(Redacción Ibarra).- Aunque durante años fue común observar a grupos de personas consumiendo alcohol en espacios públicos de Ibarra tras el cierre de bares, discotecas y karaokes —alrededor de las 22:00— esta práctica ha comenzado a disminuir gracias a los controles municipales y las medidas implementadas por la Alcaldía.
Calles, parques, veredas e incluso vehículos estacionados se convertían con frecuencia en puntos improvisados para libar, especialmente durante los fines de semana. Uno de los sectores donde más se evidenciaba esta situación era en los alrededores del parque Ciudad Blanca, lugar donde se concentraban ciudadanos junto a autos y motocicletas, acompañados de música y bebidas alcohólicas.
Estas reuniones informales no solo generaban ocupación del espacio público, sino que también incrementaban el riesgo de incidentes, sobre todo cuando el consumo de alcohol se mezclaba con la conducción.
Sin embargo, autoridades locales han reforzado los operativos de control en coordinación con la Policía Nacional y la Agencia de Tránsito, realizando recorridos permanentes para dispersar concentraciones de libadores y prevenir conductores en estado etílico.
Además, desde la Alcaldía de Ibarra se implementó la colocación de vallas metálicas en puntos estratégicos del parque Ciudad Blanca, restringiendo el acceso vehicular en determinadas zonas. Según ciudadanos y autoridades, estas acciones han contribuido a reducir considerablemente este tipo de concentraciones nocturnas.
Libar en la vía pública continúa siendo una contravención sancionada por la ley ecuatoriana. A nivel nacional, las multas pueden superar los 140 dólares, mientras que en Ibarra la ordenanza municipal contempla sanciones cercanas al 10% de la Remuneración Básica Unificada. En casos donde existan riñas o alteración del orden público, incluso pueden registrarse detenciones.
(Redaccion Ecuador).- El Gobierno nacional confirmó la implementación obligatoria de la denominada “tercera placa”, un sistema electrónico de identificación vehicular que comenzará a regir a nivel nacional entre julio y septiembre de 2026, durante el tercer trimestre del año. La medida fue anunciada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura Roberto Luque, como parte de un nuevo modelo de control vial y seguridad ciudadana.
El sistema consistirá en un chip electrónico “incorruptible” (TAG) acompañado de una calcomanía holográfica que será instalada en el parabrisas delantero al momento de matricular el vehículo. Este dispositivo funcionará como una identificación digital capaz de transmitir información en tiempo real.
Entre sus principales funciones estará el monitoreo de velocidad promedio entre dos puntos de una vía. Con este mecanismo, las autoridades podrán determinar si un conductor excedió los límites permitidos según el tiempo empleado en recorrer determinados tramos.
Por ejemplo, si un trayecto entre Ibarra y Quito tiene un tiempo estimado de aproximadamente dos horas circulando a 100 km/h, el sistema detectará automáticamente si el conductor realizó el recorrido en menor tiempo del permitido, reflejando un posible exceso de velocidad y generando las respectivas sanciones.
Las autoridades señalaron que esta tecnología también contribuirá a combatir delitos relacionados con vehículos, como robos y actividades criminales, gracias a la trazabilidad y monitoreo constante de la movilidad vehicular.
Con la llegada de este sistema, los radares tradicionales dejarán de ser el principal mecanismo de control en carretera y pasarán a ubicarse estratégicamente en curvas y zonas consideradas de alta peligrosidad o elevada tasa de accidentes.
Experiencias similares ya se han implementado en ciudades como Lima, donde las autoridades reportan resultados positivos en el control vehicular y la reducción de incidentes relacionados con tránsito y delincuencia.
Sin embargo, especialistas advierten que el acceso a información de movilidad en tiempo real también abre el debate sobre privacidad y protección de datos, debido a que el sistema manejará información sensible sobre recorridos, trazabilidad y desplazamiento de vehículos en distintas ciudades del país. Según expertos, un manejo inadecuado de estos datos podría derivar en usos indebidos o riesgos para la seguridad de los ciudadanos.
