(Redaccion Ecuador).- El Gobierno nacional confirmó la implementación obligatoria de la denominada “tercera placa”, un sistema electrónico de identificación vehicular que comenzará a regir a nivel nacional entre julio y septiembre de 2026, durante el tercer trimestre del año. La medida fue anunciada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura Roberto Luque, como parte de un nuevo modelo de control vial y seguridad ciudadana.
El sistema consistirá en un chip electrónico “incorruptible” (TAG) acompañado de una calcomanía holográfica que será instalada en el parabrisas delantero al momento de matricular el vehículo. Este dispositivo funcionará como una identificación digital capaz de transmitir información en tiempo real.
Entre sus principales funciones estará el monitoreo de velocidad promedio entre dos puntos de una vía. Con este mecanismo, las autoridades podrán determinar si un conductor excedió los límites permitidos según el tiempo empleado en recorrer determinados tramos.
Por ejemplo, si un trayecto entre Ibarra y Quito tiene un tiempo estimado de aproximadamente dos horas circulando a 100 km/h, el sistema detectará automáticamente si el conductor realizó el recorrido en menor tiempo del permitido, reflejando un posible exceso de velocidad y generando las respectivas sanciones.
Las autoridades señalaron que esta tecnología también contribuirá a combatir delitos relacionados con vehículos, como robos y actividades criminales, gracias a la trazabilidad y monitoreo constante de la movilidad vehicular.
Con la llegada de este sistema, los radares tradicionales dejarán de ser el principal mecanismo de control en carretera y pasarán a ubicarse estratégicamente en curvas y zonas consideradas de alta peligrosidad o elevada tasa de accidentes.
Experiencias similares ya se han implementado en ciudades como Lima, donde las autoridades reportan resultados positivos en el control vehicular y la reducción de incidentes relacionados con tránsito y delincuencia.
Sin embargo, especialistas advierten que el acceso a información de movilidad en tiempo real también abre el debate sobre privacidad y protección de datos, debido a que el sistema manejará información sensible sobre recorridos, trazabilidad y desplazamiento de vehículos en distintas ciudades del país. Según expertos, un manejo inadecuado de estos datos podría derivar en usos indebidos o riesgos para la seguridad de los ciudadanos.
(Redacción Ibarra).- Cerca de las 09:13 de este jueves se registró una persecución policial que inició en el sector de González Suárez, en Otavalo, y se extendió hasta San Antonio de Ibarra, luego de que una camioneta gris de doble cabina intentara evadir un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional, presuntamente relacionado con una actividad ilícita.
En videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo los uniformados y personal motorizado intentan interceptar el vehículo; sin embargo, el conductor acelera y emprende la fuga por varias calles del sector. Durante la persecución también se escuchan varias detonaciones, lo que generó alarma entre moradores y conductores que circulaban por la zona.
Horas más tarde se conoció que el vehículo fue retenido en el sector de Caranqui. Tras una inspección realizada por las autoridades, se encontró una gran cantidad de cigarrillos de contrabando en el interior de la camioneta. Los dos ocupantes fueron detenidos para las investigaciones correspondientes.
(Redaccion Ecuador).- Autoridades ambientales y judiciales en Ecuador iniciaron acciones legales contra un ciudadano que habría atropellado de forma intencional a un venado cola blanca en el sector de El Empalme, en el cantón Macará, en Loja.
El hecho ocurrió el pasado 2 de mayo de 2026, durante el feriado por el Día del Trabajador, y quedó registrado en video por otro conductor que transitaba por la zona. En las imágenes se observa cómo el vehículo embiste al animal cuando este cruzaba la vía, en lugar de intentar esquivarlo.
Tras la difusión del material en redes sociales, el Ministerio de Ambiente y Energía informó que se logró identificar al conductor y al automotor involucrado, lo que permitió iniciar un proceso administrativo sancionatorio conforme al Código Orgánico del Ambiente (COA).
