(Redaccion Ibarra).- La posible exposición de 14,8 millones de registros y más de 10,6 millones de imágenes en alta definición de cédulas y documentos oficiales volvió a poner sobre la mesa uno de los mayores temores en la era digital.
La advertencia, difundida por la organización Usuarios Digitales, apunta a información sensible vinculada a documentos oficiales ecuatorianos que presuntamente estaría siendo comercializada o compartida en espacios digitales. Aunque la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (Digercic) aseguró que la filtración no proviene de su infraestructura tecnológica actual, la magnitud del caso abrió cuestionamientos sobre la trazabilidad y protección histórica de los datos biométricos de la población.
La institución informó que activó sus protocolos de seguridad desde el pasado 4 de mayo y que, tras los primeros análisis, no se detectaron vulneraciones directas en sus sistemas. Según el Registro Civil, se investigan posibles fuentes externas relacionadas con registros históricos o integraciones con terceros.
El contexto no es menor. Entre 2024 y 2025, la entidad reportó haber enfrentado más de 3,5 millones de intentos de ataques cibernéticos provenientes de varios países, especialmente durante periodos previos a procesos electorales. Aunque los sistemas habrían neutralizado esos intentos, especialistas advierten que una filtración de datos biométricos podría facilitar delitos como suplantación de identidad, estafas financieras, falsificación documental e incluso redes de fraude internacional.
A esto se suman antecedentes que ya habían dejado dudas sobre la consistencia y seguridad del sistema registral ecuatoriano. Uno de los casos más delicados es el de Caitlan Nathaly Gómez Cervantes, una joven ecuatoriana que descubrió que, pese a tener cédula de identidad, su información no constaba correctamente en el Registro Civil. Durante un trámite migratorio encontró que el número de acta y tomo que le pertenecían aparecían registrados a nombre de otra persona, situación que terminó con la anulación de su cédula, pasaporte y registro electoral.
La preocupación no gira únicamente alrededor de una posible filtración, sino de las consecuencias que podría tener para millones de ciudadanos cuya información personal y biométrica forma parte de las bases de datos estatales.
(Redacción Ibarra).- El mercado Amazonas, uno de los principales puntos de concentración comercial y de abastecimiento en la ciudad de Ibarra y para la región norte del país, actualmente ya no cumple con las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento, tras más de 62 años de servicio.
Debido a su antigüedad y prolongado uso, presenta un evidente deterioro en su infraestructura, así como problemas de insalubridad, desorden y ocupación del espacio público en sus alrededores por parte de vendedores ambulantes. A esto se suman situaciones de inseguridad y la presencia de actividades ilícitas, factores que, con el paso del tiempo, han provocado que el mercado pierda funcionalidad y atractivo para los consumidores.
En este contexto, la construcción de un nuevo Mercado Amazonas en Ibarra se ha posicionado como una de las principales propuestas de campaña de varios candidatos que aspiran a la Alcaldía. Esta obra es presentada como una posible solución a las problemáticas actuales del comercio local y como una apuesta para reordenar, modernizar y dinamizar la actividad comercial en la ciudad.
Este ofrecimiento ha tomado mayor fuerza debido a la presencia de diversos precandidatos a la Alcaldía, quienes, en el marco de sus recorridos y propuestas, buscan captar el respaldo ciudadano de cara a las próximas elecciones. Entre ellos se mencionan Juan Árias, Álvaro Castillo Monge, José Moncayo, Juan Manuel Mantilla, Estefano Bolaños entre otros.
Sin embargo, esta no es una propuesta nueva. Su origen se remonta a administraciones anteriores, durante las cuales distintos alcaldes han pasado por el despacho municipal sin lograr concretar la construcción del nuevo Mercado Amazonas. De esta manera, el proyecto se ha mantenido a lo largo del tiempo como una deuda pendiente con la ciudad.
