(Redacción Imbabura).- La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, se dirigió a sus simpatizantes desde la sede de campaña en Quito la noche de este domingo, tras conocerse los resultados preliminares que otorgan la victoria al presidente Daniel Noboa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
González expresó su desacuerdo con los resultados y solicitó la apertura de las urnas para verificar posibles inconsistencias. Afirmó que, a pesar del despliegue de control electoral de su partido en todo el país, se han detectado datos que no coinciden con las actas oficiales.
«No reconocemos los resultados», declaró González, instando a las autoridades electorales a revisar el proceso de escrutinio. Estas declaraciones han generado diversas reacciones en el ámbito político, con algunos analistas advirtiendo que podrían incitar a movilizaciones sociales en un contexto de alta polarización.
Según el Consejo Nacional Electoral, con más del 85% de las actas escrutadas, Daniel Noboa lidera con aproximadamente el 56% de los votos, mientras que González alcanza cerca del 44%, lo que representa una diferencia de más de un millón de sufragios.
La comunidad internacional y observadores electorales han instado a todas las partes a respetar los resultados y a canalizar cualquier reclamo a través de los mecanismos legales establecidos, para garantizar la estabilidad democrática del país.
(Redacción Imbabura).- En el marco de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo 9 de febrero de 2025, con la totalidad de actas escrutadas, se confirma la asignación de los cuatro escaños para la Asamblea Nacional en representación de la provincia de Imbabura. Pamela Aguirre, del movimiento RC5, obtiene el primer escaño, consolidándose como la candidata con más votos. En segundo lugar, se ubica Fernando Jaramillo del movimiento ADN; Fernando de la Torre, también de Revolución Ciudadana (RC5), se adjudica el tercer curul, mientras que Pablo Jurado, del movimiento Construye, ocupará el cuarto escaño.
A continuación, presentamos el perfil de los nuevos asambleístas que representarán a nuestra provincia para el siguiente período legislativo.
Pamela Alejandra Aguirre Zambonino (41 años) Asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana RC5 Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito político; se graduó en 2013 como Licenciada en Ciencias Jurídicas y Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en 2020 obtuvo una Maestría en Asesoría de Imagen y Consultoría Política por la Universidad Camilo José Cela. En el sector legislativo se desempeñó en 2014 como Secretaria Relatora de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa en la Asamblea Nacional; un año después asumió el rol de asesora en la Comisión Especializada Ocasional de Enmienda Constitucional en la Asamblea Nacional. En 2016, continuó su labor como asesora de asambleísta en la Asamblea Nacional. Aguirre también ha formado parte de espacios internacionales, integrando desde 2018 la Plataforma Interamericana de Mujeres Líderes en Educación Superior. Entre 2017 y 2020, ejerció como parlamentaria andina y en el periodo 2021-2023 fue elegida como asambleísta nacional por la provincia de Imbabura.
Roberto Fernando Jaramillo Martínez (49 años) Asambleísta por el Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) Es abogado y docente universitario; obtuvo su licenciatura en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas en 2003 en la Universidad Técnica Particular de Loja. En 2004 se graduó de abogado y, en 2006, alcanzó el título de Doctor en Jurisprudencia en la misma universidad. Entre 2009 y 2013, ejerció como docente universitario en la Universidad Técnica del Norte y fue presidente del Colegio de Abogados de Imbabura entre 2018 y 2020. Desde 2023 es asambleísta en representación de la provincia de Imbabura.
Fernando de la Torre (46 años) Asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana RC5 Con una formación en Agronegocios Avalúos y Catastros por la Universidad Técnica del Norte, Fernando se graduó en el año 2010. Su trayectoria comunitaria comenzó en 2013 como coordinador en el Plan de Alfabetización Dolores Cacuango en la parroquia Ilumán de Otavalo y el cantón Cotacachi. También ha dirigido la Junta de Agua Potable de la parroquia Ilumán. En 2019 participó activamente en el Proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura, un esfuerzo clave para mejorar el acceso de este recurso a varios sectores de la provincia.
Pablo Aníbal Jurado Moreno (64 años) Asambleísta del Movimiento Construye Cuenta con una larga gestión pública. Fue alcalde de Ibarra entre 2005 y 2009. En 2010 obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Información en la Universidad Central del Ecuador, y en 2017 se graduó como abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja. Su experiencia en administración provincial se consolidó al ser electo prefecto de Imbabura durante casi una década, desde 2014 hasta 2023. Además, en 2023 obtuvo una Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Técnica Particular de Loja.
Con estos resultados, la provincia define sus representantes en la Asamblea, quienes asumirían el reto de cumplir con las demandas ciudadanas para este nuevo período 2025-2029.
(Redacción Imbabura).- De cara a los comicios electorales de este domingo 9 de febrero de 2025, los 13.736.314 electores habilitados en todo el territorio ecuatoriano asistirán a las urnas a votar; el Consejo Nacional Electoral, la entidad encargada de toda logística electoral en un correcto ejercicio democrático y transparente, aplica anticipadamente algunas medidas como el silencio electoral y la ley seca.
