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Juicio político al CPCCS avanza y pone bajo observación a dos vocales imbabureños

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(Redacción Imbabura).- El juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza en la Asamblea Nacional y coloca en el foco de atención a dos representantes de la provincia de Imbabura: Piedad Cuarán y David Rosero.

Este jueves 8 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento, por unanimidad, de la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina, quien acusa a los vocales de presunto incumplimiento de funciones. La resolución dio paso al envío del expediente a la Unidad Técnica Legislativa, que tendrá tres días para emitir el informe técnico correspondiente.

Entre los vocales señalados constan Piedad Cuarán y David Rosero, ambos imbabureños, junto con Andrés Fantoni (presidente del CPCCS), Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez.

El pedido de juicio político se sustenta en tres causales principales, un presunto conflicto de intereses relacionado con Christian Troya, cercano a Mario Godoy, el archivo de impugnaciones presentadas contra Godoy durante el concurso para la designación de vocales del Consejo de la Judicatura y la descalificación de Édison Toro, que habría facilitado la incorporación de Godoy en dicho proceso.

De ser calificada la solicitud tras el informe técnico, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), donde se analizarán las pruebas y argumentos presentados.

Piedad Cuarán, oriunda de Lita, es licenciada en Ecoturismo por la Universidad Técnica del Norte y cuenta con un máster en Ecoturismo de Áreas Protegidas. Antes de su actual cargo, tuvo un paso previo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se desempeñó como especialista en Políticas de Interculturalidad, gestora cultural y delegada provincial de Imbabura en 2017.

Por su parte, David Rosero fue consejero del CPCCS en dos periodos: entre 2011 y 2015, y posteriormente de 2019 a 2023, cuando fue destituido. No obstante, fue posesionado nuevamente en abril del año pasado, retomando funciones en el organismo.

El proceso avanza en medio del seguimiento público, especialmente en Imbabura, donde se observa con atención el rol y la actuación de Piedad Cuarán y David Rosero, a la espera del desenlace del juicio político

El SÍ en la reducción de asambleístas apenas alcanzó mayoría en las parroquias de Caranqui, El Sagrario y Atuntaqui

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(Redacción Imbabura).- En Imbabura, la pregunta C de la Consulta Popular 2025 —la que proponía reducir el número de asambleístas— dejó ver una clara división en Ibarra. De acuerdo con el conteo parroquial hasta esta mañana, la opción del “Sí” solo logró imponerse en las parroquias urbanas de Caranqui y El Sagrario, en Ibarra, y en Atuntaqui, en el cantón Antonio Ante. En estos sectores, la propuesta tuvo un respaldo ajustado, con una votación bastante reñida hasta el cierre del escrutinio.

En contraste, en varias parroquias de los cantones Otavalo y Cotacachi, la opción del “No” obtuvo una ventaja mucho más amplia, superando al “Sí” con márgenes aplastantes en proporciones de 8 a 2, según los últimos reportes. Estos resultados consolidan la postura crítica asumida por diversos sectores sociales e indígenas de la zona, quienes expresaron de forma contundente su rechazo a la propuesta planteada en esta pregunta durante el proceso electoral.

La tendencia provincial se reflejó en el escenario nacional, donde el “No” también alcanzó la mayoría en la pregunta C, relacionada con la posibilidad de modificar la estructura del legislativo. En Imbabura, las particularidades sociopolíticas de cada cantón incidieron en los resultados: mientras en el casco urbano se evidenció una leve inclinación hacia la reducción del número de asambleístas, en zonas con fuerte organización comunitaria, como las parroquias La Esperanza y Angochahua, predominó el rechazo a dicha propuesta.

¿Quiénes son y cuál es la experiencia de los nuevos asambleístas de Imbabura?

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(Redacción Imbabura).- En el marco de las elecciones presidenciales y legislativas de este domingo 9 de febrero de 2025, con la totalidad de actas escrutadas, se confirma la asignación de los cuatro escaños para la Asamblea Nacional en representación de la provincia de Imbabura.
Pamela Aguirre, del movimiento RC5, obtiene el primer escaño, consolidándose como la candidata con más votos. En segundo lugar, se ubica Fernando Jaramillo del movimiento ADN; Fernando de la Torre, también de Revolución Ciudadana (RC5), se adjudica el tercer curul, mientras que Pablo Jurado, del movimiento Construye, ocupará el cuarto escaño.

A continuación, presentamos el perfil de los nuevos asambleístas que representarán a nuestra provincia para el siguiente período legislativo.

Pamela Alejandra Aguirre Zambonino (41 años)
Asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana RC5
Cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito político; se graduó en 2013 como Licenciada en Ciencias Jurídicas y Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en 2020 obtuvo una Maestría en Asesoría de Imagen y Consultoría Política por la Universidad Camilo José Cela.
En el sector legislativo se desempeñó en 2014 como Secretaria Relatora de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa en la Asamblea Nacional; un año después asumió el rol de asesora en la Comisión Especializada Ocasional de Enmienda Constitucional en la Asamblea Nacional. En 2016, continuó su labor como asesora de asambleísta en la Asamblea Nacional.
Aguirre también ha formado parte de espacios internacionales, integrando desde 2018 la Plataforma Interamericana de Mujeres Líderes en Educación Superior. Entre 2017 y 2020, ejerció como parlamentaria andina y en el periodo 2021-2023 fue elegida como asambleísta nacional por la provincia de Imbabura.

Roberto Fernando Jaramillo Martínez (49 años)
Asambleísta por el Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN)
Es abogado y docente universitario; obtuvo su licenciatura en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas en 2003 en la Universidad Técnica Particular de Loja. En 2004 se graduó de abogado y, en 2006, alcanzó el título de Doctor en Jurisprudencia en la misma universidad.
Entre 2009 y 2013, ejerció como docente universitario en la Universidad Técnica del Norte y fue presidente del Colegio de Abogados de Imbabura entre 2018 y 2020.
Desde 2023 es asambleísta en representación de la provincia de Imbabura.

Fernando de la Torre (46 años)
Asambleísta por el movimiento Revolución Ciudadana RC5
Con una formación en Agronegocios Avalúos y Catastros por la Universidad Técnica del Norte, Fernando se graduó en el año 2010. Su trayectoria comunitaria comenzó en 2013 como coordinador en el Plan de Alfabetización Dolores Cacuango en la parroquia Ilumán de Otavalo y el cantón Cotacachi.
También ha dirigido la Junta de Agua Potable de la parroquia Ilumán. En 2019 participó activamente en el Proyecto de agua potable Pesillo-Imbabura, un esfuerzo clave para mejorar el acceso de este recurso a varios sectores de la provincia.

Pablo Aníbal Jurado Moreno (64 años)
Asambleísta del Movimiento Construye
Cuenta con una larga gestión pública. Fue alcalde de Ibarra entre 2005 y 2009. En 2010 obtuvo su licenciatura en Ciencias de la Información en la Universidad Central del Ecuador, y en 2017 se graduó como abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja.
Su experiencia en administración provincial se consolidó al ser electo prefecto de Imbabura durante casi una década, desde 2014 hasta 2023. Además, en 2023 obtuvo una Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Técnica Particular de Loja.

Con estos resultados, la provincia define sus representantes en la Asamblea, quienes asumirían el reto de cumplir con las demandas ciudadanas para este nuevo período 2025-2029.