(Redaccion Ecuador).- En el marco del conflicto arancelario que vive el país, uno de los productos en la lista de exportaciones a Colombia el arroz, atraviesa una fuerte sobreoferta mientras ya se habría comenzados con labores de cosecha de invierno 2026 en provincias como Los Ríos, Guayas, Manabí y Loja. El sector arrocero asegura que actualmente existe un inventario acumulado equivalente a cuatro meses de consumo nacional, una cifra considerada inusual para esta época del año.
Representantes de la industria explicaron que la crisis se originó tras el cierre del mercado colombiano desde marzo de 2026, situación que frenó las exportaciones ecuatorianas. Según datos del sector, en las piladoras del país permanecen almacenadas alrededor de 260 mil toneladas de arroz, cuando normalmente deberían existir cerca de 130 mil toneladas gracias a la salida constante del producto hacia Colombia.
La acumulación de inventario empezó a impactar directamente en los precios que reciben los agricultores, provocando preocupación y protestas de productores en varias zonas arroceras del país. Dirigentes del sector señalaron que muchas piladoras ya no tienen suficiente capacidad física ni liquidez para recibir nuevas cosechas, lo que incrementa el riesgo de una caída mayor en el valor del grano.
Frente a este escenario, el Gobierno activó un plan de intervención mediante la compra de 20 mil toneladas de arroz a pequeños y medianos productores. La medida busca estabilizar el mercado y evitar que el precio continúe bajando durante la cosecha de invierno. El Ministerio de Agricultura habilitó centros de acopio en Los Ríos y Guayas, mientras el Estado destinará cerca de 8 millones de dólares para este proceso.
Pese a ello, industriales y organizaciones arroceras consideran que la compra estatal sigue siendo insuficiente frente al volumen del excedente acumulado. En medio de esta crisis, el sector mantiene expectativas sobre una posible reactivación del comercio con Colombia, luego de que la Comunidad Andina (CAN) dispusiera que ambos países eliminen en un plazo de 10 días los aranceles recíprocos que desencadenaron tensiones comerciales. La resolución busca restablecer el intercambio normal entre Ecuador y Colombia, lo que podría aliviar la acumulación de arroz y reducir la presión sobre los precios en el mercado interno.
(Redacción Ibarra).- La Empresa Pública de Movilidad del Norte, Movidelnor, iniciará el proceso de matriculación vehicular 2026 a partir del próximo 19 de enero, dirigido a los propietarios de vehículos que no lograron cumplir con este trámite durante 2025 y a quienes desean hacerlo de forma anticipada antes del inicio de la calendarización obligatoria. Esta etapa permite a la ciudadanía ponerse al día con un requisito legal indispensable para la circulación, bajo las condiciones establecidas para el nuevo año fiscal.
Para acceder al servicio, los usuarios deberán cancelar los valores correspondientes a la matrícula y a la revisión técnica vehicular conforme al tarifario 2026. Con el objetivo de facilitar el proceso, Movidelnor habilitó desde el lunes pasado su sistema de generación de órdenes de pago y actualización de datos. Desde este martes la entidad recibe además trámites de emisión por primera vez.
Durante esta semana se ejecutarán las pruebas en pista junto al aliado estratégico Reviplus, como parte de los controles técnico-mecánicos que garantizan un servicio eficiente, oportuno y alineado con los estándares de seguridad vial. A esto se suma que, desde el 19 de enero, Movidelnor recibirá y coordinará la atención de matriculación en flota para los propietarios de vehículos de transporte público y comercial, con una planificación específica para este sector.
La gerente de Gestión Vehicular, Cristina Pomasqui, explicó que este proceso anticipado busca ordenar la demanda y brindar mejores tiempos de atención a los usuarios. Señaló que la revisión técnica constituye un pilar fundamental para verificar las condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos que circulan en territorio nacional, lo que permite reducir riesgos y proteger la vida de conductores, pasajeros y peatones.
Por su parte, el gerente general de Movidelnor, Santiago Chiriboga, invitó a la ciudadanía a realizar sus trámites a tiempo y aprovechar esta fase previa. Destacó que la institución se encuentra preparada en infraestructura, personal y sistemas para atender la demanda del proceso 2026, y reafirmó que cada revisión vehicular representa una acción concreta para cuidar la vida a través de vehículos en condiciones adecuadas.
Desde la ciudadanía, Lucio Terán, un usuario que acudió a realizar su trámite, valoró la apertura anticipada del proceso y señaló que resulta positivo ofrecer esta alternativa a quienes prefieren no esperar la calendarización por número de placa. Resaltó la importancia de la habilitación temprana del agendamiento, ya que permite planificar con orden, evitar filas y acceder a un servicio más ágil y organizado.
(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Paro 2025
Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.
La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.
Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:
En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.
Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:
Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.
Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.
El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.
Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :
En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.
Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.
(Redacción Imbabura).– Un nuevo hecho de violencia sacudió las vías de la Costa ecuatoriana. Según relataron los familiares de la víctima, procedente de la provincia de Imbabura, habría recibido un impacto de bala directo en la mandíbula, lo que le provocó una fractura grave. Otro proyectil habría rozado su cuello, incrementando la complejidad del cuadro. El hombre fue llevado a una casa de salud e intervenido quirúrgicamente y, debido a la gravedad de las lesiones, permanece con pronóstico reservado.
