(Redacción Imbabura).- El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó a las disputas entre bandas criminales —a las que el Gobierno ha declarado “la guerra”— el hecho de que 2025 se convirtiera en el año más violento del país, con más de 9.000 homicidios registrados. Según la autoridad, la ofensiva estatal contra el crimen organizado intensificó los enfrentamientos entre estructuras delictivas, lo que derivó en cerca de 9.300 muertes violentas a nivel nacional durante el año pasado.
En Imbabura, se registraron 33 asesinatos, más del doble de los contabilizados en 2024. Las cifras ubican al año pasado como el segundo más violento en diez años, solo por debajo de 2019, cuando la provincia enfrentó el impacto directo de la minería ilegal en Urcuquí.
La capital provincial concentró el mayor número de muertes violentas. Ibarra acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1), lo que evidencia una preocupante concentración de la violencia en zonas urbanas y refuerza la alerta sobre el avance del crimen organizado en la provincia.
Autoridades y analistas de seguridad advierten que este repunte no es un hecho aislado. La disputa por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a Imbabura en un territorio estratégico para organizaciones criminales, que utilizan a Ibarra como centro logístico y refugio, según reportes policiales y militares.
El hallazgo de armas de alto poder, municiones y explosivos durante los operativos ejecutados en 2025 confirmó la presencia de estructuras armadas con una capacidad operativa sin precedentes en la provincia. Ante este escenario, Imbabura enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de seguridad, un compromiso que el gobernador Jorge Ortíz asumió públicamente el día de su posesión. Mientras tanto, la ciudadanía exige acciones más contundentes y mantiene la expectativa de que el 2026 marque el inicio de un periodo de mayor paz y tranquilidad para la provincia.
(Redacción Ibarra).- 258 motocicletas que hayan permanecido más de tres años en los Centros de Retención Vehicular (CRV) de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP) serán sometidas a un proceso de chatarrización, previa declaración de abandono. El plazo para que los propietarios retiren sus vehículos termina el próximo 15 de enero. Así lo anunció la institución en un comunicado publicado el lunes pasado en sus redes sociales.
La institución ejecutará por segunda ocasión un proceso de chatarrización masiva, luego de que en la primera intervención se destruyeran 347 motocicletas que permanecían en condición de abandono en los Centros de Retención Vehicular (CRV).
Actualmente se desarrolla la primera fase del proceso, correspondiente a la declaratoria de abandono, cuyo objetivo principal es liberar espacio físico en los CRV, evitar el hacinamiento vehicular y cumplir con la normativa legal vigente, explicó Santiago Chiriboga, gerente general de Movidelnor.
El listado de las motocicletas que serán declaradas en abandono se encuentra publicado en la página web institucional www.movidelnor.gob.ec, con el fin de que los propietarios puedan verificar si su vehículo consta en el registro y proceder a su retiro dentro del plazo establecido por la ley, que es de10 días contados desde la publicación.
De acuerdo con la normativa, los propietarios legítimos o sus apoderadospodrán realizar laliberación de los vehículos hasta el 15 de enero de 2026, fecha límite antes de que se oficialice la declaratoria de abandono. Una vez cumplido este plazo, la institución procederá conforme a la Ley, señaló Chiriboga.
La fase final del proceso, que consiste en la destrucción física de las motocicletas mediante aplastamiento, será ejecutada por un gestor ambiental autorizado y se llevará a cabo una vez concluida la etapa de abandono.
Emerson Ubidia, gerente de operaciones de tránsito de Movidelnor, explicó que, para retirar los vehículos, los propietarios deberán presentar documento de identidad y matrícula originales, correo electrónico y, en caso de apoderamiento, un poder especial notariado. Asimismo, deberán cancelar los valores pendientes por matrículas,citaciones y costos de garajegenerados en los patios de retención. El costo diario por garaje para motocicletas actualizado es de 3,55 incluido IVA, según tarifario de la empresa pública.
El funcionario dijo que el pago de esos haberes puede resultar más costoso que el propio valor comercial de las motos. Algunos de estos vehículos están retenidos desde el 2014.
(Redacción Imbabura).- El juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza en la Asamblea Nacional y coloca en el foco de atención a dos representantes de la provincia de Imbabura: Piedad Cuarán y David Rosero.
Este jueves 8 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento, por unanimidad, de la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina, quien acusa a los vocales de presunto incumplimiento de funciones. La resolución dio paso al envío del expediente a la Unidad Técnica Legislativa, que tendrá tres días para emitir el informe técnico correspondiente.
