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Imbabura cierra 2025 entre crisis política y la llegada de un nuevo gobernador

(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Paro 2025

Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.

La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.

Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:

En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.

Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:

Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.

Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.

El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.

Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :

En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.

Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.

En el accidente estuvieron involucrados tres vehículos, un taxi y dos camiones

(Redacción Imbabura).- El incidente vial se reportó aproximadamente a las 16h00 del presente miércoles 22 de noviembre, en la Vía Panamericana E-35 en el sector del Olivo.

En el choque múltiple estuvieron involucrados tres vehículos, un taxi y dos camiones, los cuales colisionaron, registrándose tres personas heridas ocupantes del taxi. Entre las víctimas se encuentra una mujer de aproximadamente 30 años y su hija de 3 años. El equipo de rescate y paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ibarra desplegó esfuerzos para atender a dos de los heridos, mientras que el conductor del taxi, un hombre de 50 años, recibió atención por parte del MSP.

La escena del accidente quedó bajo la jurisdicción de la Policía Nacional y Agentes Civiles de Tránsito, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

Imbabura: 900 días, 5 gobernadores y un sin fin de promesas incumplidas

(Redacción Imbabura).- Han pasado 900 días desde que el Gobierno del Presidente Guillermo Lasso empezó a gobernar y este 23 de noviembre del 2023 se cierra un periodo de inestabilidad política para nuestro país.

En su plan de Gobierno inicial con el que ganó las elecciones el presidente Lasso planteó 50 objetivos, lamentablemente para el país no se cumplieron en su mayoría.

En campaña política prometió La eliminación de la Senecyt, prometió no subir impuestos y reducir el ISD, ICE e IVA, pero hizo lo contrario subió el impuesto a la renta para quienes ganan más de USD 2.000.

La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la duplicación de la producción petrolera, la eliminación del visado Schengen entre otras promesas que en 900 días no se pudieron cumplir.

En Imbabura pasaron cinco Gobernadores en los días del Gobierno de Guillermo Lasso, algunos tuvieron que enfrentar temas complicados como la minería ilegal, el aumento de la inseguridad, la delincuencia, paros derrumbes y demás vicisitudes.

El periodo de los Gobernadores inició con Marcelo Simbaña, que estuvo en funciones desde 02 de junio del 2021 al 20 de Diciembre del 2021, le continuó en el mismo cargo Arturo Fuentes, desde el 10 de enero del 2022 hasta el 05 de agosto del 2022. Luego de una lucha interna dentro de la Directiva de CREO, el 04 de agosto del 2022, se nombró a Fernando Chalampuente como nuevo Gobernador, el mismo duró hasta marzo del 2023, convirtiéndose en el Gobernador que más tiempo permaneció en el cargo.

Mishel Saud, que habría perdido la elección de concejal asumió el 07 de marzo del 2023 por tres meses la Gobernación, su paso fugaz por la Gobernación terminó cuando el presidente Lasso activó La Muerte Cruzada y al quedarse sin curul en la Asamblea Nacional, Patricio Cervantes cierra el ciclo del presidente Lasso en la Gobernación.

Las acciones puntuales para Imbabura no han sido nada eficientes, la provincia mantiene grandes necesidades que en 900 días no han podido ser cumplidas, entre esas el paso lateral de Ibarra, obra paralizada desde los últimos años del Gobierno de Rafael Correa, que hasta ahora no ha podido ser culminada.

El ferrocarril, estaciones de trenes abandonadas e inversión pública que día a día se pierden entre el olvido de las autoridades y el Gobierno Central.

La vía E10, en el sector de Guadual que mantiene más de dos años un derrumbe de gran magnitud y que hasta el momento no puede ser solucionado y se encuentra envuelto en varios problemas legales.

La delincuencia, la inseguridad, los robos han venido en aumento en Imbabura y los ciudadanos creen que es una de las mayores deudas que este Gobierno deja en sus 900 días de gestión.