Las autoridades recordaron que las sanciones por este tipo de infracciones pueden oscilar entre 10 y 200 salarios básicos unificados, lo que equivale a una multa de hasta aproximadamente 96.400 dólares, dependiendo de la gravedad del daño causado a la fauna silvestre.
Además del proceso administrativo, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que investiga el hecho como un presunto delito contra la fauna silvestre, tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta infracción puede ser sancionada con penas privativas de libertad de uno a tres años en Ecuador.
El venado cola blanca es una especie nativa de la zona sur del país y forma parte de la fauna silvestre que habita en áreas tropicales y boscosas de la provincia de Loja, especialmente en sectores cercanos a la frontera con Perú.
Las autoridades recalcaron que este tipo de casos refuerza la necesidad de respetar la vida silvestre y conducir con precaución en zonas donde existe presencia de animales.
(Redaccion Imbabura).- En Imbabura, varios procesos de desvinculación en instituciones públicas han sido revisados por la justicia en los últimos años. Aunque cada caso tiene particularidades, las decisiones coinciden en un punto: la necesidad de que los despidos estén debidamente motivados y respeten garantías constitucionales, especialmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad.
En la provincia existen precedentes que enmarcan esta situaciòn.
Caso 1: Danny Francisco Hidrobo fue cesado en junio de 2019 como Supervisor de la Banda Municipal del GAD de Ibarra. En enero de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura aceptó su acción de protección y concluyó que la desvinculación vulneró el derecho a la seguridad jurídica. La sentencia dejó sin efecto la acción de personal, dispuso su reintegro bajo nombramiento provisional y ordenó el pago de remuneraciones no percibidas, además de aportes al IESS.
Caso 2: En 2023, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura resolvió a favor de Nataly B., quien fue desvinculada como jueza de coactivas de una empresa pública regional con sede en Ibarra. La funcionaria, madre sustituta de un niño con más del 30% de discapacidad, alegó la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral reforzada tras ser separada de su cargo luego de una hospitalización.
El tribunal aceptó la acción de protección y ordenó su reincorporación, así como el pago de los sueldos dejados de percibir.
Caso 3: En enero de 2026, la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Imbabura resolvió el caso de José Luis Flores Guerrero, exguardia del Gobierno Provincial, desvinculado en 2024 mediante visto bueno.
La jueza determinó que no existió fundamento legal suficiente para la terminación laboral, dejó sin efecto el visto bueno y ordenó el pago de indemnizaciones por despido intempestivo, desahucio y beneficios proporcionales. En este caso, no se dispuso el reintegro, sino compensación económica.
Caso actual: docente y cuidador, bajo análisis constitucional
A estos antecedentes se suma el caso de Luis Hernando Paredes, servidor del área educativa, cuya destitución está siendo analizada en la justicia constitucional.
Paredes fue destituido por el Ministerio de Educación bajo la acusación de “abandono injustificado del trabajo”. Sin embargo, según la acción de protección presentada, es cuidador directo de una persona con discapacidad severa del 97% y había solicitado vacaciones —inicialmente aprobadas— para acompañarla a un tratamiento médico en el exterior.
Durante ese período también presentó problemas de salud respaldados por certificados médicos validados por el IESS. El reclamo señala que la administración basó su decisión principalmente en el registro de salida del país, sin considerar integralmente su condición de cuidador ni los elementos médicos presentados.
Será la justicia constitucional la que determine si existió o no vulneración de derechos como la seguridad jurídica, el derecho al trabajo o la protección reforzada en contextos de discapacidad.
Un tema que sigue en discusión
Los casos registrados en Imbabura muestran que los procesos de desvinculación en el sector público continúan siendo objeto de revisión judicial cuando existen dudas sobre su legalidad o proporcionalidad.
