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Otavalo exige una nueva terminal ante una creciente cadena de accidentes

(Redacción Otavalo).- Una serie de accidentes registrados durante el último año volvió a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad de la Terminal Terrestre de Otavalo y la necesidad de contar con una infraestructura que responda al crecimiento de la ciudad y al constante flujo de pasajeros y buses.

En agosto de 2025, una joven de 25 años murió luego de ser impactada por un bus en los exteriores de la terminal. La mujer se movilizaba en bicicleta mientras utilizaba su teléfono celular cuando ocurrió el siniestro.

En julio de 2026, un adulto mayor fue atropellado durante la mañana en el mismo sector, precisamente en una zona caracterizada por el permanente ingreso y salida de buses interprovinciales e intercantonales.

El 12 de agosto de este año, otro joven fue atropellado en las inmediaciones de la Terminal Terrestre. A pesar de la gravedad del hecho, resultó prácticamente ileso. Doce días después, otro siniestro se susitò luego de que una mujer fuese atropellada y sufriera graves lesiones que derivaron en la pérdida de una pierna y afectaciones en el tejido abdominal. El hecho ocurrió ante la mirada de pasajeros y conductores.

Estos hechos han reavivado los reclamos de ciudadanos y transportistas, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado a la Alcaldía de Otavalo la construcción de una nueva terminal terrestre o una intervención integral que permita mejorar las condiciones de seguridad y movilidad.

La discusión sobre una nueva terminal no es reciente. Durante años han existido debates técnicos y sociales respecto a su ubicación, características y la forma de ejecutar el proyecto sin comprometer de manera desproporcionada los recursos municipales.

En julio de 2024 y julio de 2025 resepctivamente, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, anunció el proyecto para la construcción de una nueva terminal terrestre en el sector de Carabuela. Según lo anunciado en ese momento, hasta septiembre de 2025 se esperaba contar con los estudios definitivos y definir los mecanismos de financiamiento, con la proyección de iniciar las obras ese mismo mes. La propuesta contemplaba trasladar las operaciones principales fuera del casco urbano, con el objetivo de descongestionar el centro de la ciudad. Ese proceso contarìa con la aprobación de la categorización del nuevo terminal por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que establece los parámetros técnicos que deberá cumplir la infraestructura proyectada.

Sin embargo, la propuesta también generó rechazo entre parte de la ciudadanía debido a la distancia de aproximadamente 6,3 kilómetros que existiría entre la nueva terminal y el centro de Otavalo. El traslado implicaría que los usuarios deban tomar un autobús adicional para llegar hasta el nuevo punto de embarque, lo que representaría un costo y tiempo extra para quienes utilizan diariamente el transporte público.

Además, se ha señalado que el actual patio de operaciones no desaparecería con la construcción de la nueva terminal. De acuerdo con la propuesta, este espacio sería reconvertido en una estación de transferencia destinada a atender los circuitos internos de transporte. A esto se sumaría la construcción de una segunda estación en el sur de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso de pasajeros provenientes de Quito, Cayambe y otras localidades.

El proyecto aún no ha avanzado y, mientras tanto, la actual terminal continúa operando en medio de cuestionamientos por sus condiciones de seguridad. El reducido espacio, frente al constante flujo de pasajeros y buses, dificulta la circulación vehicular y peatonal, a lo que se suman accesos con escasa iluminación, problemas de visibilidad, deficiente señalética y ausencia de pantallas informativas, factores que generan preocupación entre quienes utilizan diariamente estas instalaciones. A esto se añade el deterioro de parte de la infraestructura y los siniestros registrados tanto en el interior como en los exteriores del terminal, situaciones que han incrementado el reclamo ciudadano por una solución definitiva.

Para Otavalo, la construcción de una nueva terminal representa un proyecto esperado durante más de dos décadas. La ciudad, considerada uno de los principales destinos turísticos de Imbabura, mantiene el desafío de contar con una infraestructura de transporte acorde con el crecimiento urbano, el movimiento comercial y turístico y el número de pasajeros que diariamente llegan y salen del cantón.

