(Redacción Ibarra).- En la ciudad de Ibarra, la compra y venta de oro ha crecido en los últimos años, tanto en establecimientos formales como de manera informal, impulsada por la presencia de minería ilegal en Imbabura, lo que ha derivado en un incremento de casos relacionados con posibles estafas.
En este contexto, en el sector de Las Rieles, la Policía Nacional aprehendió a William Raumir C., quien registra antecedentes por tenencia de armas. Según el reporte, el ciudadano habría vendido un supuesto oro de 35 gramos y posteriormente huyó; sin embargo, la víctima alertó que se trataba de piedras pintadas de color dorado.
Durante el procedimiento se levantaron como indicios un vehículo, un terminal móvil y una funda con sustancia rocosa de color dorado. El aprehendido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.
(Redacción Ecuador).- Ecuador no solo enfrenta una ofensiva sin precedentes del crimen organizado; también vive un debilitamiento interno de su fuerza policial. Mientras los homicidios y la violencia marcaron récords históricos, la Policía Nacional perdió a miles de sus integrantes más experimentados, en un fenómeno que avanza de forma silenciosa pero constante.
Entre 2020 y 2025, 9.608 policías solicitaron la baja voluntaria, una cifra que evidencia una crisis paralela dentro de la institución. El punto más crítico se registró en 2023, año que coincidió con el periodo más violento del país, cuando 3.053 uniformados decidieron abandonar el servicio activo.
Las cifras revelan una relación alarmante: durante ese mismo quinquenio, 698 policías murieron, lo que significa que por cada uniformado fallecido, casi 14 optaron por retirarse voluntariamente.
El comportamiento de las bajas no fue uniforme. En 2021, las salidas tocaron su nivel más bajo con 465 casos. Sin embargo, en 2022 se produjo un salto abrupto a 1.834 bajas, anticipando el colapso institucional que se evidenciaría al año siguiente. En 2023, Ecuador cerró con 8.004 asesinatos, y la Policía sufrió el mayor éxodo de su historia reciente.
Aunque en 2024 y 2025 las cifras descendieron a 1.887 y 1.493 bajas, respectivamente, el nivel de deserción sigue siendo muy superior al registrado antes de la pandemia, confirmando que el problema no ha sido superado.
Paradójicamente, este debilitamiento ocurre incluso cuando se intenta reforzar la fuerza pública. El 9 de junio de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso encabezó la graduación de 7.301 nuevos policías, una incorporación que no logró compensar la salida masiva de personal con años de experiencia.
Se van los más preparados
El impacto más grave no está en el número, sino en el perfil de quienes se van. Casi el 48% de las bajas corresponde a policías con entre 16 y 20 años de servicio (4.591 casos), es decir, cuadros formados, con liderazgo operativo y conocimiento del territorio. A ellos se suman 3.910 agentes con entre 21 y 25 años de trayectoria.
Detrás de las estadísticas hay historias marcadas por el miedo, el desgaste y la supervivencia. Uno de los casos es el de un Mayor del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que operaba en Manta, quien solicitó su baja en 2023 tras perder compañeros y recibir amenazas directas del narcotráfico. Su proyecto de vida dentro de la institución terminó abruptamente, dejando atrás años de entrenamiento de élite que hoy ya no están al servicio del Estado.
Este tipo de salidas ha generado un efecto estructural: la Policía enfrenta una escasez de oficiales de alto rango. Actualmente, solo siete generales integran el Mando Institucional, pese a que existen 18 plazas previstas para dirigir unidades estratégicas y zonas críticas.
Quito lidera las bajas
La distribución geográfica de las salidas rompe varios supuestos. Quito concentra el mayor número de bajas voluntarias del país, con 2.589 casos entre 2020 y 2025. Le sigue la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) con 1.087 salidas, y la Zona 1 de la frontera norte —Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos— con 1.205 casos.
