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Imbabura patrulla con menos policías de los necesarios, según cifras oficiales

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(Redacción Imbabura).- La rendición de cuentas 2025 de la Policía Nacional en Imbabura revela una brecha que impacta directamente en la seguridad: la provincia opera con menos uniformados de los que recomienda el estándar internacional.

Según los datos presentados, Imbabura tiene 469.879 habitantes. De un total de 1.033 efectivos, apenas 914 cumplen funciones preventivas, es decir, son los que realizan patrullaje en territorio.

Bajo el estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes, la provincia debería contar con al menos 1.380 agentes operativos. Sin embargo, actualmente hay 1.033 policías en funciones, lo que representa un déficit de 347 uniformados y reduce la cobertura a aproximadamente 225 por cada 100.000 habitantes.

Ciudad Blanca: menos de la mitad del personal necesario

El Distrito Ciudad Blanca, el más poblado, concentra 209.816 habitantes, pero cuenta con solo 297 policías operativos. Aplicando el estándar internacional, este sector debería tener cerca de 630 policías. La cifra actual representa menos del 50% del personal requerido, evidenciando una presión operativa constante.

Patrullaje extendido y respuesta limitada

Con una extensión cantonal de 1.093 km² y apenas 297 policías en funciones operativas, la carga territorial en el Distrito Ciudad Blanca resulta considerable: en promedio, cada uniformado tendría que cubrir cerca de 3,7 km². Sin embargo, en la práctica —debido a turnos, descansos y otras funciones— el número de agentes en calle se reduce significativamente, lo que puede elevar la cobertura a más de 10 km² por policía en servicio. Esto implica que un solo uniformado podría estar respondiendo en un radio cercano a los 2 kilómetros a la redonda, una distancia que limita el patrullaje preventivo y refleja cómo la falta de personal termina diluyendo la presencia policial en amplios sectores del cantón.

Poco personal para investigar

A esto se suma que solo 102 policías están en investigación y 17 en inteligencia. Lo que refleja una estructura enfocada en patrullaje, pero con limitaciones para enfrentar delitos complejos o estructuras criminales.

Las cifras oficiales muestran que Imbabura no solo enfrenta problemas de inseguridad, sino también una limitación de personal. Con menos policías de los necesarios en las calles, la provincia opera al límite de su capacidad, en un escenario donde la demanda de seguridad supera claramente los recursos disponibles.

Durante la visita del ministro Reimberg a Ibarra, el pasado 26 de marzo, se le consultó sobre el déficit de personal policial frente a una provincia con alta población. El funcionario aseguró que se incrementaría el número de efectivos y se reforzaría el parque automotor para mejorar la seguridad; sin embargo, hasta el momento no hay claridad sobre si este ofrecimiento se ha cumplido en los meses posteriores.

La creciente inseguridad pone en debate la efectividad de las acciones en Imbabura

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(Redacción Imbabura).- A 100 días de su designación, la gestión del gobernador de Imbabura, Jorge Ortiz, empieza a ser objeto de análisis y cuestionamiento por parte de la ciudadanía.

El Gobierno Nacional lo nombró mediante decreto ejecutivo el 17 de diciembre de 2025, en reemplazo de Elsy Maité Landeta Sánchez, en un contexto complejo para la provincia: pérdidas económicas tras la paralización de octubre y un ambiente de descontento ciudadano frente a la administración anterior.

Ortiz, coronel en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, llegó al cargo con un perfil enfocado en seguridad, control territorial y gestión pública. Bajo esa línea, su administración asegura haber impulsado varias acciones en este inicio de gestión.

Entre los principales anuncios oficiales se destacan la activación permanente de un Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, operativos de control migratorio y la intervención en la detección de cámaras ilegales en coordinación con el ECU 911. A esto se suman brigadas sociales en el marco del programa “El Nuevo Ecuador”, la entrega de kits agropecuarios, tractores y la implementación de reservorios para el sector agrícola, además de acciones de apoyo a comunidades vulnerables.

