(Redaccion Ibarra).- La posible exposición de 14,8 millones de registros y más de 10,6 millones de imágenes en alta definición de cédulas y documentos oficiales volvió a poner sobre la mesa uno de los mayores temores en la era digital.

La advertencia, difundida por la organización Usuarios Digitales, apunta a información sensible vinculada a documentos oficiales ecuatorianos que presuntamente estaría siendo comercializada o compartida en espacios digitales. Aunque la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (Digercic) aseguró que la filtración no proviene de su infraestructura tecnológica actual, la magnitud del caso abrió cuestionamientos sobre la trazabilidad y protección histórica de los datos biométricos de la población.

La institución informó que activó sus protocolos de seguridad desde el pasado 4 de mayo y que, tras los primeros análisis, no se detectaron vulneraciones directas en sus sistemas. Según el Registro Civil, se investigan posibles fuentes externas relacionadas con registros históricos o integraciones con terceros.

El contexto no es menor. Entre 2024 y 2025, la entidad reportó haber enfrentado más de 3,5 millones de intentos de ataques cibernéticos provenientes de varios países, especialmente durante periodos previos a procesos electorales. Aunque los sistemas habrían neutralizado esos intentos, especialistas advierten que una filtración de datos biométricos podría facilitar delitos como suplantación de identidad, estafas financieras, falsificación documental e incluso redes de fraude internacional.

A esto se suman antecedentes que ya habían dejado dudas sobre la consistencia y seguridad del sistema registral ecuatoriano. Uno de los casos más delicados es el de Caitlan Nathaly Gómez Cervantes, una joven ecuatoriana que descubrió que, pese a tener cédula de identidad, su información no constaba correctamente en el Registro Civil. Durante un trámite migratorio encontró que el número de acta y tomo que le pertenecían aparecían registrados a nombre de otra persona, situación que terminó con la anulación de su cédula, pasaporte y registro electoral.

La preocupación no gira únicamente alrededor de una posible filtración, sino de las consecuencias que podría tener para millones de ciudadanos cuya información personal y biométrica forma parte de las bases de datos estatales.