Este nuevo episodio pone nuevamente en evidencia la peligrosidad de las vías que conectan a la Costa con el resto del país. En los últimos meses se han registrado ataques armados contra buses interprovinciales, transporte pesado y camiones que trasladan productos o insumos hacia esa zona.
Transportistas de la zona norte, especialmente de las provincias de Imbabura y Carchi, han denunciado reiteradamente la falta de seguridad en las carreteras. Elevando desde septiembre de este año un pedido formal al Gobierno para reforzar la protección en las rutas; sin embargo, aseguran que la situación no ha mejorado.
(Redacción Imbabura).- Luego de que finalizara el paro nacional liderado por la Conaie, el Gobierno anunció medidas para reactivar la economía y el turismo en Imbabura. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, confirmó que el IVA se reducirá al 8% y se lanzará una campaña nacional para atraer visitantes, mientras se refuerza la seguridad con presencia policial y militar en la provincia.
“Estamos trabajando para que Imbabura vuelva a recibir turistas con tranquilidad y seguridad, a través de campañas de promoción y control permanente en las calles”, señaló Rovira en Ecuador TV.
Esta iniciativa busca atender las demandas de los sectores productivos locales, que registraron importantes pérdidas durante los 30 días de paralización. Los empresarios consideran esencial que la reducción del IVA se mantenga al menos seis meses para generar un efecto real en la recuperación económica.
El asambleísta por ADN, Fernando Jaramillo, indicó que aún se definirá la fecha exacta de aplicación de la medida, pero adelantó que el plan de reactivación tendrá seis meses de vigencia y contará con un presupuesto aproximado de 50 millones de dólares, destinado a apoyar a los afectados por el paro.
(Redacción Imbabura).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), reportó que Ecuador registró 5.268 homicidios en el primer semestre de 2025 (enero-julio), lo que representa un incremento del 47% respecto al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.753 casos. En lo que respecta a los homicidios intencionales por grupo etario, la estadística nacional evidencia que la población de mayor afectación son víctimas entre los 25 y 29 años, representando el 19,2 % del total de homicidios en el periodo de 2025.
Este lapso de siete meses se ha catalogado como el periodo más violento de la última década, en medio de una crisis de inseguridad marcada por la acción de carteles, mafias y grupos de delincuencia organizada, así como por la fragmentación de bandas criminales y la aparición de nuevas estructuras delictivas desde finales de 2024.
Frente a esta situación, el presidente Daniel Noboa ha decretado 13 estados de excepción y conmoción interna, siendo el más reciente el del 6 de agosto, que incluyó a seis provincias, en su mayoría ubicadas en la región Costa, debido al aumento de robos, homicidios y casos de sicariato.
En el caso de Imbabura, la provincia registra un 4,42% de participación en los homicidios por cada 100 mil habitantes, superando a territorios como Carchi, Loja, Napo, Morona Santiago y Azuay. La tasa provincial de homicidios pasó de 18 en 2024 a 22 en 2025, lo que refleja un aumento de 3,64 puntos respecto al año pasado.
Imbabura registró 4.42% en la tasa de homicidios en el país
En la capital imbabureña, la percepción ciudadana sobre robos, homicidios y delincuencia ha crecido. Entre enero y julio de 2025 se reportaron 15 homicidios, frente a los 12 del mismo periodo en 2024, lo que elevó la tasa provincial del 5,25% al 6,5%.
Cantones como Pimampiro e Ibarra sobresalen con una mayor tasa en la provincia (7,07% y 6,5%, respectivamente), mientras que Cotacachi, Otavalo y Antonio Ante muestran tasas muy bajas, incluso por debajo del promedio latinoamericano de 19,7 por cada 100 mil habitantes.
(Redacción Imbabura).- En la mancomunidad de la región norte, el irrespeto a las señales de tránsito sigue siendo una de las principales causas de siniestralidad vial. A nuestra redacción llegan periódicamente reportes ciudadanos sobre motociclistas que no respetan las señales de tránsito, generando intranquilidad entre los conductores. Según manifiestan, muchos motociclistas ignoran semáforos en rojo, no utilizan las direccionales al cambiar de carril y se cruzan entre autos de forma peligrosa. “El otro día, un motociclista se me atravesó sin frenar en una intersección y casi lo atropello. Si no hubiera estado atento, terminábamos en accidente”, relató Daniel Muñoz, conductor particular.
Según información proporcionada por la Empresa Pública de Movilidad del Norte (MOVIDELNOR-EP), el 54% de los accidentes registrados este año (19 casos) han sido ocasionados por no acatar señales como pares o semáforos. Aunque la cifra sigue siendo alta, representa una disminución en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 64 accidentes por causas similares.
Por otro lado, los vehículos particulares han protagonizado 27 siniestros en lo que va del año, de los cuales 13 (48%) también fueron causados por el irrespeto a la señalización vial, lo que evidencia un patrón preocupante de desobediencia en la vía.
En el caso de los scooters y motos eléctricas, se han registrado 6 accidentes en estos primeros cinco meses del año, relacionados especialmente con la falta de distancia entre vehículos, una infracción que compromete tanto a conductores como a peatones.
Al respecto, varios ciudadanos han expresado su inquietud por la circulación imprudente de scooters eléctricos, señalando que muchos usuarios se movilizan a altas velocidades y sin ningún tipo de protección como cascos o indumentaria reflectiva. “Conducen como si fuera una motocicleta, pero sin casco ni respeto por las normas. Es un peligro para todos”, comentó Sergio Rodriguez, vecino del sector El Olivo, en Ibarra.
