(Redacción Imbabura).- Como ocurre cada año durante las festividades de fin de año, grupos de personas disfrazadas de las denominadas “viudas” han retomado de forma anticipada la práctica de bloquear la vía E35 en el sector de Mascarilla, provincia del Carchi, para exigir dinero a los conductores. En esta ocasión, la presencia de estos grupos se ha registrado a pocos días de finalizar el año, generando interrupciones en una carretera estratégica que conecta a Imbabura con Carchi.
Según denuncias, se ha identificado la operación de al menos dos grupos ubicados a corta distancia entre sí, quienes utilizan escombros y obstáculos para forzar la detención de los vehículos y solicitar “colaboraciones” económicas. Los montos exigidos van desde un dólar, mediante retenes improvisados que, en algunos tramos, llegarían a contabilizarse hasta 20 a lo largo de la E35.
Ante esta problemática recurrente, la Alcaldía de Pimampiro activó desde el sábado pasado operativos de control para garantizar el orden y la seguridad vial. Las acciones se ejecutan desde tempranas horas de la mañana con el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Ecuatoriano, especialmente en los puntos considerados conflictivos de la vía.
Durante los operativos se registraron intentos de bloqueo mediante la colocación de cadenas; sin embargo, la intervención de las fuerzas del orden evitó que estas acciones se concreten. Como medida preventiva por las festividades de fin de año, la E35 fue militarizada y se anunció que los controles se mantendrán para impedir cobros ilegales y garantizar la libre circulación.
(Redacción Ecuador).– Tras seis semanas de audiencia, el juez Jovanny Suárez Chávez emitió sentencia en el denominado caso Las Malvinas, declarando culpables a 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por su responsabilidad en la desaparición forzada de cuatro menores, ocurrida en diciembre de 2024.
De los procesados, 11 militares recibieron la pena máxima de 34 años y ocho meses de prisión, mientras que cinco uniformados fueron sentenciados a 30 meses de cárcel tras acogerse a la figura de cooperadores eficaces, en consideración a su colaboración con la Fiscalía General del Estado. En contraste, el teniente coronel Juan Francisco I. fue declarado inocente, al no comprobarse su responsabilidad penal.
Además de las penas privativas de libertad, el Tribunal dispuso una serie de medidas de reparación integral y simbólica, entre ellas el pago de 800 salarios básicos unificados, equivalentes a 376.000 dólares, la identificación del puente donde los adolescentes habrían sido aislados, y la implementación de procesos obligatorios de capacitación en derechos humanos dentro de la institución militar.
Asimismo, se ordenó la emisión de disculpas públicas institucionales en un medio de comunicación de prensa escrita, así como la publicación de un extracto de la sentencia, tanto por parte de la FAE como de los militares sentenciados, dirigido expresamente a los familiares de las víctimas. A estas medidas se suma la colocación de una placa conmemorativa en la base militar de Taura, lugar vinculado a los hechos investigados.
La sentencia, que responde íntegramente al pedido formulado por la Fiscalía en sus alegatos finales, constituye un precedente judicial relevante en materia de derechos humanos, reafirmando el deber del Estado de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias.
Al igual que en el caso Malvinas, otro proceso judicial que concluyó con la imposición de la pena máxima ocurrió con el exteniente de la Policía Nacional Germán Cáceres, que fue condenado por el asesinato de su esposa, la abogada María Belén Bernal. El crimen, que conmocionó al país, fue sancionado con 34 años y 8 meses de prisión, la pena más alta establecida en Ecuador para el delito de femicidio, evidenciando que en ambos casos la justicia aplicó el máximo castigo previsto por la ley ante hechos de extrema gravedad.
(Redacción Imbabura).- La indignación crece en Imbabura a 30 días desde la muerte del comunero indígena Fueres, oriundo de la comunidad de Cuicocha, quien falleció la mañana del domingo 28 de septiembre en el hospital de Cotacachi, y aún no se conoce a los responsables de su asesinato. Su muerte, ocurrida durante las protestas del Paro 2025, encendió las alarmas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de militares y policía nacional durante estas protestas.
La Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía abrió una indagación sobre el caso. Se conoce que Fueres perdió la vida tras recibir tres impactos de bala durante un enfrentamiento en el sector del puente Ilumán, en la vía Cotacachi–Otavalo. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni versiones oficiales por parte del Gobierno Nacional ni de las Fuerzas Armadas, pese a que en redes sociales circula un video que muestra el nivel de brutalidad ejercido contra el comunero.
En las imágenes se observa a cuatro personas que cargan a un hombre inconsciente mientras al fondo se observan dos tanquetas militares. Uno de los cargadores queda junto al herido mientras los demás huyen ante el ruido de disparos. Segundos después, una tanqueta se detiene y dos militares descienden: uno patea al inconsciente y otro agrede a su acompañante. En los dos minutos y cuarenta segundos que dura la grabación, se contabilizan al menos 33 golpes y patadas, en una escena que refleja un ciclo de violencia desmedida y una respuesta represiva imposible de justificar.
