(Redacción Imbabura).-Esta mañana, desde la ciudad de Ibarra, se realizó el lanzamiento oficial de la feria XPOTEX 2025 en su 12.ª edición, uno de los eventos más esperados por la industria textil, del calzado y la confección del país.
Organizada por la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), la feria regresa con fuerza y busca conectar la creatividad local con las nuevas tendencias del diseño, la sostenibilidad y la innovación. La cita será el 28, 29 y 30 de agosto en el Centro de Exposiciones Quito, donde se espera reunir a fabricantes, diseñadores, compradores y amantes de la moda.
Más que una exposición, XPOTEX 2025 se perfila como un escaparate de lo mejor que produce Ecuador, con énfasis en procesos amigables con el ambiente, materiales reciclados y propuestas que fusionan técnica, arte e identidad.
Durante el lanzamiento se respiró optimismo. Empresarios, representantes del sector productivo, medios e instituciones públicas coincidieron en que el evento llega en un momento clave para impulsar la industria nacional y posicionar al país como un actor relevante en el mapa textil regional.
Además de los tradicionales stands y exhibiciones, esta edición sumará espacios para el café ecuatoriano, desfiles, networking y lanzamientos de productos.
(Redacción Ibarra).- Este 17 de julio de 2025, la ciudad de Ibarra conmemora 202 años de la histórica batalla ocurrida en 1823, una fecha clave en el proceso de independencia del Ecuador y de América Latina. Este enfrentamiento marcó la última acción de armas de la independencia en territorio ecuatoriano, y fue la única dirigida personalmente por el libertador Simón Bolívar en estas tierras.
El combate tuvo lugar en la hacienda La Victoria, al otro lado del río Tahuando, donde se encontraba la emblemática piedra Chapetona. Desde ese punto estratégico, Bolívar condujo a las tropas patriotas hacia una victoria decisiva que cerró de forma definitiva las campañas libertarias en Ecuador.
Aunque la Batalla de Pichincha, el 24 de mayo de 1822, es ampliamente reconocida como un hito fundamental, fue la victoria en Ibarra el 17 de julio de 1823 la que consolidó por completo el control patriota en el territorio ecuatoriano. Gracias a este triunfo, las fuerzas libertarias pudieron enfocar sus esfuerzos en la campaña del Perú, avanzando en la causa de la independencia continental. Este episodio histórico ibarreño guarda un lugar de honor junto a otras gestas militares de gran relevancia, como la Batalla del Portete de Tarqui, librada el 27 de febrero de 1829; sin embargo, no tiene el reconocimiento nacional que algunos historiadores y ciudadanos consideran que debería tener.
A más de dos siglos de aquella mañana del 17 de julio, Ibarra recuerda con orgullo el papel que jugó en la historia nacional, como escenario de una victoria que selló la libertad en Ecuador.
(Redacción Imbabura).- La noche del martes 8 de julio, la Policía Nacional ejecutó un operativo en el sector de Ambuquí, a la altura del Control Integrado Mascarilla-Tababuela, en la vía Panamericana E35, que dejó como resultado la aprehensión de dos ciudadanos identificados como Guandinango L. y Ayora M. y la incautación de 458 bloques de una sustancia vegetal presumiblemente marihuana, con un peso total de 453.788,80 gramos, cerca de media tonelada de droga.
El procedimiento fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Centro de Adiestramiento Canino (CRAC) y la Jefatura Zonal de Criminalística, como parte de los operativos de control que se refuerzan en los principales ejes viales del norte del país.
Durante el control vehicular, se detuvo un camión que transportaba cartones con productos vegetales. La inspección con el can detector ASSAN, del CRAC, generó una alerta positiva por posible presencia de sustancias sujetas a fiscalización. Al revisar con mayor detalle, los agentes descubrieron un doble fondo en el camión, donde se encontraba oculta la droga, una técnica comúnmente utilizada por redes de narcotráfico para evadir los controles.
Según las primeras indagaciones, la droga habría ingresado desde territorio colombiano y estaría destinada al consumo local.
(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.
El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.
El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.
Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.
(Redacción Imbabura).- La revocatoria del mandato es un derecho constitucional y una herramienta de participación ciudadana que permite a los ecuatorianos solicitar la salida anticipada de una autoridad elegida por votación popular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
Este mecanismo de democracia directa, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, puede aplicarse a alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas e incluso al Presidente de la República.
