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El SÍ en la reducción de asambleístas apenas alcanzó mayoría en las parroquias de Caranqui, El Sagrario y Atuntaqui

(Redacción Imbabura).- En Imbabura, la pregunta C de la Consulta Popular 2025 —la que proponía reducir el número de asambleístas— dejó ver una clara división en Ibarra. De acuerdo con el conteo parroquial hasta esta mañana, la opción del “Sí” solo logró imponerse en las parroquias urbanas de Caranqui y El Sagrario, en Ibarra, y en Atuntaqui, en el cantón Antonio Ante. En estos sectores, la propuesta tuvo un respaldo ajustado, con una votación bastante reñida hasta el cierre del escrutinio.

En contraste, en varias parroquias de los cantones Otavalo y Cotacachi, la opción del “No” obtuvo una ventaja mucho más amplia, superando al “Sí” con márgenes aplastantes en proporciones de 8 a 2, según los últimos reportes. Estos resultados consolidan la postura crítica asumida por diversos sectores sociales e indígenas de la zona, quienes expresaron de forma contundente su rechazo a la propuesta planteada en esta pregunta durante el proceso electoral.

La tendencia provincial se reflejó en el escenario nacional, donde el “No” también alcanzó la mayoría en la pregunta C, relacionada con la posibilidad de modificar la estructura del legislativo. En Imbabura, las particularidades sociopolíticas de cada cantón incidieron en los resultados: mientras en el casco urbano se evidenció una leve inclinación hacia la reducción del número de asambleístas, en zonas con fuerte organización comunitaria, como las parroquias La Esperanza y Angochahua, predominó el rechazo a dicha propuesta.

CHIJALLTA FICI oficializa su distancia con el Gobierno mediante nueve resoluciones

(Redacción Otavalo).- La Confederación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte (CHIJALLTA FICI) emitió ayer un comunicado oficial con la presencia de presidentes de pueblos, uniones y comunidades de Imbabura. En el documento, que contiene alrededor de nueve resoluciones, la organización adopta una postura crítica frente al Gobierno Nacional y reafirma su decisión de impulsar la campaña por el “NO” en la consulta popular y referéndum convocados por el Ejecutivo.

Uno de los aspectos más controversiales del documento es el punto seis, donde:

“Se exige al municipio de Otavalo que, a partir de este año y de manera permanente, el desfile cívico del 31 de octubre y todos los actos cívicos se realicen sin presencia militar ni policial, en respeto a la memoria de nuestros pueblos que fueron reprimidos con violencia desmedida”.

La resolución refleja las secuelas sociales y políticas que aún persisten en Imbabura, especialmente entre el pueblo otavaleño, quienes mantienen un sentimiento de distancia y desconfianza hacia el accionar del Gobierno en base a lo que muchos consideran un uso desproporcionado de la fuerza policial y militar durante las protestas.

Asimismo, en el punto siete, CHIJALLTA FICI anunció que:

“Prohíbe el ingreso a nuestros territorios a operadores políticos del Gobierno que están utilizando los recursos públicos para tratar de manipular o comprar conciencias para promover la Consulta Popular a favor del Gobierno.

Invitando a su vez a los actores sociales a trabajar de manera conjunta en la campaña por el “No”, y anunciaron que desde su estructura ejercerán un control permanente y estricto sobre los precios de los productos de primera necesidad y del gas en todas sus comunidades.

Con estas resoluciones, la organización indígena marca una postura firme de autonomía y rechazo a la intervención política de Daniel Noboa, reafirmando que, a pesar del fin del paro en Imbabura, la tensión entre las comunidades indígenas y el Estado central persiste, una brecha que se profundizó tras los episodios de represión vividos durante los 30 días de paralizaciones.

Daños colaterales que dejan las protestas en Imbabura, ¿quién responde?

(Redacción Imbabura).- La historia de Gonzalo Pita, un transportista oriundo de Natabuela dedicado al traslado de materiales para la construcción, refleja el drama que viven decenas de trabajadores afectados por las recientes protestas en Imbabura. Su tráiler fue incendiado por completo el pasado 28 de septiembre, mientras formaba parte del convoy humanitario que se desplazaba desde Tabacundo hacia Ibarra bajo resguardo militar.

