(Redacción Ibarra).- La Empresa Pública de Movilidad del Norte, Movidelnor, iniciará el proceso de matriculación vehicular 2026 a partir del próximo 19 de enero, dirigido a los propietarios de vehículos que no lograron cumplir con este trámite durante 2025 y a quienes desean hacerlo de forma anticipada antes del inicio de la calendarización obligatoria. Esta etapa permite a la ciudadanía ponerse al día con un requisito legal indispensable para la circulación, bajo las condiciones establecidas para el nuevo año fiscal.
Para acceder al servicio, los usuarios deberán cancelar los valores correspondientes a la matrícula y a la revisión técnica vehicular conforme al tarifario 2026. Con el objetivo de facilitar el proceso, Movidelnor habilitó desde el lunes pasado su sistema de generación de órdenes de pago y actualización de datos. Desde este martes la entidad recibe además trámites de emisión por primera vez.
Durante esta semana se ejecutarán las pruebas en pista junto al aliado estratégico Reviplus, como parte de los controles técnico-mecánicos que garantizan un servicio eficiente, oportuno y alineado con los estándares de seguridad vial. A esto se suma que, desde el 19 de enero, Movidelnor recibirá y coordinará la atención de matriculación en flota para los propietarios de vehículos de transporte público y comercial, con una planificación específica para este sector.
La gerente de Gestión Vehicular, Cristina Pomasqui, explicó que este proceso anticipado busca ordenar la demanda y brindar mejores tiempos de atención a los usuarios. Señaló que la revisión técnica constituye un pilar fundamental para verificar las condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos que circulan en territorio nacional, lo que permite reducir riesgos y proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones.
Por su parte, el gerente general de Movidelnor, Santiago Chiriboga, invitó a la ciudadanía a realizar sus trámites a tiempo y aprovechar esta fase previa. Destacó que la institución se encuentra preparada en infraestructura, personal y sistemas para atender la demanda del proceso 2026, y reafirmó que cada revisión vehicular representa una acción concreta para cuidar la vida a través de vehículos en condiciones adecuadas.
Desde la ciudadanía, Lucio Terán, un usuario que acudió a realizar su trámite, valoró la apertura anticipada del proceso y señaló que resulta positivo ofrecer esta alternativa a quienes prefieren no esperar la calendarización por número de placa. Resaltó la importancia de la habilitación temprana del agendamiento, ya que permite planificar con orden, evitar filas y acceder a un servicio más ágil y organizado.
(Redacción Imbabura).- El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó a las disputas entre bandas criminales —a las que el Gobierno ha declarado “la guerra”— el hecho de que 2025 se convirtiera en el año más violento del país, con más de 9.000 homicidios registrados. Según la autoridad, la ofensiva estatal contra el crimen organizado intensificó los enfrentamientos entre estructuras delictivas, lo que derivó en cerca de 9.300 muertes violentas a nivel nacional durante el año pasado.
En Imbabura, se registraron 33 asesinatos, más del doble de los contabilizados en 2024. Las cifras ubican al año pasado como el segundo más violento en diez años, solo por debajo de 2019, cuando la provincia enfrentó el impacto directo de la minería ilegal en Urcuquí.
La capital provincial concentró el mayor número de muertes violentas. Ibarra acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1), lo que evidencia una preocupante concentración de la violencia en zonas urbanas y refuerza la alerta sobre el avance del crimen organizado en la provincia.
Autoridades y analistas de seguridad advierten que este repunte no es un hecho aislado. La disputa por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a Imbabura en un territorio estratégico para organizaciones criminales, que utilizan a Ibarra como centro logístico y refugio, según reportes policiales y militares.
El hallazgo de armas de alto poder, municiones y explosivos durante los operativos ejecutados en 2025 confirmó la presencia de estructuras armadas con una capacidad operativa sin precedentes en la provincia. Ante este escenario, Imbabura enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de seguridad, un compromiso que el gobernador Jorge Ortíz asumió públicamente el día de su posesión. Mientras tanto, la ciudadanía exige acciones más contundentes y mantiene la expectativa de que el 2026 marque el inicio de un periodo de mayor paz y tranquilidad para la provincia.
(Redacción Ecuador).- Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 249, firmado el miércoles 17 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de la jornada laboral del viernes 2 de enero de 2026 en todo el territorio ecuatoriano. La medida aplica para los sectores público y privado y forma parte del feriado nacional por Año Nuevo.
