(Redacción Ecuador). La Vicepresidencia de la República sumó un nuevo integrante a su estructura renovada; se trata del abogado otavaleño Luis Amaguaña Muenala, con formación en Derecho Constitucional, quien fue designado como Director de Articulación y Fortalecimiento de la Educación Intercultural, un cargo que adquiere notoriedad en medio de los esfuerzos del Gobierno nacional por mejorar el sistema educativo en el país.
Con experiencia tanto en lo público como en iniciativas privadas, Amaguaña ha ocupado cargos estratégicos en instituciones como el Municipio de Otavalo, el Ministerio de Cultura y la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Además, integró el cuerpo diplomático ecuatoriano en el Encuentro Mundial sobre Cambio Climático en Bolivia.
Ahora, su nuevo reto está enfocado en impulsar una política educativa que reconozca la diversidad cultural como base del desarrollo, con una visión de articulación entre saberes ancestrales y estructuras estatales. Desde su perspectiva, la interculturalidad no es un discurso, sino una vía concreta para garantizar igualdad de derechos y oportunidades para pueblos y nacionalidades.
“La educación intercultural no es solo un modelo, es una herramienta clave para construir un país más justo”, señaló tras asumir el cargo. Su objetivo, asegura, será integrar este enfoque de forma transversal en las políticas públicas, conectando a las instituciones con los territorios y fortaleciendo la identidad colectiva desde el sistema educativo.
La designación de Amaguaña se da tras la reciente reforma del organigrama de la Vicepresidencia, que busca reforzar áreas clave con impacto directo en la inclusión y el tejido social del país.
(Redacción Ibarra).- La multa de USD 23 970 impuesta por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) al GAD de Otavalo y a la Empresa Pública EMAPAO-EP, por contaminar el Lago San Pablo, no será asumida por ninguna autoridad ni funcionario en particular, sino por el propio municipio. Es decir, el dinero saldrá de los impuestos y contribuciones que pagan los ciudadanos otavaleños.
El proceso sancionador, emitido el 8 de julio de 2025, se fundamenta en hallazgos técnicos y de laboratorio que evidenciaron descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado, así como incumplimientos en parámetros bacteriológicos, aceites y grasas.
Aunque la multa busca remediar el daño ambiental, muchos ciudadanos cuestionan que el costo recaiga en el presupuesto municipal, afectando potencialmente otros servicios o proyectos locales. Según expertos, los USD 23 970 equivalen a:
– La construcción de 4 parques infantiles completamente equipados en barrios populares. – La rehabilitación de al menos 2 km de vías rurales con adoquinado. – La compra de 120 luminarias LED para mejorar la seguridad en zonas urbanas. – El equipamiento de un centro de salud con insumos médicos básicos.
“Es injusto que seamos los ciudadanos quienes paguemos por la ineficiencia y falta de control de quienes están al frente”, reclamó un habitante de la zona en redes sociales.
La Dirección Zonal 1 del MAATE también ordenó la ejecución urgente de un Plan de Acción para optimizar las plantas de tratamiento y evitar futuras descargas al lago. Sin embargo, aún no se ha aclarado cómo se financiarán estas medidas adicionales.
(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.
El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.
El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.
Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.
(Redacción Ibarra).- Un video publicado por el influencer español Arce de Viajes ha generado controversia en Otavalo, luego de que cuestionara públicamente a la alcaldesa del cantón, Anabel Hermosa, por negarse a vestir el atuendo tradicional kichwa durante la celebración del Warmi Puncha, una de las festividades más importantes para los pueblos originarios de la zona.
En su publicación, Arce —con más de 183 mil seguidores en TikTok y presencia activa en Facebook, Instagram y YouTube— calificó la actitud de la alcaldesa como una falta de respeto hacia las mujeres Kichwa Otavalo, quienes la habrían invitado a participar plenamente en el evento. “No quiso vestirse, no quiso compartir, y eso demuestra una desconexión con las raíces de su propio cantón”, afirmó el influencer, quien ha ganado reconocimiento por sus contenidos de turismo cultural.
El video ha sido ampliamente compartido y ha despertado un intenso debate en redes sociales. A esto se sumaron las declaraciones de una ciudadana otavaleña que, en tono crítico, recordó que desde el inicio de su administración se le pidió a Hermosa que actúe con respeto hacia la vestimenta kichwa. “El año pasado folklorizó la ropa, usó elementos culturales de forma inapropiada, y ahora simplemente se niega a usarla. Eso es una falta de respeto. La intención de las mujeres que le llevaron la ropa era compartir su cultura, no imponerle nada”, señaló la usuaria en un mensaje que también se viralizó.
