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Cuatro personas en una motocicleta: una escena cotidiana en Ibarra que pone vidas en riesgo

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(Redacciòn Ibarra).- Es una imagen que se repite a diario en diferentes calles de la ciudad. Padre al volante, madre como pasajera, un niño sostenido en brazos y otro menor sentado sobre el tanque de combustible. En muchos casos, ninguno utiliza casco de protección.

Aunque para algunos se ha convertido en una escena «normal» debido a la necesidad de movilizarse, especialistas en seguridad vial advierten que esta práctica representa un alto riesgo, especialmente para los menores de edad, quienes son los más vulnerables en caso de una caída o un siniestro de tránsito.

La normativa ecuatoriana es clara. El Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que conductores y pasajeros de motocicletas están obligados a utilizar casco de seguridad homologado correctamente colocado durante todo el recorrido. No utilizar casco de seguridad homologado, tanto el conductor como el pasajero, constituye una contravención de tránsito sancionada con una multa equivalente al 30 % del Salario Básico Unificado que corresponde USD 144,60. Además, la normativa dispone la reducción de seis puntos en la licencia de conducir del infractor.

En cuanto al transporte de más personas de las permitidas por la capacidad de la motocicleta, la legislación también contempla una multa equivalente al 30 % del SBU (USD 144,60), al tratarse de una contravención de tránsito.

Por otra parte, el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre establece que los pasajeros deben ocupar únicamente el asiento destinado para ellos y ubicarse detrás del conductor. Está prohibido viajar sobre el tanque de combustible o entre el conductor y el manubrio. Cuando estas disposiciones no se cumplen, el vehículo puede ser retenido por la autoridad hasta que se subsane la infracción.

Más allá de una posible sanción, el principal problema es el riesgo que implica esta forma de movilización. En una motocicleta no existen estructuras de protección como las que ofrece un automóvil. Una frenada brusca, una colisión o incluso una maniobra para esquivar un obstáculo puede provocar que los menores salgan despedidos, con consecuencias que pueden ser fatales.

La seguridad vial no depende únicamente de los controles de las autoridades. También requiere conciencia ciudadana y responsabilidad de quienes utilizan este medio de transporte. Un viaje de pocos minutos puede cambiar una vida para siempre cuando se ignoran las normas básicas de protección.

Jueza rechaza acción de protección contra nuevo pliego tarifario de EMAPA-Ibarra

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(Redacciòn Ibarra).- La acción de protección presentada contra el nuevo pliego tarifario de agua potable de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA-I) fue rechazada este miércoles 20 de mayo de 2026 por una jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores de Ibarra.

El proceso constitucional se originó el pasado 10 de marzo, cuando Jorge Aníbal Llanos Pizanan, en calidad de usuario de la empresa municipal, interpuso una acción de protección con medida cautelar en contra de Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra; Hugo Realpe, procurador síndico del Municipio; y Giovani Rivadeneira, gerente de EMAPA-I, cuestionando la legalidad del nuevo esquema tarifario aplicado en el cantón.

Según el accionante, la empresa municipal implementó un nuevo estudio tarifario y un plan de gradualidad para el servicio de agua potable y saneamiento, amparados en la Resolución N.º 006-RSD/08-12-2025, emitida por el directorio de EMAPA-I el 8 de diciembre de 2025, y en una resolución posterior suscrita por la gerencia el 13 de febrero de este año.

En la demanda, Llanos argumentó que las nuevas tarifas fueron aprobadas mediante resoluciones administrativas, sin cumplir —según sostuvo— con el procedimiento y los requisitos establecidos en la normativa vigente. Además, señaló que estas decisiones imponían obligaciones económicas a los usuarios sin el debido sustento legal.

Como parte de sus pretensiones, solicitó que se declare la vulneración de sus derechos constitucionales, se deje sin efecto la resolución que aprobó el nuevo pliego tarifario y se dispongan medidas de no repetición para garantizar procesos transparentes y ajustados al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y a la normativa de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).

La audiencia se desarrolló la mañana de este miércoles con la participación de representantes de EMAPA-I y de los accionantes. El director jurídico de la empresa, Marco Nicolalde, intervino en representación de la entidad municipal.

Tras analizar los argumentos y pruebas presentadas por ambas partes, la magistrada resolvió negar la acción constitucional, dejando vigente el nuevo esquema tarifario impulsado por la empresa pública.

