(Redacciòn Ibarra).- TVN Canal 9, uno de los medios de comunicación con trayectoria en la zona norte del Ecuador, inició un proceso de disolución y liquidación, de acuerdo con información registrada ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
El medio mantenía presencia en la provincia de Imbabura a través del canal 9 y en Tulcán, Carchi, mediante el canal 25, con una programación que incluía espacios informativos, música y entretenimiento.
Durante sus 28 años de trayectoria, TVN Canal 9 se consolidó como un medio de referencia para los televidentes de la región, con producciones locales como Prisma Informativo. El proceso de disolución y liquidación marca un nuevo capítulo para este medio de comunicación regional. Hasta el momento, se espera conocer mayores detalles sobre el procedimiento y el futuro de sus señales y contenidos.
(Redacción Imbabura).- Momentos de tensión se registraron la mañana de ayer, cuando moradores de las comunidades de La Playita-Camuendo, ubicada a orillas del lago San Pablo, y La Compañía, situada cerca de Pucará Bajo, protagonizaron un enfrentamiento relacionado con una disputa por límites territoriales que se mantiene desde hace décadas.
La controversia entre ambos sectores no es reciente. Las dos comunidades colindan en la zona rural y periférica de la parroquia urbana El Jordán, en el cantón Otavalo, donde mantienen una disputa por la delimitación de sus territorios que, pese a los intentos de sus dirigentes por alcanzar acuerdos, todavía no ha encontrado una solución definitiva.
Videos difundidos ayer en redes sociales muestran a hombres y mujeres de ambas comunidades enfrentándose y protagonizando agresiones físicas e intercambios verbales. Según información preliminar, el conflicto se habría intensificado tras el derribo de un muro construido en el sitio, que contaba con varias pintadas. Los escombros del muro habrían sido utilizados por los involucrados para amedrentarse durante el enfrentamiento.
De acuerdo con la información conocida, alrededor de 40 metros de territorio estarían en disputa, una diferencia que habría vuelto a elevar la tensión entre ambas comunidades. El enfrentamiento se habría prolongado durante varias horas, hasta que el párroco y miembros de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús intervinieron para mediar y evitar que la confrontación escalara.
Por la tarde, en la casa comunal de La Compañía, se desarrolló un diálogo entre dirigentes de ambas comunidades y miembros de la Iglesia, con el objetivo de buscar una salida al conflicto y establecer posibles acuerdos que permitan solucionar la disputa territorial. Las partes analizaron la situación en una asamblea comunitaria mientras la ciudadnia continua a la espera de la resoluciòn. El enfrentamiento dejo varios heridos y una persona retenida.
(Redacciòn Ibarra).- Entre el domingo 30 de agosto y este lunes 31 varios siniestros de trànsito se suscitaron en varios cantones como Ibarra Otavalo y Antonio Ante. El primero ocurrió la noche del domingo en el sector La Joya, en Otavalo, donde un vehículo cayó a una quebrada ante la mirada de varios moradores. El conductor quedó atrapado en el interior del automotor y, pese a la llegada de agentes de la Policía Nacional y una ambulancia, se confirmó su fallecimiento.
Moradores señalaron que el conductor habría estado en aparente estado de embriaguez; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Posteriormente, una unidad de rescate realizó el remolque del vehículo, mientras agentes del SIAT y DINASED efectuaron el procedimiento correspondiente para determinar las causas del siniestro.
Minutos después, a las 20:29, otro accidente cobró la vida de una persona en la vía E35, a la altura de San Roque. Un motociclista sufrió un violento impacto y falleció en el lugar. Personal de la Policía Nacional y una ambulancia de Panavial acudieron para atender la emergencia. El SIAT realizó el levantamiento del cuerpo y las pericias para establecer cómo ocurrió el accidente.
La mañana de este lunes, alrededor de las 07:30, un nuevo siniestro elevó a cuatro el número de víctimas mortales. Dos personas fallecieron y otras dos resultaron heridas tras un violento choque registrado en el sector de Salinas.
Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional, una ambulancia del Ministerio de Salud Pública y unidades del Cuerpo de Bomberos. De manera preliminar, el accidente se habría producido luego de que agua proveniente de una acequia cercana llegara a la vía, provocando que un automóvil perdiera pista y terminara impactándose contra un taxi.
La vía permaneció cerrada al tránsito vehicular durante varias horas mientras se atendía la emergencia y se realizaban los procedimientos correspondientes.
(Redacciòn Imbabura).- Las personas con discapacidad pueden acceder a beneficios tributarios para la adquisición de vehículos destinados a su uso o traslado. En Ecuador, este beneficio está dirigido a quienes cuenten con un grado de discapacidad igual o superior al 30 %, determinado por la autoridad sanitaria, y cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
El porcentaje de exoneración depende del grado de discapacidad registrado. Para quienes tienen entre el 30 % y 49 %, la exoneración tributaria es del 60 %; entre el 50 % y 74 %, alcanza el 70 %; entre el 75 % y 84 %, llega al 80 %; mientras que las personas con una discapacidad de entre el 85 % y 100 % pueden acceder a una exoneración del 100 %.
Es importante aclarar que estos porcentajes corresponden a la exoneración de tributos y no representan un descuento equivalente sobre el precio total del vehículo. La aprobación del beneficio y los valores definitivos son determinados por las autoridades competentes.
Un ejemplo del ahorro
Para dimensionar el beneficio, un Mazda CX-30 con un precio regular de $32.499 podría llegar a costar aproximadamente $21.990 bajo una exoneración tributaria del 100 %. Esto representaría un ahorro referencial de $10.509 frente al precio regular, siempre sujeto a la aprobación correspondiente.
La exoneración permite así acceder a vehículos nuevos que incorporan características de seguridad, tecnología y comodidad, reduciendo el impacto económico de su adquisición.
¿Qué documentos se necesitan?
Para iniciar el proceso de exoneración con Comercial Hidrobo, el beneficiario debe presentar:
Copia a color y legible de la cédula del beneficiario.
Hasta tres licencias de conducir, acompañadas de copias legibles de ambos lados de las cédulas de los conductores. Estos podrán tener hasta tercer grado de consanguinidad con el beneficiario.
Copia actualizada de un servicio básico del domicilio.
Token o firma electrónica en archivo.
Dependiendo de las características de cada caso, las autoridades competentes pueden solicitar documentación o validaciones adicionales. El vehículo deberá estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad y cumplir con los límites y condiciones establecidos por la normativa ecuatoriana.
Opciones y acompañamiento durante el proceso
Comercial Hidrobo cuenta con un portafolio de vehículos nuevos de marcas como Mazda, Chery, Dongfeng, Toyota, Changan, entre otras, con modelos que pueden aplicar al beneficio de exoneración.
Además de ofrecer distintas alternativas de vehículos, la empresa brinda asesoría personalizada para orientar a los clientes sobre los modelos disponibles y acompañarlos durante el proceso de exoneración y gestión de la documentación.
Las personas con carné o registro de discapacidad vigente pueden acercarse a Comercial Hidrobo para conocer las alternativas disponibles y recibir orientación sobre el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades de movilidad.
(Redacciòn Ecuador).- Durante años, los conductores que realizaban transporte de pasajeros sin contar con la autorización correspondiente podían ser sancionados con una multa de dos salarios básicos, la reducción de 10 puntos en la licencia y la retención del vehículo. Sin embargo, la Sentencia 106-20-IN/24 de la Corte Constitucional cambió el alcance de estas sanciones al establecer que no se puede exigir una autorización para una actividad cuando el propio Estado no ha creado un mecanismo legal para obtenerla.
Esto generó un nuevo escenario para los conductores que utilizan plataformas como Uber, DiDi e inDrive. La sentencia no significa que estas aplicaciones estén automáticamente autorizadas ni que sus conductores tengan libertad para incumplir las normas de tránsito. Lo que establece es que la falta de una autorización no puede convertirse automáticamente en una sanción penal cuando no existe una vía legal para obtener ese permiso.