Entre los vocales señalados constan Piedad Cuarán y David Rosero, ambos imbabureños, junto con Andrés Fantoni (presidente del CPCCS), Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez.
El pedido de juicio político se sustenta en tres causales principales, un presunto conflicto de intereses relacionado con Christian Troya, cercano a Mario Godoy, el archivo de impugnaciones presentadas contra Godoy durante el concurso para la designación de vocales del Consejo de la Judicatura y la descalificación de Édison Toro, que habría facilitado la incorporación de Godoy en dicho proceso.
De ser calificada la solicitud tras el informe técnico, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), donde se analizarán las pruebas y argumentos presentados.
Piedad Cuarán, oriunda de Lita, es licenciada en Ecoturismo por la Universidad Técnica del Norte y cuenta con un máster en Ecoturismo de Áreas Protegidas. Antes de su actual cargo, tuvo un paso previo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se desempeñó como especialista en Políticas de Interculturalidad, gestora cultural y delegada provincial de Imbabura en 2017.
Por su parte, David Rosero fue consejero del CPCCS en dos periodos: entre 2011 y 2015, y posteriormente de 2019 a 2023, cuando fue destituido. No obstante, fue posesionado nuevamente en abril del año pasado, retomando funciones en el organismo.
El proceso avanza en medio del seguimiento público, especialmente en Imbabura, donde se observa con atención el rol y la actuación de Piedad Cuarán y David Rosero, a la espera del desenlace del juicio político
(Redacción Ibarra).- Cerca del mediodía de este martes, un video enviado a la redacción evidenció el volcamiento de un vehículo en la vía E35, en sentido norte–sur, a la entrada de la ciudad de Ibarra. En las imágenes se observa que el automotor terminó volcado sobre la calzada, provocando la caída de un poste y cableado eléctrico en el lugar.
Debido al siniestro, el tránsito vehicular se encuentra interrumpido en este tramo de la vía, mientras personal de emergencia se trasladó hasta el sitio para atender la situación y realizar labores de seguridad. Equipos de remergencia trabajan en la zona para retirar el vehículo y evaluar los daños ocasionados a la infraestructura.
Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el accidente, así como el estado de salud de los ocupantes del vehículo.
Esta es una noticia en desarrollo, hora de corte: 12:00 horas.
(Redacción Ibarra).- La Empresa Eléctrica Regional del Norte (Emelnorte) informó que, desde este año, la tasa de recolección de basura dejará de incluirse en la factura del servicio eléctrico. Esta decisión obedece a una directriz emitida por el Ministerio de Ambiente y Energía, orientada a asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
La resolución fue comunicada oficialmente el 26 de diciembre de 2025 y establece que la empresa eléctrica acatará de manera obligatoria la disposición ministerial, incluso en aquellos cantones que mantenían convenios de recaudación y que no figuraban en el listado preliminar difundido en octubre.
Hasta el momento, el cobro de este rubro se realizaba a través de la planilla eléctrica como parte de acuerdos suscritos con varios municipios dentro del área de concesión de Emelnorte. Con la eliminación de este mecanismo, los gobiernos locales deberán implementar nuevas alternativas para recaudar la tasa correspondiente al servicio de recolección de desechos.
Para este año, el Municipio prevé implementar un ajuste en la tasa de recolección, como parte de la propuesta para eliminar el subsidio que actualmente cubre cerca del 80 % del costo real del servicio, beneficio que se ha mantenido por aproximadamente 20 años y que ha generado un significativo impacto en las finanzas municipales. Según explicó Diego Villalba, director de Medio Ambiente del GAD de Ibarra, mientras la recaudación anual por esta tasa bordea los 1,6 millones de dólares, la gestión integral de residuos sólidos demanda una inversión cercana a los 6,8 millones de dólares, diferencia que hasta ahora ha sido cubierta con recursos municipales. En este contexto, la eliminación del subsidio implicará un ajuste que deberá asumir la ciudadanía; sin embargo, el funcionario precisó que el incremento será mínimo, pasando de menos de un dólar mensual a aproximadamente 1,25 dólares por usuario, medida que permitirá sostener la operación del servicio y cubrir los costos de recolección, transferencia y disposición final.
En cuanto a la gestión de residuos sólidos, el cantón Ibarra cuenta actualmente con seis camiones recolectores que prestan servicio en las zonas urbana y rural; no obstante, la administración municipal proyecta destinar más de 1,5 millones de dólares este año para fortalecer el sistema de limpieza, inversión que incluye la adquisición de nuevos camiones recolectores, una barredora mecánica y contenedores para residuos.
