(Redacción Ibarra).- En el sector de Alpachaca, en Ibarra, dos personas fueron aprehendidas por su presunta participación en un intento de extorsión a un local comercial, tras una intervención oportuna de la Policía Nacional.
Según información preliminar, los sospechosos habrían dejado panfletos en el establecimiento, en los que exigían el pago de 500 dólares, asegurando pertenecer a un grupo delictivo. Este hecho generó alerta entre los propietarios, quienes dieron aviso a las autoridades.
Tras el operativo policial, se logró la aprehensión de Bryan C. y de Gricela M., quien sería menor de edad. Ambos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el inicio de los procedimientos legales correspondientes.
El caso continúa en investigación, mientras las autoridades buscan determinar si existen más personas involucradas y si este hecho estaría relacionado con otros casos similares registrados en la provincia.
(Redacción Ibarra).- El Instituto Tecnológico ITCA lanzó en marzo su primera editorial, un proyecto que nació el año anterior en alianza con la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (REMCI) con el objetivo de visibilizar la producción científica —principalmente de mujeres— y propuestas literarias más allá del ámbito académico.
La iniciativa surge tras dos eventos científicos desarrollados en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy, la editorial se consolida como la primera de un instituto de educación superior en la zona norte y ya forma parte de la Cámara Ecuatoriana del Libro.
Hasta el momento, se han publicado 10 libros bajo un enfoque innovador que integra contenidos visuales, culturales y herramientas como realidad aumentada. Entre los más destacados está el libro «Memoria Cultural Inmersiva: El latido de los saberes ancestrales y artesanales en Imbabura» — una obra co-creada con los Campanilleros de Angla, las Bordadoras de La Esperanza, los Curtidores de Cotacachi y los Artesanos de San Antonio, que integra sus testimonios en una experiencia educativa con realidad aumentada.
La Phd. Nataly Cadena, Directora de Investigación, manifestó que actualmente la editorial cuenta con 114 autores, de los cuales 64 son mujeres, y mantiene 76 obras en proceso de revisión. La mayoría de participantes pertenece a la provincia de Imbabura. El proceso editorial cumple estándares internacionales, incluyendo revisión de investigadoras a nivel nacional.
Desde ITCA, se recalca que la editorial está abierta a estudiantes, investigadores y ciudadanía en general, buscando acercar la ciencia a la sociedad y generar espacios de publicación accesibles para todos.
En este contexto, ITCA anunció la apertura de matrículas para el periodo académico mayo 2026 – septiembre 2026, con un cronograma escalonado por niveles: del 13 al 18 de abril para primero y segundo; del 20 al 25 de abril para tercero y cuarto; del 27 al 29 de abril para quinto y sexto; y el 30 de abril para todos los niveles.
El proceso se realiza a través de la plataforma ATLAS, habilitada las 24 horas, mientras que el inicio de clases está previsto para mayo en modalidades presencial, en línea y semipresencial.
(Redacción Ecuador).- La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) permanecerá cerrada a nivel nacional durante 30 días, luego del operativo denominado ‘Caso Jaque’, ejecutado este viernes 30 de enero por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada al interior de la institución.
Durante la intervención, las autoridades allanaron oficinas de la ANT en Quito, Ibarra y Santo Domingo, logrando la detención del director nacional de la entidad y ocho funcionarios, quienes estarían involucrados en una red dedicada a cobros ilegales por trámites de licencias, con valores que fluctuaban entre 150 y 200 dólares por usuario.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que esta estructura delictiva operaba desde dentro de varias agencias de tránsito del país y tendría presuntos vínculos con el grupo criminal Los Choneros. Según las investigaciones preliminares, el perjuicio económico superaría los tres millones de dólares, dinero que habría sido desviado a cuentas de los involucrados.
En los allanamientos se incautaron 38 teléfonos celulares, ocho computadoras portátiles, 55 dispositivos electrónicos, 165 documentos, además de 53.510 dólares en efectivo, un arma de fuego, dos alimentadoras y 29 cartuchos.
