(Redacción Ecuador).- Los recientes controles ejecutados por el Estado en agencias del Registro Civil responden a una estrategia nacional para combatir la intermediación ilegal, los cobros indebidos y la venta de turnos fraudulentos, prácticas que afectan directamente a la ciudadanía.
Como parte de estas acciones, este martes se realizaron operativos simultáneos en varias ciudades del país, con la participación de la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas, Gobernaciones y agencias municipales de control. Las intervenciones permitieron reducir la presencia de tramitadores en los exteriores de las agencias, inspeccionar locales comerciales y detectar irregularidades administrativas vinculadas a permisos y facturación.
Según información oficial, en 2025 se ejecutaron 99 operativos a escala nacional, que dejaron 46 personas aprehendidas, una sentencia por falsificación y uso de documento falso, y ocho locales clausurados, evidenciando que las detenciones se producen por delitos relacionados con la tramitación ilegal y el fraude documental.
En este contexto, y en medio de la investigación a 32 locales comerciales ubicados en los alrededores de varias agencias del Registro Civil a nivel nacional, en la ciudad de Tulcán cuatro funcionarios del Registro Civil del Carchi fueron desvinculados este martes, en un procedimiento que ha generado cuestionamientos por presuntas presiones y amenazas para forzar la firma de sus renuncias. Según denunciaron abogados de los afectados, la medida se habría ejecutado tras la llegada del coordinador general del Registro Civil a la dependencia local, bajo el argumento de supuestas irregularidades, concretándose al final de la jornada la salida obligada de cuatro servidores.
Las defensas legales aseguran que varios de los funcionarios contaban con nombramiento definitivo y que habrían sido advertidos con posibles penas de prisión de entre cuatro y cinco años si no renunciaban, sin que se les informara el presunto delito. También denunciaron impedimentos para brindar asesoría legal, la ausencia de Fiscalía y Policía durante el proceso, y la incomunicación de los empleados. Entre los desvinculados figuran servidores con hasta 24 y 15 años de trayectoria institucional.
(Redacción Imbabura).-En dias anteriores, la Gobernación de Imbabura, a través de la Intendencia de Policía de Imbabura, la Comisaría Nacional de Ibarra y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), ejecutó operativos de verificación en varias estaciones de servicio del cantón Ibarra. Las acciones incluyeron revisión de medidas, control de precios y comprobación del cumplimiento de normas técnicas para garantizar un abastecimiento seguro y transparente para la ciudadanía.
No obstante, en las últimas horas se conoció el reporte de un transportista que manifestó haber tenido inconvenientes tras abastecer diésel en una gasolinera de Ambuquí. El conductor señaló que, poco después, su vehículo presentó fallas y que, al revisar el sistema, habría encontrado indicios de presunta presencia de agua en el combustible. Este reporte, aún no confirmado por las autoridades, llama la atención de los usuarios y resalta la importancia de mantener controles permanentes en todas las estaciones de servicio de la provincia.
(Redacción Ibarra).- El pasado viernes, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura resolvió por unanimidad revocar la sentencia emitida el 9 de abril por el juez Johnny Palacios, dejando sin efecto las medidas cautelares que habían frenado el proceso electoral del Sindicato de Choferes de Imbabura. Asimismo, negó la acción de protección presentada por Edwin Vásquez, expresidente del gremio.
Con este fallo, la Lista 3, encabezada por Cristóbal Moncayo, fue ratificada como ganadora y se presentó en las instalaciones del sindicato para la posesión y transición administrativa. Sin embargo, el proceso no pudo concretarse. En el espacio radial ‘Aquí Estamos’, conducido por Edwin Toaquiza, se denunció que no se permitió el ingreso de Moncayo, debido a irregularidades como puertas cerradas, funcionarios que obstaculizaron el acceso y la ausencia de Vásquez, quien se encontraba en Guayaquil, lo que impidió la formalización de la posesión. Posteriormente, Marcelo Yepes, secretario de Finanzas electo, informó que, tras conversaciones con personal administrativo, se acordó iniciar el proceso de entrega este lunes.
Por su parte, Camilo Bedón, integrante de la nueva administración, adelantó que se impulsará un proceso de fiscalización y auditoría para transparentar los recursos generados durante los 16 años de gestión de Vásquez. Según estimaciones preliminares, el sindicato llegaba a registrar hasta 800 estudiantes por semestre, con aportes cercanos a los 1.000 dólares cada uno, lo que significaría ingresos importantes que deberán ser esclarecidos.
Entre los puntos críticos a revisar están la compra de cuatro lotes en los terrenos de la antigua Unidad Educativa 4 de Julio, el presunto exceso de personal y gastos innecesarios. La nueva directiva ha planteado redirigir los recursos al bienestar de los socios y a mejorar la calidad educativa, con el objetivo de formar conductores de acuerdo con los estándares actuales del perfil profesional.
Otro aspecto señalado fue la limitada participación en las asambleas durante la gestión de Vásquez, donde mantenía el control gracias a su mayoría de apoyo. De los más de 1.100 socios registrados, apenas participaba un 12 % (160 en promedio), lo que reducía la pluralidad de criterios.
Finalmente, se advirtió la necesidad de reformar los estatutos, especialmente el artículo que restringe el ingreso de nuevos socios por criterios de edad, normativa que ha generado controversia y reclamos de actualización.
Con la transición en marcha, los socios esperan que la nueva administración logre transparentar la gestión anterior, fortalecer la democracia interna y elevar la calidad de la formación en el gremio.