Según la normativa vigente, cualquier ciudadano ecuatoriano que goce de sus derechos políticos puede solicitar una revocatoria de mandato, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la posesión de la autoridad en funciones y no se esté en el último año del periodo para el cual fue electa la autoridad. Además, deben presentarse motivos claros y documentados que sustenten el pedido. La solicitud debe ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral, y una vez ingresada, la autoridad señalada tendrá siete días para impugnarla. Luego, el CNE dispondrá de siete días más para resolver si acepta o niega el pedido.
Una vez que el CNE admite la solicitud, los proponentes deben recolectar un número de firmas equivalente al 10% del padrón electoral correspondiente al territorio donde fue electa la autoridad. En el caso de Ibarra, donde existen aproximadamente 170 mil electores, se necesitan cerca de 17 mil firmas válidas. El CNE entrega formularios oficiales para la recolección y los ciudadanos tienen un plazo de 180 días para completar esta etapa.
Una vez entregadas las firmas, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 15 días para verificar su autenticidad. Si las firmas son válidas y se confirma el cumplimiento de todos los requisitos legales, el CNE debe convocar al proceso de revocatoria en un plazo máximo de tres días. La consulta popular debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a la convocatoria.
Esta sería la línea de tiempo que se debería seguir en el caso de que el proceso de revocatoria inicie este 01 de julio del 2025.
01 de Julio del 2025 : Inicio del pedido de revocatoria, formalización de documentos en el CNE.
07 de Julio del 2025 : Fin del periodo de impugnación de la revocatoria
14 de Julio del 2025: Fin del plazo para que el CNE califique o deseche el pedido de revocatoria.
15 de Julio del 2025: En el caso de aprobar el CNE entregará los formularios para la recolección de firmas.
28 de Diciembre del 2025: Fin del plazo para la entrega de las más de 17 mil firmas validas.
12 de Enero del 2026: Fin del plazo para que el CNE verifique las firmas.
15 de enero del 2026: En caso de encontrar las firmas válidas necesarias, el CNE convocará al proceso de revocatoria.
16 de enero del 2026: Inicio de campaña política a favor o en contra de la revocatoria.
15 de marzo del 2026: Elecciones para decidir sobre la revocatoria del mandato.
Desde 2010, seis alcaldes en el país han sido revocados de su cargo:
1. Jorge Tsenkush (Tiwintza, Morona Santiago) – octubre de 2010: El alcalde Jorge Tsenkush fue el primer caso tras la reforma constitucional de 2009. En octubre de 2010, el CNE validó las firmas presentadas por Hernán Uwijint en apoyo a la revocatoria y convocó a la consulta dentro de los 60 días siguientes.
2. Doris López (Jaramijó, Manabí) – julio de 2011: En la consulta del 24 de julio de 2011, la ciudad de Jaramijó decidió revocar a su alcaldesa Doris López. El 46,7% votó por su destitución, siendo uno de los cuatro alcaldes revocados en esa fecha.
3. Víctor González (Pablo Sexto, Morona Santiago) – julio de 2011: Ese mismo 24 de julio, Pablo Sexto removió al alcalde Víctor González mediante consulta popular, con aproximadamente 49 % de votos a favor.
4. Hugo Pineda (Baños, Tungurahua) – julio de 2011: El 24 de julio de 2011, Baños optó por destituir a su alcalde Hugo Pineda, con un 52,1 % de votos a favor de la revocatoria.
5. Segundo Mejía (Palanda, Zamora Chinchipe) – julio de 2011: El alcalde Segundo Mejía fue destituido el 24 de julio de 2011, con un 50,6 % de respaldo a la revocatoria, convirtiéndose en uno de los seis alcaldes removidos en ese proceso masivo.
6. José Bolívar Castillo (Loja, Loja) – junio de 2018: En junio de 2018, la ciudadanía lojana revocó el mandato del entonces alcalde José Bolívar Castillo Vivanco. El proceso fue impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi, quien argumentó que el exalcalde cometió arbitrariedades con el sistema de fotomultas. En la votación, el 70,8 por ciento de los ciudadanos apoyó su salida del cargo.
Existen procesos abiertos actualmente en el país; en los primeros tres meses de este año, se han presentado pedidos de revocatoria de mandato y remoción de los alcaldes de Riobamba y Quito.
El alcalde John Vinueza enfrentó ya tres procesos de revocatoria de mandato y, además, un pedido ciudadano para su remoción en 2025. El último caso llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó a Vinueza en el cargo, este 26 de junio se inició un nuevo pedido de revocatoria impulsado por Juan Carlos Romero y actúa en calidad de ciudadano y no representa ningún partido político.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, también enfrenta un proceso de revocatoria de mandato. En su caso, se lo acusa de hacer campaña política a favor de Luisa González, de Revolución Ciudadana, organización política a la que ambos pertenecen. El colectivo Cuida tu voto ha recolectado hasta el momento un total de 165 000 firmas, lo que representa el 80,4% del total requerido. La meta establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 205 000 firmas válidas, que deben presentarse hasta el 5 de octubre de 2025.
