(Redaccion Ibarra).- La Alcaldía de Ibarra consolida el plan de inversión educativa más grande de los últimos años con USD 9 millones destinados a intervenir 43 unidades educativas hasta 2027.
Más de 5.500 personas participaron en el Coliseo Luis Leoro Franco durante la firma del convenio entre el Alcaldía de Ibarra y el Ministerio de Educación, acto que marcó el inicio de una nueva etapa de rehabilitación y adecuación de infraestructura escolar.
En esta segunda fase, la administración municipal invertirá USD 3,6 millones para intervenir 18 unidades educativas, fortaleciendo espacios seguros, modernos y adecuados para miles de estudiantes urbanos y rurales.
El alcalde Álvaro Castillo destacó que esta política forma parte de una visión de ciudad que apuesta por la educación como motor de desarrollo social y construcción de oportunidades. La actual administración proyecta alcanzar una inversión histórica de USD 9 millones entre 2023 y 2027, consolidando la intervención de 43 instituciones educativas en todo el cantón. “Cada escuela recuperada representa una familia que vuelve a creer en el futuro. Las ciudades que avanzan son las que deciden invertir en sus niños y jóvenes”, afirmó.
La nueva fase contempla adecuaciones integrales, mejoramiento de baterías sanitarias, cubiertas, espacios deportivos, salas de computación y salas de laboratorio.
A esta intervención se suma una primera etapa ejecutada por la Alcaldía de Ibarra, donde ya fueron rehabilitadas 16 unidades educativas con una inversión cercana a USD 3 millones, beneficiando directamente a miles de estudiantes. Estas acciones marcaron el inicio de un proceso de recuperación de espacios escolares que hoy se consolida como una de las principales apuestas sociales de la administración municipal.
(Redacción Cotacachi).- Encontrar dónde estacionar en el centro de Cotacachi se había convertido en un verdadero dolor de cabeza tanto para los habitantes del cantón como para quienes llegaban de visita. Durante años, conductores y comerciantes señalaron que era cada vez más complicado hallar un lugar disponible en las calles del casco urbano, especialmente en las zonas más concurridas.
La dificultad se debía, en gran parte, a que muchos vehículos permanecían estacionados durante largas jornadas —en algunos casos más de ocho horas— ocupando los mismos espacios en las principales vías de la ciudad. Esta situación provocaba saturación en el área céntrica y obligaba a conductores a dar varias vueltas antes de encontrar un sitio donde dejar su vehículo.
Ante esta realidad, el Concejo Municipal aprobó una ordenanza que implementa el Sistema Municipal de Estacionamiento Rotativo Tarifado. La normativa fue aprobada tras dos sesiones del concejo y busca ordenar el uso del espacio público destinado al parqueo.
El sistema permitirá que los espacios de estacionamiento tengan rotación, evitando que un mismo vehículo permanezca estacionado durante todo el día en las calles más transitadas. Con ello se pretende mejorar la movilidad en el centro y facilitar que residentes, compradores y turistas encuentren con mayor facilidad dónde parquear.
El problema del estacionamiento había sido una queja recurrente tanto del sector comercial como de los visitantes que llegan a la ciudad, quienes en muchas ocasiones debían recorrer varias cuadras para encontrar un lugar disponible.
Con la implementación del sistema rotativo, las autoridades buscan organizar el uso de las vías y mejorar la experiencia de quienes llegan al centro de la ciudad, uno de los espacios más visitados del cantón.
Desde la Alcaldía también se difundió una imagen detallada con los parqueaderos privados disponibles en el casco urbano para facilitar la ubicación de espacios de estacionamiento a los visitantes.
(Redacción Ibarra).- Luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) restableciera la interoperabilidad del sistema de matriculación vehicular, la Empresa Pública de Movilidad del Norte Movidelnor EP, a través de su equipo técnico, ejecutó las acciones necesarias para habilitar nuevamente desde ayer varios servicios relacionados con la matriculación y gestión vehicular en sus centros de atención.
