades y medios afines al Gobierno.

Vercoutère advirtió que este tipo de procesos judiciales “con fines políticos” fomentan el miedo, la autocensura y la criminalización del liderazgo social, e hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen la situación en el país.

“No se trata solo de mi caso —subrayó—, sino del uso del poder judicial para callar a quienes piensan diferente”.

AME anuncia acción legal por falta de transferencias del Estado a los GAD

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(Redacción Ecuador).- La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) denunció que la falta de recursos presupuestarios por parte del Estado hacia los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) está generando una crisis institucional, territorial y de servicios en todo el país. Según la organización, se tomó esta decisión tras las reiteradas denuncias de 20 alcaldes de distintas ciudades del Ecuador sobre el incumplimiento de pagos. Sin estas transferencias, es imposible garantizar mejoras en comunidades, barrios y sectores vulnerables, particularmente en servicios básicos como agua potable, alcantarillado, alumbrado público, mantenimiento vial, recolección de basura, así como en programas sociales, inversión en salud y educación.

Ante este escenario, la AME anunció que presentará una demanda de acción por incumplimiento de la Constitución y del artículo 200 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que establece que las asignaciones a los GAD deben ser predecibles, directas, oportunas y automáticas, además de crecer conforme a la tasa de incremento de los ingresos permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado.

La acción será presentada ante la Corte Constitucional, mientras que de manera paralela la AME exigió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión urgente del acuerdo ministerial contemplado en la Ley de Alivio Financiero, el cual debió implementarse en un plazo de 30 días y que permitiría la compensación de saldos mediante cruce de cuentas.

El Gobierno Nacional adeuda a los municipios de Imbabura un total de 15.563.241,40 dólares.

Ibarra encabeza la lista con 5.827.464,33 dólares, seguida de Otavalo con 3.853.218,28 dólares, Antonio Ante con 1.992.786,62 dólares, Cotacachi con 1.890.249,35 dólares, Pimampiro con 1.084.656,57 dólares y San Miguel de Urcuquí con 914.866,25 dólares. Las autoridades locales esperan que estos recursos sean cancelados a la brevedad.