Redacción Ibarra.– Publicaciones difundidas recientemente a través de redes sociales han generado preocupación en parte de la comunidad universitaria, luego de que una estudiante expusiera públicamente presuntas situaciones de intimidación, abuso de confianza y posible acoso que, según su relato, involucrarían a un docente vinculado a la Universidad Técnica del Norte. De acuerdo con lo compartido en internet, el docente estaría relacionado con la Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología (FECYT), en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Matemática.
La información fue publicada inicialmente por una estudiante en sus redes sociales y posteriormente comenzó a circular con rapidez, generando comentarios y reacciones de otros usuarios. En dichas publicaciones, algunas personas que se identifican como estudiantes también habrían compartido experiencias o testimonios similares; sin embargo, hasta el momento se trata de versiones difundidas en el ámbito digital.
Según lo expuesto en esas publicaciones, el docente —quien habría desempeñado funciones de coordinación académica— presuntamente habría utilizado su posición de autoridad para ejercer presión sobre estudiantes, mencionándose supuestos ofrecimientos de beneficios académicos a cambio de encuentros personales.
Entre los señalamientos que circulan en redes se mencionan presuntas propuestas relacionadas con la aprobación de exámenes complexivos a cambio de “salir a comer”, insinuaciones vinculadas al pago de arriendos a cambio de favores personales y reiteradas invitaciones para que estudiantes abordaran su vehículo particular. Asimismo, se afirma en estas publicaciones que el docente habría enviado mensajes privados solicitando ser invitado a los dormitorios de algunas alumnas.
Otro de los aspectos mencionados en los testimonios difundidos en redes sociales es el supuesto uso de advertencias relacionadas con evaluaciones académicas. De acuerdo con lo publicado por las denunciantes, el docente habría manifestado que podía identificar a los estudiantes que emitían calificaciones negativas en las evaluaciones docentes, lo que habría sido interpretado por algunas alumnas como una posible insinuación de represalias.
Las estudiantes también sostienen que estos hechos habrían sido reportados con anterioridad ante instancias internas de la universidad, entre ellas el Departamento de Bienestar Estudiantil, incluso con la presentación de material audiovisual como evidencia. Sin embargo, aseguran que no se habrían adoptado medidas concretas y que el docente continuó impartiendo clases, situación que —según indican— generó temor entre quienes decidieron denunciar.
Ante esta situación, este medio solicitó un pronunciamiento a la Universidad Técnica del Norte. Desde la Dirección de Comunicación de la institución se informó que la universidad ha actuado dentro de sus competencias y respetando la normativa interna que regula este tipo de casos, garantizando los derechos de todos los integrantes de la comunidad universitaria.
Además, señalaron que, para verificar la información difundida en redes sociales, solicitaron que se remita la denuncia pública completa con el fin de revisar su contenido de manera formal. Desde la institución también indicaron que no es posible emitir pronunciamientos sobre hechos presuntos o información no verificada, ya que —según manifestaron— esto podría afectar la honra y los derechos de las personas eventualmente involucradas.
(Redacción Imbabura).- Un nuevo caso de robo bajo engaño se registró la tarde de ayer en Ibarra. Según la denuncia presentada por la familia de la víctima, dos individuos contactaron a un ciudadano que se dedica a realizar fletes, solicitando sus servicios para trasladar una supuesta nevera vieja desde el domicilio a un depósito de chatarra.
El viaje, inicialmente acordado dentro de la ciudad, cambió de rumbo cuando los supuestos clientes indicaron que el destino final sería San Lorenzo. Al circular por la vía E35, a la altura de la Estación de Transferencia de Socapamba, los delincuentes amenazaron al conductor con un cuchillo y lo obligaron a detener la marcha. Luego se apoderaron de la camioneta, intercambiaron asientos y lo mantuvieron retenido dentro del vehículo mientras lo amedrentaban.
El afectado fue abandonado varios kilómetros más adelante, en plena vía, durante la noche. Según relató su hija, tras permanecer retenido por varias horas, el hombre logró comunicarse para pedir ayuda y alertar sobre lo ocurrido. El hecho ya fue reportado a la Policía Nacional, mientras que las autoridades recomiendan a los transportistas extremar precauciones y evitar realizar viajes con desconocidos sin una verificación previa del servicio.
(Redacción Quito).- La Policía Nacional evitó la detonación de tres cargas explosivas en un vehículo estacionado en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte de Quito la noche de este jueves 6 de noviembre. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que se trataba de cilindros de gas con un sistema de ignición electrónica, los cuales fueron desactivados por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
De acuerdo con Reimberg, este operativo se enmarca dentro de las investigaciones relacionadas con el hecho terrorista ocurrido semanas atrás en Guayaquil. El ministro señaló que los explosivos fueron neutralizados de manera segura y aseguró que se trata de intentos de atentados sincronizados “por quienes están desesperados”.
