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Contraloría confirmó varias irregularidades en la construcción de la vía Cuicocha, Apuela, Aguagrum

(Redacción Ibarra).- La Contraloría General del Estado confirmó la responsabilidad civil por USD 3’342.307 del ex prefecto de Imbabura, tres funcionarios del gobierno provincial, la constructora y el fiscalizador externo que participaron en los procesos de contratación, efectuados entre julio de 2012 y diciembre de 2018, para el proyecto de asfaltado de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum, en el cantón Cotacachi.


A partir del análisis documental y de las condiciones físicas de la vía, el equipo de control advirtió que, durante el periodo de prueba, el contratista dio mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, derrumbes, trabajos emergentes), pero no intervino la carpeta asfáltica y no reparó los daños en la estructura de la vía como baches, hundimientos, grietas, fisuras longitudinales y tramos colapsados que ponían en riesgo el tránsito vehicular.


La Contraloría determinó que el gobierno provincial realizó pagos, por rubros mal ejecutados, por el monto de la responsabilidad civil. Esto ocurrió debido a que el prefecto, en su periodo de actuación como máxima autoridad, no dispuso que se adopten las medidas necesarias para evitar el deterioro prematuro de la carretera y garantizar así su operación.


Por su parte, el director general de Fiscalización de la Prefectura y el administrador del contrato de obra no supervisaron las acciones de la constructora, ni comunicaron el estado de la vía y el avance de los trabajos para que se tomen decisiones oportunas que aseguren la reparación y mantenimiento de la carretera.


Además, la compañía contratada para realizar la fiscalización externa no verificó que las capas de la estructura del pavimento cumplan los espesores determinados en las especificaciones técnicas, ni exigió a la constructora la ejecución de rubros contractuales como muros de gaviones, hormigones y drenajes, aspectos necesarios para la conservación y buen funcionamiento de la vía.


A pesar de los incumplimientos, el administrador de ese contrato gestionó los desembolsos en favor de la fiscalizadora.


Pagos no justificados por volúmenes y especificaciones de obra


Producto del análisis del mismo examen especial, el organismo de control también confirmó otra glosa por USD 1’327.476 para el fiscalizador de la Prefectura designado para la liquidación de los contratos principal y complementario de obra.
Durante el examen se estableció que el funcionario no verificó la exactitud de los trabajos registrados en las planillas e incluyó actividades que no formaron parte del contrato, relacionadas con reasfaltado, bacheo, reposición de materiales por contaminación y lluvias, ocasionando que la Prefectura realice desembolsos injustificados al contratista por el valor de la glosa.


Recursos de revisión


En concordancia con la normativa vigente, las personas naturales y jurídicas responsabilizadas tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante la Contraloría General del Estado o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en contra de Correa y ex ministros de economía

(Redacción Nacional).- La Contraloría General del Estado ha establecido indicios de responsabilidad penal en contra de expresidente Rafael Correa, exministros de Económia, subsecretarios, directores de Financiamiento Público y Coordinador Jurídico del Ministerio de Finanzas por la deuda pública.

El informe de la Contraloría indica que las autoridades económicas del pasado período, entre otras situaciones, incluyeron:

-Incluyeron una metodología para el cálculo de la relación deuda/PIB no prevista en la ley.
-Mantuvieron y aplicaron resoluciones respecto a la calidad de secreta y reservada de la documentación relacionada con operaciones del endeudamiento que difiere del ordenamiento legal.
-Incumplieron los requisitos previstos para la contratación de endeudamiento público una vez superado su límite.
-No registraron como deuda operaciones de preventa de crudo, a pesar de que estas fueron satisfechas incluso mediante el pago de valores monetarios y generaron el pago de intereses al Estado.
-La deuda interna en su conjunto no fue considerada en la estadística, sin que exista evidencia de su pago.
-La reducción se realizó cuando la deuda pública estaba a punto de sobrepasar el límite legal previsto en el COPLAFIP, lo que habilitó la contratación de créditos sin cumplir con la norma legal.

La Contraloría ha dispuesto al Ministerio de Economía y Finanzas la derogatoria de los acuerdos ministeriales y otras resoluciones sobre reserva de las operaciones de deuda.

El informe también cuestiona que las preventas de petróleo no hayan sido contabilizadas como deuda y recomienda gestionar la derogatoria del convenio de cooperación institucional con China, y que el Ministerio de Hidrocarburos disponga que, de requerirse créditos, estos se limiten al objeto y misión de Petroecuador.

La Contraloría, además, dispuso exámenes especiales a:

-Examen especial a la emisión, colocación, pago y/o canje de Certificados de Tesorería.
-Examen especial a las condiciones financieras, plazos, garantías, comisiones de las operaciones de endeudamiento público.
-Examen especial a la dación en pago de las acciones de la banca pública al Banco Central.
-Examen especial a la contratación de abogados y agentes para las operaciones de endeudamiento (colocación de bonos soberanos)
-Examen especial a la inversión de oro monetario y bonos globales con Goldman Sachs.
-Examen especial al servicio de la deuda pública (capital, intereses, otros costos financieros).
-Examen especial a la utilización de los recursos provenientes de las operaciones de endeudamiento.