Según relató, al llegar al redondel de González Suárez, en dirección al puente de Cotacachi, el convoy fue interceptado por manifestantes que bloquearon la vía y comenzaron a lanzar piedras contra los vehículos. “La turba se acercaba rápidamente, tuve que abandonar el camión para no ser alcanzado”, contó Pita.

Desde la distancia, observó cómo uno de los manifestantes destapó el tanque de diésel y arrojó varios fósforos encendidos. En cuestión de segundos, las llamas envolvieron la cabina y devoraron su herramienta de trabajo. “No quedó ni una sola lata buena, ni tablero, ni volante. Todo se perdió”, lamentó.

El tráiler permaneció cubierto de hollín y con la cabina completamente destruida, a pocos metros del partidero hacia Cotacachi, sobre la Panamericana Norte E35. Pita atraviesa hoy días de incertidumbre y desesperación. Endeudado y con dos hijos estudiando, asegura que ninguna autoridad se ha comunicado con él ni le ha ofrecido ayuda. “He pasado días muy duros. Solo quiero trabajar otra vez”, expresó con la voz entrecortada.

Al igual que Gonzalo, decenas de transportistas nacionales e internacionales —provenientes de Carchi, Perú y Chile— quedaron varados en la gasolinera de Pinsaquí durante los bloqueos, durmiendo en sus camiones e imposibilitados de regresar a sus hogares. Muchos de ellos denunciaron daños materiales, con neumáticos destruidos, parabrisas rotos y cabinas afectadas por la violencia de los disturbios.

El ataque al vehículo de Gonzalo Pita es solo uno de los numerosos casos que reflejan el impacto de más de 30 días de manifestaciones, un periodo que ha puesto en riesgo la estabilidad económica y emocional de cientos de familias imbabureñas.

Hoy, Gonzalo se enfrenta al reto de reconstruir su herramienta de trabajo desde cero, con la esperanza de seguir sosteniendo a su familia. Apelando a la solidaridad y buen corazón de la ciudadanía, quienes deseen apoyarlo o colaborar pueden hacerlo a través de la siguiente cuenta.

Titular: Gonzalo Pita
Banco: Pichincha
Cuenta de ahorros: 2211044881


Cronología: El panorama de Imbabura, marcado por el cansancio y las protestas tras 30 días

(Redacción Imbabura).- Imbabura cumplió un mes de paralización, en un paro atípico que la convirtió en la única provincia donde continuaron los cierres y la interrupción de actividades. Durante ese tiempo, no se logró avanzar hacia una mediación efectiva, y la inestabilidad se mantuvo como un factor constante en la región. A lo largo de cuatro semanas, diversos acontecimientos marcaron el desarrollo de la protesta, dejando un registro de conflictos, bloqueos y enfrentamientos que reflejaron la magnitud del descontento en la provincia. A continuación les presentamos una cronología de los momentos clave que tuvo esta paralización en Imbabura.

12 de septiembre de 2025: El presidente Daniel Noboa promulgó el Decreto 126, eliminación del subsidio al diésel.

Una medida que generó un rechazo inmediato y desató protestas en distintos sectores del país, especialmente entre comunidades indígenas y transportistas. Ante la creciente tensión, la Presidencia de la República anunció que, a partir del sábado 13 de septiembre, la sede del Ejecutivo funcionaría temporalmente en Latacunga, Cotopaxi, mientras que la Vicepresidencia operaría desde Otavalo, en Imbabura. Esta reubicación buscaba garantizar la continuidad administrativa en medio de las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales e indígenas.

15 de septiembre: Inicio de los primeros bloqueos viales en Carchi

Transportistas bloquearon la vía en el sector de Julio Andrade y se enfrentaron con las fuerzas armadas. La tensión se moderó días después, tras la autorización del presidente Noboa para entregar beneficios económicos a los transportistas, lo que permitió levantar el paro en la provincia. Sin embargo, la calma resultó ser temporal.

