(Redacción Ibarra.) – Desde tempranas horas de la mañana, decenas de personas se concentran en las instalaciones de la Gobernación de Imbabura con la esperanza de acceder al Bono Emprende, un incentivo económico de $1.000 impulsado por el Gobierno Nacional para fortalecer pequeños negocios y reactivar la economía local.
Sin embargo, autoridades y usuarios han advertido sobre la circulación de mensajes falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, que ofrecen enlaces para supuestamente postular al bono. Estos enlaces son fraudulentos y buscan robar información personal o cometer estafas digitales.
Una ciudadana contó a nuestra redacción que recibió, a través de un grupo de Telegram, un enlace que ofrecía información sobre el “Bono Emprende”. Al abrirlo, su teléfono comenzó a funcionar con lentitud y varias aplicaciones se cerraron de forma repentina. La página nunca mostró datos oficiales, lo que le hizo sospechar que el enlace podría haber intentado acceder a su información personal o robar datos de su dispositivo.
El Bono Incentivo Emprende está dirigido a emprendedores que pertenecen a la Economía Popular y Solidaria o que califican como negocios populares, con el objetivo de impulsar la recuperación económica de los sectores más vulnerables. Los fondos pueden destinarse a la compra de insumos, reparación de maquinaria, mejoras en locales o gastos operativos esenciales.
La postulación oficial se realiza únicamente a través de los portales del Ministerio de Producción o del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). No existen gestores, intermediarios ni enlaces externos autorizados.
Ayer se conoció que los recursos iniciales destinados para este bono se habrían agotado, aunque se prevé una nueva asignación en las próximas semanas.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar toda información en canales oficiales y evitar compartir o ingresar a enlaces no verificados para prevenir fraudes y proteger sus datos personales.
(Redacción Imbabura).- El día de ayer el Gobierno Nacional presentó oficialmente el programa “Firmes con Noboa”, una iniciativa económica con una inversión superior a 50 millones de dólares, destinada a reactivar a las familias y negocios afectados por las paralizaciones focalizadas registradas en el país.
Los beneficiarios de este programa son las familias de las provincias de Imbabura y Carchi; los habitantes y negocios de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo; así como las parroquias de Guayllabamba y Calderón, en la capital. En cuanto a los destinatarios por actividad económica, el programa está dirigido a pequeños negocios, emprendedores, mujeres emprendedoras y los sectores de turismo y transporte.
El programa “Firmes con Noboa” agrupa créditos, incentivos directos y alivios financieros. Entre los productos destacados se encuentran:
– Crédito al 5 % “Firmes con Noboa”, destinado al sector turismo.
– Crédito Violeta “Firmes con Noboa”, dirigido a mujeres emprendedoras.
– Crédito Bantransportes “Firmes con Noboa” para servicios de transporte de pasajeros o carga.
– Crédito 7×7 “Firmes con Noboa” con tasa del 7 % anual y plazos de hasta 7 años.
– Crédito de chatarrización “Firmes con Noboa” con bono por desintegrar un vehículo antiguo y adquirir uno nuevo o seminuevo.
Adicionalmente, se contempla un aporte directo de $1.000 para pequeños negocios y emprendimientos, así como alivios financieros que incluyen renovación o refinanciamiento de créditos en BanEcuador, con hasta tres meses de gracia total (capital e intereses). También se prevén facilidades de pago y exoneraciones de multas e intereses en el SRI y el IESS.
Impulso al turismo y reducción del IVA
Uno de los componentes más destacados del plan es el paquete de reactivación turística, que contempla la reducción del IVA del 15 % al 8 % para el sector, campañas comunicacionales y un programa de capacitación para 3.000 personas.
Asimismo, se implementará un eje específico de promoción regional, con campañas turísticas acompañadas de la reducción temporal del IVA al 8 % durante feriados y fines de semana, como incentivo para atraer visitantes a Imbabura y las provincias vecinas. Los ministerios de Turismo y Producción liderarán esta estrategia.
Plan de Vivienda y apoyo al agro:
El componente productivo del programa incluye el Plan de Vivienda “Firmes con Noboa”, que ofrece créditos hipotecarios al 4,99 % anual. Además, se ejecutarán proyectos orientados al fortalecimiento del campo y la ganadería, entre ellos:
-Cuidando el agro: Entrega de paquetes tecnológicos con una subvención del 78 % para mejorar la productividad.
– Reconversión y sostenibilidad ganadera: Distribución de kits de semillas y tecnología.
– Diversificando la agroproductividad: Apoyo a la mecanización agrícola para avanzar hacia una producción más tecnificada.
El comunicado oficial detalla los instrumentos financieros y las zonas priorizadas del plan, aunque aclara que los trámites y requisitos específicos aún no han sido publicados. La Presidencia informó que en los próximos días se emitirán los instrumentos técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha las medidas. Asimismo, el Gobierno anticipó que el programa será complementado con nuevas acciones estratégicas orientadas a fortalecer la reactivación económica y social de las provincias más afectadas del norte del país.