(Redacción Ibarra).- El asambleísta Luis Fernando Molina realizó un recorrido por el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, un centro de salud con cerca de 34 años de funcionamiento y que, según el Ministerio de Salud, fue catalogado en 2015 como el primer hospital de segundo nivel en el norte del país. Solo en ese año atendió a más de 52.973 pacientes en consulta externa y alrededor de 32.466 en sus 17 especialidades.
Molina denunció en sus redes sociales el grave deterioro estructural y las irregularidades que atraviesa el hospital. Durante su visita constató que la infraestructura es obsoleta y no reúne las condiciones necesarias para garantizar una atención médica de calidad ni estándares adecuados de salubridad e higiene. Entre las falencias observadas se encuentran la cocina del hospital en condiciones insalubres y sin mantenimiento, lavandería colapsada por maquinaria obsoleta, servicios de limpieza, alimentación y seguridad impagos desde febrero, déficit de especialistas y despidos bajo la Ley de Integridad Pública. Todo esto ocurre en medio de la crisis sanitaria nacional, marcada por el desabastecimiento y el presunto sobreprecio en la compra de medicamentos, lo que afecta directamente a miles de pacientes que dependen de esta casa de salud.
El asambleísta de Revolución Ciudadana señaló además que el director del hospital se negó a entregar la lista de medicamentos, mientras que los Ministerios competentes no han respondido a los pedidos de información. Además, recordó que, pese a que el Gobierno aseguró que la Ley de Integridad Pública no afectaría al personal sanitario, en la práctica se han registrado despidos y reducción de puestos en varios hospitales del país, incluido el de Ibarra.
(Redacción Ibarra).- En una rueda de prensa realizada este lunes, el gerente general de Movildenor, Santiago Chiriboga, dio a conocer dos graves irregularidades que afectan directamente a la actual administración de la empresa, heredadas de gestiones anteriores y calificadas por la ciudadanía como uno de los mayores actos de corrupción dentro de la institución.
El primer hecho se relaciona con 145 vehículos desmantelados en los patios de retención vehicular, y el segundo con la clonación de stickers de revisión vehicular, hechos que habrían ocurrido antes de que la nueva administración asumiera el control.
“Estas irregularidades estallaron apenas días después de que asumimos la administración”, señaló Chiriboga. Afirmó que desde la gerencia se han activado los procesos legales correspondientes y que la entidad colabora de manera directa con las investigaciones en curso.
Chiriboga también lamentó que, a pesar de que los Centros de Retención Vehicular cuentan con custodia de agentes de tránsito, así como con sistema de videovigilancia y cercado eléctrico, los hechos ilícitos se concretaron, lo que evidencia una seria vulneración de los protocolos de seguridad.
Por su parte, Gustavo Samaniego, presidente de la Mancomunidad de Tránsito Norte, fue enfático al señalar que “ningún funcionario estará exento de responsabilidad ante actos de corrupción”. Añadió que varios elementos han sido separados de la institución tras detectarse conductas indebidas, como parte del compromiso por depurar y recuperar la confianza ciudadana en el sistema de tránsito.
Movildenor ha informado que las personas afectadas no deberán cancelar valores por concepto de uso de patios de retención, y que se encuentran a la espera de la resolución de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado para proceder a indemnizar a los afectados, aunque esto represente una pérdida considerable para la institución.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Ibarra).- La mañana de este miércoles 25 de abril del 2018, un grupo de socios del Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura, mediante un comunicado de prensa, informaron de una presunta ilegalidad en la elección del nuevo directorio del Club, que lo preside Fernando Madera.
El comunicado que recoge tres puntos importantes, en su parte medular da cuenta de una presunta irregularidad, en la convocatoria a elecciones del nuevo directorio.
El Ministerio del Deporte, registró el nuevo directorio del club para el periodo de cuatro años comprendidos entre el 16 de marzo del 2014, al 16 de marzo del 2018, y según la Ley del Deporte, enmarcada en su artículo 153, dice que se debe convocar a elecciones finalizado su mandato, sino la FEDAK tendrá que convocar a elecciones, “los directorios tendrán que hacer la convocatoria dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expiración del mandato. De no cumplirse dicha convocatoria, la organización deportiva será considerada en acefalía respecto de su Directorio debiendo el Ministerio Sectorial designar a un Interventor, quien tendrá la competencia para convocar a elecciones”
El comunicado además ratifica que mediante convocatoria en medios impresos, el actual directorio presidido por Fernando Madera, efectuó la convocatoria para este jueves 26 de abril, en donde en sesión extraordinaria se elegirá a la directiva para el año 2018-2022, más de 10 días después de haber finalizado el plazo que la ley determina para convocar a elecciones.
Al punto de vista de los socios, el Club al momento se encuentra en acefalía, en vista de que se han incumplido los plazos y los requerimientos que se enmarcan en la Ley del Deporte vigente en Ecuador, comentan además que se ha oficiado al Ministerio del Deporte y a la Federación Deportiva de Imbabura para que intervengan en el Club.
Finalmente el comunicado dice “Luchamos incansablemente por devolverle a la ciudadanía el atractivo de disfrutar y luchar por espectáculos automovilísticos de calidad, que reactiven el turismo y devuelvan los ojos a Ibarra, como destino “tuerca” en el país“.
Nuestra redacción intentó comunicarse con Fernando Madera, pero no se obtuvo respuesta.