18 de septiembre: CONAIE anuncia movilizaciones a nivel nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció un paro nacional en rechazo al Decreto 126 y a otras políticas económicas del Gobierno. Ese mismo día, en Imbabura, el presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 145, designó a Luis Efraín Amaguaña Muenala, abogado kichwa otavaleño, como nuevo gobernador de la provincia. Sin embargo, Amaguaña renunciaría días después, presionado por dirigentes indígenas. Además, a través del Decreto Ejecutivo N.º 134, el mandatario declaró el estado de excepción y estableció toque de queda en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo y Carchi.

21 de septiembre: El movimiento indígena en Imbabura declara una paralización indefinida.

Mediante un comunicado, se declararon movilizaciones indígenas desde las 10 de la noche, anticipando bloqueos y concentraciones en puntos estratégicos de la provincia.

22 de septiembre: Primeros cierres viales en Imbabura.

Organizaciones indígenas como CHIJALLTA FICI, UNORCAC, FENOCIN y comunidades Kichwa Karanki, Natabuela, Cayambi y Otavalo se sumaron a las movilizaciones, bloqueando varios tramos de la vía E35 e imposibilitando el paso desde Imbabura hacia el sur del país. Ese mismo día, los manifestantes se concentraron en el ingreso a Otavalo, donde un fuerte contingente policial y militar provocó un enfrentamiento marcado por un nivel de violencia desproporcionado. Durante los disturbios se destruyeron bienes públicos, se dañaron cámaras del ECU911 e incluso se incendió el Comando de Policía Judicial de la ciudad. Motocicletas, patrulleros y vehículos particulares quedaron consumidos por las llamas. En el marco de los incidentes, las autoridades detuvieron a 18 personas acusadas de presunto terrorismo. En la audiencia de flagrancia realizada al día siguiente, se resolvió que de los 18 aprehendidos (15 adultos, 2 menores de edad y una mujer), 12 continuarían detenidos mientras avanzaba la instrucción fiscal y seis recuperaron su libertad. El 6 de octubre, la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente el pedido de habeas corpus presentado por la defensa de 10 de los 12 detenidos. En la audiencia se dispuso el retorno inmediato de siete de los privados de libertad, quienes regresaron el 15 de octubre desde la cárcel El Rodeo, en Manabí, hacia la jurisdicción de Imbabura, donde cumplirán la medida de prisión preventiva mientras avanza la instrucción fiscal. De los 10 detenidos beneficiados, tres ya habían sido trasladados previamente desde Manabí hasta la cárcel de Ibarra el pasado 30 de septiembre debido a problemas de salud. Paralelamente, 17 militares fueron retenidos por comunidades del cantón Otavalo, recuperando su libertad de manera gradual, mientras en Ibarra se desarrollaban marchas pacíficas.

23 de septiembre de 2025: Nueva gobernadora para Imbabura

El presidente Daniel Noboa designó a la abogada Elsy Maite Landeta Sánchez como nueva gobernadora de Imbabura mediante el decreto ejecutivo 154.

El ministro del Interior confirmó que 50 personas fueron detenidas a nivel nacional en manifestaciones, 20 en Imbabura de los cuales dos personas de nacionalidad venezolana estarían ligadas al Tren de Aragua.

24 de septiembre: Daniel Noboa encabezó el primer convoy que ingresó a Imbabura.

Un contingente policial y militar se trasladó hacia Otavalo por carretera mientras el presidente de la república arribó en helicóptero alrededor de las 9 de la mañana. Desde allí, pronunció un breve discurso, pero se retiró sin ofrecer ninguna resolución ni respuesta concreta a la población.

En los días posteriores, la crisis se extendió a sectores como Peguche, Ilumán, Caluquí, González Suárez, Antonio Ante, Zuleta, Cayambe, Urcuquí, El Juncal y Lita, donde los bloqueos en ejes viales rurales paralizaron la movilidad en toda la región.

26 de septiembre: CONAIE da por finalizado el paro, sin embargo las bases no aceptan.