Luego de conocerse la decisión judicial, el gerente de EMAPA-I, Giovani Rivadeneira, defendió la aplicación de las nuevas tarifas y aseguró que los recursos permitirán ejecutar obras de inversión para mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad.

Según indicó, los fondos recaudados estarán destinados a ampliar la cobertura del servicio, fortalecer el mantenimiento de los sistemas sanitarios, impulsar programas ambientales y garantizar continuidad y calidad en el abastecimiento de agua potable.

Rivadeneira señaló además que uno de los objetivos prioritarios es mejorar el suministro en los sectores altos de Ibarra, donde históricamente se han reportado problemas de presión y continuidad del servicio.

El gerente también cuestionó la postura de algunos sectores políticos que, según afirmó, intentaron frenar la aplicación del nuevo esquema tarifario y el plan de inversiones previsto por la empresa municipal.

¿Girar a la derecha con semáforo en rojo se puede? Esto dice la ley en Ecuador

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(Redaccion Ecuador).– La posibilidad de girar a la derecha con el semáforo en rojo continúa generando dudas entre conductores en Ecuador. Mientras algunos ciudadanos consideran que la maniobra está prohibida, otros aseguran que sí está permitida por la normativa vigente.

El artículo 213 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial autoriza a los conductores a virar a la derecha con luz roja en el semáforo, siempre que no existan vehículos circulando en sentido contrario y extremando precauciones bajo su estricta responsabilidad.

Sin embargo, especialistas en tránsito aclaran que la norma no significa que los conductores puedan avanzar sin detenerse o ignorar otras disposiciones de seguridad vial. Antes de realizar el giro, el conductor debe reducir completamente la velocidad, verificar que no existan peatones cruzando y asegurarse de que no haya señalización que prohíba expresamente la maniobra.

Las autoridades recuerdan que el peatón siempre tiene prioridad y que el conductor será responsable en caso de provocar un accidente o poner en riesgo a otras personas.

Además, un agente de tránsito sí puede detener a un conductor si considera que el giro fue realizado de manera imprudente, sin precaución o incumpliendo señales existentes en la vía. En esos casos podrían emitirse sanciones relacionadas con conducción peligrosa o desacato a la señalización de tránsito.

La confusión sobre este tema se ha incrementado en redes sociales, donde muchos usuarios afirman haber sido advertidos o cuestionados por agentes pese a que la maniobra sí consta dentro del reglamento nacional.

Sancionan al GAD de Antonio Ante con más de 35 mil dólares por irregularidades en uso de suelo

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(Redacción Antonio Ante).- La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) sancionó al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante con una multa de USD 35.525,88 tras detectar irregularidades en la transformación de la clasificación del suelo en su territorio.

Según el organismo de control, el municipio modificó la categoría de aproximadamente 2.134 hectáreas —originalmente destinadas a uso agrario— hacia suelo urbano y de expansión urbana sin cumplir los procedimientos establecidos en la normativa vigente.

El análisis técnico y jurídico determinó que estas modificaciones fueron incorporadas en el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), sin contar con requisitos clave como la autorización previa de la Autoridad Agraria Nacional, informes técnicos habilitantes y otros parámetros obligatorios. En total, se incumplieron cinco de los seis requisitos exigidos por la ley.

La SOT concluyó que estas acciones constituyen una infracción al ordenamiento territorial, conforme a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). Además de la multa económica, la entidad dispuso como medida de reparación que el GAD adecúe su planificación territorial al marco legal vigente.

El expediente también fue remitido al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que podría intervenir dentro de sus competencias para evaluar posibles acciones adicionales y fortalecer la política pública en esta materia.

La Superintendencia advirtió que este tipo de incumplimientos no solo vulneran la normativa, sino que también pueden afectar la sostenibilidad del territorio y la soberanía alimentaria, al alterar el uso de suelos rurales destinados a la producción agrícola. Finalmente, la institución aclaró que el municipio tiene derecho a impugnar la resolución por las vías administrativas o judiciales correspondientes.

Desde la administración del GAD Municipal de Antonio Ante, mediante un comunicado oficial, señaló que las observaciones emitidas por el organismo de control corresponden a procesos de planificación territorial ejecutados en el periodo 2019-2023, y que la actual gestión ha emprendido acciones desde noviembre de 2025 para corregir dichas situaciones, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer una administración transparente y responsable.