Sin embargo, más allá del discurso institucional, la percepción ciudadana parece ir en otra dirección. En lo que va del año, Imbabura ha registrado al menos ocho muertes vinculadas a hechos violentos, entre ellos casos de sicariato, desapariciones y asesinatos, lo que ha generado preocupación en distintos sectores de la provincia. En este contexto, el foco de la migración delincuencial se ha concentrado en Ibarra y Otavalo, donde se han reportado dos casos de doble sicariato en cada cantón.

A pesar de los operativos de control y de la activación de mesas de trabajo en seguridad —particularmente durante feriados—, los reportes ciudadanos reflejan una problemática persistente: la inseguridad continúa en el territorio. Modus operandi como los robos en motocicleta en Ibarra, los asaltos en la vía pública y los robos a locales comerciales se han vuelto recurrentes en el día a día. Este patrón mantiene en alerta a la población y evidencia una brecha entre las acciones anunciadas y la realidad que se vive en las calles.

Entre asesinatos y desapariciones, febrero golpeó con fuerza a Imbabura

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(Redacción Imbabura).- La provincia de Imbabura cierra febrero con una preocupante escalada de violencia que ha conmocionado a sus cantones. Tras un 2025 catalogado como el año más violento del país, los primeros meses de 2026 evidencian que la crisis de seguridad persiste.

Al cierre de 2025, Imbabura acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1). Las autoridades atribuyeron este escenario a disputas entre bandas criminales, a las que el Gobierno declaró “la guerra”. Solo entre enero y junio de 2025 se registraron 22 homicidios en la provincia.

Enero abrió el año con un doble asesinato en Otavalo

El 19 de enero de 2026, la violencia golpeó a Otavalo con el asesinato de los hermanos Edwin Patricio B., de 46 años, y Óscar Daniel B., de 39, reconocidos comerciantes del sector. El doble crimen, perpetrado bajo la modalidad de sicariato, generó profunda consternación en la comunidad. El hecho no solo impactó por su gravedad, sino también por la percepción ciudadana de escasa respuesta institucional por parte del GAD de Otavalo y la Gobernación de Imbabura.

Febrero: desapariciones

En febrero, la violencia se concentró principalmente en Ibarra, donde se registraron varios casos de desaparición que terminaron en muerte.

  • 2 de febrero: Matías M., quien había sido reportado como desaparecido tras abordar un vehículo de servicio de transporte de la app inDrive, fue hallado sin vida en Ibarra.
  • 5 de febrero: Deyran P., menor de edad que fue reportado como desaparecido en el sector de Alpachaca, fue encontrado muerto con rasgos de violencia días después.
  • 12 de febrero: Francisca T. víctima de secuestro junto a otros ciudadanos, fue asesinada y su cuerpo fue hallado al día siguiente por la Policía Nacional.

A estos hechos se suma el caso del otavaleño Héctor Enríquez, cuyo cuerpo fue localizado el 25 de febrero en la vía Alóag–Santo Domingo, en Pichincha, tras haber sido reportado como desaparecido en la ciudad de Quito.

Solo en Ibarra, febrero dejó al menos tres homicidios confirmados, además de desapariciones que derivaron en muertes violentas. Con este panorama, Imbabura concluye febrero como uno de los meses más violentos en lo que va del año.

Una mujer fue hallada sin vida tras ser interceptada por sujetos armados en Ibarra

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(Redacción Ibarra).- La madrugada del jueves, un hecho violento estremeció a los habitantes de Ibarra. Cuatro personas que, según reportes preliminares, se encontraban al interior de un vehículo en la intersección de la calle Corina Parral y la avenida Mariano Acosta sector de La Florida fueron interceptadas por sujetos armados que se movilizaban en motocicletas.


Un video difundido en redes sociales, captado alrededor de la 01:35 en el sector de La Compañía de Jesús, en Tanguarín —San Antonio de Ibarra—, muestra el paso del vehículo junto a motocicletas presuntamente involucradas en el hecho. Horas más tarde, tres hombres aparecieron con heridas en distintos puntos entre Natabuela y La Cruz. El automotor fue encontrado encunetado en el sector Marianitas de San Antonio.


El hecho mas lamentable ocurrió cuando Francisca T., de 31 años fue hallada sin vida, quien también formaba parte de los ocupantes del vehículo interceptado.