Otro de los cambios importantes fue la retención de los vehículos. Antes, el artículo 386 del COIP establecía un período mínimo de siete días; la Corte declaró inconstitucional esa condición y determinó que el plazo debe ser de hasta siete días como máximo. Por ello, la sentencia no significa que un agente nunca pueda retener un vehículo, sino que esa medida debe aplicarse dentro de los límites establecidos por la normativa y la interpretación constitucional.
La situación también mantiene abierta la disputa con los taxis de cooperativa, cuyos conductores argumentan que han realizado inversiones para obtener permisos, cupos, placas y cumplir controles técnicos y administrativos. El gremio sostiene que los conductores de plataformas deberían estar sujetos a obligaciones similares para evitar una competencia desigual.
Por su parte, los conductores de aplicaciones defienden su derecho al trabajo y señalan que el Estado todavía no ha creado un sistema específico que les permita regularizar esta modalidad de transporte. Además, la discusión es aún más compleja porque algunos taxis convencionales también utilizan plataformas digitales para conseguir pasajeros.
La Corte Constitucional no eliminó los taxis ni legalizó el transporte informal. Su decisión obliga a que las autoridades y la Asamblea Nacional establezcan reglas claras para las nuevas modalidades de transporte digital. El objetivo es que, en lugar de mantener una disputa entre taxis y aplicaciones, exista una regulación que determine qué requisitos, controles, impuestos y obligaciones debe cumplir cada modalidad.
(Redacción Otavalo).- Una serie de accidentes registrados durante el último año volvió a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad de la Terminal Terrestre de Otavalo y la necesidad de contar con una infraestructura que responda al crecimiento de la ciudad y al constante flujo de pasajeros y buses.
En agosto de 2025, una joven de 25 años murió luego de ser impactada por un bus en los exteriores de la terminal. La mujer se movilizaba en bicicleta mientras utilizaba su teléfono celular cuando ocurrió el siniestro.
En julio de 2026, un adulto mayor fue atropellado durante la mañana en el mismo sector, precisamente en una zona caracterizada por el permanente ingreso y salida de buses interprovinciales e intercantonales.
El 12 de agosto de este año, otro joven fue atropellado en las inmediaciones de la Terminal Terrestre. A pesar de la gravedad del hecho, resultó prácticamente ileso. Doce días después, otro siniestro se susitò luego de que una mujer fuese atropellada y sufriera graves lesiones que derivaron en la pérdida de una pierna y afectaciones en el tejido abdominal. El hecho ocurrió ante la mirada de pasajeros y conductores.
Estos hechos han reavivado los reclamos de ciudadanos y transportistas, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado a la Alcaldía de Otavalo la construcción de una nueva terminal terrestre o una intervención integral que permita mejorar las condiciones de seguridad y movilidad.
La discusión sobre una nueva terminal no es reciente. Durante años han existido debates técnicos y sociales respecto a su ubicación, características y la forma de ejecutar el proyecto sin comprometer de manera desproporcionada los recursos municipales.
En julio de 2024 y julio de 2025 resepctivamente, la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, anunció el proyecto para la construcción de una nueva terminal terrestre en el sector de Carabuela. Según lo anunciado en ese momento, hasta septiembre de 2025 se esperaba contar con los estudios definitivos y definir los mecanismos de financiamiento, con la proyección de iniciar las obras ese mismo mes. La propuesta contemplaba trasladar las operaciones principales fuera del casco urbano, con el objetivo de descongestionar el centro de la ciudad. Ese proceso contarìa con la aprobación de la categorización del nuevo terminal por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que establece los parámetros técnicos que deberá cumplir la infraestructura proyectada.
