(Redacción Ibarra).- Aunque durante años fue común observar a grupos de personas consumiendo alcohol en espacios públicos de Ibarra tras el cierre de bares, discotecas y karaokes —alrededor de las 22:00— esta práctica ha comenzado a disminuir gracias a los controles municipales y las medidas implementadas por la Alcaldía.
Calles, parques, veredas e incluso vehículos estacionados se convertían con frecuencia en puntos improvisados para libar, especialmente durante los fines de semana. Uno de los sectores donde más se evidenciaba esta situación era en los alrededores del parque Ciudad Blanca, lugar donde se concentraban ciudadanos junto a autos y motocicletas, acompañados de música y bebidas alcohólicas.
Estas reuniones informales no solo generaban ocupación del espacio público, sino que también incrementaban el riesgo de incidentes, sobre todo cuando el consumo de alcohol se mezclaba con la conducción.
Sin embargo, autoridades locales han reforzado los operativos de control en coordinación con la Policía Nacional y la Agencia de Tránsito, realizando recorridos permanentes para dispersar concentraciones de libadores y prevenir conductores en estado etílico.
Además, desde la Alcaldía de Ibarra se implementó la colocación de vallas metálicas en puntos estratégicos del parque Ciudad Blanca, restringiendo el acceso vehicular en determinadas zonas. Según ciudadanos y autoridades, estas acciones han contribuido a reducir considerablemente este tipo de concentraciones nocturnas.
Libar en la vía pública continúa siendo una contravención sancionada por la ley ecuatoriana. A nivel nacional, las multas pueden superar los 140 dólares, mientras que en Ibarra la ordenanza municipal contempla sanciones cercanas al 10% de la Remuneración Básica Unificada. En casos donde existan riñas o alteración del orden público, incluso pueden registrarse detenciones.
(Redacción Imbabura).- La eliminación de los murales que recordaban las movilizaciones de octubre de 2025 en el sector del Partidero, en la vía hacia Cotacachi, ha generado una fuerte reacción de rechazo entre comunidades indígenas y autoridades locales. Las obras, ubicadas a lo largo de la vía E35, fueron cubiertas con pintura durante trabajos de mantenimiento ejecutados por personal de la empresa Panavial.
El concejal de Otavalo, Jorge De la Torre, calificó lo ocurrido como un atentado contra la memoria histórica del territorio. “Rechazo rotundamente esta actividad. Representa la memoria y la lucha del pueblo kichwa; no permitiremos la arbitrariedad ni el autoritarismo”, manifestó. Además, anunció el inicio de una investigación formal para determinar quién ordenó la intervención.
De acuerdo con declaraciones de un miembro de la Unión de Comunidades de Ilumán a medios de comunicación, esta persona acudió al lugar y constató que dos trabajadores de Panavial se encontraban cubriendo el mural. Señaló que la obra representa la lucha indígena durante las movilizaciones y que no debía ser intervenida. Asimismo, indicó que los trabajadores habrían manifestado que la orden de cubrir el mural provenía del Gobierno Central, en Quito. Añadió que el mural también rendía homenaje a Efraín Fueres, quien falleció en ese mismo sitio durante los disturbios registrados en octubre frente a las fuerzas armadas.
Desde las comunidades y organizaciones sociales, el hecho no es visto como una simple acción de mantenimiento vial, sino como un intento de borrar los acontecimientos de 2025, un periodo marcado por intensas movilizaciones sociales y episodios de violencia en la región.
En respuesta, la Unión de Comunidades de Ilumán y otros colectivos se han declarado en estado de alerta y analizan posibles medidas de protesta. Paralelamente, han convocado a artistas y ciudadanos a participar en la restauración del mural, insistiendo en que la memoria colectiva no puede ser silenciada. “La memoria del pueblo no se borra con pintura”, señalaron en su pronunciamiento.
(Redacción Ecuador).- Ecuador no solo enfrenta una ofensiva sin precedentes del crimen organizado; también vive un debilitamiento interno de su fuerza policial. Mientras los homicidios y la violencia marcaron récords históricos, la Policía Nacional perdió a miles de sus integrantes más experimentados, en un fenómeno que avanza de forma silenciosa pero constante.