Video viral en Quito abre debate sobre derecho a la intimidad y la difusión de procedimiento policial

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(Redacción Ecuador).- La difusión de un video en el que se observa a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo en Quito ha reactivado el debate sobre los límites legales de este tipo de actos en espacios públicos y el alcance de la intervención policial. El hecho se registró en el sector de La Mariscal, cerca de la Plaza Foch, donde agentes de la Policía Nacional, durante un patrullaje nocturno, sorprendieron a la pareja en el interior de un automóvil estacionado.

En Ecuador, mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo en un espacio público no constituye un delito, ya que esta conducta no está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). No obstante, los ocupantes podrían estar expuestos a sanciones administrativas de carácter municipal por el uso indebido del espacio público, así como a intervenciones derivadas de denuncias ciudadanas si se considera que el acto afecta el orden público o la convivencia.

Además, podrían generarse otras infracciones si el vehículo se encuentra estacionado en un lugar no permitido o agravantes como la participación de menores de edad, la falta de consentimiento o la presencia de violencia, casos en los que se configuraría un delito contra la integridad sexual.

Expertos señalan que, si bien los agentes están facultados para realizar controles en espacios públicos, deben actuar bajo principios de proporcionalidad y respeto a los derechos ciudadanos. La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la privacidad, la honra y la imagen personal. Aunque un vehículo no tiene la misma protección que un domicilio, sí existe una expectativa razonable de intimidad que exige intervenciones prudentes.

CASOS ANTERIORES EN EL PAÍS

En marzo de 2022, se difundió un video en el que se observaba a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo estacionado en un terreno baldío en Guayaquil, situación en la que intervinieron agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). En ese entonces, la entidad aclaró que el material no fue grabado por su personal, sino que fue difundido por un ciudadano.

Otro hecho ocurrió el 24 de junio de 2023, cuando una pareja fue captada manteniendo relaciones sexuales en una cabina de la Aerovía, un sistema que prohíbe expresamente la realización de “actos indebidos que atenten contra las buenas costumbres”. El video fue posteriormente viralizado en redes sociales por un operador, a partir de imágenes obtenidas del sistema de vigilancia del Consorcio Aerosuspendido Guayaquil.

En estos casos, la difusión de este tipo de contenido sin consentimiento podría constituir el delito de violación a la intimidad, sancionado con penas de uno a tres años de prisión, de acuerdo con el artículo 178 del COIP. En el ámbito administrativo, algunos municipios han regulado estas conductas; por ejemplo, el Municipio de Pastaza mantiene vigente, desde 2016, una ordenanza que prohíbe mantener relaciones sexuales en espacios públicos como calles, plazas, aceras, parques y escenarios deportivos.

Este nuevo suceso en Quito evidencia los vacíos y límites de la normativa ecuatoriana frente a conductas en espacios públicos. Aunque mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo no constituye un delito penal, sí puede generar sanciones administrativas y la intervención de las autoridades cuando se considera que afecta el orden o la convivencia. Sin embargo, la polémica se centra en el manejo del procedimiento y la posible vulneración a la intimidad, especialmente por la grabación y difusión del hecho.

Si un agente de tránsito te detiene en Ecuador: conoce sus facultades y tus derechos

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(Redacción Ecuador).– Los controles vehiculares forman parte de la rutina en carreteras y ciudades del país. Sin embargo, aún persisten dudas entre los conductores sobre el alcance de las facultades de los agentes y los derechos que asisten a los ciudadanos durante una intervención.

De acuerdo con principios constitucionales y la normativa vigente en materia de tránsito, existen límites claros sobre lo que un agente puede y no puede hacer al detener un vehículo.

Límites durante una intervención

No pueden obligar a descender del vehículo sin causa justificada.
El automotor es considerado una extensión del espacio privado. Por tanto, el conductor y sus acompañantes no están obligados a salir del vehículo salvo que exista una causa legal, un riesgo inminente o un operativo debidamente autorizado por autoridad competente. Si el ciudadano decide bajar voluntariamente, pasa a encontrarse en la vía pública, donde el control puede ampliarse dentro del marco legal.

No pueden interrogar ni intimidar.
Durante el procedimiento, el agente está facultado para solicitar únicamente los documentos habilitantes: licencia de conducir, matrícula y el comprobante del seguro obligatorio vigente. No puede exigir información sobre domicilio, lugar de trabajo, procedencia o destino del viaje, ni emplear amenazas o intimidación.