Por otro lado, algunos actores políticos en Ibarra han mencionado, a través de plataformas como TikTok, que existe un supuesto clamor ciudadano para iniciar un proceso de recolección de firmas con miras a una revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento, el CNE no ha recibido ninguna solicitud formal ni documentación oficial por parte de movimientos o partidos políticos que respalden dicha iniciativa.
(Redacción Ibarra).– El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo Aguirre, ha sido ubicado entre los cinco alcaldes con mejor imagen del Ecuador, según el más reciente Ranking Nacional de CB Consultora Opinión Pública, publicado en junio de 2025.
El estudio —realizado entre el 14 y el 20 de junio a nivel nacional, con 1.481 casos y un margen de error de ±2,5 %— otorga a Castillo un 23,7 % de imagen positiva, ubicándolo en el quinto lugar, solo por debajo de los alcaldes de Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato. Este reconocimiento llega mientras su administración impulsa una agenda de desarrollo local que ha marcado hitos importantes para Ibarra.
Principales hitos en la administración de Álvaro Castillo
Desde el inicio de su gestión, Castillo ha enfocado sus esfuerzos en mejorar la infraestructura vial, ampliar los servicios básicos, fomentar el turismo y recuperar espacios públicos. Entre los principales logros se destacan:
48 kilómetros de adoquinado en barrios urbanos y rurales, además de 23 km adicionales entre asfaltados y readoquinados.
Cobertura de agua potable por encima del 90 %, y obras de alcantarillado en sectores como Caranqui, Alpachaca y San Francisco.
Avance del sistema regional de agua Pesillo–Imbabura, una obra de USD 47 millones que beneficiará a 300 mil personas.
Recuperación de parques y áreas verdes como el de la Juventud, Germán Grijalva y el Paseo Pilanquí–Parque del Amor.
Reactivación del Tren del Taita Imbabura, con 13 km operativos desde abril, impulsando el turismo y la economía local.
Intervención en 16 unidades educativas con más de USD 3 millones en inversión.
Proyecto de rescate arqueológico y turístico del Inkawasi, como eje patrimonial y cultural de la ciudad.
En un contexto nacional marcado por el desgaste político y la falta de confianza en autoridades locales, Álvaro Castillo se posiciona como uno de los pocos alcaldes que combina imagen positiva con avances concretos en su territorio.
(Redacción Imbabura).- Ante los recientes acontecimientos en la provincia de Imbabura, la falta de gobernabilidad y la inestabilidad política en el cargo de Gobernador han generado una inquietante interrogante en la ciudadanía: ¿Cuáles son las funciones, competencias y alcances territoriales del Gobernador?
La constante rotación en este cargo ha puesto en duda la experiencia y preparación de quienes lo asumen. Desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia de la República, Imbabura ha tenido dos gobernadores: Patricio Cervantes y Juan Sebastián Echeverría, quien cesó en sus funciones el pasado martes. Esta mañana, la provincia amaneció con un nuevo representante del Ejecutivo: Israel Cabezas, designado mediante el Decreto Presidencial N.º 38 firmado por el presidente de la República. Con su designación, Cabezas se convierte en el tercer funcionario en ocupar la Gobernación desde la llegada de Daniel Noboa al poder en 2023.
¿Cuáles son las funciones del Gobernador?
Representante del Presidente: El gobernador actúa como delegado del presidente de la República en la provincia.
Dirección de la Función Ejecutiva: Dirige las actividades de las entidades estatales en el territorio.
Coordinador de políticas nacionales: Supervisa la ejecución de las políticas del gobierno central a nivel provincial, como el Decreto Ejecutivo #21, mediante el cual se declara como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delincuenciales y el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno.
Promoción de la participación ciudadana: Fomenta la participación de la comunidad en decisiones públicas; el gobernador puede crear espacios de diálogo y consulta, o la implementación de mecanismos de participación directa como referendos y consultas populares.
Mantenimiento de la gobernabilidad: Tiene la responsabilidad de garantizar el orden público y la estabilidad provincial. El gobernador puede actuar mediante la conformación de un Comité de Seguridad, integrado por representantes de las distintas instituciones del Estado, con el objetivo de diseñar planes de contingencia que garanticen el orden público durante eventos masivos, feriados, festividades, eventos deportivos o en situaciones de riesgo como desastres naturales.