Entre 2020 y 2025, 9.608 policías solicitaron la baja voluntaria, una cifra que evidencia una crisis paralela dentro de la institución. El punto más crítico se registró en 2023, año que coincidió con el periodo más violento del país, cuando 3.053 uniformados decidieron abandonar el servicio activo.
Las cifras revelan una relación alarmante: durante ese mismo quinquenio, 698 policías murieron, lo que significa que por cada uniformado fallecido, casi 14 optaron por retirarse voluntariamente.
El comportamiento de las bajas no fue uniforme. En 2021, las salidas tocaron su nivel más bajo con 465 casos. Sin embargo, en 2022 se produjo un salto abrupto a 1.834 bajas, anticipando el colapso institucional que se evidenciaría al año siguiente. En 2023, Ecuador cerró con 8.004 asesinatos, y la Policía sufrió el mayor éxodo de su historia reciente.
Aunque en 2024 y 2025 las cifras descendieron a 1.887 y 1.493 bajas, respectivamente, el nivel de deserción sigue siendo muy superior al registrado antes de la pandemia, confirmando que el problema no ha sido superado.
Paradójicamente, este debilitamiento ocurre incluso cuando se intenta reforzar la fuerza pública. El 9 de junio de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso encabezó la graduación de 7.301 nuevos policías, una incorporación que no logró compensar la salida masiva de personal con años de experiencia.
Se van los más preparados
El impacto más grave no está en el número, sino en el perfil de quienes se van. Casi el 48% de las bajas corresponde a policías con entre 16 y 20 años de servicio (4.591 casos), es decir, cuadros formados, con liderazgo operativo y conocimiento del territorio. A ellos se suman 3.910 agentes con entre 21 y 25 años de trayectoria.
Detrás de las estadísticas hay historias marcadas por el miedo, el desgaste y la supervivencia. Uno de los casos es el de un Mayor del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que operaba en Manta, quien solicitó su baja en 2023 tras perder compañeros y recibir amenazas directas del narcotráfico. Su proyecto de vida dentro de la institución terminó abruptamente, dejando atrás años de entrenamiento de élite que hoy ya no están al servicio del Estado.
Este tipo de salidas ha generado un efecto estructural: la Policía enfrenta una escasez de oficiales de alto rango. Actualmente, solo siete generales integran el Mando Institucional, pese a que existen 18 plazas previstas para dirigir unidades estratégicas y zonas críticas.
Quito lidera las bajas
La distribución geográfica de las salidas rompe varios supuestos. Quito concentra el mayor número de bajas voluntarias del país, con 2.589 casos entre 2020 y 2025. Le sigue la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) con 1.087 salidas, y la Zona 1 de la frontera norte —Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos— con 1.205 casos.
En contraste, la Zona 2 (Napo, Orellana y el área rural de Pichincha) registra apenas 374 bajas, el nivel más bajo a escala nacional.
Al analizar provincias específicas, el impacto de la violencia territorial es evidente. Manabí perdió 663 policías, Los Ríos registró 545 bajas, y Esmeraldas vio salir a 449 uniformados, todas zonas fuertemente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Por otro lado, un informe técnico revela una grave desigualdad en la distribución de la Policía Nacional: mientras Quito concentra un excedente de más de 7.000 agentes en relación con su población y nivel delictivo, provincias como Guayas y Los Ríos —epicentros de la violencia criminal y el narcotráfico— operan con un déficit de personal para enfrentar la inseguridad.
Un problema que continúa en 2026
Para el inicio de 2026, ya existen 124 solicitudes de baja en trámite, bajo la figura de “pendiente entrega de requisitos”. Ante este escenario, la institución ha empezado a aplicar filtros más estrictos: en 2025, por primera vez en el quinquenio, 23 solicitudes fueron negadas por incumplimiento del reglamento de carrera o bajo la figura de negativa temporal.
Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y resultados frente a la delincuencia, la Policía Nacional enfrenta una batalla interna por retener a su personal clave. Menos experiencia en las filas significa menos capacidad operativa, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
(Redacción Imbabura).- Como ocurre cada año durante las festividades de fin de año, grupos de personas disfrazadas de las denominadas “viudas” han retomado de forma anticipada la práctica de bloquear la vía E35 en el sector de Mascarilla, provincia del Carchi, para exigir dinero a los conductores. En esta ocasión, la presencia de estos grupos se ha registrado a pocos días de finalizar el año, generando interrupciones en una carretera estratégica que conecta a Imbabura con Carchi.
Según denuncias, se ha identificado la operación de al menos dos grupos ubicados a corta distancia entre sí, quienes utilizan escombros y obstáculos para forzar la detención de los vehículos y solicitar “colaboraciones” económicas. Los montos exigidos van desde un dólar, mediante retenes improvisados que, en algunos tramos, llegarían a contabilizarse hasta 20 a lo largo de la E35.
Ante esta problemática recurrente, la Alcaldía de Pimampiro activó desde el sábado pasado operativos de control para garantizar el orden y la seguridad vial. Las acciones se ejecutan desde tempranas horas de la mañana con el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Ecuatoriano, especialmente en los puntos considerados conflictivos de la vía.
Durante los operativos se registraron intentos de bloqueo mediante la colocación de cadenas; sin embargo, la intervención de las fuerzas del orden evitó que estas acciones se concreten. Como medida preventiva por las festividades de fin de año, la E35 fue militarizada y se anunció que los controles se mantendrán para impedir cobros ilegales y garantizar la libre circulación.
(Redacción Imbabura).- A pesar de los recientes acercamientos entre el gobernador de Imbabura, Israel Cabezas, y moradores del Valle del Chota junto a mandos de la Policía Nacional para coordinar acciones de seguridad en la zona, los hechos violentos registrados el pasado domingo generan inquietud sobre la efectividad de dichos compromisos.
Videos enviados a nuestra redacción y ampliamente difundidos en redes sociales mostraron a un grupo de personas armadas descender de una camioneta e intentar atacar un vehículo SUV blanco, donde presuntamente se encontraba un agente policial. Minutos después, los sujetos se desplazaron tranquilamente por las calles del sector, portando armas de alto calibre, sin que se haya reportado intervención alguna por parte de las fuerzas del orden.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el ataque ocurrido en el Valle del Chota. La única comunicación conocida provino de un mensaje de WhatsApp, en el que se señaló: “Ante el hecho suscitado en el sector del Valle del Chota, me permito informar que, por parte de la Policía Nacional, a través de las unidades especiales, se encuentra recabando la información necesaria, a fin de poder dar a conocer los detalles”. La Policía Nacional no ha confirmado si el incidente dejó personas heridas o fallecidas. Sin embargo, habitantes del sector reportaron haber escuchado múltiples detonaciones durante el ataque.
Este hecho ha vuelto a encender las alarmas en una zona que ya ha estado históricamente vinculada con hechos irregulares. En 2023, un videoaficionado captó cómo un grupo de jóvenes habría cerrado la circulación en el puente del Chota mientras detonaban armas de fuego y reproducían música a alto volumen. También se han denunciado actividades relacionadas con contrabando y agresiones a la propiedad privada y a servidores policiales.
“¿Qué habría ocurrido si este mismo hecho se daba en las calles de Ibarra o en una zona céntrica?”, comentan varios usuarios en redes sociales, cuestionando la aparente falta de reacción frente a lo ocurrido en el Valle del Chota.
Pese a los esfuerzos de diálogo por parte de las autoridades provinciales, la población manifiesta su preocupación por la ausencia de resultados claros y acciones visibles, lo que alimenta la percepción de impunidad en la provincia. “¿La ley aplica para todos o solo para algunos?”, es otra de las preguntas que circula ampliamente en el debate público.
(Redacción Nacional).-El expresidente del Consejo Directivo del IEES durante el régimen del expresidente Rafael Correa, Ramiro Gonzáles, ha sido detenido en la ciudad de Lima, Perú.
La información ha sido confirmada por la ministra del interior, María Paula Romo.
“Confirmo la detención de Ramiro González en Perú. Como gobierno y Policía Ecuador hemos trabajado de cerca con las respectivas autoridades y aportado con información clave para lograr esta captura. Esperamos su pronta entrega a la justicia ecuatoriana”, ha dicho Romo.