En una asamblea realizada en las instalaciones de la UNOPAC, en el cantón Cayambe, alrededor de 100 dirigentes de comunidades y organizaciones locales se reunieron para conocer y ratificar las resoluciones adoptadas por la dirigencia principal de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El encuentro estuvo encabezado por Marlon Vargas, presidente de la Conaie; Ercilia Catañeda, vicepresidenta; y Dennis de la Cruz, presidenta del Pueblo Kayambi. Durante la reunión se resolvió levantar las paralizaciones en los cantones Cayambe, Pedro Moncayo y Otavalo a partir del 27 de septiembre, a las 09:00.

26 de septiembre: Retienen a presidente de la CONAIE en Otavalo

Comuneros de Huaycopungo, en el cantón Otavalo, retuvieron al presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, tras el anuncio del fin del paro. Las comunidades lo acusaron de traición y anunciaron que debería someterse a la justicia indígena. Durante la reunión, todas las comunidades ratificaron que el paro continuaría en Imbabura hasta que se cumplieran sus demandas.

El 28 de septiembre: Primer fallecido por manifestaciones en Imbabura

Efraín Fueres, ciudadano de 47 años oriundo de Cuicocha, se convirtió en la primera víctima mortal de las movilizaciones, tras recibir un disparo por parte de personal militar en Ilumán, según testigos.

Días después, el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior se trasladaron a Ibarra para reunirse en la Gobernación, aunque no se conocieron acuerdos ni medidas concretas que lograran apaciguar la crisis.

Las protestas continuaron en Imbabura y comenzaron a tornarse vandálicas, ya que los manifestantes pincharon neumáticos e intimaron a los dueños de negocios para obligarlos a cerrar sus locales, mientras que la escasez de gasolina, gas doméstico y alimentos se convirtió en un problema recurrente para la población, en especial la otavaleña.

El 1 de octubre: FICI desconoce a su presidente

La decisión de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI) de declarar una tregua temporal y abrirse al diálogo con el Gobierno Nacional genero fracturas internas en el movimiento indígena del norte del país. Pocas horas después de emitido el comunicado oficial de la FICI, varias comunidades y organizaciones de base anunciaron que desconocen la resolución y a la dirigencia encabezada por Mesías Flores, presidente de la Federación. Lenin Farinango, presidente del pueblo Kichwa Karanki, declaró que nunca recibió “ni una llamada del presidente de la FICI”, y ratificó que las comunidades Karanki se mantienen en las medidas de hecho. “Intentan dividir al movimiento indígena”, advirtió.

04 de octubre: Se elimina el toque de queda en Imbabura

Tras varios días de bloqueos en el norte del país, la Corte Constitucional revisó los decretos del Ejecutivo y determinó que el toque de queda vulneraba derechos fundamentales, mientras que el estado de excepción solo se justificaba en Carchi e Imbabura, las provincias más afectadas por la crisis.

El 6 de octubre: Invasión a florícolas en Cotacachi

Jessica Torres, vicepresidenta de la UNORCAC, lideró a aproximadamente 200 manifestantes indígenas que invadieron una finca florícola en Cotacachi de Expoflores, intimidando a los trabajadores y presionándolos para sumarse a la paralización.

El 8 de octubre: Movilización masiva de indígenas a Ibarra

Un intento de tomarse Ibarra se registró durante una marcha multitudinaria a las afueras del edificio de la gobernación. El dirigente indígena de la UNORCAC, Guido Perugachi, advirtió que si la ciudad no colaboraba con el paro, volverían a tomarse la urbe y a causar destrozos.

13 de octubre: Segundo convoy humanitario ingresó a Imbabura por la vía Zuleta.

Un convoy humanitario ingreso a Imbabura con resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para abastecer a las comunidades afectadas por los bloqueos y actos de violencia debido al paro en Ecuador. El Bloque de Seguridad confirmó que el convoy transportó víveres, colchones, gas, medicinas y otros insumos esenciales destinados a la población civil que permanece aislada por la interrupción de vías. El convoy contó con la presencia y acompañamiento de representantes de la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Humano, Registro Social, Cruz Roja, medios de comunicación, delegados de la Fiscalía General del Estado y equipos técnicos encargados de la asistencia. La presencia de organismos institucionales formo parte del protocolo para asegurar transparencia, seguimiento y atención directa a las comunidades afectadas.