La crítica ciudadana concluye con una reflexión: “La primera autoridad no lo es por título, es la primera servidora del pueblo. Lo mínimo que se le exige es respeto”.
Hasta el momento, la alcaldesa Hermosa no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre este tema.
El incidente ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la participación y el respeto a las manifestaciones culturales ancestrales, en una ciudad donde la identidad kichwa no solo es fuerte, sino constitutiva del tejido social.
(Redacción Imbabura).- Este miércoles 25 de junio, la provincia de Imbabura celebra 201 años de provincialización, una fecha que marca el inicio de un legado lleno de cultura y transformación.
En un recuento histórico, fue un 25 de junio de 1824 cuando se creó oficialmente la provincia de Imbabura, con su capital, San Miguel de Ibarra, y los primeros cantones: Ibarra, Otavalo, Cotacachi y Cayambe. En ese entonces, su territorio se extendía desde Rumichaca al norte hasta el río Guayllabamba al sur.
A lo largo del tiempo, la provincia ha vivido importantes cambios administrativos:
En 1850 se creó el cantón Tulcán
En 1855, Cayambe pasó a formar parte de Pichincha.
En 1861, Cotacachi fue definitivamente establecido como cantón.
En 1880 nació la provincia de Veintimilla (hoy Carchi), separándose de Imbabura.
En 1938 se creó el cantón Antonio Ante.
En 1981 se sumó Pimampiro y en 1984, el más joven de los cantones: San Miguel de Urcuquí.
Hoy, Imbabura está conformada por seis cantones: Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro y Urcuquí, con una población aproximada de 469.879 habitantes. En cumplimiento de la disposición general cuarta de la Ley Orgánica de Servicio Público, se establece descanso obligatorio para el sector público el viernes 27 de junio, con motivo de esta celebración provincial. Para el sector privado, este descanso es referencial.
(Redacción Imbabura).- El Inti Raymi, o Fiesta del Sol, es una de las celebraciones ancestrales más importantes de los pueblos y nacionalidades kichwa del país. En la provincia de Imbabura, esta festividad se mantiene como un acto de resistencia cultural, profundamente ligado a la cosmovisión andina y a la conexión espiritual con la naturaleza. A través de música, danza y rituales, se agradece al sol (Inti) y a la Madre Tierra (Pachamama) por la fertilidad de la tierra y la abundancia de las cosechas.
En la cosmovisión indígena andina existen cuatro grandes festividades que marcan el calendario agrícola y espiritual:
Inti Raymi (Fiesta del Sol)
Pawkar Raymi (Fiesta del Florecimiento)
Kapak Raymi (Fiesta de la Niñez y Juventud)
Kulla Raymi (Fiesta de la Fertilidad)
Cada una se celebra en fechas clave, alineadas con el ciclo agrícola. El Inti Raymi tiene lugar en el mes de junio, coincidiendo con el solsticio de verano y la época de maduración de los productos. Esta festividad se celebra con fuerza en cantones como Cotacachi, Otavalo, Ibarra y Antonio Ante, además de varias parroquias rurales.
En el marco del Inti Raymi, se destaca el Hatun Puncha, una de las expresiones más representativas del calendario andino kichwa. Cientos de danzantes, ataviados con sombreros puntiagudos, zamarros y pañuelos, llenan de ritmo y color las plazas al compás de flautas, tambores y bocinas tradicionales. En Cotacachi, la tradicional Toma de la Plaza–Parque Abdón Calderón se llevará a cabo los días 24, 25, 28, 29 y 30 de junio, culminando el 1 de julio con el Warmi Puncha, jornada dedicada a honrar a las mujeres y su papel esencial en la comunidad.
El día 19 de junio se iniciará un recorrido por varios sectores de Ibarra, donde los pueblos kichwa: Karanqui, Imbaya y Natabuela se encontrarán y danzarán por la urbe hasta el estadio de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre.