Los recientes accidentes han vuelto a poner una pregunta sobre la mesa: ¿cuánto tiempo más deberá esperar Otavalo para contar con una terminal terrestre segura, moderna y acorde con las necesidades de una ciudad que recibe cada año a miles de visitantes?

La moto, la alternativa de movilidad que también expone a un mayor riesgo de accidentes

(Redacciòn Ibarra).- Cada vez son más los jóvenes que optan por comprar una motocicleta como alternativa para reducir los tiempos de traslado y enfrentar el costo del transporte. Lo que comenzó como una solución económica y práctica se ha convertido también en un factor de preocupación en Ibarra.

Las cifras evidencian esta realidad. De acuerdo con estadísticas del portal de Movidelnor, hasta mayo de este año se registraron 193 accidentes de tránsito que involucraron motocicletas y dejaron ocho personas fallecidas en el cantòn Ibarra, una tendencia que continúa en aumento.

Detrás de estos números hay historias que se repiten: jornadas laborales extensas, tráfico cada vez más congestionado, la necesidad de llegar a tiempo al trabajo o a la universidad y, en muchos casos, la poca experiencia al conducir un vehículo recién adquirido. Para muchos jóvenes, la primera motocicleta representa independencia y una oportunidad para mejorar su movilidad; sin embargo, también implica una mayor exposiciòn al riesgo.

Especialistas señalan que los choques laterales y la pérdida de pista continúan siendo los siniestros más frecuentes entre motociclistas. A ello se suman dos factores recurrentes: el exceso de velocidad y la impericia al volante, un patrón que se mantiene desde 2019.

Las estadísticas reflejan la magnitud del problema. Solo hasta mayo de este año se contabilizan 193 accidentes con motocicletas, una cifra que supera el total anual registrado en 2020, cuando se reportaron 105 siniestros, y en 2021, que cerró con 110. En comparación, durante el año 2025 se registraron 298 accidentes relacionados con motocicletas y 10 personas fallecidas.

En cuanto a la siniestralidad vial general, en lo que va del año se han registrado 779 accidentes de tránsito. Como consecuencia de estos hechos, 50 personas resultaron lesionadas y 5 fallecieron. Si bien los vehículos concentran el mayor número de eventos registrados, las motocicletas continúan siendo un factor de preocupación debido a la vulnerabilidad de sus ocupantes y a que los siniestros que las involucran suelen tener consecuencias más graves.

La Panamericana Sur, el ingreso norte a la ciudad, la avenida 17 de Julio y el Anillo Vial figuran entre los corredores con mayor incidencia de siniestros. Las franjas horarias de las 12:00, 13:00 y 19:00 concentran el mayor número de casos, coincidiendo con los horarios de ingreso y salida de las jornadas laborales y académicas, ademas los dias con mayor siniestraldiad son los dias domingo.

Mientras el parque de motocicletas continúa creciendo en Ibarra, las estadísticas también aumentan. Y detrás de cada nuevo registro existe una historia que comienza de la misma manera: alguien salió temprano rumbo a su trabajo, a clases o a casa, pero nunca logró regresar.

La creciente inseguridad pone en debate la efectividad de las acciones en Imbabura

(Redacción Imbabura).- A 100 días de su designación, la gestión del gobernador de Imbabura, Jorge Ortiz, empieza a ser objeto de análisis y cuestionamiento por parte de la ciudadanía.

El Gobierno Nacional lo nombró mediante decreto ejecutivo el 17 de diciembre de 2025, en reemplazo de Elsy Maité Landeta Sánchez, en un contexto complejo para la provincia: pérdidas económicas tras la paralización de octubre y un ambiente de descontento ciudadano frente a la administración anterior.

Ortiz, coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, llegó al cargo con un perfil enfocado en seguridad, control territorial y gestión pública. Bajo esa línea, su administración asegura haber impulsado varias acciones en este inicio de gestión.