Más allá de los hechos preliminarmente confirmados, el silencio institucional ha generado inquietud en la ciudadanía.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha detallado una línea investigativa concreta. Tampoco se ha emitido un pronunciamiento amplio por parte de la máxima autoridad de la provincia que permita esclarecer lo ocurrido o brindar tranquilidad a la población.


Por su parte, el comandante de la Subzona de Policía Imbabura, Alex Reina antes los medios hizo un llamado a la ciudadanía a no exponerse, reforzar la autoprotección y evitar el consumo excesivo de alcohol, señalando que este reduce la capacidad de reacción y aumenta la vulnerabilidad ante este tipo de delitos.


Sin embargo, en distintos sectores de la ciudad, vecinos señalan que la falta de patrullaje preventivo es una de las principales preocupaciones recurrentes, especialmente en horarios nocturnos.

Este hecho se produce en un contexto donde episodios recientes han incrementado la percepción de inseguridad en zonas que antes eran consideradas tranquilas. La preocupación ya no se limita a un barrio específico si no que se ha extendido a toda la ciudad.

Primer operativo del año contra tramitadores y cobros indebidos en el Registro Civil deja resultados inmediatos

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(Redacción Ecuador).- Los recientes controles ejecutados por el Estado en agencias del Registro Civil responden a una estrategia nacional para combatir la intermediación ilegal, los cobros indebidos y la venta de turnos fraudulentos, prácticas que afectan directamente a la ciudadanía.

Como parte de estas acciones, este martes se realizaron operativos simultáneos en varias ciudades del país, con la participación de la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas, Gobernaciones y agencias municipales de control. Las intervenciones permitieron reducir la presencia de tramitadores en los exteriores de las agencias, inspeccionar locales comerciales y detectar irregularidades administrativas vinculadas a permisos y facturación.

Según información oficial, en 2025 se ejecutaron 99 operativos a escala nacional, que dejaron 46 personas aprehendidas, una sentencia por falsificación y uso de documento falso, y ocho locales clausurados, evidenciando que las detenciones se producen por delitos relacionados con la tramitación ilegal y el fraude documental.

En este contexto, y en medio de la investigación a 32 locales comerciales ubicados en los alrededores de varias agencias del Registro Civil a nivel nacional, en la ciudad de Tulcán cuatro funcionarios del Registro Civil del Carchi fueron desvinculados este martes, en un procedimiento que ha generado cuestionamientos por presuntas presiones y amenazas para forzar la firma de sus renuncias. Según denunciaron abogados de los afectados, la medida se habría ejecutado tras la llegada del coordinador general del Registro Civil a la dependencia local, bajo el argumento de supuestas irregularidades, concretándose al final de la jornada la salida obligada de cuatro servidores.

Las defensas legales aseguran que varios de los funcionarios contaban con nombramiento definitivo y que habrían sido advertidos con posibles penas de prisión de entre cuatro y cinco años si no renunciaban, sin que se les informara el presunto delito. También denunciaron impedimentos para brindar asesoría legal, la ausencia de Fiscalía y Policía durante el proceso, y la incomunicación de los empleados. Entre los desvinculados figuran servidores con hasta 24 y 15 años de trayectoria institucional.

BOLETIN Más de 30 locales inspeccionados en el primer operativo de control del aDescarga

Asalto armado en parque Ayora de Tulcán deja dos fallecidos y un sospechoso detenido hasta la fecha

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(Redacción Túlcan).- Un violento asalto armado ocurrido la mañana del pasado sábado en el parque Isidro Ayora de Tulcán dejó como saldo una persona fallecida en el lugar y dos heridos, dos de ellos dedicados al cambio de divisas.

El hecho ocurrió cuando tres sujetos armados atacaron a dos cambistas en el parque Ayora. Al encontrar resistencia, los delincuentes los amenazaron con un arma blanca y uno de ellos realizó varios disparos. Una de las balas impactó a un ciudadano que transitaba por el lugar, quien falleció de manera inmediata.

Posteriormente se confirmó que la víctima era albañil y se dirigía a la iglesia La Dolorosa junto a su pareja al momento del ataque, por lo que no habría sido el objetivo del asalto. Los dos cambistas resultaron heridos: uno con un impacto de bala en la pierna y el otro con heridas de gravedad. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital Luis Gabriel Dávila, donde permanecen bajo pronóstico reservado.