Según declaraciones de Verónica Yaquilema, presidenta de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), y Diana León, abogada de la organización para el portal GK, se informó que las comunidades tomaron fotografías antes del levantamiento del cuerpo para documentar las heridas de bala. La Fiscalía de Cotacachi y agentes de la Dinased realizaron el procedimiento correspondiente dentro del hospital, recogiendo prendas con evidencias de impacto de proyectil.
Como parte de la investigación, se informó que el cuerpo fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, donde una autopsia (presenciada por un familiar y un representante de INREDH) determinó que una bala ingresó por la espalda y salió por el pecho, fracturando la columna cervical y una costilla, con afectación al pulmón izquierdo, y falleció debido a una insuficiencia cardíaca.
Mientras tanto, el silencio oficial persiste. Ni el Gobierno Nacional ni las Fuerzas Armadas han emitido un pronunciamiento público, alimentando la sensación de impunidad e indignación entre las comunidades indígenas y defensores de derechos humanos.
Cronología de la muerte de Efraín Fueres.
27 de septiembre del 2025 (22h00 horas): Gobernación de Imbabura coordinó un convoy para salida de camiones.
Desde la página oficial de la Gobernación de Imbabura se publicaron unas imágenes y fotografías en donde se pudo observar a un grupo de camiones, escoltado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según el post de la Gobernación que luego fue borrado, la gobernadora de Imbabura, Elsy Landeta, coordinaba la salida de estos camiones y el ingreso de otros cargados de productos.
28 de septiembre del 2025 (06h30 am): Efraín Fueres recibió un impacto de bala.
Horas más tarde, varios comuneros en el sector de Ilumán atacaron estos camiones que intentaron abrirse paso y que finalmente en horas de la madrugada llegaron a Pichincha; sin embargo, un nuevo convoy de tráileres y camiones que entraba a Imbabura fue emboscado por comuneros nuevamente en el sector de Ilumán. Producto de este enfrentamiento, Efraín Fueres recibió un impacto de bala que acabó con su vida, un tráiler fue incendiado y más de 17 retenidos en la vía.
28 de septiembre del 2025 (09h30 am): Radio Ilumán confirma la muerte de Efraín Fueres
Mediante una entrevista en vivo a una comunera que acompañó el cuerpo de Efraín Fueres desde el hospital de Cotacachi, se confirmó lo que se temía: Efraín había fallecido.
29 de septiembre del 2025 (10h00 am): Organismos internacionales de derechos humanos investigan el caso.
Varios organismos nacionales e internacionales rechazan la violencia en Imbabura y piden que se conforme una investigación independiente para buscar los culpables de la muerte de Efraín Fueres.
21 de Octubre del 2025 (11h30 am): Fuerzas Armadas comparecen a la Asamblea Nacional
El jefe del Estado Mayor reconoce que dentro del operativo que terminó con la vida de Efraín Fueres, hubo un exceso del uso progresivo de la fuerza y constituye un acto de violencia.
21 de octubre del 2025 (12h30 pm): Denuncia por ejecución extrajudicial
En una reunión en la Asamblea Nacional, el abogado y excandidato presidencial Pedro Granja manifiesta que se ha denunciado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por el delito de ejecución extrajudicial.
30 de octubre del 2025 (09h30am); La Gobernadora de Imbabura no responde sobre la coordinación del convoy.
Al ser consultada sobre la coordinación del convoy que resultó en la muerte de Efraín Fueres, Elsy Landeta, gobernadora de Imbabura, manifestó que no puede entregar información; sin embargo, se manifestó que los convoys siempre fueron de carácter humanitario y que lamenta la muerte del mismo y que, al ser un tema en investigación, no se puede pronunciar, al final no quiso responder más preguntas.
Las protestas en Ecuador han dejado un rastro de dolor e impunidad. Aunque el saldo de víctimas fatales de las movilizaciones de 2025 es menor al registrado en octubre de 2022 y junio de 2019 (donde hubo siete y once fallecidos, respectivamente), el patrón de falta de justicia se mantiene.
Un ejemplo lamentable es el de Byron Guatatuca Vargas, quien murió el 21 de junio de 2022 tras ser impactado en el rostro por una bomba lacrimógena disparada por la Policía, hecho que le provocó una hemorragia interna y posteriormente su muerte. Su caso, investigado como ejecución extrajudicial desde el 22 de junio de 2022, es uno de los tantos que reflejan la falta de investigación del sistema judicial, pues el 93,3% de las muertes registradas durante las protestas siguen sin esclarecerse. Se conoce que de 15 casos, solo uno llegó a juicio y obtuvo condena, mientras los otros 14 permanecen estancados o fueron archivados. Estos antecedentes revelan una estructura de impunidad persistente, donde las muertes de manifestantes quedan sin esclarecimiento ni responsables. En este contexto, a un mes del fallecimiento de Efraín, todo indica que su caso podría seguir el mismo camino.