Sin embargo, la propuesta también generó rechazo entre parte de la ciudadanía debido a la distancia de aproximadamente 6,3 kilómetros que existiría entre la nueva terminal y el centro de Otavalo. El traslado implicaría que los usuarios deban tomar un autobús adicional para llegar hasta el nuevo punto de embarque, lo que representaría un costo y tiempo extra para quienes utilizan diariamente el transporte público.
Además, se ha señalado que el actual patio de operaciones no desaparecería con la construcción de la nueva terminal. De acuerdo con la propuesta, este espacio sería reconvertido en una estación de transferencia destinada a atender los circuitos internos de transporte. A esto se sumaría la construcción de una segunda estación en el sur de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso de pasajeros provenientes de Quito, Cayambe y otras localidades.
El proyecto aún no ha avanzado y, mientras tanto, la actual terminal continúa operando en medio de cuestionamientos por sus condiciones de seguridad. El reducido espacio, frente al constante flujo de pasajeros y buses, dificulta la circulación vehicular y peatonal, a lo que se suman accesos con escasa iluminación, problemas de visibilidad, deficiente señalética y ausencia de pantallas informativas, factores que generan preocupación entre quienes utilizan diariamente estas instalaciones. A esto se añade el deterioro de parte de la infraestructura y los siniestros registrados tanto en el interior como en los exteriores del terminal, situaciones que han incrementado el reclamo ciudadano por una solución definitiva.
Para Otavalo, la construcción de una nueva terminal representa un proyecto esperado durante más de dos décadas. La ciudad, considerada uno de los principales destinos turísticos de Imbabura, mantiene el desafío de contar con una infraestructura de transporte acorde con el crecimiento urbano, el movimiento comercial y turístico y el número de pasajeros que diariamente llegan y salen del cantón.
Los recientes accidentes han vuelto a poner una pregunta sobre la mesa: ¿cuánto tiempo más deberá esperar Otavalo para contar con una terminal terrestre segura, moderna y acorde con las necesidades de una ciudad que recibe cada año a miles de visitantes?
(Redacciòn Ibarra).- El pasado viernes fueron presentadas oficialmente las siete candidatas que participarán en el certamen Reina de San Miguel de Ibarra 2026-2027, en un acto que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Álvaro Castillo, y representantes de varios medios de comunicación.
Las jóvenes fueron presentadas como las aspirantes a llevarse la banda y la corona, pero también a asumir el compromiso de trabajar en favor de los grupos prioritarios del cantón, como parte de las actividades sociales que acompañarán su participación en el certamen.
Las candidatas son: Tamara Santamaría, Natalia Medrano, Katy Keery, Janny Ortega, Diana Montesdeoca, Daniela Mejía y Cecibel Pozo.
Janny Ortega representante de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA-IMalena Pozo representante de Imagen TeenNatalia Medrano representante del Registro de la Propiedad del Gad IbarraDiana Montesdeoca representante del Cuerpo de Bomberos de IbarraDaniela Mejìa representante de EDC ModelKatty Kerry representante de INNOVA EPTamara Santamarìa representante de Delta Seguridad
La presentación marca el inicio de las actividades previas a la gala de elección y coronación, que se desarrollará en el marco de las fiestas septembrinas por la fundación de San Miguel de Ibarra.
(Redacciòn Ibarra).-El precandidato a la Alcaldía de Ibarra, Juan Manuel Mantilla, confirmó que la defensa legal de Lucía Posso interpuso una demanda en su contra y que en ella se reclama una indemnización de medio millón de dólares.
El origen del conflicto se remonta a junio de este año cuando Mantilla participó en una entrevista radial y pidió al periodista Leonardo Yépez que consultara a Posso si su campaña había recibido respaldo del Frente Democrático Universitario (FDU), organización que mantiene una histórica presencia e influencia en la Universidad Técnica del Norte.
En ese momento, el planteamiento abrió un debate político en Ibarra sobre el origen y financiamiento de los recursos utilizados por los precandidatos durante la etapa previa a las elecciones. Sin embargo, Mantilla no presentó públicamente pruebas que acreditaran que Posso hubiera recibido aportes del FDU y la acusación quedó planteada como una interrogante dentro de la entrevista.