14 de octubre: Fuerte represión y enfrentamientos entre manifestantes y militares en Otavalo.

El Gobierno Nacional confirmó en rueda de prensa que su misión principal era devolver la paz a Imbabura, al siguiente día, Otavalo amaneció militarizado, y el ministro del Interior, John Reimberg, declaró a los medios: “Vamos a quedarnos hasta que todo vuelva a la normalidad. Aquí estaremos todo el tiempo que sea necesario; Imbabura no está sola”. El ministro indicó que un convoy humanitario fue atacado esa madrugada por manifestantes y este hecho desencadenó un enfrentamiento en el que la fuerza pública reprimió a los manifestantes con dureza. La ciudad se convirtió en un verdadero campo de batalla con calles destrozadas, actos de vandalismo, militares persiguiendo a manifestantes y más de 40 personas detenidas, la mayoría de las cuales fue liberada poco después gracias a la intervención legal de sus abogados y al respaldo de la comunidad. En medio del caos, un periodista comunitario resultó herido por el impacto de una bala –

15 de Octubre: Segundo comunero falleció por impacto de bala

José Guamán, de 30 años, recibió un disparo en el pecho durante las manifestaciones del día anterior, permaneció en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra en cuidado intensivo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado en helicóptero a Quito, pero lamentablemente falleció durante el trayecto.

15 de octubre: Alto al fuego y primeros acuerdos

Tras 23 días de paralización provincial, el presidente del pueblo Kichwa de Otavalo y la alcaldesa Anabel Hermosa Acosta anunciaron el cese de hostilidades y el inicio de mesas de diálogo directas con el Gobierno Nacional, misma que se instaló la tarde del 15 octubre en el hotel Yamor Continental, en donde 60 dirigentes, la curia y el ministro del Interior finalmente pudieron llegar a un acuerdo y anunciaron el fin del paro.

15 de octubre: Efímero final del paro en Imbabura

Luego del anuncio en rueda de prensa, las bases del movimiento indígena se declararon en rebeldía, causando una ruptura total, desconocieron los acuerdos y acusaron a sus dirigentes de traición, llegando incluso a agredir al presidente de la FICI, Mesías Flores, mientras informaba sobre el fin de las movilizaciones. Al final de la noche las vías no fueron habilitadas.

El 16 de octubre: Pronunciamientos de la alcaldesa de Otavalo

En una asamblea realizada a los pies de la Alcaldía de Otavalo, la alcaldesa encabezó un encuentro entre las bases y los dirigentes indígenas con el objetivo de buscar una salida al paro. En medio de un ambiente tenso, marcado por acusaciones y nuevos pedidos, la primera autoridad del cantón exhortó a los presentes a regresar a sus territorios, dialogar sobre las propuestas y socializarlas en las mesas técnicas que se instalarían el lunes 20 de octubre.

19 de octubre: FICI asume liderazgo de las movilizaciones en Imbabura

La CHIJALLTA-FICI asumió el control total del paro en Imbabura mediante un comunicado difundido en redes sociales, la organización informó que Sisa Inés Cotacachi, actual vicepresidenta, asumirá la presidencia en reemplazo de Mesías Flores, debido a su “ausencia y falta de liderazgo” Asimismo, la FICI invitó a la CONAIE, ECUARUNARI y FENOCIN a participar en el proceso de diálogo nacional, aunque precisó que las organizaciones de Imbabura serán las encargadas de dirigir el proceso

19 de octubre: Gobierno denuncia incumplimientos de acuerdos y suspende el diálogo.

El Gobierno Nacional anunció la suspensión del diálogo con los movimientos indígenas, citando incumplimientos de los acuerdos, cambios en los representantes y acciones violentas que, según el Ejecutivo, quebrantaban lo pactado previamente. Por ello, calificó los hechos ocurridos posteriormente como responsabilidad íntegra del movimiento indígena en la provincia.