El decreto establece que el descanso obligatorio correspondiente al 1 de enero se extienda al viernes 2, permitiendo así un feriado continuo que irá del jueves 1 al domingo 4 de enero de 2026. En el texto oficial se especifica que la jornada suspendida no será recuperable, por lo que no deberá compensarse posteriormente.
Esta disposición tiene carácter oficial y obligatorio, ya que se encuentra sustentada en un decreto ejecutivo vigente. Por lo tanto, el viernes 2 de enero de 2026 es feriado nacional y debe cumplirse conforme a lo establecido en la normativa.
(Redacción Ecuador).- Con más de 90 millones de kilómetros recorridos sin eventos graves ni fatalidades y el cumplimiento de más de 2.000 días sin fatalidades y 1.500 días sin accidentes con pérdida de tiempo a 2025, UNACEM Ecuador consolida su liderazgo en seguridad vial a nivel nacional.
Este diciembre, la compañía marca un nuevo hito, 6 años consecutivos sin fatalidades. Estos resultados son fruto de Volante Seguro, un programa que, desde 2010, ha transformado la forma de conducir de cientos de choferes profesionales colocando la vida en el centro de cada decisión.
Volante Seguro busca fomentar una cultura de prevención entre los conductores-contratistas de la empresa para salvaguardar su patrimonio e integridad, así como la vida de los peatones vinculados con su operación.
Para John Gómez, Coordinador de Seguridad, Logística y Transporte, “Volante Seguro surgió como una respuesta a una necesidad real: cuidar a las personas que día a día recorren largas distancias para mantener en movimiento a nuestra industria. Con el tiempo, se convirtió en un modelo integral de gestión de seguridad en carretera”.
El programa incorpora sistemas de monitoreo que registran velocidad, frenado y hábitos de conducción, permitiendo alertas oportunas y la toma de decisiones más seguras en tiempo real. A ello se suma la verificación permanente del estado mecánico de los vehículos, el control riguroso de las cargas y un acompañamiento 24/7 a los conductores-contratistas. Todo esto se complementa con procesos de capacitación diseñados para reforzar un mensaje esencial: la seguridad comienza por uno mismo y un viaje seguro es siempre una meta compartida.
Esta visión y los resultados tangibles permitieron que, en octubre de 2025, durante el Congreso Técnico FICEM, UNACEM Ecuador recibiera el Premio al Mejor Programa Anual de Salud y Seguridad, un reconocimiento regional que destaca su liderazgo en cultura vial. “Recibir este premio en FICEM ha sido una experiencia muy valiosa. Nos permite compartir nuestras buenas prácticas y reafirmar que no solo producimos cemento y hormigón, también construimos bienestar para las personas”, menciona John Gómez.
Los resultados hablan por sí solos: una reducción sostenida de incidentes viales, el fortalecimiento de la conciencia preventiva y la consolidación de un modelo de transporte industrial más humano y eficiente. Lo confirma uno de los choferes que ha vivido el proceso de transformación: “Antes, manejar era solo cumplir con una ruta. Hoy, gracias a Volante Seguro, entendemos que cada viaje es regresar a casa con tranquilidad y entregar un mejor servicio, conducimos con más conciencia y orgullo, porque nos preocupamos por nuestra seguridad y por la experiencia de quienes confían en nosotros. Este programa nos ha dado las herramientas y la capacitación necesarias para cumplir nuestras metas”. Mauricio Puetate, conductor-contratista de UNACEM Ecuador.
El reconocimiento recibido no solo celebra un logro operativo, sino que reafirma el propósito de UNACEM Ecuador, centrado en proteger la vida, salvaguardar la salud y mantener unidas a las familias, construyendo un entorno más seguro y sostenible para todos.
(Redacción Imbabura).– Ecuador concluye el año 2025 con resultados económicos favorables, pese a las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, entre ellas el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 15 %, vigente desde el 1 de abril de 2024 para financiar el conflicto armado interno y reforzar la seguridad, y que se mantuvo durante todo 2025. Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) y el INEC, el país logró sostener el crecimiento económico a pesar de un contexto internacional adverso y de la caída del precio del petróleo WTI a USD 57,44 por barril. En este escenario, el riesgo país se redujo de 1.211 a 508 puntos, reflejando una mayor confianza de los mercados y mejores condiciones para la inversión y el financiamiento.
