(Redacción Quito).- Durante la mañana de este viernes, se llevó a cabo la audiencia en la que un tribunal de justicia de Pichincha resolvió revocar la prisión preventiva para 11 de los 12 detenidos durante las protestas registradas en Otavalo.
Las personas procesadas enfrentaban cargos por el presunto delito de terrorismo; sin embargo, el tribunal determinó que los elementos presentados por la Fiscalía no cumplen con los presupuestos necesarios para sustentar que los acusados pertenecen a un grupo terrorista o grupo delictivo organizado (GDO).
En su resolución, el tribunal concluyó que no existen elementos suficientes para mantener la privación de libertad, por lo que los procesados deberán ser puestos en libertad en las próximas horas. No obstante, continuarán su proceso judicial en libertad, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
Los 12 ciudadanos permanecieron un mes en prisión preventiva, dentro de un proceso que ha generado amplia controversia por las denuncias de posibles excesos ocurridos durante las manifestaciones.
(Redacción Imbabura).- Para mitigar los efectos económicos generados por las manifestaciones sociales y cierres viales que afectan, principalmente, a la provincia de Imbabura, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) resolvió una ampliación excepcional de patronales correspondientes al mes de octubre de 2025, lo que garantiza la continuidad de las prestaciones y servicios que se ofrecen a los afiliados y empleadores de la provincia de Imbabura.
La fecha original de pago era el 17 de noviembre del año en curso, pero gracias a esta resolución la nueva fecha máxima de pago es el 10 de diciembre, lo que significa una ampliación de 23 días en el plazo.
Durante este período no se generarán intereses, multas ni recargos, siempre que los pagos se efectúen hasta el 10 de diciembre. Los empleadores beneficiados son 4915 (entre públicos y privados). La cobertura abarca a empleadores, afiliados voluntarios e independientes de Imbabura.
Esta medida representa un alivio financiero temporal para el sector productivo y garantiza la continuidad de las prestaciones y servicios para los afiliados. El IESS pondrá en conocimiento del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Biess, esta disposición para la aplicación de las acciones administrativas que correspondan.
(Redacción Otavalo).- Esta mañana, la alcaldesa de Otavalo se dirigió a la población en una asamblea pública, en medio de un clima de incertidumbre y confrontación que mantiene la provincia.
Manifestó que, durante los primeros días de las paralizaciones, junto a los concejales del cantón, se intentó instalar una mesa de diálogo con el gobierno y los líderes indígenas, pero los esfuerzos no fueron fructíferos. Además, relató que, en un intento de avanzar en el diálogo, la Gobernación de Imbabura le cerró sus puertas, pese a ser ella una autoridad.
Respecto a la reunión de ayer, la alcaldesa confirmó su participación en los acuerdos para la liberación de los detenidos, quienes regresaron a la provincia para continuar sus procesos legales. Además, detalló los compromisos alcanzados, que incluyen indemnizar a los familiares de las dos personas fallecidas (Efraín Fúeres y José Guaman) y brindar atención inmediata a los heridos durante los disturbios.
Sobre el polémico Decreto 126, que elimina el subsidio al diésel, señaló que no fue abordado durante el diálogo, ya que las autoridades presentes no tenían poder de decisión, dejando el tema en el limbo. Asimismo, anunció que los líderes de las comunidades deberán instalar una asamblea permanente en territorio, con el objetivo de socializar los temas, analizar el decreto y finalmente presentar sus propuestas el día lunes frente a autoridades y la ministra de Gobierno.
La alcaldesa defendió la actuación de los líderes indígenas, asegurando que nunca se “vendieron” al gobierno, como algunos miembros de las comunidades habían denunciado el día de ayer. Señaló que su papel en la reunión fue únicamente el de veedora, garantizando que se cumplieran los planteamientos de ambas partes. Además, hizo un llamado a respetar a los líderes comunitarios y a mantener la estructura de la organización indígena, exhortando a fortalecer la unidad de Otavalo.