Entre los servicios que ya se encuentran disponibles constan la renovación del permiso anual de circulación (RTV anual), transferencia de dominio, emisión de matrícula por primera vez, cambios de servicio, bloqueos y desbloqueos, emisión del certificado único vehicular y de poseer vehículos, duplicado de placas, de adhesivo y de matrícula, actualizaciones de datos de personas y de vehículos, así como cambios de características.
Según informó Cristina Pomasqui, gerente técnica vehicular de Movidelnor, durante febrero del año pasado se matricularon aproximadamente 5.000 vehículos en los cuatro centros de atención de la empresa, lo que refleja el tamaño del parque automotor que demanda estos servicios. Por esta razón, la institución ha tomado medidas para fortalecer la capacidad de atención ante el incremento de usuarios.
Como parte de la reapertura de los servicios y con el objetivo de cubrir la demanda ciudadana, Movidelnor habilitó horarios extendidos en sus agencias de Ibarra, Otavalo y Montúfar, que atenderán de lunes a viernes desde las 07:00 hasta las 18:00. En la agencia de Pedro Moncayo, la atención será de lunes a viernes de 07:00 a 17:00. Esta medida estará vigente de forma indefinida hasta completar la demanda de usuarios que requieren realizar sus trámites.
La funcionaria recordó que los propietarios de vehículos cuyo último dígito de placa es 1 no deberán pagar la multa por calendarización correspondiente al año 2026, debido a la suspensión temporal del sistema de la ANT. Sin embargo, deberán cumplir con el proceso de revisión técnica vehicular y matriculación durante el periodo comprendido desde el 9 de marzo de 2026 hasta 30 días después.
Pomasqui también señaló que Movidelnor depende del sistema interpretativo nacional, por lo que pidió comprensión a la ciudadanía ante algunas intermitencias que se han presentado. No obstante, aseguró que actualmente la institución está operando al 100% de su capacidad para brindar atención a los usuarios.
Por su parte, Santiago Chiriboga, gerente general de Movidelnor, indicó que se ha incrementado la capacidad de atención para cubrir la demanda no solo de los vehículos con dígito 1, sino también para avanzar con la calendarización correspondiente al dígito 2. En este sentido, dijo que, se han habilitado 250 turnos diarios en el centro de Ibarra, 150 en Otavalo, 200 en Montúfar y 50 en la unidad móvil de Pedro Moncayo, con el sistema de turnos habilitado para todo el mes de marzo.
La reapertura de los servicios ha generado una respuesta positiva entre los usuarios. Carlos Andrade, ciudadano ibarreño que acudió a realizar su trámite, comentó que logró obtener su turno sin inconvenientes y fue atendido con agilidad. “El proceso fue rápido, pude hacer la revisión y avanzar con la matriculación sin problemas. Es positivo que se hayan ampliado los horarios porque facilita mucho a quienes trabajamos”, señaló.
(Redacción Imantag).- Durante un recorrido realizado junto a medios de comunicación de la provincia, el prefecto de Imbabura, Richard Calderón, dio a conocer los detalles de varias obras que se ejecutan dentro de su administración para fortalecer el desarrollo productivo y vial de la provincia.
Entre los proyectos más relevantes destaca un reservorio de agua para riego en la parroquia de Imantag, considerado el más grande en la historia de Imbabura. La infraestructura cuenta con una capacidad de almacenamiento de 150 mil metros cúbicos de agua. Para hacer una comparativa, 150 mil metros cúbicos equivalen a 150 millones de litros, una cantidad inmensa comparable al volumen de aproximadamente 60 piscinas olímpicas (basado en 2.500 metros cúbicos por piscina), un gran lago artificial o el transporte en un convoy de unos 7.500 camiones cisterna de gran tamaño, lo que permitirá irrigar aproximadamente 1.500 hectáreas de cultivos.
La obra contempla además la implementación de 10 kilómetros de canales de riego entubados y revestidos, lo que permitirá optimizar el uso del recurso hídrico y fortalecer la producción agrícola de la zona. Para los productores y agricultores de Imantag, este proyecto representa una oportunidad clave para garantizar mejores cosechas y mayor estabilidad en sus actividades productivas.