(Redacción Ibarra).- Cerca de las 09:13 de este jueves se registró una persecución policial que inició en el sector de González Suárez, en Otavalo, y se extendió hasta San Antonio de Ibarra, luego de que una camioneta gris de doble cabina intentara evadir un operativo ejecutado por agentes de la Policía Nacional, presuntamente relacionado con una actividad ilícita.
En videos difundidos a través de redes sociales se observa cómo los uniformados y personal motorizado intentan interceptar el vehículo; sin embargo, el conductor acelera y emprende la fuga por varias calles del sector. Durante la persecución también se escuchan varias detonaciones, lo que generó alarma entre moradores y conductores que circulaban por la zona.
Horas más tarde se conoció que el vehículo fue retenido en el sector de Caranqui. Tras una inspección realizada por las autoridades, se encontró una gran cantidad de cigarrillos de contrabando en el interior de la camioneta. Los dos ocupantes fueron detenidos para las investigaciones correspondientes.
(Redaccion Ecuador).- Autoridades ambientales y judiciales en Ecuador iniciaron acciones legales contra un ciudadano que habría atropellado de forma intencional a un venado cola blanca en el sector de El Empalme, en el cantón Macará, en Loja.
El hecho ocurrió el pasado 2 de mayo de 2026, durante el feriado por el Día del Trabajador, y quedó registrado en video por otro conductor que transitaba por la zona. En las imágenes se observa cómo el vehículo embiste al animal cuando este cruzaba la vía, en lugar de intentar esquivarlo.
Tras la difusión del material en redes sociales, el Ministerio de Ambiente y Energía informó que se logró identificar al conductor y al automotor involucrado, lo que permitió iniciar un proceso administrativo sancionatorio conforme al Código Orgánico del Ambiente (COA).
Las autoridades recordaron que las sanciones por este tipo de infracciones pueden oscilar entre 10 y 200 salarios básicos unificados, lo que equivale a una multa de hasta aproximadamente 96.400 dólares, dependiendo de la gravedad del daño causado a la fauna silvestre.
Además del proceso administrativo, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que investiga el hecho como un presunto delito contra la fauna silvestre, tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta infracción puede ser sancionada con penas privativas de libertad de uno a tres años en Ecuador.
El venado cola blanca es una especie nativa de la zona sur del país y forma parte de la fauna silvestre que habita en áreas tropicales y boscosas de la provincia de Loja, especialmente en sectores cercanos a la frontera con Perú.
Las autoridades recalcaron que este tipo de casos refuerza la necesidad de respetar la vida silvestre y conducir con precaución en zonas donde existe presencia de animales.
(Redaccion Imbabura).- En Imbabura, varios procesos de desvinculación en instituciones públicas han sido revisados por la justicia en los últimos años. Aunque cada caso tiene particularidades, las decisiones coinciden en un punto: la necesidad de que los despidos estén debidamente motivados y respeten garantías constitucionales, especialmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad.
En la provincia existen precedentes que enmarcan esta situaciòn.
Caso 1: Danny Francisco Hidrobo fue cesado en junio de 2019 como Supervisor de la Banda Municipal del GAD de Ibarra. En enero de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura aceptó su acción de protección y concluyó que la desvinculación vulneró el derecho a la seguridad jurídica. La sentencia dejó sin efecto la acción de personal, dispuso su reintegro bajo nombramiento provisional y ordenó el pago de remuneraciones no percibidas, además de aportes al IESS.
Caso 2: En 2023, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura resolvió a favor de Nataly B., quien fue desvinculada como jueza de coactivas de una empresa pública regional con sede en Ibarra. La funcionaria, madre sustituta de un niño con más del 30% de discapacidad, alegó la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral reforzada tras ser separada de su cargo luego de una hospitalización.
El tribunal aceptó la acción de protección y ordenó su reincorporación, así como el pago de los sueldos dejados de percibir.
Caso 3: En enero de 2026, la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Imbabura resolvió el caso de José Luis Flores Guerrero, exguardia del Gobierno Provincial, desvinculado en 2024 mediante visto bueno.
La jueza determinó que no existió fundamento legal suficiente para la terminación laboral, dejó sin efecto el visto bueno y ordenó el pago de indemnizaciones por despido intempestivo, desahucio y beneficios proporcionales. En este caso, no se dispuso el reintegro, sino compensación económica.
