(Redacción Otavalo).- Este martes se confirmó la renuncia de Gustavo Andrade, quien hasta hoy ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO). La salida del funcionario se suma a una serie de desvinculaciones recientes de directores y gerentes dentro del GAD municipal.
Se espera que en las próximas horas el Directorio de EMAPAO, presidido por la alcaldesa Anabel Hermosa, se reúna para definir quién asumirá la gerencia de manera temporal o definitiva.
Andrade había trabajado anteriormente junto a Hermosa en la Empresa de Agua Potable de Quito, cuando ella se desempeñaba como vicealcaldesa de la capital. Posteriormente, fue designado gerente de EMAPA-I durante la administración de Andrea Scacco en Ibarra, y más recientemente asumió la gerencia de EMAPAO bajo la actual administración otavaleña.
La renuncia coincide con una jornada judicial importante: este mismo martes se desarrolla en el Complejo Judicial de Otavalo una audiencia de Acción de Protección promovida por el colectivo ciudadano Unidos por la Pachamama. La acción legal apunta a la presunta contaminación del Lago San Pablo y busca respuestas directas tanto de la alcaldesa Hermosa como del ahora exgerente Andrade, en calidad de autoridades responsables de garantizar el cuidado del recurso hídrico.
(Redacción Ibarra).- En un contexto donde la sostenibilidad se convierte en una exigencia institucional, la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP) consolida su compromiso ambiental a través de una estrategia técnica para el manejo de residuos derivados de sus procesos operativos, específicamente en tareas de señalización vial.
Durante 2024, la entidad adquirió 1900 canecas de pintura para ejecutar trabajos de señalización horizontal en los cantones que integran la mancomunidad. De ese total, 1436 ya han sido utilizadas, y los envases vacíos se integraron a un plan de manejo ambiental que prioriza la eficiencia técnica, la correcta disposición de residuos y la minimización del impacto ecológico.
La planificación no solo abarca el uso del producto para garantizar la seguridad en las vías, sino también la gestión de los desechos que genera. En ese sentido, el proveedor ST Innova S.A. -en cumplimiento del contrato inicial-, asume la recolección de los envases y el tratamiento técnico de los residuos químicos que puedan permanecer en ellos. Posteriormente, el plástico se reutiliza, evitando su descarte y dándole un nuevo uso.
Michael Jiménez, gerente general de Movidelnor, afirmó que todas las acciones de la empresa responden a una política transversal de responsabilidad ambiental. “Hemos asumido el compromiso de que cada proceso, desde la planificación hasta su cierre técnico, incorpore medidas para reducir nuestra huella ambiental. No se trata solo de pintar calles, sino de garantizar que los residuos no dañen el entorno y que los materiales tengan un ciclo de vida sostenible”, explicó.
Desde la parte técnica, Bryan Benavides, jefe de la Unidad de Señalización, señaló que tras el uso de la pintura, las canecas vacías se almacenan de forma segura. “Esto evita derrames y posibles daños al suelo o fuentes hídricas. Una vez acumuladas, se entregan al gestor ambiental, quien asegura un tratamiento correcto del material remanente”, puntualizó.
Mauricio Larrea, gerente de transporte de la entidad, destacó que Movidelnor está incorporando cláusulas de corresponsabilidad ambiental en cada contrato técnico que ejecuta. “Esto nos permite trabajar con proveedores comprometidos con la sostenibilidad, como ST Innova, que cumple estándares ambientales vigentes en sus procesos de recuperación de materiales”, aseguró.
Este enfoque integral, coinciden los voceros institucionales, busca demostrar que la movilidad segura y la protección ambiental no son objetivos excluyentes, sino principios complementarios que pueden avanzar en paralelo, en procesos que integren la eficiencia operativa con una visión ambiental sólida, en beneficio de la ciudadanía y del entorno natural del norte del país.
(Redacción Ibarra).- En un operativo denominado «Gran batalla», desarrollado por la Policía Nacional en Ibarra la noche del 24 y madrugada del 25 de mayo de 2025, tres personas fueron aprehendidas tras ser descubiertas transportando aproximadamente 437 gramos de cocaína.
El procedimiento policial se ejecutó como parte de las acciones de control y seguridad en la región norte. Durante la intervención, el Grupo de Operaciones Especiales logró identificar, a la altura del control aduanero en Priorato, un vehículo tipo taxi utilizado para el transporte de la droga y tres teléfonos celulares.
Según información de la Policía Nacional, uno de los detenidos posee antecedentes penales por tráfico ilegal de migrantes, lo que ha levantado sospechas sobre una posible vinculación con redes delictivas dedicadas a este ilícito. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar nexos con otras organizaciones de narcotráfico.