Durante el recorrido, el prefecto también anunció que este sábado iniciará la obra de asfaltado de la vía Imantag–Cotacachi. Esta intervención busca mejorar la conectividad del sector con ciudades como Otavalo, Atuntaqui, Ibarra y Urcuquí.
La obra forma parte del plan de intervención vial impulsado por la Prefectura, que hasta el momento supera los 158 kilómetros de trabajos ejecutados entre asfaltado, adoquinado y empedrado, como parte de los compromisos asumidos durante la campaña.
La mejora de esta vía responde además a una necesidad urgente del sector productivo. Actualmente, frutas, verduras y flores que se transportan desde esta zona suelen deteriorarse durante el traslado debido al estado del camino. Aunque los productores aplican protocolos de transporte para proteger la mercadería, las condiciones de la vía provocan daños en los productos. Esto ocasiona que, al llegar a los mercados locales o nacionales, aquellos que presentan afectaciones deban venderse a menor precio, reduciendo significativamente su valor comercial y afectando los ingresos de los agricultores.
(Redacción Ecuador).- Con más de 90 millones de kilómetros recorridos sin eventos graves ni fatalidades y el cumplimiento de más de 2.000 días sin fatalidades y 1.500 días sin accidentes con pérdida de tiempo a 2025, UNACEM Ecuador consolida su liderazgo en seguridad vial a nivel nacional.
Este diciembre, la compañía marca un nuevo hito, 6 años consecutivos sin fatalidades. Estos resultados son fruto de Volante Seguro, un programa que, desde 2010, ha transformado la forma de conducir de cientos de choferes profesionales colocando la vida en el centro de cada decisión.
Volante Seguro busca fomentar una cultura de prevención entre los conductores-contratistas de la empresa para salvaguardar su patrimonio e integridad, así como la vida de los peatones vinculados con su operación.
Para John Gómez, Coordinador de Seguridad, Logística y Transporte, “Volante Seguro surgió como una respuesta a una necesidad real: cuidar a las personas que día a día recorren largas distancias para mantener en movimiento a nuestra industria. Con el tiempo, se convirtió en un modelo integral de gestión de seguridad en carretera”.
El programa incorpora sistemas de monitoreo que registran velocidad, frenado y hábitos de conducción, permitiendo alertas oportunas y la toma de decisiones más seguras en tiempo real. A ello se suma la verificación permanente del estado mecánico de los vehículos, el control riguroso de las cargas y un acompañamiento 24/7 a los conductores-contratistas. Todo esto se complementa con procesos de capacitación diseñados para reforzar un mensaje esencial: la seguridad comienza por uno mismo y un viaje seguro es siempre una meta compartida.
Esta visión y los resultados tangibles permitieron que, en octubre de 2025, durante el Congreso Técnico FICEM, UNACEM Ecuador recibiera el Premio al Mejor Programa Anual de Salud y Seguridad, un reconocimiento regional que destaca su liderazgo en cultura vial. “Recibir este premio en FICEM ha sido una experiencia muy valiosa. Nos permite compartir nuestras buenas prácticas y reafirmar que no solo producimos cemento y hormigón, también construimos bienestar para las personas”, menciona John Gómez.
Los resultados hablan por sí solos: una reducción sostenida de incidentes viales, el fortalecimiento de la conciencia preventiva y la consolidación de un modelo de transporte industrial más humano y eficiente. Lo confirma uno de los choferes que ha vivido el proceso de transformación: “Antes, manejar era solo cumplir con una ruta. Hoy, gracias a Volante Seguro, entendemos que cada viaje es regresar a casa con tranquilidad y entregar un mejor servicio, conducimos con más conciencia y orgullo, porque nos preocupamos por nuestra seguridad y por la experiencia de quienes confían en nosotros. Este programa nos ha dado las herramientas y la capacitación necesarias para cumplir nuestras metas”. Mauricio Puetate, conductor-contratista de UNACEM Ecuador.
El reconocimiento recibido no solo celebra un logro operativo, sino que reafirma el propósito de UNACEM Ecuador, centrado en proteger la vida, salvaguardar la salud y mantener unidas a las familias, construyendo un entorno más seguro y sostenible para todos.