Pese a los anuncios del gobierno, la alcaldesa advirtió que el paro no ha terminado y que los acuerdos alcanzados representan solo los primeros pasos de un diálogo aún marcado por la tensión.
Anabel Hermosa recibió múltiples comentarios de indignación y rechazo por parte de los dirigentes indígenas, quienes denunciaron que permitió el ingreso de militares para reprimir al pueblo, un hecho que ha generado gran malestar entre la población otavaleña. La tensión escaló al punto de que numerosos asistentes calificaron la acción como una traición a la comunidad y un ataque directo a los derechos de los manifestantes.
(Redacción Otavalo).- Diecisiete días de paro nacional han bastado para aislar completamente a Otavalo del resto del Ecuador. Los cierres viales al norte, al sur y en los ejes rurales han incomunicado al cantón, que hoy vive una de sus crisis más duras.
El centro de la ciudad permanece desolado: calles vacías, negocios cerrados y mercados sin actividad. Los comerciantes, sin la posibilidad de vender sus productos, enfrentan pérdidas totales. El desabastecimiento es evidente y la escasez de alimentos empieza a sentirse con fuerza, sobre todo en productos que no se producen en el cantón, como cárnicos, lácteos y comestibles de supermercados.
En varios sectores no hay presencia policial, lo que ha generado un ambiente de temor e incertidumbre. Según la ciudadanía otavaleña, grupos de indígenas armados transitan por las calles custodiando que los locales permanezcan cerrados. La gente asegura que actúan con intimidación, vulnerando el derecho al trabajo y restringiendo toda actividad comercial.
La dificultad en la movilidad es otro golpe para los otavaleños. El transporte público ha desaparecido por el desabastecimiento de combustible, y la población se ve obligada a caminar o movilizarse en motos y bicicletas. Sin embargo, muchos aseguran que manifestantes pinchan los neumáticos de los vehículos que intentan circular, dejando a las personas sin opciones.
La crisis del gas doméstico se ha convertido en una de las mayores preocupaciones en Otavalo. Los distribuidores solo pueden ingresar a las comunidades donde, según múltiples denuncias, los dirigentes imponen condiciones para acceder a los cilindros. A modo de extorsión, el gas se entrega únicamente a quienes apoyan activamente el paro nacional. Este hecho quedó en evidencia en la comunidad de Peguche, donde un ciudadano denunció haber sido víctima de esta práctica. Según su testimonio, algunos dirigentes se toman atribuciones para decidir quién puede comprar y quién no.
Las pocas provisiones que logran ingresar al cantón ya tienen destino asegurado; van dirigidas casi exclusivamente a las comunidades en protesta, mientras el centro urbano permanece sin abastecimiento. En Otavalo se ha instaurado una especie de monopolio en el que la consigna es clara: “Si no apoyas el paro, no hay comida”.
Otavalo, reconocida por su dinamismo comercial, cultural y turístico, hoy se encuentra paralizada, asfixiada por los bloqueos y la incertidumbre. Sus habitantes claman por ayuda y por el restablecimiento del orden, mientras el Gobierno Nacional parece guardar silencio ante una crisis que se agrava cada día.
(Redacción Cotacachi).- Durante una entrevista concedida a Radio Pichincha la mañana de ayer, el alcalde del cantón Cotacachi, Jomar Cevallos, afirmó que “los proyectiles con los que fue asesinado Efraín Fuérez son los utilizados por el Ejército”, en referencia a la muerte del líder comunero, considerada la primera víctima de la violencia registrada durante las manifestaciones en Imbabura.
Cevallos señaló que existen versiones orales y escritas de los 13 militares que fueron retenidos por las comunidades y entregados la madrugada del 1 de octubre, en las cuales se indicaría que el Ejército habría utilizado proyectiles balísticos, presuntamente responsables del fallecimiento.