A continuación, se presenta un repaso de las administraciones que han abordado —sin concretar— este proyecto:
Pablo Jurado (2005–2009): Durante su administración ya se planteaba la necesidad de ordenar y modernizar el sistema de mercados, enmarcado dentro de una visión más amplia de planificación urbana. En ese contexto, se impulsó la idea de transformar los mercados tradicionales en espacios más organizados y funcionales, incluso con características propias de centros comerciales, buscando dejar atrás la percepción de desorden e insalubridad.
Para 2006 ya se hablaba de concentrar la actividad comercial en un solo lugar a través de un macro proyecto que contemplaba infraestructura moderna y la reubicación de comerciantes, incluidos los del mercado Amazonas, hacia el sector de La Playa. La iniciativa contaba con estudios y planos listos, pero su ejecución dependía de un financiamiento estimado en alrededor de 9 millones de dólares, recursos que no pudieron ser cubiertos por el presupuesto municipal y que quedaron sujetos a una eventual asignación del Estado.
Posteriormente, en 2009, en el marco de su campaña de reelección, Jurado también planteó la ampliación del mercado La Playa y la construcción de nuevos centros de abasto en sectores de crecimiento como Los Ceibos, Alpachaca y San Antonio, reforzando la idea de desconcentrar y reorganizar el sistema de mercados de la ciudad.
Jorge Martínez (2009–2014): Durante su administración se mantuvo en agenda la necesidad de reorganizar el sistema de mercados, aunque sin concretar una intervención estructural en el mercado Amazonas. Su gestión priorizó obras de regeneración urbana, entre ellas la construcción del bulevar en el centro de la ciudad, proyecto en el que se invirtieron alrededor de 6 millones de dólares. Si bien estas obras apuntaron a mejorar la imagen urbana y dinamizar el comercio, la problemática de los mercados tradicionales continuó sin una solución de fondo.
Álvaro Castillo (2014–2019): Durante su administración se impulsó la construcción de un nuevo mercado Amazonas en las inmediaciones de la terminal terrestre, como parte de una estrategia para reordenar el comercio en la ciudad. En 2015 se colocó la primera piedra y se inició la ejecución del proyecto, cuyo costo total se estimaba en alrededor de 7 millones de dólares. Sin embargo, la obra se vio afectada por un litigio con la familia Morejón relacionado con la propiedad de los terrenos, lo que frenó su avance. A pesar de haberse invertido cerca de 3 millones de dólares en la primera fase, los trabajos no pasaron de los cimientos y estructura inicial, quedando la obra inconclusa y sin cumplir el objetivo previsto.
Andrea Scacco (2019–2023): Durante su administración se retomó la intención de construir un nuevo mercado Amazonas; sin embargo, se planteó un cambio de enfoque, priorizando su ejecución por etapas o incluso analizando la posibilidad de intervenir en el mismo sitio del actual mercado. Su gestión se centró en la búsqueda de financiamiento externo para viabilizar el proyecto, pero no se logró concretar una inversión ni iniciar obras, por lo que la propuesta volvió a quedar en planificación sin ejecución.
Álvaro Castillo (2023–2027): En la actual administración se ha planteado la creación de un “Sistema de Mercados Centrales”, que contempla la construcción de un nuevo mercado Amazonas junto con infraestructura complementaria, como parte de un proyecto más amplio y estructurado. No obstante, la propuesta se ha mantenido en debate y ha enfrentado resistencia por parte de los comerciantes.
El 15 de julio del año pasado se realizó un proceso de socialización entre dirigentes del mercado y el alcalde, quien informó que no existe un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. En ese contexto, señaló que el Municipio se encuentra gestionando financiamiento a través de empresas internacionales, entre ellas una mexicana y otra española.
La iniciativa, impulsada por el alcalde y delegada a la empresa pública municipal Innova EP, contempla una inversión estimada de 70 millones de dólares mediante un modelo de alianza público-privada. De acuerdo con la planificación, se destinarían 50 millones para el mercado Amazonas, 18 millones para el centro comercial municipal La Playa y 2 millones para la plaza de servicios Amazonas.