(Redacción Otavalo).- Aunque reconoce que 14 plantas de tratamiento de aguas residuales operan actualmente en el cantón, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) asegura que no tiene la competencia legal ni la responsabilidad directa sobre todas estas infraestructuras. Así lo dio a conocer Gustavo Andrade, Gerente General de EMAPAO-EP en entrevista, señalando limitaciones normativas y presupuestarias que impiden su intervención plena.
Año 2025
Desde EMAPAO se sostiene que, según el artículo 49 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la ordenanza que regula su funcionamiento (art. 5), la responsabilidad de operar y mantener las plantas solo recae en aquellas que la empresa administra directamente, y que no puede intervenir en infraestructuras manejadas por juntas comunitarias o prestadores externos, a pesar de que muchas de estas plantas presentan problemas operativos. Aun así, afirman realizar tareas como limpieza, remoción de lodo y monitoreo ambiental, pero aclaran que lo hacen por compromiso social, no por obligación legal.
Año 2023
Sin embargo, en un vídeo institucional colgado en el canal de YouTube de EMAPAO-EP, con fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Pablo Paredes, director técnico de la empresa, afirma que el servicio de agua potable está directamente relacionado con el de alcantarillado sanitario, pues a través de este sistema se recolectan las aguas residuales generadas en las viviendas para ser canalizadas hacia las plantas de tratamiento. Esta declaración pone en duda el discurso actual de la empresa, que insiste en no tener responsabilidad sobre el funcionamiento de dichas plantas.
Esta postura adquiere un contexto más amplio cuando se considera que la responsabilidad real del funcionamiento de las plantas recae en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD Municipal) de Otavalo. El Municipio fue el ente ejecutor del proyecto de 11 plantas inauguradas en 2012, con fondos del Banco del Estado y el aval del Gobierno de Rafael Correa, quien asistió personalmente a su inauguración. En ese entonces, se prometía sanear la cuenca del lago San Pablo mediante estas infraestructuras, que ahora enfrentan serias deficiencias.
Con el paso del tiempo, varias plantas dejaron de operar adecuadamente. Estudios técnicos revelaron baja eficiencia en la depuración del agua y falta de cumplimiento con la normativa ambiental. En mayo de 2025, el Ministerio del Ambiente (MAATE) inició un proceso sancionador contra la alcaldía de Anabel Hermosa por el vertido de aguas residuales al lago, alegando que las 14 plantas estaban inoperativas, contradiciendo así el discurso institucional.
A pesar de esta grave situación, EMAPAO continúa deslindando su responsabilidad, alegando falta de competencia legal, ingresos limitados —pues sus recursos provienen solo de las tasas por servicios básicos— y obstáculos en la contratación pública. De hecho, el pliego tarifario no se actualizaba desde hace 14 años hasta que fue revisado en la presente administración.
La empresa también sostiene que ha invertido más de 720 mil dólares desde mayo de 2023 en mantenimiento, laboratorios, adquisición de bombas y pago de personal, y que en abril de 2025 se firmó un contrato para adquirir bombas nuevas, cuyo incumplimiento por parte del contratista está actualmente en proceso de sanción.
La legislación ambiental ecuatoriana y el Código Orgánico del Ambiente son claros al establecer que la gestión de aguas residuales es una competencia directa de los municipios. A pesar de ello, ni el Municipio ni EMAPAO han asumido de forma decidida el liderazgo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento en Otavalo.
Actualmente, se han planteado propuestas para repotenciar las plantas y construir un colector perimetral en torno al lago San Pablo. También se ha creado un laboratorio especializado para el monitoreo de aguas residuales. Sin embargo, las soluciones estructurales siguen en el papel, mientras las aguas contaminadas continúan afectando los ecosistemas de la zona.
EMAPAO insiste en que no le corresponde asumir la responsabilidad, mientras el Municipio de Otavalo —verdadero ente competente según la ley— enfrenta procesos sancionatorios y no logra garantizar el funcionamiento adecuado de una infraestructura vital para la salud ambiental de la región.
(Redacción Pimampiro).- La mañana de este miércoles se registró un trágico accidente de tránsito en el sector Chalguayacu, cantón Pimampiro. Un camión con placas PZU-061 se vio involucrado en un aparatoso siniestro que dejó como resultado una persona fallecida y otra herida.