Caso actual: docente y cuidador, bajo análisis constitucional
A estos antecedentes se suma el caso de Luis Hernando Paredes, servidor del área educativa, cuya destitución está siendo analizada en la justicia constitucional.
Paredes fue destituido por el Ministerio de Educación bajo la acusación de “abandono injustificado del trabajo”. Sin embargo, según la acción de protección presentada, es cuidador directo de una persona con discapacidad severa del 97% y había solicitado vacaciones —inicialmente aprobadas— para acompañarla a un tratamiento médico en el exterior.
Durante ese período también presentó problemas de salud respaldados por certificados médicos validados por el IESS. El reclamo señala que la administración basó su decisión principalmente en el registro de salida del país, sin considerar integralmente su condición de cuidador ni los elementos médicos presentados.
Será la justicia constitucional la que determine si existió o no vulneración de derechos como la seguridad jurídica, el derecho al trabajo o la protección reforzada en contextos de discapacidad.
Un tema que sigue en discusión
Los casos registrados en Imbabura muestran que los procesos de desvinculación en el sector público continúan siendo objeto de revisión judicial cuando existen dudas sobre su legalidad o proporcionalidad.
El caso de Luis Paredes se suma a este escenario y podría aportar nuevos criterios sobre la aplicación de causales como el abandono del puesto, especialmente cuando intervienen factores de salud y cuidado de personas en situación de vulnerabilidad.
(Redaccion Ibarra).- La Coordinación Zonal 1 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, con sede en Ibarra, cumple este 5 de mayo de 2026 doce años de funcionamiento, periodo en el que ha coordinado la atención de 1.444.312 emergencias en la provincia de Imbabura.
Desde su creación en 2014, la central ha gestionado incidentes reportados a través de la línea única 9-1-1 y del sistema de videovigilancia. Del total de casos atendidos, el 63,03% corresponde a seguridad ciudadana (910.347 emergencias), seguido de gestión sanitaria con el 19,33% (279.198 casos) y tránsito y movilidad con el 8,89% (128.330 eventos).
Otros servicios coordinados incluyen atención municipal (4,90%), gestión de siniestros (2,73%), gestión de riesgos (0,76%) y servicio militar (0,36%), según datos oficiales de la institución.
La coordinadora zonal 1 del ECU 911, Cecilia Ludeña, señaló que el trabajo interinstitucional ha sido clave en la operatividad del sistema. “Cada emergencia atendida representa una oportunidad para salvar vidas”, afirmó.
Como parte de la conmemoración, el próximo 8 de mayo se realizará una sesión solemne en reconocimiento al personal operativo, técnico y administrativo, así como a las entidades articuladas que integran el sistema.
En paralelo, la institución informó que 70.591 ciudadanos han participado en 1.344 actividades de socialización, entre ferias, visitas guiadas y capacitaciones, orientadas a fortalecer la cultura de prevención y el uso adecuado del número de emergencias.
El ECU 911 mantiene atención permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, coordinando la respuesta ante distintos eventos en la provincia.
(Redacción Ibarra).-El Instituto Tecnológico ITCA inauguró oficialmente su nuevo periodo académico mayo-septiembre 2026, en un acto que contó con la participación de autoridades institucionales, docentes y comunidad estudiantil.
Durante la jornada, se dio la bienvenida a los estudiantes que inician una nueva etapa de formación profesional, destacando el compromiso del ITCA con la excelencia académica, la innovación y el desarrollo integral.
Las autoridades enfatizaron que este nuevo periodo académico se desarrolla bajo un enfoque moderno, con modalidades presencial, semipresencial y en línea, alineadas a las necesidades actuales de los estudiantes. Además, se reafirmó el impulso a proyectos de investigación, vinculación con la comunidad y fortalecimiento institucional, ejes fundamentales del crecimiento del ITCA.
Cabe destacar que la institución ha venido consolidando iniciativas innovadoras, como su editorial académica y el fortalecimiento de su oferta educativa, lo que evidencia su proyección en la zona norte del país. Con este acto inaugural, ITCA ratifica su compromiso de formar profesionales competentes, con visión crítica y capacidad de aportar al desarrollo del país.