Esta semana y tras permanecer aproximadamente un mes fuera del país por motivos personales, Mantilla aseguró que a su regreso fue notificado de la demanda presentada por Posso, en la que, según su versión, se solicita el pago de $500.000 a raíz de aquellas declaraciones.
El político respondió públicamente a través de sus redes sociales y cuestionó la decisión de recurrir a la justicia. Sostuvo que una pregunta relacionada con el financiamiento político debería ser respondida con transparencia y afirmó que no teme enfrentar el proceso judicial.
Pese a que Mantilla quedó fuera de la candidatura a la Prefectura y su futuro político es incierto por ahora, el conflicto se mantiene en dos frentes: el político, donde insiste en exigir explicaciones sobre el supuesto respaldo al que hizo referencia en junio; y el judicial, donde deberá responder por sus declaraciones tras la demanda presentada por Posso.
(Redaccion Cotacachi).- La tensión por el precio de los pasajes aumenta en Cotacachi. La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) rechazó el incremento del 25% aplicado a las tarifas de las cooperativas de transporte que operan dentro del cantón. El valor habría pasado de USD 0,35 a USD 0,45, según usuarios, aunque la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no contempla todas las rutas de estas cooperativas, cuya competencia corresponde al Municipio de Cotacachi.
La UNORCAC advirtió a los conductores que, si aplican el incremento sin la debida autorización, podrían enfrentar procesos de justicia indígena.
La decisión se tomó luego de que los dirigentes de las cooperativas de transporte no asistieran a una reunión convocada para analizar el aumento y buscar un acuerdo.
Cooperativas como San Francisco, San Francisco de Imantag y Quiroga mantienen, por ahora, la tarifa anterior, aunque han solicitado una revisión debido al incremento en el precio de los combustibles y la eliminación de las compensaciones otorgadas por el Gobierno.
Por su parte, el vicealcalde de Cotacachi, Alfonso Morales, manifestó que el Municipio no cuenta actualmente con un estudio técnico que sustente un incremento en la tarifa del transporte.
(Redacción Ibarra).- A las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026 terminó el plazo para la inscripción de candidaturas para las Elecciones Seccionales 2027. En Imbabura se registraron preliminarmente 2.183 solicitudes para las distintas dignidades. El proceso entra ahora en una nueva etapa: la revisión y calificación de las postulaciones por parte de la Junta Provincial Electoral.
La nómina preliminar incluye 4 candidaturas para prefecto y viceprefecto, 35 para alcaldes, 190 para concejales rurales, 184 para concejales urbanos, 90 para concejales urbanos por circunscripción y 1.680 para vocales de juntas parroquiales rurales. En total, son 2.183 solicitudes de inscripción.
El proceso se realizó exclusivamente en línea, a través del Sistema de Inscripción de Candidaturas del Consejo Nacional Electoral (CNE), que permaneció habilitado de manera ininterrumpida desde el 2 de agosto hasta las 18:00 del 17 de agosto. Para este proceso, el organismo electoral habilitó 10 módulos destinados a brindar asistencia técnica a las organizaciones políticas.
Sin embargo, estas postulaciones aún no son definitivas. Primero deberán pasar por la revisión de requisitos, la etapa de objeciones y, de ser el caso, los recursos correspondientes. El organismo electoral informó que hasta este jueves se podrán presentar objeciones. Una candidatura será considerada oficialmente inscrita cuando la resolución que la califique quede en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes.
Según el calendario electoral, el 9 de noviembre se conocerá el listado definitivo de candidaturas calificadas. La campaña electoral nacional comenzará el 12 de noviembre, por lo que las organizaciones políticas deberán ajustarse a ese periodo y no realizar campaña anticipada.
Anabel Hermosa y una inscripción que quedó en manos de la Junta
Alexandra Alencastro, directora de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, explicó a nuestra redacción los detalles del proceso de inscripción y confirmó que uno de los casos que marcó esta semana fue el de Anabel Hermosa, actual alcaldesa de Otavalo, cuya candidatura quedó a decisión de la Junta Provincial Electoral de Imbabura.