(Redacción Ecuador).- Desde hoy y hasta el 28 de noviembre, los ciudadanos podrán tramitar pasaportes sin necesidad de sacar turno previo en 27 agencias del Registro Civil a nivel nacional. La atención será de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, según lo dispuesto por el presidente Daniel Noboa.
Los interesados deben presentar su cédula de identidad vigente y el comprobante de pago. Para renovaciones, también se debe presentar el pasaporte anterior; en caso de pérdida o robo, se requiere el Formulario de Documentos Extraviados del Consejo de la Judicatura.
En el caso de menores de edad, es obligatoria la presencia de ambos padres. Si uno de ellos no puede asistir, debe presentar un poder notariado; si reside en el exterior, un poder consular, incluyendo nombres completos y cédula del menor.
Costos del pasaporte:
Primera emisión y renovación: $90 (adultos y menores)
Personas de la tercera edad: $45
Personas con discapacidad igual o mayor al 30%: sin costo.
En Quito (Matriz), Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas), los pasaportes se entregan el mismo día, mientras que en las otras 24 agencias el documento estará disponible en un plazo de hasta 8 días laborales.
Esta es la tercera jornada de este tipo en 2025. Las dos anteriores permitieron entregar 66.852 pasaportes sin turno, de los cuales el 60% fueron de primera emisión y el 40% renovaciones. De enero al 25 de octubre, el Registro Civil ha emitido un total de 487.385 pasaportes en todo el país.
Por su parte, el director general del Registro Civil, Otton Rivadeneira, manifestó que seguirán modernizando los procesos y servicios del Registro Civil a todo el país.
(Redacción Otavalo).- La Confederación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte (CHIJALLTA FICI) emitió ayer un comunicado oficial con la presencia de presidentes de pueblos, uniones y comunidades de Imbabura. En el documento, que contiene alrededor de nueve resoluciones, la organización adopta una postura crítica frente al Gobierno Nacional y reafirma su decisión de impulsar la campaña por el “NO” en la consulta popular y referéndum convocados por el Ejecutivo.
Uno de los aspectos más controversiales del documento es el punto seis, donde:
“Se exige al municipio de Otavalo que, a partir de este año y de manera permanente, el desfile cívico del 31 de octubre y todos los actos cívicos se realicen sin presencia militar ni policial, en respeto a la memoria de nuestros pueblos que fueron reprimidos con violencia desmedida”.
La resolución refleja las secuelas sociales y políticas que aún persisten en Imbabura, especialmente entre el pueblo otavaleño, quienes mantienen un sentimiento de distancia y desconfianza hacia el accionar del Gobierno en base a lo que muchos consideran un uso desproporcionado de la fuerza policial y militar durante las protestas.
Asimismo, en el punto siete, CHIJALLTA FICI anunció que:
“Prohíbe el ingreso a nuestros territorios a operadores políticos del Gobierno que están utilizando los recursos públicos para tratar de manipular o comprar conciencias para promover la Consulta Popular a favor del Gobierno.
Invitando a su vez a los actores sociales a trabajar de manera conjunta en la campaña por el “No”, y anunciaron que desde su estructura ejercerán un control permanente y estricto sobre los precios de los productos de primera necesidad y del gas en todas sus comunidades.
Con estas resoluciones, la organización indígena marca una postura firme de autonomía y rechazo a la intervención política de Daniel Noboa, reafirmando que, a pesar del fin del paro en Imbabura, la tensión entre las comunidades indígenas y el Estado central persiste, una brecha que se profundizó tras los episodios de represión vividos durante los 30 días de paralizaciones.
(Redacción Imbabura).- Imbabura cumplió un mes de paralización, en un paro atípico que la convirtió en la única provincia donde continuaron los cierres y la interrupción de actividades. Durante ese tiempo, no se logró avanzar hacia una mediación efectiva, y la inestabilidad se mantuvo como un factor constante en la región. A lo largo de cuatro semanas, diversos acontecimientos marcaron el desarrollo de la protesta, dejando un registro de conflictos, bloqueos y enfrentamientos que reflejaron la magnitud del descontento en la provincia. A continuación les presentamos una cronología de los momentos clave que tuvo esta paralización en Imbabura.
12 de septiembre de 2025: El presidente Daniel Noboa promulgó el Decreto 126, eliminación del subsidio al diésel.
Una medida que generó un rechazo inmediato y desató protestas en distintos sectores del país, especialmente entre comunidades indígenas y transportistas. Ante la creciente tensión, la Presidencia de la República anunció que, a partir del sábado 13 de septiembre, la sede del Ejecutivo funcionaría temporalmente en Latacunga, Cotopaxi, mientras que la Vicepresidencia operaría desde Otavalo, en Imbabura. Esta reubicación buscaba garantizar la continuidad administrativa en medio de las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales e indígenas.
15 de septiembre: Inicio de los primeros bloqueos viales en Carchi
Transportistas bloquearon la vía en el sector de Julio Andrade y se enfrentaron con las fuerzas armadas. La tensión se moderó días después, tras la autorización del presidente Noboa para entregar beneficios económicos a los transportistas, lo que permitió levantar el paro en la provincia. Sin embargo, la calma resultó ser temporal.
