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Marcha ciudadana exige justicia y acciones inmediatas a las autoridades sobre la muerte de Deyran P. en Ibarra

(Redacción Ibarra).- El cuerpo sin vida de Deyran P. C., de 15 años, fue hallado cerca de las 16:30 del jueves 5 de febrero en el sector del Anillo Vial, en la intersección de las calles Latacunga y Calle 5, al norte de Ibarra, según información proporcionada por el ECU 911. Posteriormente, el adolescente fue identificado por sus familiares, quienes lo habían reportado como desaparecido desde la noche del lunes 2 de febrero.

Puede ser una imagen de texto que dice "DESAPARECIDO PALACIOS DESAPARECIÓ EL 02 DE FEBRERO DE 2026 DEYRAN DEYRAN ALEXANDER IMBABURA, IBARRA, ALPACHACA AYÚDANOS A ENCONTRARLO D E T o 1800 335486 ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD Ministerio del Interior FGE DENEA យេសេ្ត"

Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Secuestros, Extorsión y Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes. De acuerdo con información preliminar, el caso es tratado como una muerte violenta.

Deyran vivía en el barrio Santa Teresita de Alpachaca y era el hijo menor de Evelyn C. Según el testimonio de su familia, el joven salió de su domicilio alrededor de las 15:00 del lunes 2 de febrero con destino al sector de San Benito de Palermo, donde iba a visitar a unos familiares. Cerca de las 21:00, su teléfono celular se apagó y no se volvió a tener noticias de su paradero.

El jueves 5 de febrero la madre de Deyran, con varios familiares y vecinos recorrieron desde el último lugar donde fue visto el joven y continuaron por el Anillo Vial, desde el redondel de Santa Teresita hasta el estadio La Cocha, en el sector de Lomas de Azaya. Durante la búsqueda, una mujer y un hombre en situación de calle habrían alertado sobre un posible punto donde podría encontrarse el joven. Cerca de ese lugar, entre la maleza, fue localizado el cuerpo con visibles laceraciones en el rostro.

Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra, para la realización de las investigaciones forenses correspondientes. Más tarde, fue trasladado a la ciudad de Esmeraldas, donde se practicó la autopsia de rigor, con el objetivo de identificar y recolectar muestras de ADN en el cuerpo.

El cuerpo de Deyran presentaba signos evidentes de violencia, entre ellos el uso de objetos cortantes que habrían provocado lesiones en las extremidades, así como armas blancas, con una posible herida cercana al pecho. Además, se investigó el presunto uso de sustancias químicas, aparentemente ácido, en el rostro, lo que habría sido empleado para dificultar su reconocimiento, según relataron sus familiares.

Con los nombres señalados por vecinos y testigos, la familia logró ubicar a tres sospechosos, quienes fueron trasladados al comando policial. En este punto, no se descartó una presunta participación de los tres implicados en una posible violación grupal.

En el lugar, los tres sospechosos se habrían estado generando acusaciones entre ellos y brindando versiones contradictorias, lo que derivó horas después en que fueran puestos en libertad por disposición de la Fiscalía, debido a que había transcurrido el plazo legal de las 24 horas de flagrancia.

Por su parte, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron públicamente el asesinato de Deyran, a quien identifican como una adolescente trans de 15 años. De acuerdo con la información difundida por la Asociación Silueta X, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ y otros colectivos de la diversidad, el cuerpo presentaba indicios de tortura y violencia severa.

Desde una perspectiva técnica y legal, expresaron su preocupación por lo que califican como una respuesta institucional lenta, indicando que la dilación en los tiempos de búsqueda y captura habría permitido que los sospechosos evadieran la detención en flagrancia. También alertaron sobre la falta de un enfoque de género y diversidad en el tratamiento inicial del caso.

En un comunicado conjunto, exigieron al Estado ecuatoriano que el crimen no sea tratado como un delito común y solicitaron acciones concretas, entre ellas: el respeto a la identidad de género de la víctima en los procesos judiciales y en la cobertura mediática, la ejecución inmediata de órdenes de captura contra los presuntos responsables y garantías de protección para las personas que han brindado información clave. Finalmente, las organizaciones recalcaron que este caso se suma a otros hechos de violencia contra personas trans en el país.

Ante estos hechos, la familia, junto a vecinos y diversos colectivos, anunciaron una marcha pacífica que se realizará esta tarde desde las 15:00, partiendo desde el sector de Santa Teresita de Alpachaca, con el objetivo de exigir justicia y respuestas claras por parte de las autoridades.

Imbabura cierra 2025 entre crisis política y la llegada de un nuevo gobernador

(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Paro 2025

Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.

La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.

Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:

En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.

Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:

Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.

Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.

El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.

Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :

En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.

Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.

Opinión: ¿Cuál es el camino para los medios públicos?

Por Rubén Darío Buitrón

El rol del periodista en los medios privados no es nuevo, así que no tiene mucho sentido quedarse en este punto.

Ese periodista obedece supuestas o reales líneas editoriales que, en realidad, no son rectas sino sinuosas: van en la dirección en la que caminan los grandes intereses económicos y políticos de los dueños de las empresas mediáticas. Leer Más