El caso de Luis Paredes se suma a este escenario y podría aportar nuevos criterios sobre la aplicación de causales como el abandono del puesto, especialmente cuando intervienen factores de salud y cuidado de personas en situación de vulnerabilidad.
(Redacciòn Imbabura).- En el valle de Intag donde confluyen las parroquias García Moreno y Peñaherra del canton Cotacachi en mbabura, la historia de Llurimagua no es nueva. Desde la década de 1990, este proyecto minero ha pasado por manos de empresas japonesas, canadienses, chilenas y de la estatal ecuatoriana, sin lograr consolidarse. En todos los casos, un mismo factor ha frenado su avance: la resistencia sostenida de las comunidades.
Para este año el Gobierno ha anunciado la licitación del proyecto a pesar de que en 2023 la Corte Provincial de Imbabura revocó su licencia ambiental. El fallo determinó que se vulneraron los derechos de la naturaleza y que no se realizó una consulta ambiental adecuada, ordenando la suspensión de las actividades hasta cumplir con estos requisitos. Sin embargo, hasta la fecha, dicha consulta no se ha llevado a cabo.
Riqueza natural frente a intereses extractivos
Llurimagua se ubica en un ecosistema de bosque nublado que abarca cerca de 4.800 hectáreas y alberga una biodiversidad excepcional. En esta zona habitan especies en peligro de extinción como el oso de anteojos, el jaguar y el puma, además de anfibios únicos como la rana cohete resistencia y la rana arlequín hocicuda, esta última redescubierta tras haber sido considerada extinta.
La extraordinaria riqueza biológica del territorio se ha convertido en uno de los principales argumentos de las comunidades para rechazar el proyecto minero. A esto se suman las alertas sobre impactos ya evidenciados durante fases de exploración, como perforaciones profundas que, según denuncian los habitantes, habrían alterado fuentes de agua, modificando su temperatura y niveles de acidez, y generando posibles riesgos de contaminación.
En medio de este entorno se encuentran comunidades como Junín, donde la conservación no es un discurso, sino una forma de vida. Ríos cristalinos, paisajes naturales y atractivos como las “Cascadas Gemelas”, junto con iniciativas de ecoturismo, sostienen economías locales que dependen directamente del equilibrio del ecosistema.
Sin embargo, ese modelo que ha perdurado por años hoy enfrenta una amenaza latente: la posibilidad de que la actividad minera transforme de manera irreversible un territorio que, hasta ahora, ha apostado por vivir de la naturaleza sin destruirla.
Reformas legales y nuevas empresas aumentan la incertidumbre
El escenario se complica con la reciente reforma a la legislación minera, que según organizaciones ambientales podría flexibilizar los requisitos para la obtención de licencias y debilitar la consulta ambiental. Aunque la normativa aún genera interpretaciones diversas, existe preocupación de que se utilice para acelerar procesos sin cumplir plenamente con las garantías legales.
A esto se suma el interés de nuevas empresas internacionales en la concesión, lo que refuerza la intención de reactivar el proyecto. Paralelamente, se ha cuestionado la reclasificación de Llurimagua como proyecto de mediana escala, pese a ser considerado uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, lo que podría implicar menos exigencias en los trámites.
División y resistencia
Más allá del componente ambiental, el proyecto ha generado tensiones dentro de las propias comunidades. Mientras algunos sectores ven en la minería una posibilidad de empleo y desarrollo económico, otros defienden un modelo basado en la conservación, el ecoturismo y las economías locales sostenibles.
En Intag, iniciativas comunitarias han demostrado que es posible generar ingresos sin afectar el entorno natural. Sin embargo, la presión minera ha profundizado divisiones sociales que se mantienen hasta hoy.
Un conflicto abierto y una decisión pendiente
El futuro de Llurimagua sigue sin definirse. La falta de una consulta ambiental efectiva, las dudas sobre el cumplimiento de fallos judiciales y la posibilidad de nuevos procesos legales, incluso a nivel internacional, mantienen el conflicto en un punto crítico.