18 de septiembre: CONAIE anuncia movilizaciones a nivel nacional
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció un paro nacional en rechazo al Decreto 126 y a otras políticas económicas del Gobierno. Ese mismo día, en Imbabura, el presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 145, designó a Luis Efraín Amaguaña Muenala, abogado kichwa otavaleño, como nuevo gobernador de la provincia. Sin embargo, Amaguaña renunciaría días después, presionado por dirigentes indígenas. Además, a través del Decreto Ejecutivo N.º 134, el mandatario declaró el estado de excepción y estableció toque de queda en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo y Carchi.
21 de septiembre: El movimiento indígena en Imbabura declara una paralización indefinida.
Mediante un comunicado, se declararon movilizaciones indígenas desde las 10 de la noche, anticipando bloqueos y concentraciones en puntos estratégicos de la provincia.
22 de septiembre: Primeros cierres viales en Imbabura.
Organizaciones indígenas como CHIJALLTA FICI, UNORCAC, FENOCIN y comunidades Kichwa Karanki, Natabuela, Cayambi y Otavalo se sumaron a las movilizaciones, bloqueando varios tramos de la vía E35 e imposibilitando el paso desde Imbabura hacia el sur del país. Ese mismo día, los manifestantes se concentraron en el ingreso a Otavalo, donde un fuerte contingente policial y militar provocó un enfrentamiento marcado por un nivel de violencia desproporcionado. Durante los disturbios se destruyeron bienes públicos, se dañaron cámaras del ECU911 e incluso se incendió el Comando de Policía Judicial de la ciudad. Motocicletas, patrulleros y vehículos particulares quedaron consumidos por las llamas. En el marco de los incidentes, las autoridades detuvieron a 18 personas acusadas de presunto terrorismo. En la audiencia de flagrancia realizada al día siguiente, se resolvió que de los 18 aprehendidos (15 adultos, 2 menores de edad y una mujer), 12 continuarían detenidos mientras avanzaba la instrucción fiscal y seis recuperaron su libertad. El 6 de octubre, la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente el pedido de habeas corpus presentado por la defensa de 10 de los 12 detenidos. En la audiencia se dispuso el retorno inmediato de siete de los privados de libertad, quienes regresaron el 15 de octubre desde la cárcel El Rodeo, en Manabí, hacia la jurisdicción de Imbabura, donde cumplirán la medida de prisión preventiva mientras avanza la instrucción fiscal. De los 10 detenidos beneficiados, tres ya habían sido trasladados previamente desde Manabí hasta la cárcel de Ibarra el pasado 30 de septiembre debido a problemas de salud. Paralelamente, 17 militares fueron retenidos por comunidades del cantón Otavalo, recuperando su libertad de manera gradual, mientras en Ibarra se desarrollaban marchas pacíficas.
23 de septiembre de 2025: Nueva gobernadora para Imbabura
El presidente Daniel Noboa designó a la abogada Elsy Maite Landeta Sánchez como nueva gobernadora de Imbabura mediante el decreto ejecutivo 154.
El ministro del Interior confirmó que 50 personas fueron detenidas a nivel nacional en manifestaciones, 20 en Imbabura de los cuales dos personas de nacionalidad venezolana estarían ligadas al Tren de Aragua.
24 de septiembre: Daniel Noboa encabezó el primer convoy que ingresó a Imbabura.
Un contingente policial y militar se trasladó hacia Otavalo por carretera mientras el presidente de la república arribó en helicóptero alrededor de las 9 de la mañana. Desde allí, pronunció un breve discurso, pero se retiró sin ofrecer ninguna resolución ni respuesta concreta a la población.
En los días posteriores, la crisis se extendió a sectores como Peguche, Ilumán, Caluquí, González Suárez, Antonio Ante, Zuleta, Cayambe, Urcuquí, El Juncal y Lita, donde los bloqueos en ejes viales rurales paralizaron la movilidad en toda la región.
26 de septiembre:CONAIE da por finalizado el paro, sin embargo las bases no aceptan.
En una asamblea realizada en las instalaciones de la UNOPAC, en el cantón Cayambe, alrededor de 100 dirigentes de comunidades y organizaciones locales se reunieron para conocer y ratificar las resoluciones adoptadas por la dirigencia principal de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El encuentro estuvo encabezado por Marlon Vargas, presidente de la Conaie; Ercilia Catañeda, vicepresidenta; y Dennis de la Cruz, presidenta del Pueblo Kayambi. Durante la reunión se resolvió levantar las paralizaciones en los cantones Cayambe, Pedro Moncayo y Otavalo a partir del 27 de septiembre, a las 09:00.
26 de septiembre: Retienen a presidente de la CONAIE en Otavalo
Comuneros de Huaycopungo, en el cantón Otavalo, retuvieron al presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, tras el anuncio del fin del paro. Las comunidades lo acusaron de traición y anunciaron que debería someterse a la justicia indígena. Durante la reunión, todas las comunidades ratificaron que el paro continuaría en Imbabura hasta que se cumplieran sus demandas.