Coordinación de proyectos nacionales: El gobernador no maneja un presupuesto propio para ejecutar obras, pero le corresponde asegurar la ejecución de proyectos considerados prioritarios por el gobierno central. En este sentido, debe velar por la ejecución de varias obras emergentes que aún no se concretan en la provincia, entre ellas: La rehabilitación de la vía Salinas–Lita, con especial atención en el sector El Guadual, una zona geológicamente inestable y propensa a constantes derrumbes; así como la culminación del paso lateral de Ibarra, una obra inconclusa desde hace una década y que formó parte de las promesas de campaña del actual presidente de la República.
Vigilancia del Código de Ética: Controla que los funcionarios públicos actúen con principios éticos; el gobernador puede solicitar la rendición de cuentas en la administración pública, lo que a su vez fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Supervisión de la administración pública: Vigila el desempeño de las instituciones y sus funcionarios en la provincia; es decir, el gobernador puede realizar visitas a instituciones públicas para supervisar la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía, además de dialogar con los usuarios para entender sus necesidades y solicitar a las autoridades mejoras en la atención al público.
Según información publicada en el portal web de la Gobernación de Imbabura, el Gobernador percibe un sueldo mensual de 3.247 dólares, lo que representa un ingreso anual aproximado de 39.500 dólares. Además, se conoce que la Gobernación cuenta con 87 funcionarios, cuyo gasto mensual en sueldos asciende a 31.120 dólares, lo que representa al año un total aproximado de 1 millón 65 mil dólares del presupuesto estatal.
(Redacción Ibarra).- El Autódromo Internacional de Yahuarcocha, ubicado en Ibarra, será sede este fin de semana del «Gran Encuentro de Cabezales 2025», una competencia que reunirá a conductores de Ecuador y otros países.
La programación oficial arrancará el día sábado 31 de mayo a las 10:00 am, con pruebas de velocidad y habilidad en pista. Durante la noche está previsto varias actividades que incluyen un show de luces, elección del cabezal mejor decorado, presentaciones musicales y se contará además con servicios de food trucks.
Las competencias continuarán el domingo 1 de junio, cuando se disputen las finales y se realice la premiación oficial de los ganadores.
Zona VIP (acceso a pista): $30, preferencia (bajo techo): $10 y general: $5. Los niños pagan a partir de los 5 años.
Las entradas están disponibles a la venta de forma digital en http://www.ticketmas.com.ec y en las boleterías del autódromo.
(Redacción Imbabura).-Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. Solo en los primeros cinco meses de 2025, el país ha registrado un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. De enero a abril se han contabilizado 3.087 muertes violentas, lo que representa un incremento del 58 % en comparación con el mismo período del año anterior.
Enero y febrero sumaron 1.530 homicidios, mientras que marzo y abril registraron 831 y 726 asesinatos, respectivamente. Las cifras convierten este periodo en el más violento jamás registrado en el país.
A pesar de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la violencia continúa escalando. Ciudades de la Costa ecuatoriana, varios sectores de la Sierra y zonas urbanas que antes eran consideradas tranquilas, como Ibarra, también han sido alcanzadas por esta ola delictiva.
En la capital imbabureña, la percepción de inseguridad ha crecido significativamente. La ciudadanía reporta un incremento de los delitos de oportunidad, como robos a domicilios y asaltos a personas en la vía pública, especialmente en zonas con escasa iluminación y sin presencia policial. Los antisociales, a bordo de motocicletas, aprovechan la falta de patrullaje para cometer estos robos. En sectores como Miravalle y Los Huertos Familiares, se registran hasta tres robos por semana según los reportes ingresados a nuestra redacción.
Frente a este panorama, el presidente Daniel Noboa envió el pasado 17 de mayo su primer proyecto de ley a la nueva Asamblea Nacional. Bajo el nombre de “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”, la iniciativa busca golpear las finanzas de los grupos delincuenciales, atacando directamente el poder económico del crimen organizado.
La propuesta, calificada como urgente en materia económica, implica reformas al Código Orgánico Integral Penal y otros cuerpos legales. Los asambleístas tienen un plazo de 30 días para tramitarla.
El texto legal propone medidas tributarias, financieras y de seguridad con el objetivo de “proteger a la ciudadanía, estabilizar el sistema económico y reactivar zonas afectadas por el crimen organizado”.
El crecimiento del narcotráfico y la presencia de bandas delincuenciales han profundizado la crisis. Noboa enfrenta el mayor reto de su mandato: recuperar el control territorial y restablecer la seguridad del país.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.