Más allá de lo técnico, el caso refleja un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo del país. Entre la explotación de recursos minerales y la conservación de territorios biodiversos, Intag se ha convertido en un símbolo de una decisión que Ecuador aún no termina de resolver.
(Redacción Ibarra).- El mercado Amazonas, uno de los principales puntos de concentración comercial y de abastecimiento en la ciudad de Ibarra y para la región norte del país, actualmente ya no cumple con las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento, tras más de 62 años de servicio.
Debido a su antigüedad y prolongado uso, presenta un evidente deterioro en su infraestructura, así como problemas de insalubridad, desorden y ocupación del espacio público en sus alrededores por parte de vendedores ambulantes. A esto se suman situaciones de inseguridad y la presencia de actividades ilícitas, factores que, con el paso del tiempo, han provocado que el mercado pierda funcionalidad y atractivo para los consumidores.
En este contexto, la construcción de un nuevo Mercado Amazonas en Ibarra se ha posicionado como una de las principales propuestas de campaña de varios candidatos que aspiran a la Alcaldía. Esta obra es presentada como una posible solución a las problemáticas actuales del comercio local y como una apuesta para reordenar, modernizar y dinamizar la actividad comercial en la ciudad.
Este ofrecimiento ha tomado mayor fuerza debido a la presencia de diversos precandidatos a la Alcaldía, quienes, en el marco de sus recorridos y propuestas, buscan captar el respaldo ciudadano de cara a las próximas elecciones. Entre ellos se mencionan Juan Árias, Álvaro Castillo Monge, José Moncayo, Juan Manuel Mantilla, Estefano Bolaños entre otros.
Sin embargo, esta no es una propuesta nueva. Su origen se remonta a administraciones anteriores, durante las cuales distintos alcaldes han pasado por el despacho municipal sin lograr concretar la construcción del nuevo Mercado Amazonas. De esta manera, el proyecto se ha mantenido a lo largo del tiempo como una deuda pendiente con la ciudad.
A continuación, se presenta un repaso de las administraciones que han abordado —sin concretar— este proyecto:
Pablo Jurado (2005–2009): Durante su administración ya se planteaba la necesidad de ordenar y modernizar el sistema de mercados, enmarcado dentro de una visión más amplia de planificación urbana. En ese contexto, se impulsó la idea de transformar los mercados tradicionales en espacios más organizados y funcionales, incluso con características propias de centros comerciales, buscando dejar atrás la percepción de desorden e insalubridad.
Para 2006 ya se hablaba de concentrar la actividad comercial en un solo lugar a través de un macro proyecto que contemplaba infraestructura moderna y la reubicación de comerciantes, incluidos los del mercado Amazonas, hacia el sector de La Playa. La iniciativa contaba con estudios y planos listos, pero su ejecución dependía de un financiamiento estimado en alrededor de 9 millones de dólares, recursos que no pudieron ser cubiertos por el presupuesto municipal y que quedaron sujetos a una eventual asignación del Estado.
Posteriormente, en 2009, en el marco de su campaña de reelección, Jurado también planteó la ampliación del mercado La Playa y la construcción de nuevos centros de abasto en sectores de crecimiento como Los Ceibos, Alpachaca y San Antonio, reforzando la idea de desconcentrar y reorganizar el sistema de mercados de la ciudad.
Jorge Martínez (2009–2014): Durante su administración se mantuvo en agenda la necesidad de reorganizar el sistema de mercados, aunque sin concretar una intervención estructural en el mercado Amazonas. Su gestión priorizó obras de regeneración urbana, entre ellas la construcción del bulevar en el centro de la ciudad, proyecto en el que se invirtieron alrededor de 6 millones de dólares. Si bien estas obras apuntaron a mejorar la imagen urbana y dinamizar el comercio, la problemática de los mercados tradicionales continuó sin una solución de fondo.