El 28 de septiembre: Primer fallecido por manifestaciones en Imbabura
Efraín Fueres, ciudadano de 47 años oriundo de Cuicocha, se convirtió en la primera víctima mortal de las movilizaciones, tras recibir un disparo por parte de personal militar en Ilumán, según testigos.
Días después, el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior se trasladaron a Ibarra para reunirse en la Gobernación, aunque no se conocieron acuerdos ni medidas concretas que lograran apaciguar la crisis.
Las protestas continuaron en Imbabura y comenzaron a tornarse vandálicas, ya que los manifestantes pincharon neumáticos e intimaron a los dueños de negocios para obligarlos a cerrar sus locales, mientras que la escasez de gasolina, gas doméstico y alimentos se convirtió en un problema recurrente para la población, en especial la otavaleña.
El 1 de octubre: FICI desconoce a su presidente
La decisión de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI) de declarar una tregua temporal y abrirse al diálogo con el Gobierno Nacional genero fracturas internas en el movimiento indígena del norte del país. Pocas horas después de emitido el comunicado oficial de la FICI, varias comunidades y organizaciones de base anunciaron que desconocen la resolución y a la dirigencia encabezada por Mesías Flores, presidente de la Federación. Lenin Farinango, presidente del pueblo Kichwa Karanki, declaró que nunca recibió “ni una llamada del presidente de la FICI”, y ratificó que las comunidades Karanki se mantienen en las medidas de hecho. “Intentan dividir al movimiento indígena”, advirtió.
04 de octubre: Se elimina el toque de queda en Imbabura
Tras varios días de bloqueos en el norte del país, la Corte Constitucional revisó los decretos del Ejecutivo y determinó que el toque de queda vulneraba derechos fundamentales, mientras que el estado de excepción solo se justificaba en Carchi e Imbabura, las provincias más afectadas por la crisis.
El 6 de octubre: Invasión a florícolas en Cotacachi
Jessica Torres, vicepresidenta de la UNORCAC, lideró a aproximadamente 200 manifestantes indígenas que invadieron una finca florícola en Cotacachi de Expoflores, intimidando a los trabajadores y presionándolos para sumarse a la paralización.
El 8 de octubre: Movilización masiva de indígenas a Ibarra
Un intento de tomarse Ibarra se registró durante una marcha multitudinaria a las afueras del edificio de la gobernación. El dirigente indígena de la UNORCAC, Guido Perugachi, advirtió que si la ciudad no colaboraba con el paro, volverían a tomarse la urbe y a causar destrozos.
13 de octubre: Segundo convoy humanitario ingresó a Imbabura por la vía Zuleta.
Un convoy humanitario ingreso a Imbabura con resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para abastecer a las comunidades afectadas por los bloqueos y actos de violencia debido al paro en Ecuador. El Bloque de Seguridad confirmó que el convoy transportó víveres, colchones, gas, medicinas y otros insumos esenciales destinados a la población civil que permanece aislada por la interrupción de vías. El convoy contó con la presencia y acompañamiento de representantes de la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Humano, Registro Social, Cruz Roja, medios de comunicación, delegados de la Fiscalía General del Estado y equipos técnicos encargados de la asistencia. La presencia de organismos institucionales formo parte del protocolo para asegurar transparencia, seguimiento y atención directa a las comunidades afectadas.
14 de octubre: Fuerte represión y enfrentamientos entre manifestantes y militares en Otavalo.
El Gobierno Nacional confirmó en rueda de prensa que su misión principal era devolver la paz a Imbabura, al siguiente día, Otavalo amaneció militarizado, y el ministro del Interior, John Reimberg, declaró a los medios: “Vamos a quedarnos hasta que todo vuelva a la normalidad. Aquí estaremos todo el tiempo que sea necesario; Imbabura no está sola”. El ministro indicó que un convoy humanitario fue atacado esa madrugada por manifestantes y este hecho desencadenó un enfrentamiento en el que la fuerza pública reprimió a los manifestantes con dureza. La ciudad se convirtió en un verdadero campo de batalla con calles destrozadas, actos de vandalismo, militares persiguiendo a manifestantes y más de 40 personas detenidas, la mayoría de las cuales fue liberada poco después gracias a la intervención legal de sus abogados y al respaldo de la comunidad. En medio del caos, un periodista comunitario resultó herido por el impacto de una bala –
15 de Octubre: Segundo comunero falleció por impacto de bala
José Guamán, de 30 años, recibió un disparo en el pecho durante las manifestaciones del día anterior, permaneció en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra en cuidado intensivo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado en helicóptero a Quito, pero lamentablemente falleció durante el trayecto.
15 de octubre: Alto al fuego y primeros acuerdos
Tras 23 días de paralización provincial, el presidente del pueblo Kichwa de Otavalo y la alcaldesa Anabel Hermosa Acosta anunciaron el cese de hostilidades y el inicio de mesas de diálogo directas con el Gobierno Nacional, misma que se instaló la tarde del 15 octubre en el hotel Yamor Continental, en donde 60 dirigentes, la curia y el ministro del Interior finalmente pudieron llegar a un acuerdo y anunciaron el fin del paro.