Multas por infringir el silencio electoral:
El silencio electoral, una figura vigente en el artículo 291 del Código de la Democracia, estipula que, tras el periodo correspondiente a treinta días de campañas electorales de los 16 binomios presidenciales de los diferentes movimientos y partidos políticos, está prohibida la difusión, publicidad electoral, opiniones o imágenes vertidas en medios de comunicación y medios digitales que induzcan de manera deliberada a los electores a cualquier posición o preferencia electoral. Tampoco los candidatos pueden asistir a eventos o inauguraciones de obras u otros, financiados con fondos públicos, mientras el periodo de silencio electoral se encuentre vigente.
El silencio electoral rige cuarenta y ocho horas antes de los comicios, exactamente el viernes siete de febrero, y se extiende hasta las cinco de la tarde del domingo, al cierre de los recintos electorales. Durante este tiempo los ciudadanos descansan del proselitismo político cuando de medios de comunicación nos referimos, debido a que la situación es diferente en plataformas como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, etc., donde aún no existe una norma específica para el control de estas plataformas. El incumplimiento del silencio electoral por parte de la ciudadanía, será sancionado con multas del cincuenta por ciento del salario básico unificado, alrededor de doscientos treinta y cinco dólares, si realizan actos de propaganda dentro y fuera de recintos electorales.
Multas por infringir la ley seca:
La ley seca consta en el artículo 123 del Código de la Democracia,que determina que «durante el día de las elecciones, treinta y seis horas antes y doce horas después, no se permitirá la venta, la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas». Desde el mediodía del viernes 7 de febrero hasta el mediodía del 10 de febrero, la ley seca entra en vigencia; esta medida aplica a bares, centros nocturnos, discotecas, licorerías, restaurantes, supermercados, tiendas de barrio, etc. .
Infringir esta ley conlleva una multa del cincuenta por ciento del salario básico unificado, que en este año 2025 corresponde a 235 dólares y se aplicará bajo dos instancias. A quienes expendan y consuman bebidas alcohólicas en días de prohibición, como también a aquellos ciudadanos que ingresen a los diferentes recintos electorales a sufragar en estado de embriaguez.
Multas por no asistir a votar en elecciones:
El voto en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 65 años de edad; no sufragar representa una multa del diez por ciento del salario básico unificado, es decir, cuarenta y siete dólares.
Multas por ausencia en junta receptora del voto
Si no asiste a conformar su junta receptora del voto, debe pagar el valor de setenta con cincuenta dólares o lo equivalente a quince por ciento de un salario básico unificado. Al integrar las juntas receptoras del voto, se debe permanecer en la mesa designada durante toda la jornada electoral. El abandonarla sin justificación le expone a una multa de diez a veinte salarios básicos unificados, una multa de entre 4.700 y 9.400 dólares. Por esta razón, si necesita ausentarse de la mesa por un motivo urgente, debe comunicarlo inmediatamente al presidente de mesa y solicitar permiso.
Quienes no se capaciten tendrán una sanción de cuarenta y siete dólares, que equivale al diez por ciento de un salario básico unificado.
Las sanciones a los ciudadanos que incumplan con estas disposiciones están a cargo del Consejo Nacional Electoral, organismo encargado de estos comicios electorales; paralelamente, la Policía Nacional es la encargada de realizar los diferentes operativos de control y de emitir las citaciones a los ciudadanos.
En caso de haber incurrido en una multa, el ciudadano sí podrá ejercer su derecho al voto; la multa se acumulará para el siguiente proceso electoral y deberá ser cancelada en la delegación electoral de su provincia.
Si usted desconoce su situación frente a alguna multa o sanción o desea consultar su recinto electoral, puede ingresar al portal web del Consejo Nacional Electoral con su número de cédula y fecha de nacimiento; de este modo sabrá su lugar de votación o si tiene valores pendientes de pago.
(Redacción Ibarra).- Ciudadanía ibarreña denunció a través de redes sociales y grupos de WhatsApp a Roberto Benavides Z., presidente del consejo parroquial de El Sagrario por utilizar un inmueble de propiedad municipal para actos proselitistas en favor del movimiento Revolución Ciudadana.
Según las denuncias públicas, Benavidez organizó un acto político el último miércoles de agosto en la sede del consejo parroquial, en el marco de la campaña política de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador 2023, que se disputan entre los candidatos Luisa González de RC5 y Daniel Noboa por la alianza ADN, listas 4-35.
En las fotografías difundidas a nuestro equipo de redacción, se puede observar la propaganda de la candidata González colocada en el interior y exterior de la sede parroquial, ubicada en la avenida Jaime Roldós y 13 de Abril.
Al ser consultado por nuestra redacción, Benavides informó que la Asociación de Mujeres Latitacumi de Ibarra, solicitó ese espacio para una reunión y que es falso que se haya convertido en una sede de la Revolución Ciudadana.
Desde la Municipalidad de Ibarra, además vía telefónica se informó que solicitaron a Benavides la justificación del uso del inmueble municipal y se indicó que iniciarán el trámite administrativo pertinente ante los organismos de control por el mal uso de la sede barrial.
El reglamento general para la administración, utilización y control de los bienes e inventarios del sector público y las normas de control interno de la institución, prohíben el uso para fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos, o para actividades particulares y/o extrañas al servicio público.