Agenda Inti Raymi Ibarra 2025
Pueblo Kichwa Natabuela 21 de junio 11:00 a. m. | Baño de purificación – Dique San Antonio 1:00 p. m. | Pambamesa comunitaria
28 de junio – Casa Comunal de San Vicente 8:00 a. m. | Acarreo de la chamiza (10 km) 9:00 a. m. | II Encuentro de Costumbres y Tradiciones 10:00 a. m. | Juegos autóctonos 4:00 p. m. | Ceremonia ancestral 5:00 p. m. | Encuentro cultural Inti Raymi
Pueblo Kichwa Karanqui 6 de junio – 5:00 p. m. | Baño ritual – Comunidad Añaspamba 7 de junio – 12:00 p. m. | Entrada a comunidades nororientales – Manzano Guaranguí 13 de junio – 6:00 p. m. | Baño ritual – Yahuarcocha (Sector La Isla) 14 de junio – 6:00 p. m. | Noche cultural – Plaza Atahualpa (reconocimiento a Ñustas y Karanki Tunu) 15 de junio – 12:00 p. m. | Toma de Plaza Atahualpa de Caranqui
Pueblo Kichwa Imbaya 21 de junio – 3:00 p. m. | Armay Tuta (Baño sagrado, energético y cósmico) – Parque de la Juventud 22 de junio – 7:00 p. m. | Hatun Puncha – Av. Atahualpa y Eloy Alfaro 5 de julio – 3:00 p. m. | Warmi Puncha – Calle Eloy Alfaro hasta Av. Atahualpa.
(Redacción Imbabura).- Con el aumento del costo de vida en el país, surge una particular interrogante: ¿Cuál es la ciudad más cara para residir dentro de la provincia de Imbabura? Aunque Otavalo, Ibarra y Cotacachi encabezan la lista de urbes con mayor actividad económica y crecimiento urbano, el valor de la vida varía según factores como vivienda, alimentación, servicios y transporte.
Según datos del sitio especializado «Cuánto cuesta vivir en Ecuador», en Cotacachi, el alquiler mensual de un apartamento de una habitación en el centro urbano ronda los $287.50, mientras que uno de tres habitaciones puede alcanzar los $450.00. Por otro lado, en Ibarra, los precios son ligeramente más bajos, con apartamentos de una habitación en el centro por aproximadamente $236.25 y de tres habitaciones por $482.63. Otavalo mantiene un costo de renta mensual de alrededor de $150.00 y $300.00 por apartamentos de 1 a 3 habitaciones respectivamente. En cantones como Antonio Ante se pueden encontrar departamentos entre $150 y $250, mientras que en Pimampiro y Urcuquí la renta no supera los 180 dólares.
La percepción ciudadana también es un indicador importante. Algunos habitantes consultados en Ibarra, Cotacachi y Otavalo coinciden en que los precios han subido notablemente en los últimos dos años, especialmente en productos de la canasta básica, arriendos y transporte urbano.
“Yo pagaba $250 por el arriendo en Cotacachi y ahora me piden $300. Además, todo está más caro: el arriendo, la comida, la gasolina…”, comenta Luis Sarzosa, residente en Cotacachi. Esta opinión evidencia que la ciudad ha experimentado un alza en la adquisición de viviendas debido a la residencia de ciudadanos extranjeros, lo que ha provocado una valorización notable del suelo urbano y servicios inmobiliarios.
“En Ibarra, los servicios básicos y el transporte también subieron. Antes gastaba menos de $20 al mes para movilizarme; ahora se va a casi $35 porque me traslado todos los días en mi vehículo y la gasolina ha subido bastante”, señala Jordy Paz, estudiante universitario.
En Otavalo, ciudad conocida por su actividad artesanal y turística, los precios también han tenido un repunte. “Vivo en el centro y el arriendo subió casi $100 desde el año pasado. Además, los precios en el mercado ya no son como antes. Antes podía hacer la compra semanal con $25; ahora necesito al menos $40”, asegura María Elena Cisneros, comerciante.
En Pimampiro, el panorama es diferente. Los costos son menores, pero también hay menos fuentes de ingreso. “Aquí es más barato vivir, pero también es difícil encontrar un empleo fijo. Yo pago $150 de arriendo, pero tengo que viajar a Ibarra para trabajar”, comenta Daniel Males, joven agricultor.