15 de octubre: Efímero final del paro en Imbabura
Luego del anuncio en rueda de prensa, las bases del movimiento indígena se declararon en rebeldía, causando una ruptura total, desconocieron los acuerdos y acusaron a sus dirigentes de traición, llegando incluso a agredir al presidente de la FICI, Mesías Flores, mientras informaba sobre el fin de las movilizaciones. Al final de la noche las vías no fueron habilitadas.
El 16 de octubre: Pronunciamientos de la alcaldesa de Otavalo
En una asamblea realizada a los pies de la Alcaldía de Otavalo, la alcaldesa encabezó un encuentro entre las bases y los dirigentes indígenas con el objetivo de buscar una salida al paro. En medio de un ambiente tenso, marcado por acusaciones y nuevos pedidos, la primera autoridad del cantón exhortó a los presentes a regresar a sus territorios, dialogar sobre las propuestas y socializarlas en las mesas técnicas que se instalarían el lunes 20 de octubre.
19 de octubre: FICI asume liderazgo de las movilizaciones en Imbabura
La CHIJALLTA-FICI asumió el control total del paro en Imbabura mediante un comunicado difundido en redes sociales, la organización informó que Sisa Inés Cotacachi, actual vicepresidenta, asumirá la presidencia en reemplazo de Mesías Flores, debido a su “ausencia y falta de liderazgo” Asimismo, la FICI invitó a la CONAIE, ECUARUNARI y FENOCIN a participar en el proceso de diálogo nacional, aunque precisó que las organizaciones de Imbabura serán las encargadas de dirigir el proceso
19 de octubre: Gobierno denuncia incumplimientos de acuerdos y suspende el diálogo.
El Gobierno Nacional anunció la suspensión del diálogo con los movimientos indígenas, citando incumplimientos de los acuerdos, cambios en los representantes y acciones violentas que, según el Ejecutivo, quebrantaban lo pactado previamente. Por ello, calificó los hechos ocurridos posteriormente como responsabilidad íntegra del movimiento indígena en la provincia.
21 de octubre: Paro provincial condenado a terminar
La Unión de Comunidades y Barrios Indígenas y Campesinas de Ilumán (UNICOBICI) resolvió en una asamblea comunitaria regresar a sus territorios. Durante la reunión, se señaló que continuarán en resistencia de forma pacífica desde cada comunidad, permaneciendo vigilantes ante los acontecimientos. Fabián Díaz, dirigente de Ilumán criticó duramente que solo cuatro cantones se mantienen en resistencia activa, afirmando que el paro no representa a todo el Ecuador. Añadió que, si la movilización se convierte en un paro verdaderamente nacional, las comunidades de Ilumán volverían a salir a las calles.
21 de Octubre: Comunidades de Imantag anuncian fin del paro
En una reunión que duró hasta la madrugada las comunidades de Imantag dieron por finalizado el paro en sus territorios y anunciaron la apertura total de la vía Imantag–Atuntaqui. Además, ofrecieron disculpas públicas a toda la comunidad por los inconvenientes ocasionados durante los días de movilización.
22 de octubre: Primeas vías habilitadas en Imbabura.
Medinte labores de limpieza se aperturó un tramo de la vía Atuntaqui-Santa Bertha que fue bloqueada con palos y piedras como parte de los primeras vías en ser habilitadas en la provincia.
22 de octubre: CONAIE anuncia fin del paro
Al medio dia, el presidente de la CONAIE Marlon Vargas se pronunció al país mediante un video en el que ratificó que, frente al anuncio del Gobierno de desplegar toda la fuerza del Estado para habilitar las vías en Imbabura, la organización ha decidido dar por terminado el paro. Vargas informó que se dará paso a la apertura de las vías e hizo un llamado a las comunidades a replegarse a sus territorios, para salvaguardar la vida.
22 de octubre: UNORCAC anuncia que mantendrá la resistencia pese a comunicado de la CONAIE del fin del paro
La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) emitió un pronunciamiento en el que aclaró que no pertenece a la CONAIE y que, pese al anuncio de su presidente Marlon Vargas de dar por terminado el paro, mantendrán la resistencia en la provincia de Imbabura. En su comunicado, la organización confirmó que las vías en Cotacachi permanecerán cerradas y que el día de mañana realizarán una gran marcha que saldrá desde el centro de Cotacachi hasta el ingreso al cantón. Los dirigentes expresaron su preocupación por el anuncio del presidente de la República, quien ordenó el despliegue de toda la fuerza del Estado para reabrir las vías en Imbabura. Afirmaron que, pese al temor por posibles enfrentamientos, mantendrán su resistencia de manera pacífica, defendiendo su derecho a la protesta.