(Redacción Imbabura).- Imbabura cumplió un mes de paralización, en un paro atípico que la convirtió en la única provincia donde continuaron los cierres y la interrupción de actividades. Durante ese tiempo, no se logró avanzar hacia una mediación efectiva, y la inestabilidad se mantuvo como un factor constante en la región. A lo largo de cuatro semanas, diversos acontecimientos marcaron el desarrollo de la protesta, dejando un registro de conflictos, bloqueos y enfrentamientos que reflejaron la magnitud del descontento en la provincia. A continuación les presentamos una cronología de los momentos clave que tuvo esta paralización en Imbabura.
12 de septiembre de 2025: El presidente Daniel Noboa promulgó el Decreto 126, eliminación del subsidio al diésel.
Una medida que generó un rechazo inmediato y desató protestas en distintos sectores del país, especialmente entre comunidades indígenas y transportistas. Ante la creciente tensión, la Presidencia de la República anunció que, a partir del sábado 13 de septiembre, la sede del Ejecutivo funcionaría temporalmente en Latacunga, Cotopaxi, mientras que la Vicepresidencia operaría desde Otavalo, en Imbabura. Esta reubicación buscaba garantizar la continuidad administrativa en medio de las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales e indígenas.
15 de septiembre: Inicio de los primeros bloqueos viales en Carchi
Transportistas bloquearon la vía en el sector de Julio Andrade y se enfrentaron con las fuerzas armadas. La tensión se moderó días después, tras la autorización del presidente Noboa para entregar beneficios económicos a los transportistas, lo que permitió levantar el paro en la provincia. Sin embargo, la calma resultó ser temporal.
18 de septiembre: CONAIE anuncia movilizaciones a nivel nacional
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció un paro nacional en rechazo al Decreto 126 y a otras políticas económicas del Gobierno. Ese mismo día, en Imbabura, el presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 145, designó a Luis Efraín Amaguaña Muenala, abogado kichwa otavaleño, como nuevo gobernador de la provincia. Sin embargo, Amaguaña renunciaría días después, presionado por dirigentes indígenas. Además, a través del Decreto Ejecutivo N.º 134, el mandatario declaró el estado de excepción y estableció toque de queda en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo y Carchi.
21 de septiembre: El movimiento indígena en Imbabura declara una paralización indefinida.
Mediante un comunicado, se declararon movilizaciones indígenas desde las 10 de la noche, anticipando bloqueos y concentraciones en puntos estratégicos de la provincia.
22 de septiembre: Primeros cierres viales en Imbabura.
Organizaciones indígenas como CHIJALLTA FICI, UNORCAC, FENOCIN y comunidades Kichwa Karanki, Natabuela, Cayambi y Otavalo se sumaron a las movilizaciones, bloqueando varios tramos de la vía E35 e imposibilitando el paso desde Imbabura hacia el sur del país. Ese mismo día, los manifestantes se concentraron en el ingreso a Otavalo, donde un fuerte contingente policial y militar provocó un enfrentamiento marcado por un nivel de violencia desproporcionado. Durante los disturbios se destruyeron bienes públicos, se dañaron cámaras del ECU911 e incluso se incendió el Comando de Policía Judicial de la ciudad. Motocicletas, patrulleros y vehículos particulares quedaron consumidos por las llamas. En el marco de los incidentes, las autoridades detuvieron a 18 personas acusadas de presunto terrorismo. En la audiencia de flagrancia realizada al día siguiente, se resolvió que de los 18 aprehendidos (15 adultos, 2 menores de edad y una mujer), 12 continuarían detenidos mientras avanzaba la instrucción fiscal y seis recuperaron su libertad. El 6 de octubre, la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente el pedido de habeas corpus presentado por la defensa de 10 de los 12 detenidos. En la audiencia se dispuso el retorno inmediato de siete de los privados de libertad, quienes regresaron el 15 de octubre desde la cárcel El Rodeo, en Manabí, hacia la jurisdicción de Imbabura, donde cumplirán la medida de prisión preventiva mientras avanza la instrucción fiscal. De los 10 detenidos beneficiados, tres ya habían sido trasladados previamente desde Manabí hasta la cárcel de Ibarra el pasado 30 de septiembre debido a problemas de salud. Paralelamente, 17 militares fueron retenidos por comunidades del cantón Otavalo, recuperando su libertad de manera gradual, mientras en Ibarra se desarrollaban marchas pacíficas.