Álvaro Castillo (2014–2019): Durante su administración se impulsó la construcción de un nuevo mercado Amazonas en las inmediaciones de la terminal terrestre, como parte de una estrategia para reordenar el comercio en la ciudad. En 2015 se colocó la primera piedra y se inició la ejecución del proyecto, cuyo costo total se estimaba en alrededor de 7 millones de dólares. Sin embargo, la obra se vio afectada por un litigio con la familia Morejón relacionado con la propiedad de los terrenos, lo que frenó su avance. A pesar de haberse invertido cerca de 3 millones de dólares en la primera fase, los trabajos no pasaron de los cimientos y estructura inicial, quedando la obra inconclusa y sin cumplir el objetivo previsto.
Andrea Scacco (2019–2023): Durante su administración se retomó la intención de construir un nuevo mercado Amazonas; sin embargo, se planteó un cambio de enfoque, priorizando su ejecución por etapas o incluso analizando la posibilidad de intervenir en el mismo sitio del actual mercado. Su gestión se centró en la búsqueda de financiamiento externo para viabilizar el proyecto, pero no se logró concretar una inversión ni iniciar obras, por lo que la propuesta volvió a quedar en planificación sin ejecución.
Álvaro Castillo (2023–2027): En la actual administración se ha planteado la creación de un “Sistema de Mercados Centrales”, que contempla la construcción de un nuevo mercado Amazonas junto con infraestructura complementaria, como parte de un proyecto más amplio y estructurado. No obstante, la propuesta se ha mantenido en debate y ha enfrentado resistencia por parte de los comerciantes.
El 15 de julio del año pasado se realizó un proceso de socialización entre dirigentes del mercado y el alcalde, quien informó que no existe un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. En ese contexto, señaló que el Municipio se encuentra gestionando financiamiento a través de empresas internacionales, entre ellas una mexicana y otra española.
La iniciativa, impulsada por el alcalde y delegada a la empresa pública municipal Innova EP, contempla una inversión estimada de 70 millones de dólares mediante un modelo de alianza público-privada. De acuerdo con la planificación, se destinarían 50 millones para el mercado Amazonas, 18 millones para el centro comercial municipal La Playa y 2 millones para la plaza de servicios Amazonas.
Sin embargo, hasta la fecha, la propuesta no se ha concretado y, considerando que la actual administración está próxima a culminar su periodo, su ejecución en el corto plazo resulta poco probable.
(Redacción Ecuador).- El país se alista para un feriado extendido por el Día del Trabajo tras un anunció del presidente de la Republica Daniel Noboa, quién dispuso la suspensión de la jornada laboral el jueves 30 de abril.
La medida une el jueves 30 de abril con el feriado oficial del 1 de mayo, extendiendo el descanso obligatorio hasta el domingo 3 de mayo, lo que permitirá un descanso continuo de cuatro días a nivel nacional. Esta decisión busca dinamizar el turismo interno y brindar un espacio de descanso para los trabajadores.
Uno de los aspectos más importantes es que el día suspendido no será recuperable. Esto significa que tanto en el sector público como en el privado no habrá obligación de reponer las horas no trabajadas, consolidándose como un feriado obligatorio.
En los casos donde los trabajadores deban laborar durante el feriado, la ley establece un recargo del 100% en su remuneración. Es decir, recibirán un pago doble por cada hora trabajada, conforme a lo estipulado en el Código del Trabajo para días de descanso obligatorio.
(Redacción Ecuador).- El avance acelerado de la Inteligencia Artificial ha traído consigo herramientas capaces de crear imágenes, audios y videos hiperrealistas en cuestión de segundos. Sin embargo, este progreso también ha abierto una preocupante puerta a la generación de contenido íntimo falso —conocido como deepfake— utilizado para acosar, humillar y extorsionar a las personas.