22 de octubre: Fuerzas Armadas hacen un barrido de la vía E35 para despejar el paso
Durante la tarde, dos convoyes de las Fuerzas Armadas iniciaron las labores de limpieza y despeje de la vía E35, uno avanzando desde Otavalo hacia Ibarra y otro en sentido contrario, desde Ibarra hacia Otavalo. La operación contó con el apoyo de maquinaria pesada que trabaja en la remoción de escombros, ramas y obstáculos que permanecían sobre la calzada tras 30 días de bloqueos. De igual manera, personal policial se mantiene desplegado a lo largo del corredor vial, garantizando el control de la zona y la seguridad del operativo.
Luego del paso del primer convoy moradores de San Rafael de la Laguna, en el cantón Otavalo salieron nuevamente a las vías y atacaron a los vehículos que se movilizaban pinchando neumáticos y afectando a parabrisas de los vehículos.
22 de octubre: FICI convoca a reunión de emergencia
La FICI anunció que iniciará la apertura de las vías en toda la provincia, luego de varias jornadas de diálogo con las comunidades. Con esta decisión, la FICI se convirtió en una de las últimas organizaciones en levantar el paro provincial que se extendió por casi un mes.
23 de octubre: Marcha por la dignidad en homenaje a la víctimas del Paro 2025
Esta mañana, distintas comunidades indígenas se congregaron a la entrada a Cotacachi para dar inicio a una marcha pacífica por la dignidad, convocada por la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi UNORCAC y la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura FICI. Bajo el lema “Por la memoria, la resistencia y la dignidad de nuestros pueblos”, los participantes avanzaron por la vía E35 con tambores, flautas, banderas y consignas, en homenaje a Efraín Fueres, José Guamán y Rosa Paqui, las tres personas que perdieron la vida durante las protestas sellando de este modo el fin del paro en Imbabura.
(Redacción Imbabura).- Desde la madrugada de este lunes se registran varias protestas en la provincia del Carchi debido al alza del diésel. El ECU 911 Tulcán reportó al menos tres ejes viales cerrados y bloqueos que han generado complicaciones en la movilidad interprovincial.
Según el informe oficial con corte a las 07:22, permanecen cerradas las vías Bolívar – Piquiucho, San Gabriel – La Paz y La Paz – Bolívar. En tanto, ejes estratégicos como el Puente Internacional de Rumichaca, Tulcán – Julio Andrade, Tulcán – Tufiño, Panamericana Norte (sector Obelisco) y Mira – Estación Carchi están habilitados, lo que ha permitido mantener parcialmente la conectividad fronteriza.
Las acciones de cierre han estado acompañadas de concentraciones de manifestantes en varios puntos de la provincia carchense, lo que refleja la tensión social frente al incremento en el precio del combustible.
En contraste, en la provincia de Imbabura no se han registrado incidentes ni cierres de vías. Las autoridades confirmaron que toda la red vial se mantiene habilitada y que el tránsito fluye con normalidad, pese a la cercanía con los cantones carchenses que sí enfrentan novedades.
El monitoreo continúa activo por parte de la Policía Nacional y la Secretaría de Gestión de Riesgos y el ECU911 mientras se espera que las autoridades nacionales se pronuncien frente a las medidas de hecho adoptadas en el norte del país.
(Redacción Imbabura). El Gobierno de Daniel Noboa anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos a nivel nacional, una medida que, aunque aún no detalla cuántos trabajadores serán afectados en la provincia de Imbabura, ya despierta un debate sobre el tamaño del Estado y su papel en la economía y los servicios públicos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Imbabura registra actualmente 18.581 servidores públicos, una cifra que casi se duplicó durante la presidencia de Rafael Correa (2007–2017), cuando pasaron de 10.443 a 18.741. Este incremento respondió a una política de expansión estatal que apostó por fortalecer la presencia del Estado a través de nuevos hospitales, escuelas, instituciones públicas y programas sociales. La contratación de personal fue clave para operar esta estructura.
Sin embargo, esa misma expansión generó una carga fiscal elevada. Tras la caída de los precios del petróleo y el endeudamiento progresivo, el Estado comenzó a mostrar señales de desgaste económico. Desde 2017, con Lenín Moreno, se redujo el ritmo de contrataciones, y con Guillermo Lasso el número de funcionarios disminuyó aún más.
Hoy, la decisión de Noboa de reducir 5.000 plazas se presenta como una medida de contención frente a una crisis fiscal profunda. El recorte apunta a un Estado más liviano, en teoría más eficiente, pero también implica riesgos: menos personal podría significar reducción de servicios públicos en sectores clave como salud, educación y seguridad.
En provincias como Imbabura, donde muchas familias dependen de empleos estatales, la medida podría tener un impacto social y económico considerable.
(Redacción Imbabura).- Ante los recientes acontecimientos en la provincia de Imbabura, la falta de gobernabilidad y la inestabilidad política en el cargo de Gobernador han generado una inquietante interrogante en la ciudadanía: ¿Cuáles son las funciones, competencias y alcances territoriales del Gobernador?