Luego del hecho, la Gobernación del Carchi, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó operativos de control y seguridad en distintos sectores de la provincia. El gobernador Byron Borja lideró las acciones de búsqueda para identificar a todos los responsables y realizó una visita a los heridos. El operativo permitió la captura de Milton Rodrigo B. A., señalado como presunto responsable del robo con resultado de muerte. Para el día domingo, la Fiscalía formuló cargos en su contra y un juez dispuso prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Posteriormente, en la madrugada de hoy se confirmó el fallecimiento de Marcelo Crucerira, uno de los cambistas que había resultado herido durante el asalto. Con este deceso, el número de víctimas mortales ascendió a dos.

Este hecho marca un precedente en la violencia registrada en Tulcán en los últimos años al convertirse en el primer caso reciente en el que una persona es baleada y fallece en el lugar del ataque. Hasta antes de este suceso, los episodios de violencia registrados en la ciudad no habían escalado a muertes causadas por armas de fuego.

De acuerdo con los reportes disponibles, el homicidio más reciente previo a este hecho se registró el 11 de enero de este año, en el sector Chapuel, y correspondió a un ataque con arma blanca ocurrido durante una riña en la vía pública, presuntamente relacionada con el consumo de licor.

Asimismo, en septiembre de 2025 se reportó un caso de tentativa de homicidio, en el que un policía fue procesado por un presunto ataque contra un ciudadano. En ese hecho, la víctima fue trasladada a una casa de salud, se recuperó posteriormente y no se empleó un arma de fuego.

En ese contexto, el hecho suscitado el pasado sábado es el primer caso de esta índole ocurrido en Túlcan.

Imbabura mantiene controles en estaciones de servicio para asegurar un abastecimiento confiable

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(Redacción Imbabura).-En dias anteriores, la Gobernación de Imbabura, a través de la Intendencia de Policía de Imbabura, la Comisaría Nacional de Ibarra y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), ejecutó operativos de verificación en varias estaciones de servicio del cantón Ibarra. Las acciones incluyeron revisión de medidas, control de precios y comprobación del cumplimiento de normas técnicas para garantizar un abastecimiento seguro y transparente para la ciudadanía.

No obstante, en las últimas horas se conoció el reporte de un transportista que manifestó haber tenido inconvenientes tras abastecer diésel en una gasolinera de Ambuquí. El conductor señaló que, poco después, su vehículo presentó fallas y que, al revisar el sistema, habría encontrado indicios de presunta presencia de agua en el combustible. Este reporte, aún no confirmado por las autoridades, llama la atención de los usuarios y resalta la importancia de mantener controles permanentes en todas las estaciones de servicio de la provincia.

Continúan los trabajos para habilitar el carril sur-norte de la E35 tras el deslizamiento del sábado

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(Redacción Imbabura).- La mañana del sábado, cerca de las 10:00, un deslizamiento de tierra y rocas obstruyó por completo la vía E35 en el sentido sur–norte, a la altura del sector de Carpuela. El hecho sorprendió a los conductores que transitaban por la zona y obligó a suspender de inmediato la circulación en ese carril.

Debido al bloqueo, las autoridades dispusieron el uso del carril contrario (sentido norte–sur) para habilitar la circulación en ambos sentidos de manera provisional, mientras personal técnico y maquinaria pesada de Panavial se trasladaron al sitio para evaluar los daños e iniciar las labores de limpieza.

Hasta la mañana de hoy, los trabajos continúan y aún no ha sido posible reabrir el carril sur–norte, debido a la gran cantidad de material pétreo y tierra que permanece sobre la calzada. Pese a ello, la maquinaria se mantiene operativa en el lugar. El tránsito sigue habilitado únicamente por el carril norte–sur, que continúa funcionando como vía compartida para ambos sentidos.

Indígenas de la UNORCAC y pueblos Kichwa marchan en Ibarra lanzando advertencias a la ciudadanía

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(Redacción Ibarra).- Esta mañana, cerca de mil quinientos manifestantes indígenas de la UNORCAC se movilizaron desde Cotacachi por la vía E35 en una caravana compuesta por camiones, camionetas y motocicletas, con destino a la ciudad de Ibarra; arribaron al Parque Ciudad Blanca y, al llegar, descendieron de los vehículos y comenzaron a agruparse para una marcha pacífica.