No pueden detener sin motivo legal.
La retención de un vehículo procede únicamente ante una infracción flagrante o dentro de operativos formalmente establecidos. Las denominadas “revisiones de rutina”, sin sustento legal específico, no constituyen por sí solas una causa válida. El ciudadano puede consultar de manera respetuosa cuál es el fundamento de la detención.

No pueden impedir que se grabe el procedimiento.
El conductor tiene derecho a registrar en video o audio la actuación del agente como mecanismo de respaldo y transparencia. La autoridad no puede exigir que se suspenda la grabación ni retener el dispositivo. Asimismo, el agente debe identificarse al momento de realizar la intervención.

No pueden retener documentos sin justificación.
Si al revisar la licencia y la matrícula no se detecta ninguna inconsistencia, infracción o irregularidad, el agente no puede retener de manera arbitraria estos documentos. La retención solo procede cuando la ley lo establece expresamente como medida ante una contravención o infracción determinada. De lo contrario, los documentos deben ser devueltos de inmediato al conductor.

Facultades legales del agente

Entre las atribuciones reconocidas a los agentes de tránsito constan: solicitar documentos habilitantes, verificar el estado del vehículo, informar sobre la infracción detectada, emitir la citación correspondiente y adoptar medidas para garantizar la seguridad vial en el marco de la ley.

Conocer estos límites y atribuciones permite a los ciudadanos actuar con mayor seguridad jurídica y respeto mutuo durante los controles en las vías del país.

Movidelnor puso en marcha el proceso de abandono y chatarrización de motocicletas

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(Redacción Ibarra).- 258 motocicletas que hayan permanecido más de tres años en los Centros de Retención Vehicular (CRV) de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP) serán sometidas a un proceso de chatarrización, previa declaración de abandono. El plazo para que los propietarios retiren sus vehículos termina el próximo 15 de enero.  Así lo anunció la institución en un comunicado publicado el lunes pasado en sus redes sociales.

La institución ejecutará por segunda ocasión un proceso de chatarrización masiva, luego de que en la primera intervención se destruyeran 347 motocicletas que permanecían en condición de abandono en los Centros de Retención Vehicular (CRV).

Actualmente se desarrolla la primera fase del proceso, correspondiente a la declaratoria de abandono, cuyo objetivo principal es liberar espacio físico en los CRV, evitar el hacinamiento vehicular y cumplir con la normativa legal vigente, explicó Santiago Chiriboga, gerente general de Movidelnor.

El listado de las motocicletas que serán declaradas en abandono se encuentra publicado en la página web institucional www.movidelnor.gob.ec, con el fin de que los propietarios puedan verificar si su vehículo consta en el registro y proceder a su retiro dentro del plazo establecido por la ley, que es de 10 días contados desde la publicación.

De acuerdo con la normativa, los propietarios legítimos o sus apoderados podrán realizar la liberación de los vehículos hasta el 15 de enero de 2026, fecha límite antes de que se oficialice la declaratoria de abandono. Una vez cumplido este plazo, la institución procederá conforme a la Ley, señaló Chiriboga.

La fase final del proceso, que consiste en la destrucción física de las motocicletas mediante aplastamiento, será ejecutada por un gestor ambiental autorizado y se llevará a cabo una vez concluida la etapa de abandono.

Emerson Ubidia, gerente de operaciones de tránsito de Movidelnor, explicó que, para retirar los vehículos, los propietarios deberán presentar documento de identidad y matrícula originales, correo electrónico y, en caso de apoderamiento, un poder especial notariado. Asimismo, deberán cancelar los valores pendientes por matrículas, citaciones y costos de garaje generados en los patios de retención. El costo diario por garaje para motocicletas actualizado es de 3,55 incluido IVA, según tarifario de la empresa pública.

El funcionario dijo que el pago de esos haberes puede resultar más costoso que el propio valor comercial de las motos. Algunos de estos vehículos están retenidos desde el 2014.

Municipio analiza nuevo mecanismo para el cobro de la tasa de recolección de basura

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(Redacción Ibarra).- Con base en la información vertida el día lunes en la que se anunció que la Empresa Eléctrica Regional del Norte (Emelnorte) dejará de cobrar la tasa de recolección de basura en su planilla y que inicialmente se analizó la posibilidad de que este rubro sea asumido por la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA-I), se conoció finalmente que el Municipio de Ibarra será la entidad encargada de asumir directamente el cobro por el servicio de recolección de residuos sólidos, en cumplimiento de la normativa vigente y de las directrices emitidas por el Ministerio de Ambiente y Energía.