(Redacción Ibarra).-Un hombre falleció la mañana de este jueves tras caer desde un puente ubicado en el cantón Atuntaqui, en la intersección de la Panamericana E-35 y la avenida General Enríquez. El hecho se registró aproximadamente a las 06:01 y generó conmoción entre los moradores del sector.
En un inicio, ciudadanos alertaron al ECU 9-1-1 sobre lo que parecía ser un accidente de tránsito, tras observar a una persona tendida en la vía. Sin embargo, tras la llegada de las unidades de emergencia y la Policía Nacional, se confirmó que la víctima se habría arrojado desde la estructura.
Personal policial realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó hasta la morgue del hospital San Vicente de Paúl, mientras se mantenía acordonada la zona. Hasta el cierre de esta información, no se ha confirmado la identidad del fallecido ni las circunstancias que habrían motivado el hecho.
(Redacción Ibarra).- Un vehículo liviano se volcó está mañana en el sector de Aloburo, al caer por una pendiente de aproximadamente 30 metros de profundidad, dejando como saldo tres personas heridas. El hecho se registró alrededor de las 08h52, según información preliminar.
Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, perteneciente a las estaciones Santo Domingo, Yacucalle y Yahuarcocha, quienes desplegaron una unidad de rescate y tres ambulancias. Los ocupantes del automotor quedaron atrapados, por lo que fue necesario realizar maniobras de rescate vehicular con equipo eléctrico de extricación para liberarlos.
Las víctimas, dos hombres y una mujer, recibieron atención prehospitalaria en el sitio y posteriormente fueron trasladadas a una casa de salud. En uno de los afectados se evidenció halitosis con características similares al alcohol.
Tras finalizar las labores de rescate, la escena quedó a cargo de los Agentes Civiles de Tránsito, quienes iniciaron los procedimientos correspondientes para determinar las causas del siniestro.
(Redacción Ecuador).- Con más de 90 millones de kilómetros recorridos sin eventos graves ni fatalidades y el cumplimiento de más de 2.000 días sin fatalidades y 1.500 días sin accidentes con pérdida de tiempo a 2025, UNACEM Ecuador consolida su liderazgo en seguridad vial a nivel nacional.
Este diciembre, la compañía marca un nuevo hito, 6 años consecutivos sin fatalidades. Estos resultados son fruto de Volante Seguro, un programa que, desde 2010, ha transformado la forma de conducir de cientos de choferes profesionales colocando la vida en el centro de cada decisión.
Volante Seguro busca fomentar una cultura de prevención entre los conductores-contratistas de la empresa para salvaguardar su patrimonio e integridad, así como la vida de los peatones vinculados con su operación.
Para John Gómez, Coordinador de Seguridad, Logística y Transporte, “Volante Seguro surgió como una respuesta a una necesidad real: cuidar a las personas que día a día recorren largas distancias para mantener en movimiento a nuestra industria. Con el tiempo, se convirtió en un modelo integral de gestión de seguridad en carretera”.
El programa incorpora sistemas de monitoreo que registran velocidad, frenado y hábitos de conducción, permitiendo alertas oportunas y la toma de decisiones más seguras en tiempo real. A ello se suma la verificación permanente del estado mecánico de los vehículos, el control riguroso de las cargas y un acompañamiento 24/7 a los conductores-contratistas. Todo esto se complementa con procesos de capacitación diseñados para reforzar un mensaje esencial: la seguridad comienza por uno mismo y un viaje seguro es siempre una meta compartida.
Esta visión y los resultados tangibles permitieron que, en octubre de 2025, durante el Congreso Técnico FICEM, UNACEM Ecuador recibiera el Premio al Mejor Programa Anual de Salud y Seguridad, un reconocimiento regional que destaca su liderazgo en cultura vial. “Recibir este premio en FICEM ha sido una experiencia muy valiosa. Nos permite compartir nuestras buenas prácticas y reafirmar que no solo producimos cemento y hormigón, también construimos bienestar para las personas”, menciona John Gómez.