Sin embargo, hasta la fecha, la propuesta no se ha concretado y, considerando que la actual administración está próxima a culminar su periodo, su ejecución en el corto plazo resulta poco probable.
(Redacción Ibarra).- Un hecho poco común generó sorpresa entre la comunidad universitaria de la Universidad Técnica del Norte, luego de que varios estudiantes reportaran el avistamiento de un lobo de páramo o zorro andino (Lycalopex Culpaeus) dentro de las instalaciones del campus.
El animal fue captado en video durante horas de la mañana de ayer, mientras recorría áreas cercanas a las zonas verdes de la institución. Este tipo de avistamientos podría estar vinculado a la expansión urbana sobre hábitats naturales, ya que la búsqueda de alimento puede llevar a ciertas especies a desplazarse hacia entornos urbanos.
Un antecedente similar se registró en el año 2016, cuando, alrededor de las 06:30 de la mañana, un lobo de páramo sorprendió a los habitantes de una vivienda cercana al Mercado Amazonas. En aquella ocasión, la Policía Ambiental acudió de inmediato para intentar capturar al animal. Sin embargo, su agilidad le permitió escapar momentáneamente, desplazándose hasta la calle Obispo Mosquera, donde decenas de comerciantes y transeúntes colaboraron con las autoridades para finalmente lograr su captura. Posteriormente, se lo liberó en la reserva Cotacachi Cayapas, según información del Ministerio de Ambiente.
Hasta el momento, las autoridades universitarias no han emitido un pronunciamiento oficial. No obstante, se recomienda a los estudiantes mantener la calma, evitar cualquier tipo de acercamiento al animal y reportar de inmediato nuevos avistamientos, a fin de que la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA), junto con personal del Ministerio del Ambiente, puedan intervenir de manera oportuna y poner a buen recaudo al espécimen.
(Redacción Ecuador).- El pasado 27 de marzo, tras 19 días de paralización en la frontera norte, Ecuador restableció el tránsito en el corredor Ipiales–Rumichaca. No obstante, y según datos oficiales, la crisis no solo dejó afectaciones logísticas, sino también un resultado inesperado: un giro histórico en la balanza comercial con Colombia.
De acuerdo con el Ministerio de la Producción de Ecuador, por primera vez en más de 25 años, Ecuador exporta más de lo que importa desde Colombia. Entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 2026, el país pasó de un déficit de 145,9 millones de dólares en 2025 a un superávit de 62,9 millones en el mismo periodo de 2026.
Este resultado coincide con la implementación de medidas comerciales por parte del Gobierno ecuatoriano, que incluyeron la aplicación de aranceles del 30% a productos colombianos desde el 1 de febrero, incrementados al 50% a partir de marzo.
Según cifras del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador:
Las exportaciones ecuatorianas crecieron un 32% respecto a 2025
Las importaciones desde Colombia se redujeron en un 56,7%
El volumen exportado alcanzó los 187,7 millones de dólares
Este comportamiento permitió revertir una tendencia histórica de dependencia comercial.
El paro fronterizo, impulsado por gremios colombianos en respuesta a los aranceles ecuatorianos, contribuyó indirectamente a la reducción de importaciones y al fortalecimiento del mercado interno ecuatoriano. Tras el levantamiento del paro, las autoridades de ambos países retomaron el diálogo. En una reunión junto a la Comunidad Andina, se abordaron temas clave como comercio, seguridad fronteriza y cooperación bilateral.
La canciller Gabriela Sommerfeld señaló que el proceso continuará en una fase técnica, aunque reconoció que las tensiones comerciales persisten. Si bien las cifras reflejan un resultado positivo en el corto plazo, el escenario aún es incierto. Los aranceles se mantienen vigentes, y expertos advierten que el desafío será sostener este superávit sin afectar la relación comercial ni el abastecimiento.
