(Redacción Imbabura).- Victor Palaguachi delegado del Ministerio de Turismo manifestó está mañana durante una rueda de prensa realizada en la Gobernación de Imbabura, que desde esta cartera de Estado se están ejecutando campañas orientadas al fortalecimiento y desarrollo turístico y productivo en la región norte del país.
Burbano destacó el trabajo conjunto con empresarios y emprendedores del sector turístico en Imbabura, a través de incentivos que fortalecen el desarrollo y la competitividad del territorio. Según el corte del 27 de octubre, 2.932 personas se encuentran preparadas para recibir estos beneficios. Además, 560 establecimientos turísticos en Imbabura y 96 en Carchi están habilitados y cumplen con los requerimientos fundamentales para garantizar calidad y seguridad a los visitantes.
El director señaló que, según las estadísticas del año pasado, la provincia recibió alrededor de 70 mil turistas, y para este año se proyecta una afluencia cercana a 90 mil visitantes, gracias a la oferta turística articulada de los diferentes cantones. Este crecimiento representa un importante impacto en la ocupación turística y en la economía local.
Finalmente, Burbano extendió una invitación a la ciudadanía a visitar el norte del Ecuador, especialmente Imbabura y Carchi, donde los municipios y el Gobierno han organizado actividades, programaciones y agendas culturales orientadas a impulsar la reactivación económica y brindar a los turistas un feriado inolvidable.
(Redacción Ecuador).- La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) denunció que la falta de recursos presupuestarios por parte del Estado hacia los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) está generando una crisis institucional, territorial y de servicios en todo el país. Según la organización, se tomó esta decisión tras las reiteradas denuncias de 20 alcaldes de distintas ciudades del Ecuador sobre el incumplimiento de pagos. Sin estas transferencias, es imposible garantizar mejoras en comunidades, barrios y sectores vulnerables, particularmente en servicios básicos como agua potable, alcantarillado, alumbrado público, mantenimiento vial, recolección de basura, así como en programas sociales, inversión en salud y educación.
Ante este escenario, la AME anunció que presentará una demanda de acción por incumplimiento de la Constitución y del artículo 200 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que establece que las asignaciones a los GAD deben ser predecibles, directas, oportunas y automáticas, además de crecer conforme a la tasa de incremento de los ingresos permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado.
La acción será presentada ante la Corte Constitucional, mientras que de manera paralela la AME exigió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la emisión urgente del acuerdo ministerial contemplado en la Ley de Alivio Financiero, el cual debió implementarse en un plazo de 30 días y que permitiría la compensación de saldos mediante cruce de cuentas.
El Gobierno Nacional adeuda a los municipios de Imbabura un total de 15.563.241,40 dólares.
Ibarra encabeza la lista con 5.827.464,33 dólares, seguida de Otavalo con 3.853.218,28 dólares, Antonio Ante con 1.992.786,62 dólares, Cotacachi con 1.890.249,35 dólares, Pimampiro con 1.084.656,57 dólares y San Miguel de Urcuquí con 914.866,25 dólares. Las autoridades locales esperan que estos recursos sean cancelados a la brevedad.
(Redacción Imbabura).- San Miguel de Urcuquí, el cantón más joven de la provincia de Imbabura, con una población estimada de 15.203 habitantes, según proyecciones del INEC, paga 4.060 dólares a su alcalde, cifra que lo ubica entre las autoridades municipales mejor pagadas de Imbabura, por encima incluso del alcalde de Ibarra, quien lidera un municipio con más de 170.000 habitantes y recibe un sueldo de 3.935 dólares.
El monto ha generado debate local, especialmente si se lo compara con municipios mucho más grandes y complejos como Ibarra u Otavalo. Urcuquí, con apenas el 9% de la población de Ibarra, destina recursos a sueldos municipales que, para algunos sectores ciudadanos, no reflejan las verdaderas prioridades del cantón.
Urcuquí, si bien ha sido parte de importantes proyectos como Yachay, aún enfrenta limitaciones en infraestructura, obra y gestión pública, acceso a empleo y cobertura de servicios básicos. En ese contexto, la ciudadanía empieza a cuestionar si es prudente mantener altos niveles de remuneración en la administración local, mientras aún existen obligaciones sin cumplir.