Los resultados hablan por sí solos: una reducción sostenida de incidentes viales, el fortalecimiento de la conciencia preventiva y la consolidación de un modelo de transporte industrial más humano y eficiente. Lo confirma uno de los choferes que ha vivido el proceso de transformación: “Antes, manejar era solo cumplir con una ruta. Hoy, gracias a Volante Seguro, entendemos que cada viaje es regresar a casa con tranquilidad y entregar un mejor servicio, conducimos con más conciencia y orgullo, porque nos preocupamos por nuestra seguridad y por la experiencia de quienes confían en nosotros. Este programa nos ha dado las herramientas y la capacitación necesarias para cumplir nuestras metas”. Mauricio Puetate, conductor-contratista de UNACEM Ecuador.
El reconocimiento recibido no solo celebra un logro operativo, sino que reafirma el propósito de UNACEM Ecuador, centrado en proteger la vida, salvaguardar la salud y mantener unidas a las familias, construyendo un entorno más seguro y sostenible para todos.
(Redacción Imbabura).– Ecuador concluye el año 2025 con resultados económicos favorables, pese a las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, entre ellas el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 15 %, vigente desde el 1 de abril de 2024 para financiar el conflicto armado interno y reforzar la seguridad, y que se mantuvo durante todo 2025. Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) y el INEC, el país logró sostener el crecimiento económico a pesar de un contexto internacional adverso y de la caída del precio del petróleo WTI a USD 57,44 por barril. En este escenario, el riesgo país se redujo de 1.211 a 508 puntos, reflejando una mayor confianza de los mercados y mejores condiciones para la inversión y el financiamiento.
El fortalecimiento económico se refleja en la solidez del sistema financiero. El Banco Central reporta que las reservas internacionales crecieron 37,9 %, alcanzando USD 9.516 millones, mientras que los depósitos de la banca privada aumentaron 15,1 %, hasta USD 59.336 millones. A esto se suma un crecimiento del 8 % en las exportaciones y la recuperación de sectores clave como la construcción (6,7 %) y la agricultura (10,1 %).
Estos avances también se evidencian en los hogares. Según el INEC, la inflación bajó de 1,51 % a 1,05 %, el empleo adecuado subió de 33 % a 37,4 %, y la pobreza total se redujo de 28 % a 24 %. El mayor dinamismo económico se reflejó en el consumo interno, con ventas proyectadas por USD 231.530 millones, superiores a las registradas en 2024.
No obstante, esta recuperación nacional no se ha reflejado con la misma intensidad en la provincia de Imbabura. La Cámara de Industrias y Producción (CIP) estima pérdidas económicas de entre USD 90 millones y USD 100 millones tras más de un mes de protestas y paralizaciones. A estas afectaciones se sumaron pérdidas cuantiosas para la provincia al perder el feriado de cuatro días por la Independencia de Guayaquil, del 9 al 12 de octubre, periodo en el que, a escala nacional, la reducción temporal del IVA al 8 % impulsó significativamente la actividad turística. Mientras otras provincias registraron alta afluencia de visitantes, Imbabura permaneció sitiada y sin turismo, profundizando el impacto económico del paro. Posteriormente, durante el feriado de Finados de noviembre, pese a los esfuerzos de reactivación y a la reducción temporal del IVA del 15 % al 8 % para servicios turísticos específicos en Carchi, Imbabura, Cayambe y Pedro Moncayo, entre el 1 y el 4 de noviembre, la provincia apenas reportó un crecimiento económico del 6,4 % y una ocupación turística del 38,6 %. Aunque esta cifra superó el 31,3 % registrado en 2024, sigue siendo insuficiente para una recuperación sostenida. En ese período se contabilizaron 33.400 viajes, con un gasto turístico total de USD 1,84 millones.
Tras el paro indígena de 2025, que afectó gravemente a Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha, el Gobierno del presidente Daniel Noboa implementó el plan de reactivación “Firmes con Noboa”, que incluyó el Bono Emprende de USD 1.000 dirigido a comerciantes y pequeños emprendedores afectados por el cierre de vías y la paralización de actividades. De manera complementaria, la Prefectura de Imbabura y las alcaldías de los cinco cantones de la provincia articularon eventos y actividades orientadas a impulsar la reactivación económica local; sin embargo, estas acciones no lograron generar resultados sostenidos ni de alto impacto. Si bien estos incentivos representaron un alivio temporal y permitieron inyectar liquidez en la economía local, los indicadores reflejan que, al cierre de 2025, Imbabura aún no logra una recuperación plena, convirtiéndose en una excepción dentro del balance económico positivo que registra el país.
(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Paro 2025
Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.
La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.
Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:
En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.
Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:
Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.
Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.
El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.
Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :
En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.
Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.