En Urcuquí, el costo de vida se mantiene bajo en comparación con los centros urbanos más grandes. “Aquí los arriendos siguen siendo accesibles. Pago \$120 por una casa amplia, pero claro, no hay muchas opciones de entretenimiento ni comercio. Es más tranquilo, pero eso también influye en los gastos”, menciona Carmen Tapia, madre de familia.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la Canasta Familiar Básica en Ecuador tuvo un costo de $800,60 en marzo de 2025. En ciudades intermedias como las de Imbabura, el gasto mensual promedio por hogar en alimentación, transporte y servicios puede superar fácilmente los $700 mensuales, sin incluir educación o entretenimiento.
A estos costos se suman factores como la disponibilidad de empleo y la densidad poblacional, que han influido en la fluctuación de precios de bienes y servicios.
Aunque no hay una única respuesta definitiva, los datos y percepciones indican que Ibarra y Cotacachi lideran la lista como las ciudades con “mayor costo de vida” en Imbabura, mientras que Otavalo mantiene una posición alta debido a su actividad comercial y turística. En contraste, cantones como Urcuquí, Pimampiro o Antonio Ante ofrecen un nivel de vida más accesible para las familias de ingresos medios y bajos.
(Redacción Imbabura).- La ruta ferroviaria entre Ibarra y Andrade Marín, reactivada el 28 de abril de 2025 tras su rehabilitación en agosto de 2024, ha movilizado a más de 9500 pasajeros, según manifestó la empresa Inova encargada de su administración.
El trayecto, de 13 kilómetros, forma parte del proyecto Tren del Tayta Imbabura, impulsado por los municipios de Ibarra y Antonio Ante, con el respaldo del Gobierno Nacional. Este patrimonio ferroviario de la provincia cuenta con alrededor de 50 años de historia y actualmente cuenta con tres horarios diarios de salida desde la estación junto al Obelisco y registra una creciente presencia de turistas nacionales y extranjeros.
El recorrido incluye dos paradas: una en San Antonio, donde los visitantes acceden a una zona artesanal y gastronómica, y otra en Andrade Marín, donde se realiza una visita guiada a la antigua Fábrica Textil Imbabura, actualmente museo. El trayecto tiene una duración aproximada de tres horas y el costo del pasaje es de $5 para adultos y $2,50 para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
En cuanto a la expansión del proyecto, el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, anunció anteriormente que se prevé la habilitación del tramo Ibarra-Salinas, de 30 kilómetros, con una inversión estimada de $500.000 para la renovación de durmientes. Otro tramo que conectaría con el cantón Otavalo continúa pendiente, debido a la falta de rehabilitación del puente de San Roque, en el límite entre Otavalo y Antonio Ante.
Este proyecto ferroviario, aún en desarrollo, busca reactivar una red que podría superar los 50 kilómetros de recorrido en la provincia.
(Redacción Otavalo).- La Defensoría Pública del Ecuador emitió la Resolución N.º DP-DPG-DASJ-2025-087, como parte del expediente 003-2025-DENCJ, en respuesta a una queja presentada contra el Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Otavalo. El caso fue revisado por el Defensor Público General, Ricardo Wladimir Morales Vela, y concluye con una sanción institucional al consultorio universitario.
De acuerdo con el documento oficial, la queja fue presentada por una persona en situación de vulnerabilidad, quien alegó haber recibido atención negligente y fuera de los estándares mínimos establecidos por la Defensoría Pública para los servicios de defensa gratuita. Tras el análisis jurídico y técnico del caso, se evidenció que la clínica jurídica universitaria no garantizó una atención oportuna, eficiente y de calidad, tal como exige la normativa vigente.
En la parte resolutiva del documento, la Defensoría determina que: “Se sanciona al Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de Otavalo con la suspensión de su acreditación por el plazo de 7 días, contados a partir de la ejecutoría de la presente resolución.”
La medida se ampara en las atribuciones conferidas por el artículo 193 de la Constitución y por el Código Orgánico de la Función Judicial, que establecen que los consultorios jurídicos universitarios deben cumplir con estándares estrictos de calidad y estar sujetos a control y evaluación de la Defensoría Pública.
Esta es la primera vez en el año 2025 que se aplica una sanción de esta naturaleza en la provincia de Imbabura. La suspensión implica que durante este período el consultorio jurídico no podrá prestar servicios de defensa legal gratuita bajo aval estatal, afectando directamente a su operatividad dentro del sistema de justicia gratuito.
