(Redacción Pimampiro).- El cantón Pimampiro se prepara para vivir una de sus manifestaciones culturales más representativas del año: el “trueque” o “cambeo”, una práctica ancestral andina que fomenta el intercambio de productos sin el uso de dinero. Esta tradición cobra especial relevancia en esta época, en vísperas de la elaboración de la fanesca en Ecuador.
El trueque consiste en el intercambio directo de productos agrícolas, saberes, experiencias y costumbres, basado en la confianza y la palabra. Esta tradición, transmitida de generación en generación, refleja valores fundamentales como la reciprocidad, la solidaridad, el diálogo y el encuentro comunitario.
Cada año, este evento congrega a más de cuatro mil personas provenientes de distintas regiones del Ecuador. Este año, particularmente, debido al conflicto binacional con Colombia y al cierre fronterizo, existirá ausencia de visitantes del sur del vecino país. En 2017, el trueque fue incorporado a la Lista Representativa de Patrimonios Culturales Inmateriales del Ecuador, tras un proceso de investigación impulsado por instituciones locales y nacionales.
En este marco, la programación 2026 se desarrollará del 23 al 28 de marzo, con la participación de instituciones educativas, gestores culturales, artistas y público en general.
Agenda de actividades
• Lunes 23 de marzo “Uniendo Raíces” – Jornada cultural de la canción estudiantil Hora: 09h00 a 11h30 Lugar: Teatro Humboldt
• Martes 24 de marzo “Voces y gestos de nuestra tierra” – Encuentro estudiantil de oratoria y teatro Hora: 09h00 a 11h30 Lugar: Teatro Humboldt
• Miércoles 25 de marzo “El sol en movimiento” – Encuentro cultural de danza inter escolar Hora: 09h00 a 11h30 Lugar: Teatro Humboldt
• Jueves 26 de marzo “Herederos del Trueque” – Encuentro intercultural de unidades educativas del cantón Hora: 08h00 a 11h00 Lugar: Polideportivo
• Viernes 27 de marzo Manifestación Cultural “Trueque del Sol 2026” Hora: 08h00 Lugar: Polideportivo
• Sábado 28 de marzo “Raíces vivas” – Jornada de expresiones culturales Hora: 17h00 a 19h00 Lugar: Teatro Humboldt
La Alcaldía de Pimampiro extendió la invitación a ciudadanos y visitantes a ser parte de esta celebración que mantiene vivas las raíces culturales y promueve el buen vivir.
(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Paro 2025
Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.
La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.
Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:
En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.
Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:
Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.
Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.
El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.
Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :
En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.
Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.
(Redacción Otavalo).- Esta mañana, la alcaldesa de Otavalo se dirigió a la población en una asamblea pública, en medio de un clima de incertidumbre y confrontación que mantiene la provincia.
Manifestó que, durante los primeros días de las paralizaciones, junto a los concejales del cantón, se intentó instalar una mesa de diálogo con el gobierno y los líderes indígenas, pero los esfuerzos no fueron fructíferos. Además, relató que, en un intento de avanzar en el diálogo, la Gobernación de Imbabura le cerró sus puertas, pese a ser ella una autoridad.
Respecto a la reunión de ayer, la alcaldesa confirmó su participación en los acuerdos para la liberación de los detenidos, quienes regresaron a la provincia para continuar sus procesos legales. Además, detalló los compromisos alcanzados, que incluyen indemnizar a los familiares de las dos personas fallecidas (Efraín Fúeres y José Guaman) y brindar atención inmediata a los heridos durante los disturbios.
Sobre el polémico Decreto 126, que elimina el subsidio al diésel, señaló que no fue abordado durante el diálogo, ya que las autoridades presentes no tenían poder de decisión, dejando el tema en el limbo. Asimismo, anunció que los líderes de las comunidades deberán instalar una asamblea permanente en territorio, con el objetivo de socializar los temas, analizar el decreto y finalmente presentar sus propuestas el día lunes frente a autoridades y la ministra de Gobierno.
La alcaldesa defendió la actuación de los líderes indígenas, asegurando que nunca se “vendieron” al gobierno, como algunos miembros de las comunidades habían denunciado el día de ayer. Señaló que su papel en la reunión fue únicamente el de veedora, garantizando que se cumplieran los planteamientos de ambas partes. Además, hizo un llamado a respetar a los líderes comunitarios y a mantener la estructura de la organización indígena, exhortando a fortalecer la unidad de Otavalo.
Pese a los anuncios del gobierno, la alcaldesa advirtió que el paro no ha terminado y que los acuerdos alcanzados representan solo los primeros pasos de un diálogo aún marcado por la tensión.
Anabel Hermosa recibió múltiples comentarios de indignación y rechazo por parte de los dirigentes indígenas, quienes denunciaron que permitió el ingreso de militares para reprimir al pueblo, un hecho que ha generado gran malestar entre la población otavaleña. La tensión escaló al punto de que numerosos asistentes calificaron la acción como una traición a la comunidad y un ataque directo a los derechos de los manifestantes.
(Redacción Ibarra).- El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado tras la suspensión del servicio de agua potable en Ibarra, ocurrida el pasado 28 de septiembre de 2025.
Según la institución, en redes sociales circularon videos que muestran a un grupo de personas dañando intencionalmente tuberías del sistema de distribución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA). La rotura se produjo debajo del puente de Rumipamba, lo que provocó la suspensión del servicio en varios sectores de las parroquias La Esperanza y Caranqui, además de una reducción en la presión del agua en otras zonas de la ciudad. Las cuadrillas de obreros de EMAPA no pudieron acceder al punto afectado para realizar la reparación debido a la presencia de manifestantes, por lo que el servicio permaneció interrumpido hasta el día siguiente.
La denuncia se sustenta en el presunto delito de paralización de servicio público, contemplado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El MAE manifestó su rechazo a cualquier acción que atente contra la infraestructura pública y que ponga en riesgo derechos fundamentales, como el acceso al agua potable. Asimismo, ratificó el compromiso del Gobierno Nacional de proteger los servicios básicos y garantizar que la población tenga acceso a este recurso vital en todo el país.
(Redacción Ibarra).- La mañana de este martes se realizó el traslado de tres ciudadanos procesados en el contexto de las recientes manifestaciones. Bajo resguardo policial, arribaron en un helicóptero militar a la ciudad de Ibarra, los detenidos corresponden a los nombres de Alfredo P., Luis C. y Diego L.
Según información oficial, a los procesados se les practicó una revisión médica al momento de su arribo, constatándose que se encuentran en buen estado de salud.
El traslado desde la ciudad de Manta se efectuó con el fin de que los ciudadanos continúen su proceso legal en esta jurisdicción. Ellos forman parte del grupo de 12 personas aprehendidas durante las movilizaciones.