21 de octubre: Paro provincial condenado a terminar

La Unión de Comunidades y Barrios Indígenas y Campesinas de Ilumán (UNICOBICI) resolvió en una asamblea comunitaria regresar a sus territorios. Durante la reunión, se señaló que continuarán en resistencia de forma pacífica desde cada comunidad, permaneciendo vigilantes ante los acontecimientos. Fabián Díaz, dirigente de Ilumán criticó duramente que solo cuatro cantones se mantienen en resistencia activa, afirmando que el paro no representa a todo el Ecuador. Añadió que, si la movilización se convierte en un paro verdaderamente nacional, las comunidades de Ilumán volverían a salir a las calles.

21 de Octubre: Comunidades de Imantag anuncian fin del paro

En una reunión que duró hasta la madrugada las comunidades de Imantag dieron por finalizado el paro en sus territorios y anunciaron la apertura total de la vía Imantag–Atuntaqui. Además, ofrecieron disculpas públicas a toda la comunidad por los inconvenientes ocasionados durante los días de movilización.

22 de octubre: Primeas vías habilitadas en Imbabura.

Medinte labores de limpieza se aperturó un tramo de la vía Atuntaqui-Santa Bertha que fue bloqueada con palos y piedras como parte de los primeras vías en ser habilitadas en la provincia.

22 de octubre: CONAIE anuncia fin del paro

Al medio dia, el presidente de la CONAIE Marlon Vargas se pronunció al país mediante un video en el que ratificó que, frente al anuncio del Gobierno de desplegar toda la fuerza del Estado para habilitar las vías en Imbabura, la organización ha decidido dar por terminado el paro. Vargas informó que se dará paso a la apertura de las vías e hizo un llamado a las comunidades a replegarse a sus territorios, para salvaguardar la vida.

22 de octubre: UNORCAC anuncia que mantendrá la resistencia pese a comunicado de la CONAIE del fin del paro

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) emitió un pronunciamiento en el que aclaró que no pertenece a la CONAIE y que, pese al anuncio de su presidente Marlon Vargas de dar por terminado el paro, mantendrán la resistencia en la provincia de Imbabura. En su comunicado, la organización confirmó que las vías en Cotacachi permanecerán cerradas y que el día de mañana realizarán una gran marcha que saldrá desde el centro de Cotacachi hasta el ingreso al cantón. Los dirigentes expresaron su preocupación por el anuncio del presidente de la República, quien ordenó el despliegue de toda la fuerza del Estado para reabrir las vías en Imbabura. Afirmaron que, pese al temor por posibles enfrentamientos, mantendrán su resistencia de manera pacífica, defendiendo su derecho a la protesta.

22 de octubre: Fuerzas Armadas hacen un barrido de la vía E35 para despejar el paso

Durante la tarde, dos convoyes de las Fuerzas Armadas iniciaron las labores de limpieza y despeje de la vía E35, uno avanzando desde Otavalo hacia Ibarra y otro en sentido contrario, desde Ibarra hacia Otavalo. La operación contó con el apoyo de maquinaria pesada que trabaja en la remoción de escombros, ramas y obstáculos que permanecían sobre la calzada tras 30 días de bloqueos. De igual manera, personal policial se mantiene desplegado a lo largo del corredor vial, garantizando el control de la zona y la seguridad del operativo.

Luego del paso del primer convoy moradores de San Rafael de la Laguna, en el cantón Otavalo salieron nuevamente a las vías y atacaron a los vehículos que se movilizaban pinchando neumáticos y afectando a parabrisas de los vehículos.

22 de octubre: FICI convoca a reunión de emergencia

La FICI anunció que iniciará la apertura de las vías en toda la provincia, luego de varias jornadas de diálogo con las comunidades. Con esta decisión, la FICI se convirtió en una de las últimas organizaciones en levantar el paro provincial que se extendió por casi un mes.