23 de septiembre de 2025: Nueva gobernadora para Imbabura
El presidente Daniel Noboa designó a la abogada Elsy Maite Landeta Sánchez como nueva gobernadora de Imbabura mediante el decreto ejecutivo 154.
El ministro del Interior confirmó que 50 personas fueron detenidas a nivel nacional en manifestaciones, 20 en Imbabura de los cuales dos personas de nacionalidad venezolana estarían ligadas al Tren de Aragua.
24 de septiembre: Daniel Noboa encabezó el primer convoy que ingresó a Imbabura.
Un contingente policial y militar se trasladó hacia Otavalo por carretera mientras el presidente de la república arribó en helicóptero alrededor de las 9 de la mañana. Desde allí, pronunció un breve discurso, pero se retiró sin ofrecer ninguna resolución ni respuesta concreta a la población.
En los días posteriores, la crisis se extendió a sectores como Peguche, Ilumán, Caluquí, González Suárez, Antonio Ante, Zuleta, Cayambe, Urcuquí, El Juncal y Lita, donde los bloqueos en ejes viales rurales paralizaron la movilidad en toda la región.
26 de septiembre:CONAIE da por finalizado el paro, sin embargo las bases no aceptan.
En una asamblea realizada en las instalaciones de la UNOPAC, en el cantón Cayambe, alrededor de 100 dirigentes de comunidades y organizaciones locales se reunieron para conocer y ratificar las resoluciones adoptadas por la dirigencia principal de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El encuentro estuvo encabezado por Marlon Vargas, presidente de la Conaie; Ercilia Catañeda, vicepresidenta; y Dennis de la Cruz, presidenta del Pueblo Kayambi. Durante la reunión se resolvió levantar las paralizaciones en los cantones Cayambe, Pedro Moncayo y Otavalo a partir del 27 de septiembre, a las 09:00.
26 de septiembre: Retienen a presidente de la CONAIE en Otavalo
Comuneros de Huaycopungo, en el cantón Otavalo, retuvieron al presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, tras el anuncio del fin del paro. Las comunidades lo acusaron de traición y anunciaron que debería someterse a la justicia indígena. Durante la reunión, todas las comunidades ratificaron que el paro continuaría en Imbabura hasta que se cumplieran sus demandas.
El 28 de septiembre: Primer fallecido por manifestaciones en Imbabura
Efraín Fueres, ciudadano de 47 años oriundo de Cuicocha, se convirtió en la primera víctima mortal de las movilizaciones, tras recibir un disparo por parte de personal militar en Ilumán, según testigos.
Días después, el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior se trasladaron a Ibarra para reunirse en la Gobernación, aunque no se conocieron acuerdos ni medidas concretas que lograran apaciguar la crisis.
Las protestas continuaron en Imbabura y comenzaron a tornarse vandálicas, ya que los manifestantes pincharon neumáticos e intimaron a los dueños de negocios para obligarlos a cerrar sus locales, mientras que la escasez de gasolina, gas doméstico y alimentos se convirtió en un problema recurrente para la población, en especial la otavaleña.
El 1 de octubre: FICI desconoce a su presidente
La decisión de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI) de declarar una tregua temporal y abrirse al diálogo con el Gobierno Nacional genero fracturas internas en el movimiento indígena del norte del país. Pocas horas después de emitido el comunicado oficial de la FICI, varias comunidades y organizaciones de base anunciaron que desconocen la resolución y a la dirigencia encabezada por Mesías Flores, presidente de la Federación. Lenin Farinango, presidente del pueblo Kichwa Karanki, declaró que nunca recibió “ni una llamada del presidente de la FICI”, y ratificó que las comunidades Karanki se mantienen en las medidas de hecho. “Intentan dividir al movimiento indígena”, advirtió.
04 de octubre: Se elimina el toque de queda en Imbabura
Tras varios días de bloqueos en el norte del país, la Corte Constitucional revisó los decretos del Ejecutivo y determinó que el toque de queda vulneraba derechos fundamentales, mientras que el estado de excepción solo se justificaba en Carchi e Imbabura, las provincias más afectadas por la crisis.
El 6 de octubre: Invasión a florícolas en Cotacachi
Jessica Torres, vicepresidenta de la UNORCAC, lideró a aproximadamente 200 manifestantes indígenas que invadieron una finca florícola en Cotacachi de Expoflores, intimidando a los trabajadores y presionándolos para sumarse a la paralización.
El 8 de octubre: Movilización masiva de indígenas a Ibarra
Un intento de tomarse Ibarra se registró durante una marcha multitudinaria a las afueras del edificio de la gobernación. El dirigente indígena de la UNORCAC, Guido Perugachi, advirtió que si la ciudad no colaboraba con el paro, volverían a tomarse la urbe y a causar destrozos.