La alerta fue recibida a las 11:15, mediante una llamada que reportaba un siniestro con personas atrapadas. De inmediato, unidades del Cuerpo de Bomberos, una ambulancia del Ministerio de Salud Pública (MSP), un patrullero, una moto policial y personal del SIAT acudieron al sitio para brindar asistencia y levantar las pericias correspondientes.
Al llegar, los bomberos confirmaron el deceso de una persona en el lugar. Otra resultó herida y fue estabilizada por los paramédicos, quienes la trasladaron a una casa de salud para su valoración médica.
Las autoridades investigan las causas del accidente.
(Redacción Imbabura).- Un testigo protegido, considerado pieza fundamental en la investigación por el asesinato de tres personas ocurrido el pasado 13 de febrero en el sector Bellavista de San Antonio, fue asesinado la madrugada de este miércoles 21 de mayo en el barrio El Empedrado.
La víctima, cuya identidad permanece en reserva por disposiciones legales, fue hallada con tres impactos de bala. Según fuentes judiciales, el testimonio que había entregado resultaba clave para sustentar los cargos de la Fiscalía contra los presuntos autores intelectuales y materiales del crimen.
De acuerdo con información preliminar, el hombre se encontraba bajo custodia del programa de protección de testigos, pero habría abandonado su lugar de resguardo por motivos que aún se investigan.
EL CASO
El pasado 13 de febrero, tres personas fueron asesinadas mediante sicariato en el sector de Bellavista. Las víctimas viajaban en una camioneta de transporte público cuando fueron interceptadas por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el vehículo. El conductor sobrevivió con heridas.
La policía informó que las víctimas posiblemente estarían vinculadas a un grupo delictivo organizado (GDO), una hipótesis que sigue bajo análisis en el proceso investigativo.
(Redacción Ibarra).-Un accidente de tránsito registrado la mañana de este martes 20 de mayo en el sector de Lomas de Azaya, al norte de Ibarra, dejó como saldo una mujer de 45 años herida. El siniestro ocurrió alrededor de las 06h19 e involucró a dos vehículos particulares, uno de los cuales terminó impactando contra una estructura metálica lateral ubicada sobre la acera.
Equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos de Ibarra acudieron al lugar con una ambulancia, dos paramédicos y un bombero de la estación Santo Domingo. La paciente fue retirada con precaución del interior del automotor y recibió atención médica en el sitio antes de ser trasladada a una casa de salud para su valoración.
Agentes de Tránsito realizaron el procedimiento correspondiente para determinar las causas del siniestro y gestionar la circulación vehicular en la zona, que se vio parcialmente afectada durante algunos minutos.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Imbabura).- Un hecho delictivo contra la infraestructura eléctrica dejó sin servicio a varias comunidades de la provincia de Imbabura. La Empresa Eléctrica Regional Norte confirmó que el robo de un conductor de tierra y daños en el cableado de control provocaron la apertura del transformador TR2 en la subestación El Chota.
El incidente dejó fuera de operación a los alimentadores X5, X6 y X7, afectando el suministro de energía en los sectores de Ambuquí, El Juncal, Pimampiro y Salinas.
Técnicos de la empresa trabajan en el sitio desde la madrugada para reparar los daños y restablecer el servicio. Aunque no se ha confirmado el tiempo estimado de reconexión, se espera que el servicio vuelva de forma progresiva en las próximas horas.
(Redacción Ibarra).- La noche del domingo 18 de mayo de 2025, a las 23:36, se registró un accidente de tránsito en el sector de El Olivo, en la intersección de la Panamericana Norte y la calle José María Córdova en Ibarra.
De acuerdo con el informe del ECU 9-1-1, una persona fue atropellada y, al arribar el personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, se confirmó que la víctima, de aproximadamente 28 años de edad, ya no presentaba signos vitales. Según los primeros reportes, el fallecimiento habría sido consecuencia de un trauma cráneo encefálico severo.
El conductor responsable del atropello se dio a la fuga, por lo que la escena fue asegurada por la Policía Nacional, que ejecutó los procedimientos correspondientes y trasladó el cuerpo a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl. En la atención del siniestro intervinieron una ambulancia del Cuerpo de Bomberos, un patrullero de la Agencia Civil de Tránsito (ACT) y una unidad especializada de la Policía Nacional.
Este sector registra una alta incidencia de accidentes de tránsito, pese a contar con un semáforo. La deficiente señalización y la falta de un cruce peatonal provocan que muchas personas transiten por esta vía de forma insegura, exponiéndose a constante riesgo. Vecinos del lugar hacen un llamado urgente a las autoridades para que se implementen mejoras en la seguridad vial de la zona, mientras el caso continúa bajo investigación para dar con el paradero del responsable.