La constante rotación en este cargo ha puesto en duda la experiencia y preparación de quienes lo asumen. Desde que Daniel Noboa asumió la Presidencia de la República, Imbabura ha tenido dos gobernadores: Patricio Cervantes y Juan Sebastián Echeverría, quien cesó en sus funciones el pasado martes. Esta mañana, la provincia amaneció con un nuevo representante del Ejecutivo: Israel Cabezas, designado mediante el Decreto Presidencial N.º 38 firmado por el presidente de la República. Con su designación, Cabezas se convierte en el tercer funcionario en ocupar la Gobernación desde la llegada de Daniel Noboa al poder en 2023.
¿Cuáles son las funciones del Gobernador?
Representante del Presidente: El gobernador actúa como delegado del presidente de la República en la provincia.
Dirección de la Función Ejecutiva: Dirige las actividades de las entidades estatales en el territorio.
Coordinador de políticas nacionales: Supervisa la ejecución de las políticas del gobierno central a nivel provincial, como el Decreto Ejecutivo #21, mediante el cual se declara como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delincuenciales y el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno.
Promoción de la participación ciudadana: Fomenta la participación de la comunidad en decisiones públicas; el gobernador puede crear espacios de diálogo y consulta, o la implementación de mecanismos de participación directa como referendos y consultas populares.
Mantenimiento de la gobernabilidad: Tiene la responsabilidad de garantizar el orden público y la estabilidad provincial. El gobernador puede actuar mediante la conformación de un Comité de Seguridad, integrado por representantes de las distintas instituciones del Estado, con el objetivo de diseñar planes de contingencia que garanticen el orden público durante eventos masivos, feriados, festividades, eventos deportivos o en situaciones de riesgo como desastres naturales.
Coordinación de proyectos nacionales: El gobernador no maneja un presupuesto propio para ejecutar obras, pero le corresponde asegurar la ejecución de proyectos considerados prioritarios por el gobierno central. En este sentido, debe velar por la ejecución de varias obras emergentes que aún no se concretan en la provincia, entre ellas: La rehabilitación de la vía Salinas–Lita, con especial atención en el sector El Guadual, una zona geológicamente inestable y propensa a constantes derrumbes; así como la culminación del paso lateral de Ibarra, una obra inconclusa desde hace una década y que formó parte de las promesas de campaña del actual presidente de la República.
Vigilancia del Código de Ética: Controla que los funcionarios públicos actúen con principios éticos; el gobernador puede solicitar la rendición de cuentas en la administración pública, lo que a su vez fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Supervisión de la administración pública: Vigila el desempeño de las instituciones y sus funcionarios en la provincia; es decir, el gobernador puede realizar visitas a instituciones públicas para supervisar la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía, además de dialogar con los usuarios para entender sus necesidades y solicitar a las autoridades mejoras en la atención al público.
Según información publicada en el portal web de la Gobernación de Imbabura, el Gobernador percibe un sueldo mensual de 3.247 dólares, lo que representa un ingreso anual aproximado de 39.500 dólares. Además, se conoce que la Gobernación cuenta con 87 funcionarios, cuyo gasto mensual en sueldos asciende a 31.120 dólares, lo que representa al año un total aproximado de 1 millón 65 mil dólares del presupuesto estatal.
(Redacción Imbabura).- El 2 de junio de 2025, la vocera del Gobierno nacional, Carolina Jaramillo, anunció la eliminación del subsidio eléctrico para las industrias de alto y medio voltaje, una medida que forma parte del nuevo plan económico del Ejecutivo. Las tarifas para grandes consumidores pasarán de 7,91 a 10,22 centavos por kilovatio-hora (alto voltaje AV1) y de 9,27 a 11,64 centavos por kilovatio-hora (medio voltaje MV). Aunque el Gobierno ha aclarado que las tarifas residenciales no se verán afectadas, ni tampoco sectores como el agua para comunidades rurales y escenarios deportivos, el impacto sobre el sector empresarial sí genera reacciones.
En la provincia de Imbabura, de las más de 1.700 empresas registradas, apenas 20 están catalogadas como grandes, según datos de la Superintendencia de Compañías. Estas concentran el 53,63% de las ventas globales de la provincia (USD 303,78 millones). Empresas como FALCOMFARMS DEL ECUADOR S.A. (sector florícola), FLORALP S.A. (lácteos), ECUATEXTILES S.A. (textiles) y UNACEM (cemento) podrían estar mejor preparadas para enfrentar este ajuste gracias a que ya cuentan con sistemas propios de generación eléctrica —como paneles solares—, reduciendo su dependencia de la red nacional.
Sin embargo, el panorama no es igual para las pequeñas y medianas empresas, que podrían verse afectadas de forma indirecta si sus proveedores o distribuidores encarecen sus costos de producción. Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra, explicó que el alza golpeará con mayor fuerza a ciudades con un parque industrial más activo, como Quito o Guayaquil. En el caso de Ibarra, señaló que el parque industrial existente ya cumplió su vida útil, lo cual limita la capacidad productiva local y, al no tener un parque industrial renovado, dependemos en esta actividad productiva de otras ciudades como Quito o el centro del país.