Hoy, cualquier usuario con acceso a ciertas aplicaciones puede tomar una fotografía real y, mediante IA, alterarla para simular desnudos o situaciones sexuales inexistentes. Este tipo de manipulación, además de vulnerar gravemente la privacidad y la dignidad de las víctimas, se ha convertido en un método de presión y extorsión ya que los agresores amenazan con difundir el material si no reciben dinero, favores o silencio.
Este fenómeno, cada vez más frecuente, cobra especial relevancia tras un posible caso registrado en la Unidad Educativa San Roque en el cantón Otavalo. Durante una asamblea de padres de familia realizada el jueves 23 de abril, se denunció que un estudiante de octavo año habría utilizado herramientas de Inteligencia Artificial para manipular fotografías de sus compañeros, generando contenido inapropiado que no solo circuló dentro del plantel, sino que, según los representantes, incluso habría sido comercializado.
La reacción fue inmediata. Padres del curso afectado calificaron el hecho como una grave vulneración a la dignidad de los menores y anunciaron acciones legales tanto contra el estudiante implicado como contra la institución, señalando una falta de control y protección.
La reunión se tornó tensa cuando el padre del menor acusado exigió pruebas antes de aceptar sanciones. Además, se mencionó que el estudiante pertenecería a un grupo con discapacidad, lo que añade complejidad al manejo del caso desde el punto de vista disciplinario y jurídico.
Ante la gravedad de la situación, los padres han advertido con un retiro masivo de alumnos si no se garantizan cambios inmediatos. La crisis ya ha derivado en el anuncio de modificaciones en el rectorado y ha puesto en debate incluso la posibilidad de recurrir a mecanismos como la justicia indígena.
El artículo 166-A del Código Orgánico Integral Penal se establece que la persona que, sin consentimiento, difunda, publique, comparta o entregue a terceros imágenes, audios o videos de carácter íntimo o sexual de otra persona, vulnerando su privacidad, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a seis años, la cual puede agravarse si concurren circunstancias como relación de confianza, finalidad de daño o difusión masiva del contenido.
En el caso de contenido íntimo falso generado con inteligencia artificial, como el ya mencionado “deepfakes”, puede ser sancionado bajo varias figuras del COIP pese a que la normativa no lo regula de forma expresa. En la práctica, estos casos pueden configurarse como delitos de extorsión o extorsión sexual cuando existe chantaje, así como infracciones contra el honor —como la calumnia— si se afecta la reputación de la víctima, e incluso vulneración a la intimidad según las circunstancias.
El caso de Otavalo no es aislado, sino un reflejo de una problemática creciente en la manipulación de la Inteligencia Artificial como herramienta de daño.
(Redacción Imbabura).- Han pasado siete años desde que la UNESCO reconoció a Imbabura como el primer Geoparque Mundial del Ecuador, el 17 de abril de 2019. Desde entonces, la provincia no solo ha consolidado su valor natural, sino que ha reafirmado una característica que la distingue: la forma en que su territorio integra geología, cultura y vida cotidiana.
Con una extensión de 4.599 km², Imbabura destaca por su riqueza geológica, pero lo que sostiene su denominación va más allá del paisaje. En sus seis cantones —Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Pimampiro, Antonio Ante y Urcuquí— convergen sistemas volcánicos como el Volcán Imbabura, Mojanda, Cotacachi-Cuicocha y Chachimbiro, junto a lagunas, cascadas, fuentes termales y distintos pisos climáticos que configuran un territorio dinámico y diverso.
Sin embargo, lo que convierte a Imbabura en Geoparque no es únicamente su geología, sino la relación entre su entorno natural y las comunidades que lo habitan. El territorio funciona como un espacio donde el conocimiento, la cultura y el aprovechamiento responsable de los recursos se articulan bajo tres ejes: educación, conservación y desarrollo sostenible.