(Redacción Otavalo).- En el marco de la acción de protección presentada a favor de la conservación del río El Tejar, causa N.º 10282-2024-00138, se inició un proceso judicial que marcó un antes y un después en la defensa ambiental del cantón Otavalo. La demanda fue impulsada a finales de 2024 por dirigentes barriales, entre ellos representantes del barrio Los Portales, y el colectivo Unidos por la Pacha Mama, quienes denunciaron la constante contaminación del afluente y la inacción institucional frente a las descargas de aguas servidas.
Durante la audiencia desarrollada el 1 de mayo de 2024, la Procuraduría del Municipio de Otavalo aseguró que no existía contaminación en el río, mientras que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) sostuvo que, de existir, los niveles serían “aceptables”. Ante estas afirmaciones, el juez constitucional resolvió suspender la audiencia y dispuso la práctica de dos diligencias clave: una inspección judicial para constatar de manera directa el estado del cauce y un análisis químico exhaustivo de las aguas, con el fin de determinar el grado real de contaminación.
El proceso avanzó y, en febrero de 2025, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificó la sentencia que declaró al río El Tejar sujeto de derechos, determinando responsabilidades directas del Municipio de Otavalo y de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo por negligencia prolongada en el manejo del sistema de alcantarillado y el control de descargas contaminantes. El fallo ordenó medidas de reparación integral a corto, mediano y largo plazo, así como disculpas públicas por décadas de omisiones.
El origen estructural del problema se remonta a 2010, cuando se formuló el proyecto para la construcción de los colectores marginales del interceptor del río El Tejar (margen derecho) y la primera etapa del sistema de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Otavalo. Esta obra, concebida para captar las descargas del casco urbano y evitar que las aguas residuales se viertan directamente al cauce, quedó inconclusa hace más de catorce años. En febrero de 2025 se destinaron aproximadamente 45 mil dólares para actualizar los estudios orientados a la construcción de los colectores marginales y a la segunda etapa del tratamiento de aguas servidas. No obstante, un año después no se concretó la contratación correspondiente, lo que, según los accionantes, implicó un año adicional de contaminación continua. En noviembre de 2025, mediante consulta formal, se solicitó al Municipio la certificación de incorporación presupuestaria en la proforma 2026 para la construcción del sistema de colectores. La respuesta municipal detalló asignaciones para monitoreos ambientales, la adquisición de un dron con licencias y certificaciones por 12 mil dólares y la contratación de servicios profesionales para educación ambiental por 10.846 dólares; sin embargo, no precisó recursos destinados directamente a la construcción de los colectores marginales, infraestructura considerada esencial para frenar las descargas contaminantes.
En 2010 se estimó para la primera etapa una inversión de 7 millones de dólares; sin embargo, ante la limitada capacidad de endeudamiento, se asignaron únicamente 2 millones. Para 2025 debía haberse completado dicha inversión, pero actualmente se calcula que se requerirían alrededor de 7 millones de dólares para ejecutar integralmente el sistema.
El 31 de diciembre de 2025, dentro de la misma causa, el juez constitucional recordó a las entidades accionadas que el 13 de marzo de 2026 debían presentar los resultados correspondientes a las medidas de corto plazo, advirtiendo que, de no hacerlo, el despacho judicial aplicaría las facultades coercitivas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. En el sector de El Batán se tomaron muestras por parte del GAD y EMAPAO para demostrar técnicamente que la calidad del agua había mejorado.
Desde mediados de enero de 2026 se ejecutaron trabajos de limpieza y mantenimiento de pozos de revisión y alcantarillado en varios sectores de la ciudad. El 9 de febrero se intervino el denominado punto Z2, en las calles Ricaurte y Colón, sector El Batán, donde se realizó limpieza de rejillas, sumideros y pozos, además de redireccionar aguas servidas hacia la Planta de Tratamiento La Fuente de la Salud, ubicada en el sector San Eloy. Previamente, se había intervenido el sistema de aguas residuales del mercado 24 de Mayo.