(Redacción Imbabura).- La rendición de cuentas 2025 de la Policía Nacional en Imbabura revela una brecha que impacta directamente en la seguridad: la provincia opera con menos uniformados de los que recomienda el estándar internacional.
Según los datos presentados, Imbabura tiene 469.879 habitantes. De un total de 1.033 efectivos, apenas 914 cumplen funciones preventivas, es decir, son los que realizan patrullaje en territorio.
Bajo el estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes, la provincia debería contar con al menos 1.380 agentes operativos. Sin embargo, actualmente hay 1.033 policías en funciones, lo que representa un déficit de 347 uniformados y reduce la cobertura a aproximadamente 225 por cada 100.000 habitantes.
Ciudad Blanca: menos de la mitad del personal necesario
El Distrito Ciudad Blanca, el más poblado, concentra 209.816 habitantes, pero cuenta con solo 297 policías operativos. Aplicando el estándar internacional, este sector debería tener cerca de 630 policías. La cifra actual representa menos del 50% del personal requerido, evidenciando una presión operativa constante.
Patrullaje extendido y respuesta limitada
Con una extensión cantonal de 1.093 km² y apenas 297 policías en funciones operativas, la carga territorial en el Distrito Ciudad Blanca resulta considerable: en promedio, cada uniformado tendría que cubrir cerca de 3,7 km². Sin embargo, en la práctica —debido a turnos, descansos y otras funciones— el número de agentes en calle se reduce significativamente, lo que puede elevar la cobertura a más de 10 km² por policía en servicio. Esto implica que un solo uniformado podría estar respondiendo en un radio cercano a los 2 kilómetros a la redonda, una distancia que limita el patrullaje preventivo y refleja cómo la falta de personal termina diluyendo la presencia policial en amplios sectores del cantón.
Poco personal para investigar
A esto se suma que solo 102 policías están en investigación y 17 en inteligencia. Lo que refleja una estructura enfocada en patrullaje, pero con limitaciones para enfrentar delitos complejos o estructuras criminales.
Las cifras oficiales muestran que Imbabura no solo enfrenta problemas de inseguridad, sino también una limitación de personal. Con menos policías de los necesarios en las calles, la provincia opera al límite de su capacidad, en un escenario donde la demanda de seguridad supera claramente los recursos disponibles.
Durante la visita del ministro Reimberg a Ibarra, el pasado 26 de marzo, se le consultó sobre el déficit de personal policial frente a una provincia con alta población. El funcionario aseguró que se incrementaría el número de efectivos y se reforzaría el parque automotor para mejorar la seguridad; sin embargo, hasta el momento no hay claridad sobre si este ofrecimiento se ha cumplido en los meses posteriores.
(Redacciòn Imbabura).- En el valle de Intag donde confluyen las parroquias García Moreno y Peñaherra del canton Cotacachi en mbabura, la historia de Llurimagua no es nueva. Desde la década de 1990, este proyecto minero ha pasado por manos de empresas japonesas, canadienses, chilenas y de la estatal ecuatoriana, sin lograr consolidarse. En todos los casos, un mismo factor ha frenado su avance: la resistencia sostenida de las comunidades.
Para este año el Gobierno ha anunciado la licitación del proyecto a pesar de que en 2023 la Corte Provincial de Imbabura revocó su licencia ambiental. El fallo determinó que se vulneraron los derechos de la naturaleza y que no se realizó una consulta ambiental adecuada, ordenando la suspensión de las actividades hasta cumplir con estos requisitos. Sin embargo, hasta la fecha, dicha consulta no se ha llevado a cabo.
Riqueza natural frente a intereses extractivos
Llurimagua se ubica en un ecosistema de bosque nublado que abarca cerca de 4.800 hectáreas y alberga una biodiversidad excepcional. En esta zona habitan especies en peligro de extinción como el oso de anteojos, el jaguar y el puma, además de anfibios únicos como la rana cohete resistencia y la rana arlequín hocicuda, esta última redescubierta tras haber sido considerada extinta.