La comparación entre cantones también resulta ilustrativa. La alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, con alrededor de 125.785 habitantes, recibe USD 4.508; Cotacachi, con más de 44.000 habitantes, paga a su alcalde un salario de 3.800 dólares; Antonio Ante, con más de 45.000, paga 3.654 dólares; y Pimampiro, con unos 12.000 habitantes, mantiene un salario de 2.500 dólares para su autoridad.
(Redacción Imbabura).- La revocatoria del mandato es un derecho constitucional y una herramienta de participación ciudadana que permite a los ecuatorianos solicitar la salida anticipada de una autoridad elegida por votación popular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
Este mecanismo de democracia directa, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, puede aplicarse a alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas e incluso al Presidente de la República.
Según la normativa vigente, cualquier ciudadano ecuatoriano que goce de sus derechos políticos puede solicitar una revocatoria de mandato, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la posesión de la autoridad en funciones y no se esté en el último año del periodo para el cual fue electa la autoridad. Además, deben presentarse motivos claros y documentados que sustenten el pedido. La solicitud debe ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral, y una vez ingresada, la autoridad señalada tendrá siete días para impugnarla. Luego, el CNE dispondrá de siete días más para resolver si acepta o niega el pedido.
Una vez que el CNE admite la solicitud, los proponentes deben recolectar un número de firmas equivalente al 10% del padrón electoral correspondiente al territorio donde fue electa la autoridad. En el caso de Ibarra, donde existen aproximadamente 170 mil electores, se necesitan cerca de 17 mil firmas válidas. El CNE entrega formularios oficiales para la recolección y los ciudadanos tienen un plazo de 180 días para completar esta etapa.
Una vez entregadas las firmas, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 15 días para verificar su autenticidad. Si las firmas son válidas y se confirma el cumplimiento de todos los requisitos legales, el CNE debe convocar al proceso de revocatoria en un plazo máximo de tres días. La consulta popular debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a la convocatoria.
Esta sería la línea de tiempo que se debería seguir en el caso de que el proceso de revocatoria inicie este 01 de julio del 2025.
01 de Julio del 2025 : Inicio del pedido de revocatoria, formalización de documentos en el CNE.
07 de Julio del 2025 : Fin del periodo de impugnación de la revocatoria
14 de Julio del 2025: Fin del plazo para que el CNE califique o deseche el pedido de revocatoria.
15 de Julio del 2025: En el caso de aprobar el CNE entregará los formularios para la recolección de firmas.
28 de Diciembre del 2025: Fin del plazo para la entrega de las más de 17 mil firmas validas.
12 de Enero del 2026: Fin del plazo para que el CNE verifique las firmas.
15 de enero del 2026: En caso de encontrar las firmas válidas necesarias, el CNE convocará al proceso de revocatoria.
16 de enero del 2026: Inicio de campaña política a favor o en contra de la revocatoria.
15 de marzo del 2026: Elecciones para decidir sobre la revocatoria del mandato.
Desde 2010, seis alcaldes en el país han sido revocados de su cargo:
1. Jorge Tsenkush (Tiwintza, Morona Santiago) – octubre de 2010: El alcalde Jorge Tsenkush fue el primer caso tras la reforma constitucional de 2009. En octubre de 2010, el CNE validó las firmas presentadas por Hernán Uwijint en apoyo a la revocatoria y convocó a la consulta dentro de los 60 días siguientes.
2. Doris López (Jaramijó, Manabí) – julio de 2011: En la consulta del 24 de julio de 2011, la ciudad de Jaramijó decidió revocar a su alcaldesa Doris López. El 46,7% votó por su destitución, siendo uno de los cuatro alcaldes revocados en esa fecha.
3. Víctor González (Pablo Sexto, Morona Santiago) – julio de 2011: Ese mismo 24 de julio, Pablo Sexto removió al alcalde Víctor González mediante consulta popular, con aproximadamente 49 % de votos a favor.
4. Hugo Pineda (Baños, Tungurahua) – julio de 2011: El 24 de julio de 2011, Baños optó por destituir a su alcalde Hugo Pineda, con un 52,1 % de votos a favor de la revocatoria.