El 22 de febrero de 2026, EMAPAO anunció la culminación de las intervenciones técnicas orientadas a eliminar las descargas directas en cinco zonas específicas: Segundo Castro, Abdón Calderón, Antonio Ricaurte, Cristóbal Colón y la avenida Luis Cisneros. Se ejecutaron nuevas interconexiones, mantenimiento de colectores, adecuación de estructuras pluviales y actualización del catastro de redes. Según declaraciones oficiales, la Alcaldía destinó más de 640 mil dólares para estos trabajos, cuyo plazo concluía el 13 de marzo de 2026, fecha en la que debía justificarse judicialmente la descontaminación del cauce en El Batán.
La sentencia también dispuso la elaboración de una planificación complementaria con participación ciudadana para la protección y recuperación del río, así como la proyección de un parque lineal en la quebrada El Tejar. Paralelamente, se encuentra en fase precontractual la consultoría para el rediseño y actualización de los estudios definitivos de alcantarillado mixto, encauzamiento de aguas y protección de laderas.
Con la declaratoria de sujeto de derechos y el seguimiento judicial permanente, el río El Tejar deja de depender únicamente de decisiones administrativas y pasa a estar amparado por una obligación legal de cumplimiento obligatorio. El proceso, que inició con la negación de la contaminación y avanzó hacia la constatación técnica y la imposición de medidas estructurales, marca un precedente en la defensa ambiental del cantón y mantiene bajo vigilancia el cumplimiento efectivo de las obras que, por más de una década, quedaron pendientes.
(Redacción Carchi).- Un juez de Garantías Penales de la provincia del Carchi dispuso la libertad de dos ciudadanos detenidos durante el operativo “Renacer”, en el que la Policía Nacional incautó más de 22 millones de dosis de ketamina en Tulcán.
El decomiso se realizó el pasado 23 de enero, en el sector Julio Andrade, cuando agentes policiales interceptaron un camión que transportaba la sustancia oculta bajo bloques en la parte posterior del vehículo, con el objetivo de evadir los controles de seguridad en la ruta hacia el norte del país.
Los aprehendidos, un ciudadano ecuatoriano y otro de nacionalidad colombiana, identificados como Luis L. y Pedro C., fueron puestos en libertad tras la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Pese al volumen récord de ketamina incautada, el juez dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Según las autoridades, el valor estimado de la sustancia supera los USD 324.000 en el mercado ecuatoriano, mientras que en otros países de la región podría alcanzar hasta USD 432.000 en Colombia y USD 216.000 en Perú. El camión utilizado para el transporte también fue decomisado como parte de la investigación.
La Policía Nacional expresó su profunda inconformidad con la decisión judicial. Un vocero de la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas (UNISC) señaló que resulta preocupante que una cantidad tan significativa de ketamina no haya ameritado prisión preventiva. “Se trata de una sustancia controlada, utilizada como precursor para drogas sintéticas y con alto riesgo para la salud pública. Este tipo de resoluciones envía un mensaje equivocado en la lucha contra el narcotráfico”, afirmó.
La ketamina es un anestésico de uso médico y veterinario legítimo; sin embargo, en algunos países se ha popularizado como droga recreativa, conocida comúnmente como “kit kat”. Los usuarios han señalado que esta sustancia produce efectos similares a los de la PCP, generando distorsiones en la percepción visual y auditiva, así como una marcada sensación de desconexión y pérdida de control. Su consumo puede afectar los sentidos, el juicio y la coordinación hasta por 24 horas después de la ingesta, aunque los efectos alucinógenos más intensos suelen presentarse durante un lapso de entre 45 y 90 minutos.
En volúmenes como el decomisado, la ketamina suele utilizarse como precursor en la fabricación de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo y sus análogos, lo que representa una amenaza creciente para la región, según alertas emitidas por organismos internacionales como la ONU y la DEA.
La Fiscalía General del Estado anunció que apelará la decisión judicial y continuará con las investigaciones para determinar la ruta, el destino final de la sustancia y posibles vínculos con redes criminales transnacionales. Los indicios, incluidos los frascos plásticos y el embalaje, serán sometidos a peritajes químicos especializados.