Asimismo, se conoce que la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación en curso para determinar las causas de la muerte de Fuérez. Mientras tanto, las organizaciones indígenas han reiterado en cada pronunciamiento su exigencia de justicia y que se identifique a los responsables.
El alcalde también cuestionó el discurso oficial, asegurando que su posición está “apegada a la objetividad”, y rechazó los calificativos de terroristas y secuestradores dirigidos a las comunidades. Advirtió que tales señalamientos no se ajustan a la realidad y podrían afectar la imagen del cantón y del país.
(Redacción Imbabura).- Con la llegada del nuevo año escolar en la región Sierra y Amazonía, los hogares ecuatorianos experimentan emociones mixtas; mientras los niños muestran entusiasmo por el retorno a clases, para muchos padres y madres representa un desafío económico importante. Los gastos en educación, salud, útiles escolares, uniformes, transporte y alimentación generan una carga que, en muchos casos, se solventa gracias a las pensiones alimenticias.
En Imbabura, los índices de morosidad en el pago de pensiones alimenticias siguen siendo altos, afectando tanto a hombres como a mujeres. Los montos adeudados pueden variar desde un salario básico hasta cifras que superan los 100 mil dólares en algunos casos. La Ley de la Niñez y Adolescencia establece, en su art. 11, que el interés superior del niño es prioridad y debe guiar todas las decisiones de autoridades, instituciones públicas y privadas, asegurando un justo equilibrio entre derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes.
El Código también regula la mediación en juicios de alimentos. Según los artículos 43 y 47, la mediación es un procedimiento extrajudicial en el que las partes, asistidas por un mediador neutral, buscan un acuerdo voluntario que ponga fin al conflicto. El acta resultante debe incluir los hechos del conflicto, las obligaciones de cada parte y las firmas de los involucrados. En casos de menores y alimentos, los acuerdos alcanzados pueden ser revisados conforme a la normativa vigente.
A pesar de estas disposiciones, muchos ciudadanos recurren a artimañas jurídicas para eludir sus responsabilidades y existen ciudadanos deudores que enfrentan apremio personal por no pago de pensiones. Algunos eluden las responsabilidades saliendo del país para no pagar y también generan ventas ficticias de bienes para no cumplir con la obligación del alimentista.
Carlos P., padre de dos hijos en Ibarra, menciona: «No cuento con los recursos suficientes y siento que los acuerdos de pensión son muy estrictos; el cálculo no me alcanza para cubrirlos y cumplir con todo lo demás es casi imposible». Por su parte, Verónica M., madre de un niño de 11 años, señala: «Con 200 dólares al mes apenas alcanza para los gastos básicos. En mi caso, el padre de mi hijo sí paga la pensión, pero se ausenta sin preocuparse por el desarrollo afectivo de mi hijo».
En la provincia los pagos de pensiones alimenticias presentan distintos niveles de cumplimiento. Algunas madres y padres cumplen con lo estipulado, otras acumulan deudas y algunas madres incluso llegan a abusar de esta obligación. En todos los casos, los más afectados son los niños, quienes sufren las consecuencias económicas y emocionales. A través del portal web del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) se puede consultar los valores correspondientes a las pensiones y verificar su cumplimiento.
(Redacción Ibarra).- El pasado viernes, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura resolvió por unanimidad revocar la sentencia emitida el 9 de abril por el juez Johnny Palacios, dejando sin efecto las medidas cautelares que habían frenado el proceso electoral del Sindicato de Choferes de Imbabura. Asimismo, negó la acción de protección presentada por Edwin Vásquez, expresidente del gremio.
Con este fallo, la Lista 3, encabezada por Cristóbal Moncayo, fue ratificada como ganadora y se presentó en las instalaciones del sindicato para la posesión y transición administrativa. Sin embargo, el proceso no pudo concretarse. En el espacio radial ‘Aquí Estamos’, conducido por Edwin Toaquiza, se denunció que no se permitió el ingreso de Moncayo, debido a irregularidades como puertas cerradas, funcionarios que obstaculizaron el acceso y la ausencia de Vásquez, quien se encontraba en Guayaquil, lo que impidió la formalización de la posesión. Posteriormente, Marcelo Yepes, secretario de Finanzas electo, informó que, tras conversaciones con personal administrativo, se acordó iniciar el proceso de entrega este lunes.