La Universidad de Otavalo es una de las instituciones académicas autorizadas para brindar asesoría legal a personas de escasos recursos. Con esta resolución, la Defensoría Pública busca reforzar el control sobre la calidad de los servicios jurídicos gratuitos, exigiendo que se cumpla con los principios de legalidad, celeridad y tutela efectiva consagrados en la Constitución.
Se espera que, tras el cumplimiento de la sanción, el consultorio jurídico pueda solicitar nuevamente su acreditación, previa evaluación por parte del ente regulador.
(Redacción Otavalo).- Aunque reconoce que 14 plantas de tratamiento de aguas residuales operan actualmente en el cantón, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) asegura que no tiene la competencia legal ni la responsabilidad directa sobre todas estas infraestructuras. Así lo dio a conocer Gustavo Andrade, Gerente General de EMAPAO-EP en entrevista, señalando limitaciones normativas y presupuestarias que impiden su intervención plena.
Año 2025
Desde EMAPAO se sostiene que, según el artículo 49 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la ordenanza que regula su funcionamiento (art. 5), la responsabilidad de operar y mantener las plantas solo recae en aquellas que la empresa administra directamente, y que no puede intervenir en infraestructuras manejadas por juntas comunitarias o prestadores externos, a pesar de que muchas de estas plantas presentan problemas operativos. Aun así, afirman realizar tareas como limpieza, remoción de lodo y monitoreo ambiental, pero aclaran que lo hacen por compromiso social, no por obligación legal.
Año 2023
Sin embargo, en un vídeo institucional colgado en el canal de YouTube de EMAPAO-EP, con fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Pablo Paredes, director técnico de la empresa, afirma que el servicio de agua potable está directamente relacionado con el de alcantarillado sanitario, pues a través de este sistema se recolectan las aguas residuales generadas en las viviendas para ser canalizadas hacia las plantas de tratamiento. Esta declaración pone en duda el discurso actual de la empresa, que insiste en no tener responsabilidad sobre el funcionamiento de dichas plantas.
Esta postura adquiere un contexto más amplio cuando se considera que la responsabilidad real del funcionamiento de las plantas recae en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD Municipal) de Otavalo. El Municipio fue el ente ejecutor del proyecto de 11 plantas inauguradas en 2012, con fondos del Banco del Estado y el aval del Gobierno de Rafael Correa, quien asistió personalmente a su inauguración. En ese entonces, se prometía sanear la cuenca del lago San Pablo mediante estas infraestructuras, que ahora enfrentan serias deficiencias.
Con el paso del tiempo, varias plantas dejaron de operar adecuadamente. Estudios técnicos revelaron baja eficiencia en la depuración del agua y falta de cumplimiento con la normativa ambiental. En mayo de 2025, el Ministerio del Ambiente (MAATE) inició un proceso sancionador contra la alcaldía de Anabel Hermosa por el vertido de aguas residuales al lago, alegando que las 14 plantas estaban inoperativas, contradiciendo así el discurso institucional.
A pesar de esta grave situación, EMAPAO continúa deslindando su responsabilidad, alegando falta de competencia legal, ingresos limitados —pues sus recursos provienen solo de las tasas por servicios básicos— y obstáculos en la contratación pública. De hecho, el pliego tarifario no se actualizaba desde hace 14 años hasta que fue revisado en la presente administración.
La empresa también sostiene que ha invertido más de 720 mil dólares desde mayo de 2023 en mantenimiento, laboratorios, adquisición de bombas y pago de personal, y que en abril de 2025 se firmó un contrato para adquirir bombas nuevas, cuyo incumplimiento por parte del contratista está actualmente en proceso de sanción.
La legislación ambiental ecuatoriana y el Código Orgánico del Ambiente son claros al establecer que la gestión de aguas residuales es una competencia directa de los municipios. A pesar de ello, ni el Municipio ni EMAPAO han asumido de forma decidida el liderazgo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento en Otavalo.
Actualmente, se han planteado propuestas para repotenciar las plantas y construir un colector perimetral en torno al lago San Pablo. También se ha creado un laboratorio especializado para el monitoreo de aguas residuales. Sin embargo, las soluciones estructurales siguen en el papel, mientras las aguas contaminadas continúan afectando los ecosistemas de la zona.
EMAPAO insiste en que no le corresponde asumir la responsabilidad, mientras el Municipio de Otavalo —verdadero ente competente según la ley— enfrenta procesos sancionatorios y no logra garantizar el funcionamiento adecuado de una infraestructura vital para la salud ambiental de la región.
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