23 de octubre: Marcha por la dignidad en homenaje a la víctimas del Paro 2025

Esta mañana, distintas comunidades indígenas se congregaron a la entrada a Cotacachi para dar inicio a una marcha pacífica por la dignidad, convocada por la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi UNORCAC y la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura FICI. Bajo el lema “Por la memoria, la resistencia y la dignidad de nuestros pueblos”, los participantes avanzaron por la vía E35 con tambores, flautas, banderas y consignas, en homenaje a Efraín Fueres, José Guamán y Rosa Paqui, las tres personas que perdieron la vida durante las protestas sellando de este modo el fin del paro en Imbabura.

Indígenas de la UNORCAC y pueblos Kichwa marchan en Ibarra lanzando advertencias a la ciudadanía

(Redacción Ibarra).- Esta mañana, cerca de mil quinientos manifestantes indígenas de la UNORCAC se movilizaron desde Cotacachi por la vía E35 en una caravana compuesta por camiones, camionetas y motocicletas, con destino a la ciudad de Ibarra; arribaron al Parque Ciudad Blanca y, al llegar, descendieron de los vehículos y comenzaron a agruparse para una marcha pacífica.

El recorrido continuó por las calles Fray Vacas Galindo y Obispo Mosquera, en las inmediaciones del Mercado Amazonas. Durante el tránsito, numerosos negocios y locales comerciales suspendieron temporalmente sus actividades para evitar confrontaciones o afectaciones a sus instalaciones; además, el servicio de transporte público interrumpió su servicio en el centro de la ciudad.

Posteriormente, los manifestantes se dirigieron hacia la calle Simón Bolívar con intención de llegar a la cárcel de Ibarra, transitando por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura. Además, un grupo de aproximadamente 100 personas se detuvo momentáneamente en el Obelisco de Ibarra antes de continuar su recorrido para unirse al resto de la manifestación.

Entre las consignas que se escuchan, los manifestantes exigen la derogatoria del Decreto 126, rechazan la constituyente propuesta por el presidente Noboa, solicitan esclarecer la muerte de Efraín Fuérez y piden la liberación de los 12 detenidos durante las manifestaciones en Otavalo.

La presencia militar y policial se mantiene en los alrededores del edificio de la Gobernación de Imbabura, con contingentes de la Policía Nacional y del Ejército. Aproximadamente a las 14:00, los manifestantes se concentraron en el Obelisco de Ibarra. Allí, dirigentes indígenas de la UNORCAC, junto al Pueblo Kichwa Karanqui y el Pueblo Natabuela, advirtieron a la ciudadanía ibarreña que, de no sumarse al paro nacional, la próxima vez recurrirán a acciones violentas y provocarán destrozos. Además, reconocieron públicamente que su objetivo es tomarse la ciudad a favor del paro, argumentando que esta medida busca un beneficio para todos.

LAS DECLARACIONES COMPLETAS EN EL SIGUIENTE LINK: CORTESÍA DE PRIMERA ZONA https://www.facebook.com/primerazonaec/videos/819654047472247

Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi, pide objetividad en el caso Efraín Fuerez y rechaza estigmatización a las comunidades

(Redacción Cotacachi).- Durante una entrevista concedida a Radio Pichincha la mañana de ayer, el alcalde del cantón Cotacachi, Jomar Cevallos, afirmó que “los proyectiles con los que fue asesinado Efraín Fuérez son los utilizados por el Ejército”, en referencia a la muerte del líder comunero, considerada la primera víctima de la violencia registrada durante las manifestaciones en Imbabura.

Cevallos señaló que existen versiones orales y escritas de los 13 militares que fueron retenidos por las comunidades y entregados la madrugada del 1 de octubre, en las cuales se indicaría que el Ejército habría utilizado proyectiles balísticos, presuntamente responsables del fallecimiento.

Asimismo, se conoce que la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación en curso para determinar las causas de la muerte de Fuérez. Mientras tanto, las organizaciones indígenas han reiterado en cada pronunciamiento su exigencia de justicia y que se identifique a los responsables.

El alcalde también cuestionó el discurso oficial, asegurando que su posición está “apegada a la objetividad”, y rechazó los calificativos de terroristas y secuestradores dirigidos a las comunidades. Advirtió que tales señalamientos no se ajustan a la realidad y podrían afectar la imagen del cantón y del país.