Alencastro explicó que estas observaciones estuvieron relacionadas con las reglas de paridad electoral. Según el reglamento del CNE, el 50% de las listas pluripersonales debe estar encabezado por mujeres. En el caso de las candidaturas unipersonales presentadas en binomio, la paridad se cumple con la participación de una mujer y un hombre, en cualquier orden.
En la alianza integrada por las listas 70-17 Juntos por la Transformación, inicialmente se contemplaban cuatro candidaturas para las alcaldías de Ibarra, Otavalo, Urcuquí y Antonio Ante: dos mujeres y dos hombres. Posteriormente, el movimiento inició el trámite de renuncia de la candidata que ocupaba la plaza de Urcuquí y, en el curso de ese proceso, decidió retirar al candidato de Otavalo para colocar en su lugar a Anabel Hermosa. Sin embargo, este cambio alteraba la distribución de las candidaturas y el sistema no permitía procesarlo bajo las reglas de paridad, por lo que el trámite no pudo avanzar antes del cierre del plazo.
La funcionario explicó que la Delegación Provincial Electoral recibió y procesó la documentación dentro de sus competencias y horarios, pero aclaró que la decisión final sobre la calificación de las candidaturas corresponde a la Junta Provincial Electoral. Será este organismo el que determine si Hermosa cumple con los requisitos para quedar oficialmente inscrita.
El martes por la tarde, varios simpatizantes realizaron un plantón en los exteriores de la Delegación del CNE en Imbabura para exigir que se permita la participación de Hermosa. La alcaldesa también estuvo presente en el lugar. No obstante, Alencastro señaló que pese a que se había presentado un pedido formal ante la Junta para resolver o aclarar el caso, durante el plantón no se produjo ningún acercamiento presencial para buscar informarse sobre el avance del proceso.
La funcionaria también descartó que haya existido algún retraso, falla o inconveniente en el sistema informático del CNE durante la modificación de las candidaturas, frente a versiones que circularon en redes sociales y fueron recogidas por algunos medios de comunicación.
Por ahora, el futuro electoral de Hermosa sigue en discusión y dependerá de la resolución que adopte la Junta Provincial Electoral, una vez concluida la revisión de requisitos y, de ser el caso, la etapa de objeciones. Mientras tanto, en los exteriores de la Delegación Provincial Electoral se colocó un tablero con las diferentes notificaciones dirigidas a los distintos movimientos y partidos políticos para verificaciòn y seguimiento del proceso electoral.
Las suspensiones cambiaron el tablero electoral
El cierre de inscripciones dejó una carrera por la Prefectura de Imbabura más reducida de la que se perfilaba semanas atrás. Las suspensiones de Revolución Ciudadana (lista 5) y AMIGO (lista 16) obligaron a reconfigurar candidaturas y dejaron fuera a varios nombres que habían sido proclamados en procesos internos.
Uno de los principales cambios fue el de Paolina Vercoutère, quien pasó de ser precandidata a viceprefecta a encabezar la candidatura a la Prefectura por la alianza Juntos por la Transformación, listas 17-70, junto a Michael Encalada. La otavaleña encontró en el Partido Socialista Ecuatoriano una estructura para mantenerse en la contienda.
La modificación dejó fuera a Juan Manuel Mantilla, quien había sido escogido como precandidato a prefecto por RC y AMIGO. Con ambas organizaciones suspendidas, la fórmula inicialmente planteada se desarmó y las negociaciones terminaron colocando a Vercoutère al frente de la alianza 17-70.
Otro nombre que quedó fuera en las últimas horas fue Marco Vinicio Jarrín. Su precandidatura se fracturó un día antes del cierre, luego de que Pachakutik y Centro Democrático retiraran su respaldo. Aunque anunció que continuaría, finalmente no apareció entre las cuatro candidaturas registradas para la Prefectura.