Entre los principales anuncios oficiales se destacan la activación permanente de un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, operativos de control migratorio y la intervención en la detección de cámaras ilegales en coordinación con el ECU 911. A esto se suman brigadas sociales en el marco del programa “El Nuevo Ecuador”, la entrega de kits agropecuarios, tractores y la implementación de reservorios para el sector agrícola, además de acciones de apoyo a comunidades vulnerables.

Sin embargo, más allá del discurso institucional, la percepción ciudadana parece ir en otra dirección. En lo que va del año, Imbabura ha registrado al menos ocho muertes vinculadas a hechos violentos, entre ellos casos de sicariato, desapariciones y asesinatos, lo que ha generado preocupación en distintos sectores de la provincia. En este contexto, el foco de la migración delincuencial se ha concentrado en Ibarra y Otavalo, donde se han reportado dos casos de doble sicariato en cada cantón.

A pesar de los operativos de control y de la activación de mesas de trabajo en seguridad —particularmente durante feriados—, los reportes ciudadanos reflejan una problemática persistente: la inseguridad continúa en el territorio. Modus operandi como los robos en motocicleta en Ibarra, los asaltos en la vía pública y los robos a locales comerciales se han vuelto recurrentes en el día a día. Este patrón mantiene en alerta a la población y evidencia una brecha entre las acciones anunciadas y la realidad que se vive en las calles.

Viajar a la Costa se convierte en una prueba de supervivencia para transportistas de la sierra norte

(Redacción Imbabura).– Un nuevo hecho de violencia sacudió las vías de la Costa ecuatoriana. Según relataron los familiares de la víctima, procedente de la provincia de Imbabura, habría recibido un impacto de bala directo en la mandíbula, lo que le provocó una fractura grave. Otro proyectil habría rozado su cuello, incrementando la complejidad del cuadro. El hombre fue llevado a una casa de salud e intervenido quirúrgicamente y, debido a la gravedad de las lesiones, permanece con pronóstico reservado.

Este nuevo episodio pone nuevamente en evidencia la peligrosidad de las vías que conectan a la Costa con el resto del país. En los últimos meses se han registrado ataques armados contra buses interprovinciales, transporte pesado y camiones que trasladan productos o insumos hacia esa zona.

Transportistas de la zona norte, especialmente de las provincias de Imbabura y Carchi, han denunciado reiteradamente la falta de seguridad en las carreteras. Elevando desde septiembre de este año un pedido formal al Gobierno para reforzar la protección en las rutas; sin embargo, aseguran que la situación no ha mejorado.

Ecuador vive el semestre más violento de la última década: 5.268 homicidios entre enero y julio de 2025

(Redacción Imbabura).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), reportó que Ecuador registró 5.268 homicidios en el primer semestre de 2025 (enero-julio), lo que representa un incremento del 47% respecto al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.753 casos. En lo que respecta a los homicidios intencionales por grupo etario, la estadística nacional evidencia que la población de mayor afectación son víctimas entre los 25 y 29 años, representando el 19,2 % del total de homicidios en el periodo de 2025.

Este lapso de siete meses se ha catalogado como el periodo más violento de la última década, en medio de una crisis de inseguridad marcada por la acción de carteles, mafias y grupos de delincuencia organizada, así como por la fragmentación de bandas criminales y la aparición de nuevas estructuras delictivas desde finales de 2024.

Frente a esta situación, el presidente Daniel Noboa ha decretado 13 estados de excepción y conmoción interna, siendo el más reciente el del 6 de agosto, que incluyó a seis provincias, en su mayoría ubicadas en la región Costa, debido al aumento de robos, homicidios y casos de sicariato.

En el caso de Imbabura, la provincia registra un 4,42% de participación en los homicidios por cada 100 mil habitantes, superando a territorios como Carchi, Loja, Napo, Morona Santiago y Azuay. La tasa provincial de homicidios pasó de 18 en 2024 a 22 en 2025, lo que refleja un aumento de 3,64 puntos respecto al año pasado.