(Redacción Ibarra).- Ayer en horas de la tarde, la Policía Nacional allanó un domicilio en el sector de Caranqui, donde fue detenido en flagrancia un ciudadano venezolano sin antecedentes penales, quien admitió pertenecer al grupo delictivo “Los Lobos”.
Dentro del inmueble, los agentes encontraron un importante acopio de droga: 635 gramos de marihuana, 4 kilos de heroína y 1 kilo de cocaína. El operativo también reveló un arsenal de alto poder compuesto por cuatro armas de fuego de fabricación industrial calibres 2.23 y 7.62, más de dos mil municiones y chalecos antibalas nivel IV, un equipo que —según las autoridades— ni siquiera la Policía Nacional posee debido a que está diseñado para resistir armas de grueso calibre.
La intervención también permitió incautar 37 granadas explosivas de uso bélico, otras 22 granadas adicionales, un vehículo con doble fondo utilizado para el transporte de armas y droga, y una motocicleta asociada a estas actividades ilícitas.
El general Víctor Herrera Leiva señaló que el operativo evitó que más de 12 millones de dosis llegaran al mercado ilegal, y una cantidad alarmante de municiones, presumiblemente para abastecer al crimen organizado. El eje investigativo continúa analizando el propósito de este acopio y el destino dentro del país que tendría el material incautado.
(Redacción Ibarra).- Comercial Hidrobo S.A. anunció que durante todo noviembre mantendrá los beneficios de feria en todos sus concesionarios de Ibarra, y que este sábado y domingo realizará una Casa Abierta con horario extendido, ofreciendo atención personalizada, actividades especiales y acceso directo a las promociones del mes.
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(Redacción Otavalo).- En el mercado 24 de Mayo, uno de los principales centros de abasto de Otavalo, los comerciantes enfrentan una reducción significativa en sus ingresos. Aunque la ciudad registró un movimiento turístico durante el feriado, la afluencia no se tradujo en mayores ventas. Decenas de familias que dependen del comercio minorista aseguran que sus productos se mantienen en los puestos mientras que los visitantes prefieren recorrer o comprar en espacios informales.
Esta mañana, un grupo de vendedores expresó su descontento y amenazaron con retornar a las antiguas instalaciones del mercado 24 de Mayo, ubicadas entre las calles 31 de Octubre y la actual Plaza Cívica, alegando afectaciones por la escasa demanda, la competencia del comercio ambulante y la falta de apoyo municipal.
Ante esta situación, el Municipio de Otavalo dispuso el vallado de la calle Abdón Calderón para impedir nuevas ocupaciones informales. La medida podría ampliarse hacia la calle 31 de Octubre y los alrededores del terminal terrestre, con el objetivo de mantener el orden y recuperar el control del espacio público.
(Redacción Imbabura).– Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador, la mañana del sábado 2 de agosto, logró un importante golpe al narcotráfico en la provincia. La acción se desarrolló en el sector de Tababuela, durante un control vehicular coordinado por el Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC) y su Unidad Canina especializada.
El vehículo, un camión de transporte pesado que se desplazaba desde el cantón Bolívar, en la provincia del Carchi, con destino a Guayaquil, fue detenido tras detectarse una actitud sospechosa por parte de su conductor. Aplicando técnicas de perfilamiento, los uniformados decidieron realizar una inspección minuciosa.
Fue el can detector «Azan» quien marcó una zona específica del automotor, lo que llevó a descubrir un compartimento oculto en su estructura. En el doble fondo, los agentes encontraron 241 paquetes tipo ladrillo, con un logotipo negro, que presuntamente contenían clorhidrato de cocaína. La carga tendría un peso total de aproximadamente 241 kilos.
Según estimaciones preliminares, en el mercado nacional cada kilo de cocaína estaría valorado en aproximadamente 2 mil dólares, mientras que su comercialización en el extranjero habría representado una ganancia ilícita cercana a los 10 millones de dólares. El conductor, identificado como Paul P., de 26 años, ciudadano ecuatoriano oriundo de Ambato, fue aprehendido en el lugar y puesto a órdenes de las autoridades competentes.