El fortalecimiento económico se refleja en la solidez del sistema financiero. El Banco Central reporta que las reservas internacionales crecieron 37,9 %, alcanzando USD 9.516 millones, mientras que los depósitos de la banca privada aumentaron 15,1 %, hasta USD 59.336 millones. A esto se suma un crecimiento del 8 % en las exportaciones y la recuperación de sectores clave como la construcción (6,7 %) y la agricultura (10,1 %).
Estos avances también se evidencian en los hogares. Según el INEC, la inflación bajó de 1,51 % a 1,05 %, el empleo adecuado subió de 33 % a 37,4 %, y la pobreza total se redujo de 28 % a 24 %. El mayor dinamismo económico se reflejó en el consumo interno, con ventas proyectadas por USD 231.530 millones, superiores a las registradas en 2024.
No obstante, esta recuperación nacional no se ha reflejado con la misma intensidad en la provincia de Imbabura. La Cámara de Industrias y Producción (CIP) estima pérdidas económicas de entre USD 90 millones y USD 100 millones tras más de un mes de protestas y paralizaciones. A estas afectaciones se sumaron pérdidas cuantiosas para la provincia al perder el feriado de cuatro días por la Independencia de Guayaquil, del 9 al 12 de octubre, periodo en el que, a escala nacional, la reducción temporal del IVA al 8 % impulsó significativamente la actividad turística. Mientras otras provincias registraron alta afluencia de visitantes, Imbabura permaneció sitiada y sin turismo, profundizando el impacto económico del paro. Posteriormente, durante el feriado de Finados de noviembre, pese a los esfuerzos de reactivación y a la reducción temporal del IVA del 15 % al 8 % para servicios turísticos específicos en Carchi, Imbabura, Cayambe y Pedro Moncayo, entre el 1 y el 4 de noviembre, la provincia apenas reportó un crecimiento económico del 6,4 % y una ocupación turística del 38,6 %. Aunque esta cifra superó el 31,3 % registrado en 2024, sigue siendo insuficiente para una recuperación sostenida. En ese período se contabilizaron 33.400 viajes, con un gasto turístico total de USD 1,84 millones.
Tras el paro indígena de 2025, que afectó gravemente a Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha, el Gobierno del presidente Daniel Noboa implementó el plan de reactivación “Firmes con Noboa”, que incluyó el Bono Emprende de USD 1.000 dirigido a comerciantes y pequeños emprendedores afectados por el cierre de vías y la paralización de actividades. De manera complementaria, la Prefectura de Imbabura y las alcaldías de los cinco cantones de la provincia articularon eventos y actividades orientadas a impulsar la reactivación económica local; sin embargo, estas acciones no lograron generar resultados sostenidos ni de alto impacto. Si bien estos incentivos representaron un alivio temporal y permitieron inyectar liquidez en la economía local, los indicadores reflejan que, al cierre de 2025, Imbabura aún no logra una recuperación plena, convirtiéndose en una excepción dentro del balance económico positivo que registra el país.
(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Paro 2025
Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.
La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.
Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:
En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.
Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:
Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.
Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.
El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.
Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :
En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.
Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.
(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional anunció la suspensión de la jornada laboral en todo el territorio ecuatoriano para el día viernes 2 de enero de 2026, medida que aplicará tanto para el sector público como para el privado.
Esta decisión tiene como objetivo incorporar el viernes 2 de enero al feriado nacional por Año Nuevo, correspondiente al jueves 1 de enero de 2026, extendiendo así los días de descanso obligatorio desde el 1 hasta el 4 de enero de 2026.
De acuerdo con lo establecido, la jornada de trabajo suspendida no será recuperable, por lo que no se deberán compensar las horas no laboradas en fechas posteriores.
Las autoridades indicaron que esta disposición busca facilitar la planificación familiar, el turismo interno y el descanso de los trabajadores, manteniendo la continuidad de los servicios esenciales conforme a la normativa vigente.
(Redaccción Ibarra).- El Concejo Municipal de Ibarra aprobó la creación del Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal Angochagua (ACUS), una decisión histórica que protege uno de los territorios naturales más importantes del cantón. Angochagua fue elegida por su papel fundamental en el equilibrio ambiental de la zona, ya que sus páramos y bosques montanos son el origen del agua que abastece a la ciudad y a las comunidades rurales.
Las 5.714 hectáreas que conforman el ACUS funcionan como una gran esponja natural que captura, filtra y regula el agua, garantizando la recarga del acuífero de Ibarra. Además, estos ecosistemas albergan una alta biodiversidad y ayudan a regular el clima, proteger los suelos y reducir los impactos del cambio climático, beneficios que llegan directamente a toda la población del cantón.