Este reconocimiento no fue casualidad. Imbabura cumplió 219 indicadores internacionales en un proceso iniciado en 2015, en el que participaron instituciones públicas, privadas, la academia y la ciudadanía. Más que una certificación, se trató de consolidar un modelo de gestión del territorio que hoy la mantiene dentro de la Red Mundial de Geoparques.
A este hito se sumó, en 2022, la designación del Geoparque Mundial Napo Sumaco, lo que amplió la presencia del Ecuador en esta red internacional.
A siete años de esta denominación, Imbabura no solo es un destino geoturístico, sino un territorio que ha construido su valor a partir de su diversidad natural y cultural, proyectándose como un referente de desarrollo vinculado a su identidad.
Retos en la conservación del Geoparque
La sostenibilidad de esta denominación enfrenta desafíos concretos, especialmente en la protección de sus sistemas hídricos, que son parte esencial del equilibrio ambiental del territorio.
El lago San Pablo, uno de los íconos más representativos de la provincia, refleja esta realidad. Ubicado en el cantón Otavalo, sus aguas y afluentes han registrado impactos asociados a la presión humana y al manejo de aguas residuales, lo que incide directamente en su conservación y en su valor como símbolo natural y cultural. En este mismo entorno, la cascada de Peguche y el río El Tejar presentan problemáticas similares.
En Ibarra, la laguna de Yahuarcocha ha sido objeto de intervenciones para mejorar la calidad del agua, tras años de afectación en su entorno. A la par, el río Tahuando continúa bajo procesos de mitigación que buscan reducir su contaminación.
En Antonio Ante, el río Ambi evidencia una problemática ambiental relacionada a descargas textiles teniendo impacto en la coloración de este afluente . Su control involucra al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, la Agencia de Regulación y Control del Agua y el municipio local, entidades responsables de vigilar, regular y sancionar posibles afectaciones al recurso hídrico.
Estos escenarios muestran que el valor del Geoparque Imbabura no se sostiene únicamente en su reconocimiento internacional, sino en la capacidad de conservar sus ecosistemas. En especial, sus cuerpos de agua, que no solo forman parte del paisaje, sino que sostienen la identidad, el equilibrio ambiental y el futuro del territorio.
(Redacción Ibarra).- El ECU 911 presentó el 16 de marzo de 2026 la aplicación móvil gratuita “Botón Violeta ECU 911”, una herramienta tecnológica destinada a facilitar el reporte inmediato de emergencias relacionadas con violencia contra la mujer.
El lanzamiento contó con la presencia de la vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, así como de autoridades nacionales y ciudadanía. Durante el evento, el director general del ECU 911, Juan Carlos Paladines, destacó que esta iniciativa busca fortalecer los mecanismos de alerta y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de las mujeres.
De acuerdo con cifras oficiales, entre 2025 y lo que va de 2026, el ECU 911 ha coordinado la atención de 85.130 emergencias relacionadas con violencia intrafamiliar, incluyendo casos de violencia física, psicológica y sexual. En este contexto, la nueva aplicación surge como una respuesta tecnológica frente a una problemática social persistente.
La herramienta, disponible en App Store y Play Store, permite a las usuarias registrar sus datos personales, un contacto de emergencia, información del agresor y adjuntar boletas de auxilio vigentes. En caso de peligro, al presionar el botón durante tres segundos se activa una alerta con geolocalización en la sala operativa del ECU 911, desde donde se coordina una atención inmediata y discreta con la Policía Nacional.
Como parte del evento, la vicepresidenta María José Pinto fue designada Embajadora del ECU 911, en reconocimiento a su compromiso con la seguridad y bienestar de las mujeres. En su intervención, destacó la importancia de esta herramienta para fortalecer la prevención y respuesta ante la violencia de género.
Finalmente, el ECU 911 hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar de forma responsable los canales oficiales y a reportar cualquier hecho de violencia, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más segura y libre de violencia contra la mujer.
Hoy en Imbabura 