(Redacción Ibarra).- El pasado viernes, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura resolvió por unanimidad revocar la sentencia emitida el 9 de abril por el juez Johnny Palacios, dejando sin efecto las medidas cautelares que habían frenado el proceso electoral del Sindicato de Choferes de Imbabura. Asimismo, negó la acción de protección presentada por Edwin Vásquez, expresidente del gremio.
Con este fallo, la Lista 3, encabezada por Cristóbal Moncayo, fue ratificada como ganadora y se presentó en las instalaciones del sindicato para la posesión y transición administrativa. Sin embargo, el proceso no pudo concretarse. En el espacio radial ‘Aquí Estamos’, conducido por Edwin Toaquiza, se denunció que no se permitió el ingreso de Moncayo, debido a irregularidades como puertas cerradas, funcionarios que obstaculizaron el acceso y la ausencia de Vásquez, quien se encontraba en Guayaquil, lo que impidió la formalización de la posesión. Posteriormente, Marcelo Yepes, secretario de Finanzas electo, informó que, tras conversaciones con personal administrativo, se acordó iniciar el proceso de entrega este lunes.
Por su parte, Camilo Bedón, integrante de la nueva administración, adelantó que se impulsará un proceso de fiscalización y auditoría para transparentar los recursos generados durante los 16 años de gestión de Vásquez. Según estimaciones preliminares, el sindicato llegaba a registrar hasta 800 estudiantes por semestre, con aportes cercanos a los 1.000 dólares cada uno, lo que significaría ingresos importantes que deberán ser esclarecidos.
Entre los puntos críticos a revisar están la compra de cuatro lotes en los terrenos de la antigua Unidad Educativa 4 de Julio, el presunto exceso de personal y gastos innecesarios. La nueva directiva ha planteado redirigir los recursos al bienestar de los socios y a mejorar la calidad educativa, con el objetivo de formar conductores de acuerdo con los estándares actuales del perfil profesional.
Otro aspecto señalado fue la limitada participación en las asambleas durante la gestión de Vásquez, donde mantenía el control gracias a su mayoría de apoyo. De los más de 1.100 socios registrados, apenas participaba un 12 % (160 en promedio), lo que reducía la pluralidad de criterios.
Finalmente, se advirtió la necesidad de reformar los estatutos, especialmente el artículo que restringe el ingreso de nuevos socios por criterios de edad, normativa que ha generado controversia y reclamos de actualización.
Con la transición en marcha, los socios esperan que la nueva administración logre transparentar la gestión anterior, fortalecer la democracia interna y elevar la calidad de la formación en el gremio.
(Redacción Imbabura).- San Miguel de Urcuquí, el cantón más joven de la provincia de Imbabura, con una población estimada de 15.203 habitantes, según proyecciones del INEC, paga 4.060 dólares a su alcalde, cifra que lo ubica entre las autoridades municipales mejor pagadas de Imbabura, por encima incluso del alcalde de Ibarra, quien lidera un municipio con más de 170.000 habitantes y recibe un sueldo de 3.935 dólares.
El monto ha generado debate local, especialmente si se lo compara con municipios mucho más grandes y complejos como Ibarra u Otavalo. Urcuquí, con apenas el 9% de la población de Ibarra, destina recursos a sueldos municipales que, para algunos sectores ciudadanos, no reflejan las verdaderas prioridades del cantón.
Urcuquí, si bien ha sido parte de importantes proyectos como Yachay, aún enfrenta limitaciones en infraestructura, obra y gestión pública, acceso a empleo y cobertura de servicios básicos. En ese contexto, la ciudadanía empieza a cuestionar si es prudente mantener altos niveles de remuneración en la administración local, mientras aún existen obligaciones sin cumplir.
La comparación entre cantones también resulta ilustrativa. La alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, con alrededor de 125.785 habitantes, recibe USD 4.508; Cotacachi, con más de 44.000 habitantes, paga a su alcalde un salario de 3.800 dólares; Antonio Ante, con más de 45.000, paga 3.654 dólares; y Pimampiro, con unos 12.000 habitantes, mantiene un salario de 2.500 dólares para su autoridad.