Reimberg explicó que el cierre temporal de la ANT permitirá avanzar con las investigaciones y ejecutar un proceso de depuración y reestructuración del personal, reiterando que todas las dependencias de la institución suspenderán sus actividades durante 30 días.
En la ciudad de Ibarra, las oficinas de la ANT también fueron allanadas como parte del operativo; sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre personas detenidas producto de la intervención local. Asimismo, no se ha emitido un pronunciamiento por parte de la actual directora de la ANT en Ibarra, Patricia Unda.
(Redacción Ibarra).-Un hombre falleció la mañana de este jueves tras caer desde un puente ubicado en el cantón Atuntaqui, en la intersección de la Panamericana E-35 y la avenida General Enríquez. El hecho se registró aproximadamente a las 06:01 y generó conmoción entre los moradores del sector.
En un inicio, ciudadanos alertaron al ECU 9-1-1 sobre lo que parecía ser un accidente de tránsito, tras observar a una persona tendida en la vía. Sin embargo, tras la llegada de las unidades de emergencia y la Policía Nacional, se confirmó que la víctima se habría arrojado desde la estructura.
Personal policial realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó hasta la morgue del hospital San Vicente de Paúl, mientras se mantenía acordonada la zona. Hasta el cierre de esta información, no se ha confirmado la identidad del fallecido ni las circunstancias que habrían motivado el hecho.
(Redacción Quito).- La Policía Nacional informó sobre la detención de una peligrosa banda de “sacapintas” presuntamente asociada al grupo delictivo Los Lobos, durante un operativo ejecutado en el sector de La Ofelia, al norte de Quito.
Durante los allanamientos, los agentes encontraron a cuatro personas, un ecuatoriano y tres extranjeros, quienes estarían relacionados con un violento robo ocurrido semanas atrás en Ibarra. En ese hecho, los delincuentes, movilizados en una motocicleta, interceptaron a una mujer que se disponía a realizar un depósito en una entidad bancaria ubicada en la avenida Mariano Acosta.
Según el reporte policial, en medio del forcejeo los antisociales realizaron una detonación que casi acaba con la vida de la víctima. Tras apoderarse del dinero, los sujetos huyeron a toda velocidad.
Las investigaciones permitieron rastrear a los sospechosos hasta Quito, donde fueron finalmente capturados. La Policía señaló que la banda operaba con la misma modalidad de robo en varias provincias, entre ellas Imbabura, Los Ríos, Guayas y Pichincha, teniendo como centro de operaciones la capital.
Además, contaban con armas de fuego, motocicletas y un taxi para movilizarse y cometer los ilícitos. También utilizaban audífonos para coordinarse durante los asaltos, cumpliendo roles y funciones específicas dentro de la banda.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de sus actividades y posibles conexiones con otros hechos delictivos en el país.
(Redacción Imbabura).- La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, denunció una presunta persecución política y judicial en su contra, luego de que la Fiscalía abriera una investigación por presunto financiamiento al terrorismo.
A través de un pronunciamiento público, Vercoutère aseguró que el proceso forma parte de una estrategia estatal para acallar voces críticas y disidentes, especialmente de mujeres, dirigentes indígenas y defensoras de derechos humanos.
La viceprefecta relató que el 21 de septiembre sus cuentas bancarias fueron bloqueadas sin previo aviso, junto con las de otras lideresas sociales. Asegura que no recibió notificación ni se presentaron pruebas, lo que a su criterio constituye una violación al debido proceso.
Días después, el 26 de septiembre, su nombre apareció en redes sociales dentro de una lista de personas investigadas por presunto enriquecimiento privado no justificado. En respuesta, presentó una acción de protección para exigir la restitución de sus derechos, la cual fue negada por la justicia constitucional.
Aunque el 31 de octubre anunció haber conseguido el desbloqueo de sus cuentas, horas más tarde fue notificada nuevamente por un nuevo proceso judicial: financiamiento al terrorismo.