Aguilar también hizo un llamado a retomar con fuerza la propuesta de construir un nuevo parque industrial en Ibarra, como una alternativa para impulsar el desarrollo de las pymes y fortalecer la autonomía productiva de la provincia. “Nos corresponde a los ibarreños e imbabureños impulsar la creación de un nuevo parque industrial para la pequeña y mediana empresa”, enfatizó, recordando que esta iniciativa lleva años en discusión y requiere concretarse con urgencia.
(Redacción Imbabura).- Una vez posesionado el gobierno de Daniel Noboa el próximo 24 de mayo, los retos a los que se enfrentaría su gobierno en la provincia de Imbabura son claros: vialidad, seguridad y empleo. Estos temas concentran la atención de autoridades locales y ciudadanos, quienes esperan que el nuevo gobierno cumpla con los ofrecimientos adquiridos durante la campaña y atienda las demandas de la provincia.
Vialidad:
El paso lateral de Ibarra: Una obra iniciada en 2013 y paralizada desde 2014 por falta de recursos sigue inconclusa más de una década después. Su construcción fue planificada con el objetivo de descongestionar el tránsito en zonas céntricas de la ciudad y facilitar la movilidad hacia las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas.
Durante la campaña presidencial de 2025, el ahora presidente Daniel Noboa ofreció retomar y culminar esta vía estratégica. En 2023, se estimaba que completar la obra costaría alrededor de 65 millones de dólares; sin embargo, en 2025, considerando la variación de precios y el incremento en los costos de materiales e insumos, se calcula que el valor podría ascender a unos 80 millones. A pesar de su importancia para la región, hasta hoy no se ha registrado ningún avance significativo y ningún gobierno ha logrado superar lo construido hace ya diez años.
Vía RVE10, kilómetro 114, sector El Guadual: Se mantiene como uno de los tramos más críticos de la carretera Ibarra–San Lorenzo, que conecta las provincias de Imbabura y Esmeraldas. En diciembre de 2021, un derrumbe destruyó gran parte de la mesa de la vía, inhabilitando completamente el paso vehicular y dejando aisladas a varias comunidades de la zona.
A pesar de múltiples anuncios y compromisos, como la fallida propuesta de construir un puente Bailey, la ejecución de un camino piloto que nunca se concluyó y un contrato firmado en 2023 para una variante con un puente definitivo, adjudicado por USD 3’572.941 (sin IVA), a cargo de la empresa PATE C.A. y con supervisión técnica de IPH Pablo Herrera, con plazo de entrega para el mismo año, la obra nunca se ejecutó. Problemas técnicos, la presencia de una falla geológica, deficiencias en la planificación, trabas administrativas y acciones legales entre contratistas han impedido su avance. Hasta hoy, ni los gobiernos anteriores ni el actual han logrado concretar una solución estructural para este tramo crítico de la vía.
La Ing. Carla Acosta, directora distrital del MTOP en Imbabura, confirmó en rueda de prensa que la vía RVE10, desde Salinas hasta Lita, continúa siendo un punto crítico sin intervención definitiva, afectado por deslizamientos constantes agravados por la pasada temporada invernal. A este se suma otro tramo conflictivo en el sector de Palacara, afectado por socavamiento. Ambos puntos cuentan únicamente con señalización preventiva, sin que hasta ahora se ejecuten obras que garanticen una solución de largo plazo y que además esperan desde el 2021 una solución definitiva.
Seguridad ciudadana: La creciente percepción de inseguridad, el avance del microtráfico y el aumento de la delincuencia exigen una intervención urgente y sostenida en todo el país, especialmente en provincias como Imbabura. Se requiere reforzar la presencia policial, implementar sistemas de videovigilancia, intensificar el patrullaje coordinado y aplicar políticas de prevención con énfasis en entornos escolares y comunitarios. Aunque en 2024 Ecuador registró una tasa de 38,76 muertes violentas por cada 100.000 habitantes —una reducción de 7,42 puntos frente a 2023—, los datos del Ministerio del Interior revelan que solo en el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 2.361 homicidios, de los cuales 831 ocurrieron en marzo. Estas cifras reflejan una violencia persistente a nivel nacional, que obliga al Gobierno a actuar con firmeza en todos los territorios, incluyendo a Imbabura, donde la ciudadanía demanda respuestas inmediatas.
Reducción de la pobreza y generación de empleo: Imbabura necesita políticas integrales para disminuir brechas de desigualdad. Fomentar el empleo juvenil, fortalecer emprendimientos rurales y abrir oportunidades en sectores como el agro, el turismo y la economía popular son urgencias que no pueden postergarse. Según datos del INEC de 2024, la provincia de Imbabura registró el 3,8% de desempleo, y solo el 29,1% de su población tenía acceso a un empleo adecuado. El subempleo se posicionó en el 19,9% y el 55,1% permaneció en la informalidad.
Para el presidente Daniel Noboa, enfrentar los problemas que arrastra Imbabura —como la inseguridad, la falta de empleo y el abandono de obras viales estratégicas— no solo representa un reto técnico, político y financiero, sino también una oportunidad clave para recuperar la confianza ciudadana. Atender estas tres áreas de forma articulada permitiría dinamizar la economía local, mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad en una provincia que lleva años esperando respuestas concretas.