13 de octubre: Segundo convoy humanitario ingresó a Imbabura por la vía Zuleta.
Un convoy humanitario ingreso a Imbabura con resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para abastecer a las comunidades afectadas por los bloqueos y actos de violencia debido al paro en Ecuador. El Bloque de Seguridad confirmó que el convoy transportó víveres, colchones, gas, medicinas y otros insumos esenciales destinados a la población civil que permanece aislada por la interrupción de vías. El convoy contó con la presencia y acompañamiento de representantes de la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Humano, Registro Social, Cruz Roja, medios de comunicación, delegados de la Fiscalía General del Estado y equipos técnicos encargados de la asistencia. La presencia de organismos institucionales formo parte del protocolo para asegurar transparencia, seguimiento y atención directa a las comunidades afectadas.
14 de octubre: Fuerte represión y enfrentamientos entre manifestantes y militares en Otavalo.
El Gobierno Nacional confirmó en rueda de prensa que su misión principal era devolver la paz a Imbabura, al siguiente día, Otavalo amaneció militarizado, y el ministro del Interior, John Reimberg, declaró a los medios: “Vamos a quedarnos hasta que todo vuelva a la normalidad. Aquí estaremos todo el tiempo que sea necesario; Imbabura no está sola”. El ministro indicó que un convoy humanitario fue atacado esa madrugada por manifestantes y este hecho desencadenó un enfrentamiento en el que la fuerza pública reprimió a los manifestantes con dureza. La ciudad se convirtió en un verdadero campo de batalla con calles destrozadas, actos de vandalismo, militares persiguiendo a manifestantes y más de 40 personas detenidas, la mayoría de las cuales fue liberada poco después gracias a la intervención legal de sus abogados y al respaldo de la comunidad. En medio del caos, un periodista comunitario resultó herido por el impacto de una bala –
15 de Octubre: Segundo comunero falleció por impacto de bala
José Guamán, de 30 años, recibió un disparo en el pecho durante las manifestaciones del día anterior, permaneció en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra en cuidado intensivo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado en helicóptero a Quito, pero lamentablemente falleció durante el trayecto.
15 de octubre: Alto al fuego y primeros acuerdos
Tras 23 días de paralización provincial, el presidente del pueblo Kichwa de Otavalo y la alcaldesa Anabel Hermosa Acosta anunciaron el cese de hostilidades y el inicio de mesas de diálogo directas con el Gobierno Nacional, misma que se instaló la tarde del 15 octubre en el hotel Yamor Continental, en donde 60 dirigentes, la curia y el ministro del Interior finalmente pudieron llegar a un acuerdo y anunciaron el fin del paro.
15 de octubre: Efímero final del paro en Imbabura
Luego del anuncio en rueda de prensa, las bases del movimiento indígena se declararon en rebeldía, causando una ruptura total, desconocieron los acuerdos y acusaron a sus dirigentes de traición, llegando incluso a agredir al presidente de la FICI, Mesías Flores, mientras informaba sobre el fin de las movilizaciones. Al final de la noche las vías no fueron habilitadas.
El 16 de octubre: Pronunciamientos de la alcaldesa de Otavalo
En una asamblea realizada a los pies de la Alcaldía de Otavalo, la alcaldesa encabezó un encuentro entre las bases y los dirigentes indígenas con el objetivo de buscar una salida al paro. En medio de un ambiente tenso, marcado por acusaciones y nuevos pedidos, la primera autoridad del cantón exhortó a los presentes a regresar a sus territorios, dialogar sobre las propuestas y socializarlas en las mesas técnicas que se instalarían el lunes 20 de octubre.
19 de octubre: FICI asume liderazgo de las movilizaciones en Imbabura
La CHIJALLTA-FICI asumió el control total del paro en Imbabura mediante un comunicado difundido en redes sociales, la organización informó que Sisa Inés Cotacachi, actual vicepresidenta, asumirá la presidencia en reemplazo de Mesías Flores, debido a su “ausencia y falta de liderazgo” Asimismo, la FICI invitó a la CONAIE, ECUARUNARI y FENOCIN a participar en el proceso de diálogo nacional, aunque precisó que las organizaciones de Imbabura serán las encargadas de dirigir el proceso
19 de octubre: Gobierno denuncia incumplimientos de acuerdos y suspende el diálogo.
El Gobierno Nacional anunció la suspensión del diálogo con los movimientos indígenas, citando incumplimientos de los acuerdos, cambios en los representantes y acciones violentas que, según el Ejecutivo, quebrantaban lo pactado previamente. Por ello, calificó los hechos ocurridos posteriormente como responsabilidad íntegra del movimiento indígena en la provincia.