Por su parte, Camilo Bedón, integrante de la nueva administración, adelantó que se impulsará un proceso de fiscalización y auditoría para transparentar los recursos generados durante los 16 años de gestión de Vásquez. Según estimaciones preliminares, el sindicato llegaba a registrar hasta 800 estudiantes por semestre, con aportes cercanos a los 1.000 dólares cada uno, lo que significaría ingresos importantes que deberán ser esclarecidos.
Entre los puntos críticos a revisar están la compra de cuatro lotes en los terrenos de la antigua Unidad Educativa 4 de Julio, el presunto exceso de personal y gastos innecesarios. La nueva directiva ha planteado redirigir los recursos al bienestar de los socios y a mejorar la calidad educativa, con el objetivo de formar conductores de acuerdo con los estándares actuales del perfil profesional.
Otro aspecto señalado fue la limitada participación en las asambleas durante la gestión de Vásquez, donde mantenía el control gracias a su mayoría de apoyo. De los más de 1.100 socios registrados, apenas participaba un 12 % (160 en promedio), lo que reducía la pluralidad de criterios.
Finalmente, se advirtió la necesidad de reformar los estatutos, especialmente el artículo que restringe el ingreso de nuevos socios por criterios de edad, normativa que ha generado controversia y reclamos de actualización.
Con la transición en marcha, los socios esperan que la nueva administración logre transparentar la gestión anterior, fortalecer la democracia interna y elevar la calidad de la formación en el gremio.
(Redacción Ibarra).- El asambleísta Luis Fernando Molina realizó un recorrido por el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, un centro de salud con cerca de 34 años de funcionamiento y que, según el Ministerio de Salud, fue catalogado en 2015 como el primer hospital de segundo nivel en el norte del país. Solo en ese año atendió a más de 52.973 pacientes en consulta externa y alrededor de 32.466 en sus 17 especialidades.
Molina denunció en sus redes sociales el grave deterioro estructural y las irregularidades que atraviesa el hospital. Durante su visita constató que la infraestructura es obsoleta y no reúne las condiciones necesarias para garantizar una atención médica de calidad ni estándares adecuados de salubridad e higiene. Entre las falencias observadas se encuentran la cocina del hospital en condiciones insalubres y sin mantenimiento, lavandería colapsada por maquinaria obsoleta, servicios de limpieza, alimentación y seguridad impagos desde febrero, déficit de especialistas y despidos bajo la Ley de Integridad Pública. Todo esto ocurre en medio de la crisis sanitaria nacional, marcada por el desabastecimiento y el presunto sobreprecio en la compra de medicamentos, lo que afecta directamente a miles de pacientes que dependen de esta casa de salud.
El asambleísta de Revolución Ciudadana señaló además que el director del hospital se negó a entregar la lista de medicamentos, mientras que los Ministerios competentes no han respondido a los pedidos de información. Además, recordó que, pese a que el Gobierno aseguró que la Ley de Integridad Pública no afectaría al personal sanitario, en la práctica se han registrado despidos y reducción de puestos en varios hospitales del país, incluido el de Ibarra.
(Redacción Ibarra).- Una banda delictiva conocida como «Dulces Sueños», famosa en varias provincias por escopolaminar a sus víctimas, podría estar operando ahora en Ibarra, poniendo en riesgo a los ibarreños más picarones.
Los antecedentes a nivel nacional son preocupantes. En Quito, tres jóvenes fueron drogados y asaltados por mujeres en un restaurante. En Guayaquil, el pasado mes de abril, un hombre denunció que dos mujeres lo escopolaminaron en su departamento de Urdenor 2 y lo despojaron de sus pertenencias. En todos estos casos, las asaltantes son mujeres.
