(Redacción Ecuador).- El avance acelerado de la Inteligencia Artificial ha traído consigo herramientas capaces de crear imágenes, audios y videos hiperrealistas en cuestión de segundos. Sin embargo, este progreso también ha abierto una preocupante puerta a la generación de contenido íntimo falso —conocido como deepfake— utilizado para acosar, humillar y extorsionar a las personas.

Hoy, cualquier usuario con acceso a ciertas aplicaciones puede tomar una fotografía real y, mediante IA, alterarla para simular desnudos o situaciones sexuales inexistentes. Este tipo de manipulación, además de vulnerar gravemente la privacidad y la dignidad de las víctimas, se ha convertido en un método de presión y extorsión ya que los agresores amenazan con difundir el material si no reciben dinero, favores o silencio.

Este fenómeno, cada vez más frecuente, cobra especial relevancia tras un posible caso registrado en la Unidad Educativa San Roque en el cantón Otavalo. Durante una asamblea de padres de familia realizada el jueves 23 de abril, se denunció que un estudiante de octavo año habría utilizado herramientas de Inteligencia Artificial para manipular fotografías de sus compañeros, generando contenido inapropiado que no solo circuló dentro del plantel, sino que, según los representantes, incluso habría sido comercializado.

La reacción fue inmediata. Padres del curso afectado calificaron el hecho como una grave vulneración a la dignidad de los menores y anunciaron acciones legales tanto contra el estudiante implicado como contra la institución, señalando una falta de control y protección.

La reunión se tornó tensa cuando el padre del menor acusado exigió pruebas antes de aceptar sanciones. Además, se mencionó que el estudiante pertenecería a un grupo con discapacidad, lo que añade complejidad al manejo del caso desde el punto de vista disciplinario y jurídico.

Ante la gravedad de la situación, los padres han advertido con un retiro masivo de alumnos si no se garantizan cambios inmediatos. La crisis ya ha derivado en el anuncio de modificaciones en el rectorado y ha puesto en debate incluso la posibilidad de recurrir a mecanismos como la justicia indígena.

El artículo 166-A del Código Orgánico Integral Penal se establece que la persona que, sin consentimiento, difunda, publique, comparta o entregue a terceros imágenes, audios o videos de carácter íntimo o sexual de otra persona, vulnerando su privacidad, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a seis años, la cual puede agravarse si concurren circunstancias como relación de confianza, finalidad de daño o difusión masiva del contenido.

En el caso de contenido íntimo falso generado con inteligencia artificial, como el ya mencionado “deepfakes”, puede ser sancionado bajo varias figuras del COIP pese a que la normativa no lo regula de forma expresa. En la práctica, estos casos pueden configurarse como delitos de extorsión o extorsión sexual cuando existe chantaje, así como infracciones contra el honor —como la calumnia— si se afecta la reputación de la víctima, e incluso vulneración a la intimidad según las circunstancias.

El caso de Otavalo no es aislado, sino un reflejo de una problemática creciente en la manipulación de la Inteligencia Artificial como herramienta de daño.