La abogada Sonia Vera, defensora de Vercoutère, aseguró que su clienta ha sido víctima de un patrón de hostigamiento desde que lideró movilizaciones y procesos de defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios.
Entre las acciones denunciadas figuran: Bloqueo arbitrario de cuentas sin orden judicial, procesos penales fabricados por supuestos delitos de terrorismo, vigilancia estatal y hostigamiento físico en Otavalo e Imbabura, estigmatización pública por parte de autoridades y medios afines al Gobierno.
Vercoutère advirtió que este tipo de procesos judiciales “con fines políticos” fomentan el miedo, la autocensura y la criminalización del liderazgo social, e hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen la situación en el país.
“No se trata solo de mi caso —subrayó—, sino del uso del poder judicial para callar a quienes piensan diferente”.
(Redacción Ibarra).- Este fin de semana, en la Urbanización Nuevo Hogar, la Policía Nacional a través del Grupo de Operaciones Motorizadas logró la aprehensión de un ciudadano extranjero tras una intensa persecución.
Gracias a cámaras de seguridad de domicilios y locales comerciales de la zona, se puede observar cómo el sospechoso al notar la presencia policial, emprende una fuga desesperada desde la avenida Cristóbal de Troya hacia el parque El Sol para evadir a los uniformados. Sin embargo, el personal motorizado logró interceptarlo y neutralizarlo en el lugar. Durante la requisa se le incautó un arma de fuego calibre 9 mm, 20 municiones y 120 dólares en efectivo.
La Policía continúa con las investigaciones para determinar las actividades ilícitas en las que estaría vinculado.
(Redacción Ecuador).- La Fiscalía General del Estado anunció esta mañana el inicio de un operativo de gran envergadura denominado “Depuración Azul”, que busca desarticular una red de delincuencia organizada dentro de la propia Policía Nacional. La investigación pone en la mira a uniformados en servicio activo que, presuntamente, estarían abasteciendo de armas y municiones a grupos delictivos a cambio de dinero.
Como parte de esta acción, se están realizando allanamientos simultáneos en varias provincias del país, incluyendo Imbabura, Pichincha, Guayas y Cotopaxi. En Imbabura, las autoridades han intervenido en diversos puntos estratégicos para recabar pruebas y desarticular esta presunta estructura criminal.
Este nuevo escándalo ocurre en medio de una escalada de violencia en el país, donde las armas provenientes del mercado negro han sido utilizadas en delitos graves como asesinatos, sicariatos y atentados contra servidores públicos. Uno de los focos principales del operativo es el Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía, donde se investigan posibles irregularidades en el manejo y entrega de armamento institucional.
Hasta el momento se conoce la aprehensión de 10 uniformados por este delito y otros servidores policiales estarían bajo investigación.
(Redacción Imbabura).- Un testigo protegido, considerado pieza fundamental en la investigación por el asesinato de tres personas ocurrido el pasado 13 de febrero en el sector Bellavista de San Antonio, fue asesinado la madrugada de este miércoles 21 de mayo en el barrio El Empedrado.
La víctima, cuya identidad permanece en reserva por disposiciones legales, fue hallada con tres impactos de bala. Según fuentes judiciales, el testimonio que había entregado resultaba clave para sustentar los cargos de la Fiscalía contra los presuntos autores intelectuales y materiales del crimen.
De acuerdo con información preliminar, el hombre se encontraba bajo custodia del programa de protección de testigos, pero habría abandonado su lugar de resguardo por motivos que aún se investigan.
EL CASO
El pasado 13 de febrero, tres personas fueron asesinadas mediante sicariato en el sector de Bellavista. Las víctimas viajaban en una camioneta de transporte público cuando fueron interceptadas por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el vehículo. El conductor sobrevivió con heridas.
La policía informó que las víctimas posiblemente estarían vinculadas a un grupo delictivo organizado (GDO), una hipótesis que sigue bajo análisis en el proceso investigativo.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