Ahora, la amenaza toca cerca de casa. A nuestra redacción llegaron dos nuevos testimonios que confirman que el modus operandi se repite. Uno de ellos proviene de un ciudadano de Ambato, quien relató que fue víctima de estas mujeres: tras ser escopolaminado, le robaron 5 mil dólares de su cuenta bancaria. El afectado compartió fotografías de los perfiles falsos utilizados para delinquir y alertó que estas mismas mujeres ya estarían operando en Ibarra.
La alerta ya genera alarma en Ibarra con un reciente caso ocurrido este día jueves en la madrugada, cuando un joven relató en la red social Facebook cómo una mujer, que se identificó como “Alejandra”, lo abordó en una licorería de la avenida Atahualpa, ofreciéndole un trago. Lo que parecía una simple promoción se convirtió en un robo con escopolamina. La mujer insistió en subirse a su vehículo y, con la excusa de “poner música”, pidió el código de su celular. Minutos después, la víctima notó cómo ella añadía algo a su bebida. Tras un solo vaso, comenzó a sentirse mareado, sin reflejos y prácticamente paralizado. Horas después despertó dentro de su auto, despojado de billetera, celular, dinero y demás pertenencias. El diagnóstico médico confirmó la presencia de escopolamina.
El joven logró rescatar una fotografía de la presunta implicada, que coincide con los perfiles compartidos desde Ambato, reforzando la sospecha de que estas delincuentes ya estarían activas en Ibarra, utilizando distintos métodos para ganarse la confianza de sus víctimas.
Estos casos han generado preocupación y elevan la alerta a todas las personas que frecuentan aplicaciones de citas en internet y se dejan llevar por mujeres hermosas, que posiblemente sean perfiles falsos, para llegar a su casa o en su auto y proceden a delinquir; además, estos casos nos recuerdan la importancia del cuidado personal que deben tener las personas para evitar ser víctimas de la delincuencia.
(Redacción Otavalo).- En el marco de las festividades del Yamor en Otavalo, ciudadanos y organizaciones sociales de la ciudad se preparan para recibir a los otavaleños que, por trabajo, estudios u otras circunstancias, se han ausentado y regresan a su tierra natal para participar en esta celebración, reafirmando su identidad cultural y el orgullo por sus tradiciones.
Este año, Alberto Bolaños, reconocido por ser el creador del Festival de las Marías y con más de 20 años de participación en eventos locales, lidera esta actividad que este año tiene como prioste al Club Deportivo Riverton. Junto a la coordinación de más de 30 clubes, asociaciones y grupos, Bolaños invita a la colectividad a reunirse el sábado 6 de septiembre a las 16:00 en el Parque Simón Bolívar, donde se revivirá el ingreso procesional de la Banda Municipal y se aglutinará a la comunidad en un encuentro cultural único.
Cuatro bandas musicales animarán la jornada con retretas de música nacional y de antaño, mientras se proyectarán videos con fotografías de clubes y celebraciones de hace más de 40 años, evocando recuerdos y fortaleciendo el vínculo generacional entre los otavaleños.
Entre las instituciones que participarán se encuentran Agrupación Otavalo, Club Atabalibas, Otavalo, Shirys, San Sebastián, Peñarol, Cucarachos, Caches, Celtas dos, 27 Chicos Malos, Brasil, entre otros. El evento busca, al igual que la tradicional Noche San Pedrina en Tabacundo o el Paseo del Chagra en Macachi, transmitir la cultura y las tradiciones a nuevas generaciones, compartiendo la historia y la identidad que han forjado los otavaleños a lo largo de los años.
El reencuentro promete ser un homenaje a la identidad, la música y la memoria colectiva de Otavalo, un espacio para celebrar juntos y mantener viva la esencia de su gente.