5. Segundo Mejía (Palanda, Zamora Chinchipe) – julio de 2011: El alcalde Segundo Mejía fue destituido el 24 de julio de 2011, con un 50,6 % de respaldo a la revocatoria, convirtiéndose en uno de los seis alcaldes removidos en ese proceso masivo.
6. José Bolívar Castillo (Loja, Loja) – junio de 2018: En junio de 2018, la ciudadanía lojana revocó el mandato del entonces alcalde José Bolívar Castillo Vivanco. El proceso fue impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi, quien argumentó que el exalcalde cometió arbitrariedades con el sistema de fotomultas. En la votación, el 70,8 por ciento de los ciudadanos apoyó su salida del cargo.
Existen procesos abiertos actualmente en el país; en los primeros tres meses de este año, se han presentado pedidos de revocatoria de mandato y remoción de los alcaldes de Riobamba y Quito.
El alcalde John Vinueza enfrentó ya tres procesos de revocatoria de mandato y, además, un pedido ciudadano para su remoción en 2025. El último caso llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó a Vinueza en el cargo, este 26 de junio se inició un nuevo pedido de revocatoria impulsado por Juan Carlos Romero y actúa en calidad de ciudadano y no representa ningún partido político.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, también enfrenta un proceso de revocatoria de mandato. En su caso, se lo acusa de hacer campaña política a favor de Luisa González, de Revolución Ciudadana, organización política a la que ambos pertenecen. El colectivo Cuida tu voto ha recolectado hasta el momento un total de 165 000 firmas, lo que representa el 80,4% del total requerido. La meta establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 205 000 firmas válidas, que deben presentarse hasta el 5 de octubre de 2025.
Por otro lado, algunos actores políticos en Ibarra han mencionado, a través de plataformas como TikTok, que existe un supuesto clamor ciudadano para iniciar un proceso de recolección de firmas con miras a una revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento, el CNE no ha recibido ninguna solicitud formal ni documentación oficial por parte de movimientos o partidos políticos que respalden dicha iniciativa.
(Redacción Imbabura).- La ruta ferroviaria entre Ibarra y Andrade Marín, reactivada el 28 de abril de 2025 tras su rehabilitación en agosto de 2024, ha movilizado a más de 9500 pasajeros, según manifestó la empresa Inova encargada de su administración.
El trayecto, de 13 kilómetros, forma parte del proyecto Tren del Tayta Imbabura, impulsado por los municipios de Ibarra y Antonio Ante, con el respaldo del Gobierno Nacional. Este patrimonio ferroviario de la provincia cuenta con alrededor de 50 años de historia y actualmente cuenta con tres horarios diarios de salida desde la estación junto al Obelisco y registra una creciente presencia de turistas nacionales y extranjeros.
El recorrido incluye dos paradas: una en San Antonio, donde los visitantes acceden a una zona artesanal y gastronómica, y otra en Andrade Marín, donde se realiza una visita guiada a la antigua Fábrica Textil Imbabura, actualmente museo. El trayecto tiene una duración aproximada de tres horas y el costo del pasaje es de $5 para adultos y $2,50 para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
En cuanto a la expansión del proyecto, el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, anunció anteriormente que se prevé la habilitación del tramo Ibarra-Salinas, de 30 kilómetros, con una inversión estimada de $500.000 para la renovación de durmientes. Otro tramo que conectaría con el cantón Otavalo continúa pendiente, debido a la falta de rehabilitación del puente de San Roque, en el límite entre Otavalo y Antonio Ante.
Este proyecto ferroviario, aún en desarrollo, busca reactivar una red que podría superar los 50 kilómetros de recorrido en la provincia.
(Redacción Imbabura).-El fuerte temporal invernal mantiene en alerta a la provincia de Imbabura, donde durante el fin de semana se registraron múltiples emergencias por lluvias intensas, provocando deslizamientos de tierra, inundaciones y daños a la infraestructura vial.
En Cotacachi, un deslizamiento de tierra en el sector de Pinsaquí obstaculizó el ingreso al cantón, generando riesgo para los conductores y afectando la movilidad de la zona.