Angochagua no solo es clave por su riqueza natural, sino también por el compromiso histórico de sus comunidades, que durante décadas han cuidado páramos, humedales y fuentes de agua. Este trabajo comunitario fue determinante para que la parroquia se convierta en un Área de Conservación, permitiendo ahora una gestión técnica y planificada que enfrente amenazas como la expansión agrícola y el sobrepastoreo.
Con esta declaratoria, Ibarra fortalece la protección de sus ecosistemas estratégicos y da un paso firme hacia un desarrollo responsable. El ACUS Angochagua se proyecta como un modelo de conservación que une a autoridades y comunidades, asegurando agua, naturaleza y bienestar para las actuales y futuras generaciones.
(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional informó que, tras un proceso de diálogo técnico y constructivo, se alcanzó un consenso histórico para fijar el Salario Básico Unificado (SBU) del año 2026 en USD 482, lo que representa un incremento de USD 12 respecto al valor vigente. El acuerdo fue anunciado este lunes 15 de diciembre por el Ministerio del Trabajo.
La decisión se adoptó en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, instancia tripartita conformada por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, luego de analizar indicadores económicos, sectoriales y laborales, bajo criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar laboral.
Este consenso marca un hito, al ser la primera vez en casi nueve años que el nuevo valor del salario básico se establece mediante acuerdo entre todas las partes, reflejando el crecimiento económico del país y buscando fortalecer el poder adquisitivo de los hogares ecuatorianos.
El ministro del Trabajo, Harold Burbano, destacó que este acuerdo evidencia el compromiso del país con un modelo laboral equilibrado, basado en el diálogo y la corresponsabilidad, y señaló que el incremento salarial apunta a impulsar la productividad, la estabilidad laboral y el crecimiento económico.
(Redacción Ibarra).– En la Cámara de Comercio de Ibarra se firmó este miércoles el convenio para la elaboración de los estudios técnicos de prefactibilidad del proyecto ferroviario San Lorenzo – Salinas – Manaos, una propuesta de tren de carga pesada y pasajeros con tecnología cero carbono, impulsada con el auspicio del Senior Experten Service (SES) y la cámara de Industrias Ecuador–Alemana.
El proyecto plantea un corredor que partiría desde San Lorenzo considerado el único puerto de gran calado en la costa norte de Sudamérica hasta Manaos una ciudad al nordeste de Brasil,para ello se usaría parte de la antigua red ferroviaria que serviría como base para ser intervenida y modernizada.
El abogado Gustavo Andrade señala que los estudios de prefactibilidad se prevén este listos para diciembre de 2026, y que la construcción podría dinamizar la economía de la Zona 1, el centro del país y el sur de Colombia, facilitando la exportación de mercancías hacia nuevos mercados.
La inversión estimada para el proyecto asciende a 30 mil millones de dólares. Si la prefactibilidad resulta favorable, se avanzará hacia un proceso de licitación internacional. La fase actual, financiada por la organización alemana, será clave para definir la viabilidad técnica y económica y luego proceder con las dos etapas restantes de factibilidad y construcción.
El proyecto plantea un tren impulsado por hidrógeno verde, concebido como un sistema de transporte de cero emisiones que, según sus proponentes, tendría la capacidad de mover cerca de 10.000 contenedores al año, posicionándose así como una alternativa logística competitiva para la región.
La comparación regional muestra que incluso iniciativas de gran escala, como la propuesta ferroviaria entre Perú y Brasil —que contempla unir Porto Velho o Cruzeiro do Sul con Pucallpa y el Megapuerto de Chancay, y que cuenta con infraestructura avanzada del lado brasileño, estudios en marcha, negociaciones y el interés de inversión china— siguen estancadas en etapas preliminares porque Perú no inicia las obras clave y no cuenta con los recursos; a este panorama, la propuesta de conectar San Lorenzo con Manaos carece de conocimiento oficial por parte del Gobierno Nacional, no contempla una planificación concreta y articulada que deja su viabilidad en entredicho y la reduce, por ahora, a un planteamiento sin sustento real.
Aun así, la propuesta de Gustavo Andrade insiste en avanzar, incluso ante países con más recursos, infraestructura y apoyo internacional que han fracasado en proyectos ferroviarios similares.
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