La extraordinaria riqueza biológica del territorio se ha convertido en uno de los principales argumentos de las comunidades para rechazar el proyecto minero. A esto se suman las alertas sobre impactos ya evidenciados durante fases de exploración, como perforaciones profundas que, según denuncian los habitantes, habrían alterado fuentes de agua, modificando su temperatura y niveles de acidez, y generando posibles riesgos de contaminación.
En medio de este entorno se encuentran comunidades como Junín, donde la conservación no es un discurso, sino una forma de vida. Ríos cristalinos, paisajes naturales y atractivos como las “Cascadas Gemelas”, junto con iniciativas de ecoturismo, sostienen economías locales que dependen directamente del equilibrio del ecosistema.
Sin embargo, ese modelo que ha perdurado por años hoy enfrenta una amenaza latente: la posibilidad de que la actividad minera transforme de manera irreversible un territorio que, hasta ahora, ha apostado por vivir de la naturaleza sin destruirla.
Reformas legales y nuevas empresas aumentan la incertidumbre
El escenario se complica con la reciente reforma a la legislación minera, que según organizaciones ambientales podría flexibilizar los requisitos para la obtención de licencias y debilitar la consulta ambiental. Aunque la normativa aún genera interpretaciones diversas, existe preocupación de que se utilice para acelerar procesos sin cumplir plenamente con las garantías legales.
A esto se suma el interés de nuevas empresas internacionales en la concesión, lo que refuerza la intención de reactivar el proyecto. Paralelamente, se ha cuestionado la reclasificación de Llurimagua como proyecto de mediana escala, pese a ser considerado uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, lo que podría implicar menos exigencias en los trámites.
División y resistencia
Más allá del componente ambiental, el proyecto ha generado tensiones dentro de las propias comunidades. Mientras algunos sectores ven en la minería una posibilidad de empleo y desarrollo económico, otros defienden un modelo basado en la conservación, el ecoturismo y las economías locales sostenibles.
En Intag, iniciativas comunitarias han demostrado que es posible generar ingresos sin afectar el entorno natural. Sin embargo, la presión minera ha profundizado divisiones sociales que se mantienen hasta hoy.
Un conflicto abierto y una decisión pendiente
El futuro de Llurimagua sigue sin definirse. La falta de una consulta ambiental efectiva, las dudas sobre el cumplimiento de fallos judiciales y la posibilidad de nuevos procesos legales, incluso a nivel internacional, mantienen el conflicto en un punto crítico.
Más allá de lo técnico, el caso refleja un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo del país. Entre la explotación de recursos minerales y la conservación de territorios biodiversos, Intag se ha convertido en un símbolo de una decisión que Ecuador aún no termina de resolver.
(Redacción Imbabura).– Tras la eliminación de los murales que recordaban las movilizaciones de octubre de 2025, ocurrida el pasado 10 de abril en el sector del Partidero, en la vía hacia Cotacachi, comunidades indígenas, colectivos sociales y autoridades locales impulsaron su restauración como un acto de memoria y resistencia.
Las obras, ubicadas a lo largo de la vía E35, habían sido cubiertas con pintura durante trabajos de mantenimiento ejecutados por personal de la empresa Panavial, lo que generó rechazo en distintos sectores de la provincia.
En respuesta, comunidades y colectivos convocaron a artistas y ciudadanos, quienes participaron activamente en la recuperación del mural, destacando que la memoria colectiva no puede ser silenciada.
La inauguración oficial del renovado Mural de la Memoria de los Mártires se llevó a cabo el viernes 1 de mayo, en el mismo sector del Partidero. El acto fue organizado por dirigentes de la UNORCAC y UNICOBICI de Ilumán, e incluyó una ceremonia ritual en el considerado sitio sagrado.
En el mural se plasman los rostros de Efraín Fuerez, Edison David Farinango de Cotacachi, Jorge Guaman de San Rafael y Rosita Paqui de Loja, quienes fallecieron durante el paro nacional de 2025, en hechos atribuidos a la fuerza pública del gobierno de Daniel Noboa.
El espacio se consolida como un lugar de memoria, donde las comunidades buscan preservar la historia reciente y rendir homenaje a quienes consideran mártires de la lucha social.