La gestión integral de residuos sólidos, que comprende barrido, recolección, transporte y disposición final, representa un gasto anual aproximado de 6 millones 780 mil dólares para la ciudad. No obstante, por concepto de la tasa se recaudaban apenas cerca de 1 millón 600 mil dólares, por lo que el Municipio debía cubrir la diferencia con recursos propios. Solo la disposición final de los desechos tiene un costo de 117 dólares por tonelada.

En este escenario, una familia promedio pagaba entre 12 y 15 dólares anuales por el servicio, un monto que no reflejaba el costo real del sistema. Ante esta situación, el Municipio resolvió eliminar el subsidio y analizar un reajuste de la tarifa, decisión que cuenta con el respaldo de la administración municipal.

Diego Villalba, director de Medio Ambiente del GAD de Ibarra, informó que el nuevo mecanismo de cobro de la tasa de recolección se aplicará a través del impuesto predial. El valor correspondiente a la gestión integral de residuos se distribuirá en función de los predios, bajo principios legales, contables y financieros establecidos en el Código Orgánico del Ambiente, como la subsidiaridad, la responsabilidad extendida, el principio de “quien más genera, más paga” y el enfoque ambiental “de la cuna a la tumba”.

El Municipio precisó que no se implementará una tarifa plana, como ocurre en otros cantones, sino que el cobro se basará en la cantidad real de residuos generados. Actualmente, el promedio per cápita de generación de basura es de 0,73 kilogramos por habitante al día. De esta manera, una familia de cuatro a cinco integrantes produce alrededor de 3,5 kilogramos diarios, lo que equivale a menos de una tonelada de residuos al año, volumen que será considerado para el cálculo de la tarifa.

En las próximas semanas se definirá el valor final y la periodicidad del cobro, que podría ser mensual o anual, con el fin de facilitar el pago y reducir el impacto en la economía de los ciudadanos. Las autoridades indicaron que los sectores que generan mayores volúmenes de residuos, como el comercial e industrial, asumirán un costo más alto, mientras que el sector residencial pagará de acuerdo con su nivel de generación.

Finalmente, el Municipio señaló que el objetivo de este nuevo esquema es recaudar los recursos necesarios para cubrir los costos operativos reales y garantizar un servicio de recolección de basura eficiente, continuo y sostenible para la ciudad.

¿Qué función cumple el Gobernador en la provincia?

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(Redacción Imbabura).- Ante los recientes acontecimientos en la provincia de Imbabura, la falta de gobernabilidad y la inestabilidad política en el cargo de Gobernador han generado una inquietante interrogante en la ciudadanía: ¿Cuáles son las funciones, competencias y alcances territoriales del Gobernador?

La constante rotación en este cargo ha puesto en duda la experiencia y preparación de quienes lo asumen. Desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia de la República, Imbabura ha tenido dos gobernadores: Patricio Cervantes y Juan Sebastián Echeverría, quien cesó en sus funciones el pasado martes. Esta mañana, la provincia amaneció con un nuevo representante del Ejecutivo: Israel Cabezas, designado mediante el Decreto Presidencial N.º 38 firmado por el presidente de la República. Con su designación, Cabezas se convierte en el tercer funcionario en ocupar la Gobernación desde la llegada de Daniel Noboa al poder en 2023.

¿Cuáles son las funciones del Gobernador?