En contraste, la Zona 2 (Napo, Orellana y el área rural de Pichincha) registra apenas 374 bajas, el nivel más bajo a escala nacional.
Al analizar provincias específicas, el impacto de la violencia territorial es evidente. Manabí perdió 663 policías, Los Ríos registró 545 bajas, y Esmeraldas vio salir a 449 uniformados, todas zonas fuertemente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Por otro lado, un informe técnico revela una grave desigualdad en la distribución de la Policía Nacional: mientras Quito concentra un excedente de más de 7.000 agentes en relación con su población y nivel delictivo, provincias como Guayas y Los Ríos —epicentros de la violencia criminal y el narcotráfico— operan con un déficit de personal para enfrentar la inseguridad.
Un problema que continúa en 2026
Para el inicio de 2026, ya existen 124 solicitudes de baja en trámite, bajo la figura de “pendiente entrega de requisitos”. Ante este escenario, la institución ha empezado a aplicar filtros más estrictos: en 2025, por primera vez en el quinquenio, 23 solicitudes fueron negadas por incumplimiento del reglamento de carrera o bajo la figura de negativa temporal.
Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y resultados frente a la delincuencia, la Policía Nacional enfrenta una batalla interna por retener a su personal clave. Menos experiencia en las filas significa menos capacidad operativa, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
(Redacción Ibarra).- La comunidad de Ambuquí, perteneciente al cantón Ibarra al nororiente de la provincia de Imbabura, continúa en pie de lucha. Con movilizaciones y bloqueo de vías, exigen el cierre definitivo de una mina y su respectiva planta de asfalto, que según denuncian, afecta gravemente a la salud de los moradores y al desarrollo turístico de la zona.
Los habitantes aseguran que las emisiones de gases y partículas contaminantes están generando molestias respiratorias, irritación ocular y malestar general tanto en los habitantes como en turistas. Además, mencionan que el fuerte olor a asfalto causa incomodidad entre quienes visitan este destino reconocido por su clima cálido.
En un conversatorio efectuado por la comunidad, al que fueron invitados representantes del Ministerio del Ambiente y otras autoridades, se esperaba tratar posibles soluciones. Sin embargo, la ausencia de dichas entidades generó malestar y dejó sin respuesta los reclamos ciudadanos. La comunidad también cuestiona las concesiones mineras otorgadas en la zona, que no responderían a una escala artesanal sino industrial, sin contar, según afirman, con el consentimiento previo de los pobladores.
Homero Benavides, dirigente de la comunidad, manifestó que los pobladores han recibido amenazas e incluso intimidaciones con armas de fuego por parte de personas vinculadas a los propietarios de la planta, lo que ha encendido aún más las alarmas sobre la vulnerabilidad de quienes alzan su voz.
Elena Yépez, habitante de la zona, señala que la planta de asfalto ha generado una evidente contaminación del aire, mientras que la actividad minera está provocando una degradación ambiental visible: “Una parte de la loma ya está siendo destruida, se nota cómo va desapareciendo poco a poco”, expresó con preocupación.
Esta mañana, autoridades locales, medios de comunicación y moradores realizaron un recorrido por la zona afectada para constatar los daños y reforzar los pedidos de intervención estatal. “Ambuquí no es zona industrial, es un lugar turístico, y queremos que se respete esa esencia”, comentó uno de los habitantes.
Luego de este recorrido se estableció una mesa de diálogo en la cual se determinaron varios acuerdos, entre los que se destaca una nueva revisión con equipos técnicos especializados para poder determinar el grado de afectación de una forma real en la zona, además de la revisión minuciosa de los permisos de uso de suelo y ambientales que fueron otorgados para esta actividad minera. A las 13h30 minutos, en medio de varias intervenciones salió humo blanco y se pudo habilitar la vía. Este miércoles 30 de abril se realizará un nuevo recorrido con todas las autoridades para poder verificar todos los cumplimientos establecidos en la mesa de diálogo.