(Redacción Otavalo).- Aunque reconoce que 14 plantas de tratamiento de aguas residuales operan actualmente en el cantón, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) asegura que no tiene la competencia legal ni la responsabilidad directa sobre todas estas infraestructuras. Así lo dio a conocer Gustavo Andrade, Gerente General de EMAPAO-EP en entrevista, señalando limitaciones normativas y presupuestarias que impiden su intervención plena.
Año 2025
Desde EMAPAO se sostiene que, según el artículo 49 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la ordenanza que regula su funcionamiento (art. 5), la responsabilidad de operar y mantener las plantas solo recae en aquellas que la empresa administra directamente, y que no puede intervenir en infraestructuras manejadas por juntas comunitarias o prestadores externos, a pesar de que muchas de estas plantas presentan problemas operativos. Aun así, afirman realizar tareas como limpieza, remoción de lodo y monitoreo ambiental, pero aclaran que lo hacen por compromiso social, no por obligación legal.
Año 2023
Sin embargo, en un vídeo institucional colgado en el canal de YouTube de EMAPAO-EP, con fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Pablo Paredes, director técnico de la empresa, afirma que el servicio de agua potable está directamente relacionado con el de alcantarillado sanitario, pues a través de este sistema se recolectan las aguas residuales generadas en las viviendas para ser canalizadas hacia las plantas de tratamiento. Esta declaración pone en duda el discurso actual de la empresa, que insiste en no tener responsabilidad sobre el funcionamiento de dichas plantas.
Esta postura adquiere un contexto más amplio cuando se considera que la responsabilidad real del funcionamiento de las plantas recae en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD Municipal) de Otavalo. El Municipio fue el ente ejecutor del proyecto de 11 plantas inauguradas en 2012, con fondos del Banco del Estado y el aval del Gobierno de Rafael Correa, quien asistió personalmente a su inauguración. En ese entonces, se prometía sanear la cuenca del lago San Pablo mediante estas infraestructuras, que ahora enfrentan serias deficiencias.
Con el paso del tiempo, varias plantas dejaron de operar adecuadamente. Estudios técnicos revelaron baja eficiencia en la depuración del agua y falta de cumplimiento con la normativa ambiental. En mayo de 2025, el Ministerio del Ambiente (MAATE) inició un proceso sancionador contra la alcaldía de Anabel Hermosa por el vertido de aguas residuales al lago, alegando que las 14 plantas estaban inoperativas, contradiciendo así el discurso institucional.
A pesar de esta grave situación, EMAPAO continúa deslindando su responsabilidad, alegando falta de competencia legal, ingresos limitados —pues sus recursos provienen solo de las tasas por servicios básicos— y obstáculos en la contratación pública. De hecho, el pliego tarifario no se actualizaba desde hace 14 años hasta que fue revisado en la presente administración.
La empresa también sostiene que ha invertido más de 720 mil dólares desde mayo de 2023 en mantenimiento, laboratorios, adquisición de bombas y pago de personal, y que en abril de 2025 se firmó un contrato para adquirir bombas nuevas, cuyo incumplimiento por parte del contratista está actualmente en proceso de sanción.
La legislación ambiental ecuatoriana y el Código Orgánico del Ambiente son claros al establecer que la gestión de aguas residuales es una competencia directa de los municipios. A pesar de ello, ni el Municipio ni EMAPAO han asumido de forma decidida el liderazgo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento en Otavalo.
Actualmente, se han planteado propuestas para repotenciar las plantas y construir un colector perimetral en torno al lago San Pablo. También se ha creado un laboratorio especializado para el monitoreo de aguas residuales. Sin embargo, las soluciones estructurales siguen en el papel, mientras las aguas contaminadas continúan afectando los ecosistemas de la zona.
EMAPAO insiste en que no le corresponde asumir la responsabilidad, mientras el Municipio de Otavalo —verdadero ente competente según la ley— enfrenta procesos sancionatorios y no logra garantizar el funcionamiento adecuado de una infraestructura vital para la salud ambiental de la región.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
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