En Otavalo, el sector San Eloy fue testigo de intensas corrientes de agua que descendían con fuerza por las calles. En la parroquia San Luis, específicamente en Gualapuro, se reportaron graves daños a una obra reciente de adoquinado, donde la fuerza del agua levantó la superficie vial y provocó la caída de varios postes eléctricos. También se presentaron deslizamientos en la comunidad de Urcusique, parroquia Quichinche, lo que obligó a cerrar temporalmente la vía Cuicocha-Apuela. Además, en Jardines de Otavalo se reportaron inundaciones que afectaron a viviendas y zonas residenciales. La alcaldesa colaboró directamente con el personal del Cuerpo de Bomberos de Otavalo y durante su recorrido, hizo un llamado a la ciudadanía: “A los vecinos, por favor, seamos solidarios. Hay muchas complicaciones tanto en este sector como en distintos puntos de la ciudad. Es momento de cuidarnos entre todos y tomar las debidas precauciones”. Ante la magnitud de los eventos, el COE cantonal fue activado.
El cantón Antonio Ante también vivió una jornada crítica a causa del fuerte temporal. Las intensas lluvias provocaron serias afectaciones en las parroquias Andrade Marín y San Roque. El alcalde César Escobar informó que se activó la alerta amarilla luego del desbordamiento de gran magnitud en el puente sobre el río Ambi, que conecta la vía Imantag–Antonio Ante, así como en el sector Las Gardenias, donde varias viviendas resultaron afectadas y la vía principal sufrió socavamiento, comprometiendo su estabilidad. Desde la madrugada, equipos del Cuerpo de Bomberos trabajan intensamente para mitigar los daños y atender a la población.
«La limpieza de las quebradas se ejecutará con apoyo de la maquinaria de la Prefectura. Este es un momento que exige solidaridad; es una situación integral que requiere la participación de todos”, señaló Escobar. “Vamos a construir sistemas de alcantarillado fluvial en la parte alta del cantón para disminuir la fuerza del agua y evitar nuevos desbordamientos. Es una corresponsabilidad colectiva, y daremos apoyo a las familias que han perdido sus enseres o cuyas viviendas presentan daños estructurales”, añadió.
En Ibarra, aunque no se han declarado alertas de emergencia, existen puntos críticos bajo observación, como la quebrada a lo largo de la avenida 17 de Julio, los asentamientos en la vía al mirador San Miguel Arcángel y el colector del río Ajaví, que año tras año presenta desbordamientos. En otros cantones como Urcuquí y Pimampiro no se han reportado afectaciones graves, pero tampoco están exentos de riesgos ante la persistencia del temporal invernal.
A nivel provincial, se evidencian serias deficiencias en infraestructura vial y obras públicas, sin un plan concreto para la gestión de lluvias y fenómenos climáticos. Esta ausencia de planificación obliga a los municipios a actuar de forma reactiva, priorizando respuestas inmediatas en lugar de acciones preventivas. La proliferación de construcciones en los márgenes de quebradas, la alteración de cauces naturales, la acumulación de desechos y el escaso mantenimiento de alcantarillado incrementan la vulnerabilidad de la población.
Aunque el INAMHI cumple su labor de advertencia climática, la reacción institucional por parte de las municipalidades sigue siendo débil. Es urgente que los gobiernos locales y provinciales implementen políticas firmes de ordenamiento territorial, monitoreo constante de zonas fluviales y mantenimiento preventivo de estructuras clave como puentes, alcantarillas y canales de drenaje.
(Redacción Ibarra).- La Agencia Nacional de Tránsito dispuso este miércoles 09 de octubre del 2019, la subida de la tarifa en 10 ctvs en todos los lugares en donde se preste el servicio de Transporte Público Urbano, es decir en Ibarra el costo del pasaje pasa de 30 a 40 ctvs de dólar.
La Agencia Nacional de Tránsito dispuso esta medida y asumió la competencia de los Municipios, en vista al estado de excepción que está vigente en el país, es decir ya no necesitan la aprobación mediante ordenanza ni que los Concejos Municipales debatan sobre la elevación del costo del pasaje.
La resolución la tomó dentro de una jornada nacional de protestas en todo el país convocada por organizaciones sindicales y de trabajadores.