El recorrido continuó por las calles Fray Vacas Galindo y Obispo Mosquera, en las inmediaciones del Mercado Amazonas. Durante el tránsito, numerosos negocios y locales comerciales suspendieron temporalmente sus actividades para evitar confrontaciones o afectaciones a sus instalaciones; además, el servicio de transporte público interrumpió su servicio en el centro de la ciudad.

Posteriormente, los manifestantes se dirigieron hacia la calle Simón Bolívar con intención de llegar a la cárcel de Ibarra, transitando por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura. Además, un grupo de aproximadamente 100 personas se detuvo momentáneamente en el Obelisco de Ibarra antes de continuar su recorrido para unirse al resto de la manifestación.

Entre las consignas que se escuchan, los manifestantes exigen la derogatoria del Decreto 126, rechazan la constituyente propuesta por el presidente Noboa, solicitan esclarecer la muerte de Efraín Fuérez y piden la liberación de los 12 detenidos durante las manifestaciones en Otavalo.

La presencia militar y policial se mantiene en los alrededores del edificio de la Gobernación de Imbabura, con contingentes de la Policía Nacional y del Ejército. Aproximadamente a las 14:00, los manifestantes se concentraron en el Obelisco de Ibarra. Allí, dirigentes indígenas de la UNORCAC, junto al Pueblo Kichwa Karanqui y el Pueblo Natabuela, advirtieron a la ciudadanía ibarreña que, de no sumarse al paro nacional, la próxima vez recurrirán a acciones violentas y provocarán destrozos. Además, reconocieron públicamente que su objetivo es tomarse la ciudad a favor del paro, argumentando que esta medida busca un beneficio para todos.

LAS DECLARACIONES COMPLETAS EN EL SIGUIENTE LINK: CORTESÍA DE PRIMERA ZONA https://www.facebook.com/primerazonaec/videos/819654047472247

Una joya patrimonial de Ibarra al borde del colapso por disputas y abandono

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(Redacción Ibarra).- En pleno corazón del centro histórico de Ibarra, en la esquina de las calles Bolívar y Flores, se levanta un edificio que durante décadas fue símbolo de poder y gestión provincial. Hoy, sin embargo, la antigua Gobernación de Imbabura se tambalea entre el deterioro estructural y una maraña administrativa que amenaza con sepultar su valor histórico.

El inmueble pertenece al Gobierno Nacional, pero su uso fue cedido a la Gobernación bajo una condición tajante: si no lo ocupa, debe devolverse. “El edificio fue entregado por la Corte Nacional con la obligación de ser utilizado por nuestra entidad. Si no cumplimos, estamos obligados a devolverlo”, advirtió Israel Cabezas, gobernador de Imbabura.

La paradoja es evidente, el estado actual del edificio hace inviable su uso, pero tampoco se puede restaurar con facilidad, pues la Gobernación carece de los recursos necesarios.

Los técnicos calculan que la restauración completa del inmueble demandaría 1,6 millones de dólares, una cifra que aumenta día tras día a medida que avanzan las filtraciones, el debilitamiento de la estructura y la proliferación de plagas. Lo que alguna vez fue símbolo de orgullo provincial, hoy es un peligro latente para quienes transitan el centro de la ciudad.

Frente al abandono nacional, la Alcaldía de Ibarra ha tomado cartas en el asunto con intervenciones de emergencia: instalación de sobrecubiertas, control de maleza y plagas, y medidas de seguridad para evitar accidentes. Sin embargo, estos esfuerzos significan un gasto constante para el municipio, que no consta como dueño del edificio.

La alcaldía ha propuesto asumir la restauración y la titularidad del inmueble para integrarlo a los programas de conservación patrimonial, pero hasta ahora la respuesta del Gobierno Central ha sido un silencio que pesa tanto como las grietas en sus muros. Mientras tanto, el emblemático edificio sigue cayéndose a pedazos. Cada día que pasa, el costo de salvarlo se incrementa, y con él, el riesgo de perder para siempre una de las joyas arquitectónicas más importantes del centro de Ibarra.

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