  • Representante del Presidente: El gobernador actúa como delegado del presidente de la República en la provincia.
  • Dirección de la Función Ejecutiva: Dirige las actividades de las entidades estatales en el territorio.
  • Coordinador de políticas nacionales: Supervisa la ejecución de las políticas del gobierno central a nivel provincial, como el Decreto Ejecutivo #21, mediante el cual se declara como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delincuenciales y el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno.
  • Promoción de la participación ciudadana: Fomenta la participación de la comunidad en decisiones públicas; el gobernador puede crear espacios de diálogo y consulta, o la implementación de mecanismos de participación directa como referendos y consultas populares.
  • Mantenimiento de la gobernabilidad: Tiene la responsabilidad de garantizar el orden público y la estabilidad provincial. El gobernador puede actuar mediante la conformación de un Comité de Seguridad, integrado por representantes de las distintas instituciones del Estado, con el objetivo de diseñar planes de contingencia que garanticen el orden público durante eventos masivos, feriados, festividades, eventos deportivos o en situaciones de riesgo como desastres naturales.
  • Coordinación de proyectos nacionales: El gobernador no maneja un presupuesto propio para ejecutar obras, pero le corresponde asegurar la ejecución de proyectos considerados prioritarios por el gobierno central. En este sentido, debe velar por la ejecución de varias obras emergentes que aún no se concretan en la provincia, entre ellas: La rehabilitación de la vía Salinas–Lita, con especial atención en el sector El Guadual, una zona geológicamente inestable y propensa a constantes derrumbes; así como la culminación del paso lateral de Ibarra, una obra inconclusa desde hace una década y que formó parte de las promesas de campaña del actual presidente de la República.
  • Vigilancia del Código de Ética: Controla que los funcionarios públicos actúen con principios éticos; el gobernador puede solicitar la rendición de cuentas en la administración pública, lo que a su vez fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
  • Supervisión de la administración pública: Vigila el desempeño de las instituciones y sus funcionarios en la provincia; es decir, el gobernador puede realizar visitas a instituciones públicas para supervisar la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía, además de dialogar con los usuarios para entender sus necesidades y solicitar a las autoridades mejoras en la atención al público.

Según información publicada en el portal web de la Gobernación de Imbabura, el Gobernador percibe un sueldo mensual de 3.247 dólares, lo que representa un ingreso anual aproximado de 39.500 dólares. Además, se conoce que la Gobernación cuenta con 87 funcionarios, cuyo gasto mensual en sueldos asciende a 31.120 dólares, lo que representa al año un total aproximado de 1 millón 65 mil dólares del presupuesto estatal.

INNOVA E.P. ejecutará proyectos clave para el desarrollo urbano de Ibarra

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(Redacción Ibarra).- En medio de los desafíos que enfrenta la ciudad para modernizar su infraestructura y responder a las crecientes demandas urbanas, la Alcaldía de Ibarra apuesta por una figura técnica que acelere los procesos y canalice inversión: INNOVA E.P., la empresa pública creada para liderar la ejecución de obras estratégicas en el cantón.

El día lunes, durante una rueda de prensa convocada por el Municipio, Kathya Bastidas, gerente general de INNOVA E.P., presentó los principales objetivos de esta entidad y su hoja de ruta. “INNOVA es el motor de la transformación urbana de Ibarra. Nuestro compromiso es trabajar por una ciudad moderna, segura y equitativa, con acceso a vivienda digna y servicios de calidad”, afirmó.

Esta empresa fue creada por la ordenanza del Concejo Municipal y legalmente constituida en enero de 2024. Su principal objetivo es dinamizar proyectos de infraestructura, hábitat, vivienda, seguridad y equipamiento urbano, optimizando la contratación pública y reduciendo los tiempos que suelen ralentizar la gestión estatal.

Según Bastidas, uno de los pilares estratégicos es la promoción de alianzas público-privadas (APP), un modelo que permite incorporar inversión, tecnología y experiencia del sector privado en obras de interés colectivo.

Explicó sobre las competencias, alcances y acciones que va a ejecutar la entidad. En el caso del Sistema de Mercados Centrales de Ibarra, se lanzó la convocatoria pública y, hasta el momento, existen tres entes interesados en invertir; las ofertas pueden entregarse hasta el 27 de junio, tras lo cual se realizará la calificación y selección.

Señaló que los ingresos previstos para el Sistema de Monitoreo del Centro Estratégico de Seguridad Ciudad provienen de dos fuentes: la tasa de seguridad ciudadana y el 50% del presupuesto participativo. Sin embargo, al tratarse de recursos provenientes de la ciudadanía, es fundamental que exista claridad en la retribución del servicio.

En cuanto al proyecto del Tren Tayta Imbabura, la empresa INNOVA EP ha venido desarrollando desde hace dos meses una gestión operativa que incluye la venta de boletos y la adquisición de galones de diésel necesarios para el funcionamiento del ferrocarril, con el objetivo de lograr un equilibrio financiero que permita su autosustentabilidad.


La municipalidad de Ibarra reconoce que muchos de estos proyectos superan el presupuesto anual disponible y que, por tanto, el apoyo de una empresa técnica como INNOVA E.P. resulta clave para avanzar en una planificación urbana más efectiva y sostenible.