Horas más tarde, el Consejo de la Judicatura (CJ) emitió un comunicado en el que condenó el acto de intimidación y confirmó que el vehículo con los cilindros de gas fue hallado en los exteriores del Complejo Judicial. La institución destacó la rápida acción de la Policía Nacional y recalcó que se activaron los protocolos de seguridad para proteger la integridad de servidores y usuarios.
El CJ mantiene coordinación permanente con las autoridades competentes para continuar con las investigaciones e hizo un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente por los canales oficiales. Además, reafirmó su compromiso con la justicia, la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia y al crimen organizado.
(Redacción Otavalo).- Diecisiete días de paro nacional han bastado para aislar completamente a Otavalo del resto del Ecuador. Los cierres viales al norte, al sur y en los ejes rurales han incomunicado al cantón, que hoy vive una de sus crisis más duras.
El centro de la ciudad permanece desolado: calles vacías, negocios cerrados y mercados sin actividad. Los comerciantes, sin la posibilidad de vender sus productos, enfrentan pérdidas totales. El desabastecimiento es evidente y la escasez de alimentos empieza a sentirse con fuerza, sobre todo en productos que no se producen en el cantón, como cárnicos, lácteos y comestibles de supermercados.
En varios sectores no hay presencia policial, lo que ha generado un ambiente de temor e incertidumbre. Según la ciudadanía otavaleña, grupos de indígenas armados transitan por las calles custodiando que los locales permanezcan cerrados. La gente asegura que actúan con intimidación, vulnerando el derecho al trabajo y restringiendo toda actividad comercial.
La dificultad en la movilidad es otro golpe para los otavaleños. El transporte público ha desaparecido por el desabastecimiento de combustible, y la población se ve obligada a caminar o movilizarse en motos y bicicletas. Sin embargo, muchos aseguran que manifestantes pinchan los neumáticos de los vehículos que intentan circular, dejando a las personas sin opciones.
La crisis del gas doméstico se ha convertido en una de las mayores preocupaciones en Otavalo. Los distribuidores solo pueden ingresar a las comunidades donde, según múltiples denuncias, los dirigentes imponen condiciones para acceder a los cilindros. A modo de extorsión, el gas se entrega únicamente a quienes apoyan activamente el paro nacional. Este hecho quedó en evidencia en la comunidad de Peguche, donde un ciudadano denunció haber sido víctima de esta práctica. Según su testimonio, algunos dirigentes se toman atribuciones para decidir quién puede comprar y quién no.
Las pocas provisiones que logran ingresar al cantón ya tienen destino asegurado; van dirigidas casi exclusivamente a las comunidades en protesta, mientras el centro urbano permanece sin abastecimiento. En Otavalo se ha instaurado una especie de monopolio en el que la consigna es clara: “Si no apoyas el paro, no hay comida”.
Otavalo, reconocida por su dinamismo comercial, cultural y turístico, hoy se encuentra paralizada, asfixiada por los bloqueos y la incertidumbre. Sus habitantes claman por ayuda y por el restablecimiento del orden, mientras el Gobierno Nacional parece guardar silencio ante una crisis que se agrava cada día.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Otavalo).– La tranquilidad de Otavalo se ha visto gravemente alterada por una creciente ola de extorsiones a comerciantes locales, quienes en los últimos días han reportado amenazas directas presuntamente por parte de integrantes del grupo delictivo “Los Lobos”.
Uno de los casos más alarmantes ocurrió recientemente, cuando sujetos a bordo de un taxi ingresaron a un establecimiento comercial y entregaron una funda de regalo que contenía en su interior un panfleto con mensajes intimidatorios, en los que se exigía el pago de dinero mensual para cuidar su integridad, lo que comúnmente se conoce como una “vacuna” . El documento, firmado con el nombre de la organización criminal, detallaba incluso el monto que debía ser cancelado para evitar represalias.
La situación se intensificó el día de ayer, cuando cámaras de videovigilancia captaron a varios individuos armados merodeando distintos negocios en el sur de la ciudad, con la aparente intención de amedrentar a sus propietarios. Gracias a una rápida intervención de la Policía Nacional, los sospechosos fueron capturados y puestos a órdenes de las autoridades competentes, donde actualmente se encuentran bajo investigación, por intimidación y tenencia ilegal de armas.
Las primeras indagaciones apuntan a que se trataría de una estructura delictiva organizada, dedicada al cobro de extorsiones en sectores comerciales de la ciudad. Ante estos hechos, la Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a no compartir información personal con desconocidos y a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión al 1800 DELITO o al 911.
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