Imbabura registró 4.42% en la tasa de homicidios en el país

En la capital imbabureña, la percepción ciudadana sobre robos, homicidios y delincuencia ha crecido. Entre enero y julio de 2025 se reportaron 15 homicidios, frente a los 12 del mismo periodo en 2024, lo que elevó la tasa provincial del 5,25% al 6,5%.

Cantones como Pimampiro e Ibarra sobresalen con una mayor tasa en la provincia (7,07% y 6,5%, respectivamente), mientras que Cotacachi, Otavalo y Antonio Ante muestran tasas muy bajas, incluso por debajo del promedio latinoamericano de 19,7 por cada 100 mil habitantes.

Motociclistas, los principales protagonistas en las cifras de accidentes viales

(Redacción Imbabura).- En la mancomunidad de la región norte, el irrespeto a las señales de tránsito sigue siendo una de las principales causas de siniestralidad vial. A nuestra redacción llegan periódicamente reportes ciudadanos sobre motociclistas que no respetan las señales de tránsito, generando intranquilidad entre los conductores. Según manifiestan, muchos motociclistas ignoran semáforos en rojo, no utilizan las direccionales al cambiar de carril y se cruzan entre autos de forma peligrosa. “El otro día, un motociclista se me atravesó sin frenar en una intersección y casi lo atropello. Si no hubiera estado atento, terminábamos en accidente”, relató Daniel Muñoz, conductor particular.

Según información proporcionada por la Empresa Pública de Movilidad del Norte (MOVIDELNOR-EP), el 54% de los accidentes registrados este año (19 casos) han sido ocasionados por no acatar señales como pares o semáforos. Aunque la cifra sigue siendo alta, representa una disminución en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 64 accidentes por causas similares.

Por otro lado, los vehículos particulares han protagonizado 27 siniestros en lo que va del año, de los cuales 13 (48%) también fueron causados por el irrespeto a la señalización vial, lo que evidencia un patrón preocupante de desobediencia en la vía.

En el caso de los scooters y motos eléctricas, se han registrado 6 accidentes en estos primeros cinco meses del año, relacionados especialmente con la falta de distancia entre vehículos, una infracción que compromete tanto a conductores como a peatones.

Al respecto, varios ciudadanos han expresado su inquietud por la circulación imprudente de scooters eléctricos, señalando que muchos usuarios se movilizan a altas velocidades y sin ningún tipo de protección como cascos o indumentaria reflectiva. “Conducen como si fuera una motocicleta, pero sin casco ni respeto por las normas. Es un peligro para todos”, comentó Sergio Rodriguez, vecino del sector El Olivo, en Ibarra.

Inseguridad en Ibarra evidencia la urgencia en las reformas penales propuestas por Noboa

(Redacción Imbabura).-Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. Solo en los primeros cinco meses de 2025, el país ha registrado un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. De enero a abril se han contabilizado 3.087 muertes violentas, lo que representa un incremento del 58 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Enero y febrero sumaron 1.530 homicidios, mientras que marzo y abril registraron 831 y 726 asesinatos, respectivamente. Las cifras convierten este periodo en el más violento jamás registrado en el país.

A pesar de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la violencia continúa escalando. Ciudades de la Costa ecuatoriana, varios sectores de la Sierra y zonas urbanas que antes eran consideradas tranquilas, como Ibarra, también han sido alcanzadas por esta ola delictiva.

En la capital imbabureña, la percepción de inseguridad ha crecido significativamente. La ciudadanía reporta un incremento de los delitos de oportunidad, como robos a domicilios y asaltos a personas en la vía pública, especialmente en zonas con escasa iluminación y sin presencia policial. Los antisociales, a bordo de motocicletas, aprovechan la falta de patrullaje para cometer estos robos. En sectores como Miravalle y Los Huertos Familiares, se registran hasta tres robos por semana según los reportes ingresados a nuestra redacción.