21 de octubre: Paro provincial condenado a terminar
La Unión de Comunidades y Barrios Indígenas y Campesinas de Ilumán (UNICOBICI) resolvió en una asamblea comunitaria regresar a sus territorios. Durante la reunión, se señaló que continuarán en resistencia de forma pacífica desde cada comunidad, permaneciendo vigilantes ante los acontecimientos. Fabián Díaz, dirigente de Ilumán criticó duramente que solo cuatro cantones se mantienen en resistencia activa, afirmando que el paro no representa a todo el Ecuador. Añadió que, si la movilización se convierte en un paro verdaderamente nacional, las comunidades de Ilumán volverían a salir a las calles.
21 de Octubre: Comunidades de Imantag anuncian fin del paro
En una reunión que duró hasta la madrugada las comunidades de Imantag dieron por finalizado el paro en sus territorios y anunciaron la apertura total de la vía Imantag–Atuntaqui. Además, ofrecieron disculpas públicas a toda la comunidad por los inconvenientes ocasionados durante los días de movilización.
22 de octubre: Primeas vías habilitadas en Imbabura.
Medinte labores de limpieza se aperturó un tramo de la vía Atuntaqui-Santa Bertha que fue bloqueada con palos y piedras como parte de los primeras vías en ser habilitadas en la provincia.
22 de octubre: CONAIE anuncia fin del paro
Al medio dia, el presidente de la CONAIE Marlon Vargas se pronunció al país mediante un video en el que ratificó que, frente al anuncio del Gobierno de desplegar toda la fuerza del Estado para habilitar las vías en Imbabura, la organización ha decidido dar por terminado el paro. Vargas informó que se dará paso a la apertura de las vías e hizo un llamado a las comunidades a replegarse a sus territorios, para salvaguardar la vida.
22 de octubre: UNORCAC anuncia que mantendrá la resistencia pese a comunicado de la CONAIE del fin del paro
La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) emitió un pronunciamiento en el que aclaró que no pertenece a la CONAIE y que, pese al anuncio de su presidente Marlon Vargas de dar por terminado el paro, mantendrán la resistencia en la provincia de Imbabura. En su comunicado, la organización confirmó que las vías en Cotacachi permanecerán cerradas y que el día de mañana realizarán una gran marcha que saldrá desde el centro de Cotacachi hasta el ingreso al cantón. Los dirigentes expresaron su preocupación por el anuncio del presidente de la República, quien ordenó el despliegue de toda la fuerza del Estado para reabrir las vías en Imbabura. Afirmaron que, pese al temor por posibles enfrentamientos, mantendrán su resistencia de manera pacífica, defendiendo su derecho a la protesta.
22 de octubre: Fuerzas Armadas hacen un barrido de la vía E35 para despejar el paso
Durante la tarde, dos convoyes de las Fuerzas Armadas iniciaron las labores de limpieza y despeje de la vía E35, uno avanzando desde Otavalo hacia Ibarra y otro en sentido contrario, desde Ibarra hacia Otavalo. La operación contó con el apoyo de maquinaria pesada que trabaja en la remoción de escombros, ramas y obstáculos que permanecían sobre la calzada tras 30 días de bloqueos. De igual manera, personal policial se mantiene desplegado a lo largo del corredor vial, garantizando el control de la zona y la seguridad del operativo.
Luego del paso del primer convoy moradores de San Rafael de la Laguna, en el cantón Otavalo salieron nuevamente a las vías y atacaron a los vehículos que se movilizaban pinchando neumáticos y afectando a parabrisas de los vehículos.
22 de octubre: FICI convoca a reunión de emergencia
La FICI anunció que iniciará la apertura de las vías en toda la provincia, luego de varias jornadas de diálogo con las comunidades. Con esta decisión, la FICI se convirtió en una de las últimas organizaciones en levantar el paro provincial que se extendió por casi un mes.
23 de octubre: Marcha por la dignidad en homenaje a la víctimas del Paro 2025
Esta mañana, distintas comunidades indígenas se congregaron a la entrada a Cotacachi para dar inicio a una marcha pacífica por la dignidad, convocada por la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi UNORCAC y la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura FICI. Bajo el lema “Por la memoria, la resistencia y la dignidad de nuestros pueblos”, los participantes avanzaron por la vía E35 con tambores, flautas, banderas y consignas, en homenaje a Efraín Fueres, José Guamán y Rosa Paqui, las tres personas que perdieron la vida durante las protestas sellando de este modo el fin del paro en Imbabura.
(Redacción Imbabura).- Tras varios días de tensión en Cotacachi, nueve militares fueron liberados la noche de ayer. En un video publicado en redes sociales, los efectivos agradecieron a la comunidad por el trato respetuoso recibido y señalaron que, según ellos, se evitó que se produjeran situaciones de violencia mayores durante su retención. Posteriormente, los uniformados regresaron a sus hogares junto a sus familias.