Frente a este panorama, el presidente Daniel Noboa envió el pasado 17 de mayo su primer proyecto de ley a la nueva Asamblea Nacional. Bajo el nombre de “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”, la iniciativa busca golpear las finanzas de los grupos delincuenciales, atacando directamente el poder económico del crimen organizado.

La propuesta, calificada como urgente en materia económica, implica reformas al Código Orgánico Integral Penal y otros cuerpos legales. Los asambleístas tienen un plazo de 30 días para tramitarla.

El texto legal propone medidas tributarias, financieras y de seguridad con el objetivo de “proteger a la ciudadanía, estabilizar el sistema económico y reactivar zonas afectadas por el crimen organizado”.

El crecimiento del narcotráfico y la presencia de bandas delincuenciales han profundizado la crisis. Noboa enfrenta el mayor reto de su mandato: recuperar el control territorial y restablecer la seguridad del país.

Los niveles de violencia e inseguridad crecen de forma acelerada en Imbabura y el Gobierno en silencio

(Redacción Ibarra).- No existe un día en el Ecuador que las muertes violentas, los robos, amenazas, extorsiones se cuenten por docena y es que la seguridad ciudadana se le ha ido de las manos al Gobierno Nacional.

Según la información publicada por Vistazo y que remarcan las estadísticas de la Policía Nacional revelan que entre enero y junio de este año se han registrado 3.513 asesinatos, lo que significa un aumento del 58% respecto al 2022. Ese año la tasa de homicidios fue de 26 por cada 100.000 habitantes, y en la actualidad ya se ubica en 20, con una tendencia a crecer, con lo que se estima que a final del año cerraría en 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el país más violento de la región.

En Imbabura, una de las provincias más tranquilas del Ecuador hasta el año 2019, la situación es similar y es que desde lo que va del año las muertes violentas y la extorsión a personas se han incrementado notablemente.

Tan solo este fin de semana dos privados de la libertad oriundos de la provincia de Santa Elena fallecieron al interior de la cárcel de Ibarra, en circunstancias desconocidas que hasta el momento no han sido aclaradas por ninguna de las autoridades de la provincia.

En la ciudad de Ibarra, una riña la madrugada de este lunes culminó con la detención de un ciudadano que portaba en su domicilio una pistola, con dos alimentadoras y una granada sin detonar.

En Antonio Ante, una concesionaria que comercializa vehículos usados recibió en un paquete de regalo una granada de uso militar que no estalló y se requirió la participación de personal especializado de la Policía Nacional para realizar una detonación controlada.

El 8 de mayo del 2023, una balacera se produjo en el centro de Ibarra, a pocos metros de la Gobernación de Imbabura del cual una persona resultó herida y posteriormente falleció en el hospital, además un ciudadano que transitaba por la zona resultó herido de forma colateral.

La falta de medios logísticos, policías y patrulleros hace que la labor policial en la provincia se vea afectada, en Ibarra una ciudad de más de 150 mil habitantes, se cuenta tan solo con 5 patrulleros, además más de la mitad de las Unidades de Policía Comunitaria se encuentran cerradas y fuera de servicio.

Y es que el silencio de las autoridades de turno y la falta de acción específica del Gobierno Nacional que perdió la batalla contra la inseguridad, hace que los ciudadanos cada día se sientan más inseguros en el Ecuador.

Según la encuestadora Gallup, el 64% de las personas en el país se sienten inseguras, y de esa misma cifra alrededor del 43% han sufrido algún tipo de asalto o han sido víctimas de la delincuencia.

Por su parte el Gobernador de Imbabura, Patricio Cervantes en una entrevista con radio Amparasú informo esta mañana que muchos de los trámites para la compra de patrulleros y logística para la Policía Nacional están detenidos en la burocracia estatal que hace que los procesos no avancen.