Aproximadamente a las 2:55 a. m. de hoy, tras un diálogo, se permitió la liberación de más militares que aún permanecían retenidos por manifestantes en distintas comunidades del cantón, logrando con esto la liberación total de todos los uniformados.
Todos los efectivos fueron trasladados en perfecto estado de salud por ambulancias del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja, asegurando así su retorno seguro a sus domicilios.
Los militares liberados corresponden a los nombres de: Subt. Andrés Uquillas, Sgop. Wilson Coronel, Cbop. Edgar López, Cbos. Lucio Tubon, Cbos. Bryan Lema, Sldr. Nacer Jipa, Sldr. Cristian Toaquiza, Sldr. Alex Chicaiza, Sldr. Angel Gonza, Sldr. Frederick Vinces, Sldr. Kevin Narváez, Sldr. Edison Cevallos, Sldr. Jonathan Paredes, Sldr. Anderson Bravo, Cbos. Franklin Gunsha, Sldr. Dario Banguera, Sgos. Robert Montaño.
Esta liberación fue posible gracias a los acercamientos con dirigentes de las diferentes comunidades.
(Redacción Ecuador).- El presidente Daniel Noboa anunció oficialmente la convocatoria a una nueva consulta popular que se realizará en diciembre de 2025. El proyecto incluye 7 preguntas clave que abordan reformas estructurales en política, justicia, economía y seguridad, con las que el Gobierno busca impulsar su visión de modernización institucional y atraer inversión extranjera.
Entre los temas más polémicos se encuentran la autorización para que fuerzas militares extranjeras operen en el país, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la posibilidad de permitir casinos en hoteles cinco estrellas como medida para reactivar el sector turístico.
Además, se propone eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, reducir el número de asambleístas, permitir el trabajo por horas en el sector turístico y habilitar la posibilidad de realizar juicios políticos a jueces de la Corte Constitucional, una de las instituciones clave del sistema judicial ecuatoriano.
El anuncio se realizó tras semanas de expectativa por parte de la ciudadanía, analistas y actores políticos, muchos de los cuales ya han comenzado a expresar sus posturas a favor o en contra de la consulta.
Según el presidente, estas reformas buscan «destrabar al país, generar empleo y fortalecer la democracia». Sin embargo, sectores sociales y opositores advierten que varias de las preguntas podrían poner en riesgo derechos ciudadanos y abrir la puerta a una concentración del poder.
Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas en diciembre de 2025 para responder cada una de las preguntas de forma individual, en un proceso que podría redefinir varios aspectos del funcionamiento del Estado.
Estas son las 7 preguntas de la nueva consulta popular:
1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la presencia de fuerzas militares extranjeras en el territorio ecuatoriano para combatir el crimen organizado transnacional?
2. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos?
3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y reestructurar el sistema de representación en la Asamblea Nacional?
4. ¿Está usted de acuerdo con permitir la instalación y funcionamiento de casinos exclusivamente en hoteles de cinco estrellas como incentivo turístico?
5. ¿Está usted de acuerdo con que se puedan realizar juicios políticos a los jueces de la Corte Constitucional?
6. ¿Está usted de acuerdo con permitir el trabajo por horas en el sector turístico como forma de fomentar el empleo?
7. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)?
(Redacción Urcuquí).- En una operación militar desplegada durante el fin de semana, el Ejército Ecuatoriano logró desarticular una compleja red de minería ilegal en la denominada Zona Minera Norte, ubicada en el sector de Buenos Aires, cantón Urcuquí. La intervención, que se ejecutó en tres áreas distintas dentro de la zona conocida como Mina Nueva, reveló el alto nivel de organización e infraestructura utilizada por los grupos dedicados a esta actividad ilícita.
Durante la operación, los uniformados hallaron una mega procesadora compuesta por tres trituradoras de material aurífero, quince piscinas de sedimentación, más de mil quinientos sacos de material aurífero y una central de poleas con motor, lo que evidencia la magnitud de la extracción clandestina. Además, se encontraron nueve generadores de electricidad, veintitrés canecas de gasolina, tanques de gas, cocinas improvisadas y alojamientos con capacidad para albergar a más de 150 personas, lo cual sugiere una operación a gran escala, sostenida y bien abastecida.
En otra zona del operativo se identificó un campamento con espacio para 40 personas y otra procesadora equipada con trituradoras, piscinas, tanques de agitación y nueve canecas de ácido, presumiblemente utilizadas para procesos químicos de separación del oro.
En un tercer punto, los militares encontraron más maquinaria: tres trituradoras, tanques de agitación y cientos de sacos con material aurífero listo para ser procesado, además de armas de fuego y uniformes militares.
Todo el material fue inhabilitado por personal especializado EOD del Ejército, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), como parte de las acciones de combate a la minería ilegal que afectan gravemente a los ecosistemas locales y a la seguridad de la región.
Según fuentes militares, esta intervención representa un duro golpe a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que operan en el sector, y forma parte de una serie de acciones estratégicas para recuperar el control del territorio y frenar el avance de economías criminales vinculadas a la minería ilegal.
(Redacción Imbabura).- Once militares ecuatorianos fallecieron este viernes 9 de mayo de 2025 durante una emboscada en el sector selvático de “Sardinas”, en Alto Punino, distrito Orellana – Loreto, en la frontera con Colombia. El equipo realizaba una operación contra la minería ilegal y la presencia de grupos armados conocidos como “comandos de frontera”, cuando fue atacado con explosivos y armas de fuego.
Entre los caídos se encuentran el teniente Jorge Alexander Andrade Bastidas y el cabo segundo Diego Orlando Lomas Ramírez, originarios de la provincia de Imbabura, lo que ha generado un profundo pesar en la comunidad local.
El Ministerio de Defensa confirmó que uno de los uniformados falleció en el Hospital Militar de Francisco de Orellana, mientras que los otros diez cuerpos permanecen aún en la zona del ataque, junto con el de un supuesto miembro del grupo armado abatido durante el enfrentamiento.
Estos son los nombres de los once militares fallecidos:
Tnte. José Luis Iza Sánchez Tnte. Jorge Alexander Andrade Bastidas (Imbabura) Sgto. Héctor Marcelo Mullo Bravo Cbo. 1ro. Walter Willian Andrango Toapanta Cbo. 2do. Diego Orlando Lomas Ramírez (Imbabura) Cbo. 2do. Víctor Adrián Vera Minga Cbo. 2do. Anthony Brayan González Canchig Cbo. 2do. Danilo Javier Caiza Torres Cbo. 2do. Jefferson Iván Alvarado Cerda Cbo. 2do. Georvi David Vega Jiménez Sldo. Marlon Rodrigo Guamushig Reysancho
Las autoridades ya desplegaron equipos de Fiscalía, DINASED y Criminalística en la zona para recuperar los cuerpos e iniciar las investigaciones.
El país entero se encuentra de luto. El Ministerio de Defensa calificó a los 11 uniformados como héroes que dieron su vida protegiendo al Ecuador.
(Redacción Imbabura).- Cerca de 300 indígenas de las comunidades Pastos, Awá y Quillasingas de Colombia bloquean el puente internacional de Rumichaca, en Ipiales, exigiendo la reconstrucción de dos pasos informales destruidos por el Ejército ecuatoriano el pasado 20 de febrero.
Los manifestantes aseguran que estos puentes eran fundamentales para el comercio, el acceso a la salud y la educación en la frontera. Mientras tanto, el Ejército de Ecuador sostiene que la medida responde a un aumento en actividades ilegales como tráfico de armas y extorsión.
El bloqueo afecta a viajeros que buscan alternativas para cruzar entre Colombia y Ecuador. Las comunidades han advertido que la protesta continuará hasta que las cancillerías de ambos países establezcan un diálogo y soluciones concretas.
El coronel Jorge Tello, comandante de la Brigada de Infantería 31 de Ecuador, explicó que la eliminación de estos pasos, ubicados en El Ojal y Puente Pano, busca mejorar el control fronterizo. Añadió que los operativos continuarán y que han mantenido conversaciones con comunidades del lado ecuatoriano.
Las organizaciones indígenas insisten en la urgencia de concertación entre ambos gobiernos para evitar una crisis en la zona.
(Redacción Ibarra).- En rueda de prensa el Gobernador de Imbabura Patricio Cervantes informó sobre las acciones que el Ejecutivo Desconcentrado ejecutará en Imbabura este feriado de carnaval del 2024, que inicia este sábado.
Cervantes informó que existe una calma relativa en la provincia de Imbabura, sin embargo existen varios eventos tradicionales de carnaval que han sido suspendidos para evitar aglomeraciones y puedan dar paso al cometimiento de hechos delictivos. «Imbabura está en semáforo verde, es una provincia tranquila, lista para recibir a todos los turistas que quieran disfrutar de este rincón del Ecuador, todos organismos de primera respuesta están activos para cualquier emergencia que se suscite» manifestó Cervantes.
La Policía Nacional, Ejército, Agentes Civiles de Tránsito y demás instituciones han movilizado todos los recursos y no existirán francos para ninguno del personal, para con esto completar los turnos de trabajo.
«Serán más de 1000 funcionarios públicos que estarán pendientes en este feriado de todo, desde los aspectos turísticos, de tránsito y seguridad que se requieren en Imbabura» finalizó Cervantes.
