(Redacción Ibarra).– El artista ecuatoriano Marqués ofrecerá un concierto este sábado 31 de enero, a partir de las 20:00, en el Tenis Country Club de la ciudad de Ibarra.
Las entradas ya se encuentran a la venta en distintos puntos de la provincia: en Ibarra, en Plaza Shopping; en Atuntaqui, Karmam; en Otavalo, FICPAN; y en Cotacachi, King Pep. Food & Drinks. También están disponibles a través de la plataforma Ticket Éxito.
Los boletos tienen un costo de 25 dólares para la localidad Golden y 15 dólares para General.
El concierto, titulado “Una noche romántica con Marqués”, marca un reencuentro del artista con su público y promete una velada cargada de música y momentos especiales.
(Redacción Ibarra).- 258 motocicletas que hayan permanecido más de tres años en los Centros de Retención Vehicular (CRV) de la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP) serán sometidas a un proceso de chatarrización, previa declaración de abandono. El plazo para que los propietarios retiren sus vehículos termina el próximo 15 de enero. Así lo anunció la institución en un comunicado publicado el lunes pasado en sus redes sociales.
La institución ejecutará por segunda ocasión un proceso de chatarrización masiva, luego de que en la primera intervención se destruyeran 347 motocicletas que permanecían en condición de abandono en los Centros de Retención Vehicular (CRV).
Actualmente se desarrolla la primera fase del proceso, correspondiente a la declaratoria de abandono, cuyo objetivo principal es liberar espacio físico en los CRV, evitar el hacinamiento vehicular y cumplir con la normativa legal vigente, explicó Santiago Chiriboga, gerente general de Movidelnor.
El listado de las motocicletas que serán declaradas en abandono se encuentra publicado en la página web institucional www.movidelnor.gob.ec, con el fin de que los propietarios puedan verificar si su vehículo consta en el registro y proceder a su retiro dentro del plazo establecido por la ley, que es de10 días contados desde la publicación.
De acuerdo con la normativa, los propietarios legítimos o sus apoderadospodrán realizar laliberación de los vehículos hasta el 15 de enero de 2026, fecha límite antes de que se oficialice la declaratoria de abandono. Una vez cumplido este plazo, la institución procederá conforme a la Ley, señaló Chiriboga.
La fase final del proceso, que consiste en la destrucción física de las motocicletas mediante aplastamiento, será ejecutada por un gestor ambiental autorizado y se llevará a cabo una vez concluida la etapa de abandono.
Emerson Ubidia, gerente de operaciones de tránsito de Movidelnor, explicó que, para retirar los vehículos, los propietarios deberán presentar documento de identidad y matrícula originales, correo electrónico y, en caso de apoderamiento, un poder especial notariado. Asimismo, deberán cancelar los valores pendientes por matrículas,citaciones y costos de garajegenerados en los patios de retención. El costo diario por garaje para motocicletas actualizado es de 3,55 incluido IVA, según tarifario de la empresa pública.
El funcionario dijo que el pago de esos haberes puede resultar más costoso que el propio valor comercial de las motos. Algunos de estos vehículos están retenidos desde el 2014.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Ibarra).- La Contraloría General del Estado realizó varios cambios en las estructuras provinciales y las direcciones provinciales, en este caso el Ab. Alex Nájera asume la Dirección Provincial de la Contraloría General del Estado.
Nájera abogado en los tribunales de la República, con varios años de experiencia en materia legal, especialista en Derecho Administrativo y Penal, que asume el cargo del organismo de control en Imbabura.
Nájera fue uno de los principales activistas políticos en contra de la corrupción en Ibarra, fundador y activista del colectivo ciudadano «Ibarra se respeta carajo», además de candidato a la concejalía y posteriormente Director de Seguridad Ciudadana del Municipio de Ibarra y Comisario de Construcciones.
«Este es un gran reto que lo asumo con toda la humildad, vamos a luchar para erradicar esos actos de corrupción que en este país están tan enquistados, con la ley en la mano trabajaremos para despachar todas esas causas represadas en la oficina de la Contraloría General del Estado, vamos a darle ese cambio que necesita» manifestó Nájera.
(Redacción Ibarra).- Este 1 de abril de 2019, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS-T) rechazó una impugnación presentada en contra de Diana Salazar, y la designó como primera autoridad de la Fiscalia General del Estado (FGE).
Salazar, actual directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), fue la mejor puntuada con 88.17/100 dentro del concurso fiscal. Le siguieron Merck Benavides con 85.17; Javier Bosquez con 77.91; y Alberto Santillán con 77.79.
Por otra parte, el CPCCS-T aceptó las impugnaciones ciudadanas contra los otros dos postulantes: Benavides y Bósquez.
Las audiencias públicas de las cuatro impugnaciones aceptadas dentro del proceso de selección de la primera autoridad de la FGE se llevaron a cabo el viernes pasado.
¿Quién es Diana Salazar?
Lady Diana Salazar Méndez, tiene 38 años y es oriunda de Ibarra, comenzó a trabajar en la Fiscalía cuando aún era estudiante de derecho, el 16 de julio de 2001, el mismo día que se estrenaba en el país el Código de Procedimiento Penal. En la actualidad es doctora en jurisprudencia y ha llevado a cabo investigaciones sobre polémicos casos de corrupción en el sector público.
Mientras estuvo a cargo del caso Odebrecht, Salazar encontró 10 evidencias que vincularon al vicepresidente Jorge Glas (quien cumple prisión preventiva) por el supuesto cometimiento del delito de asociación ilícita.
En el 2016 empezó a investigar casos de crimen organizado y corrupción. A la red de Odebrecht se sumaron escándalos de corrupción como el de Petroecuador, IESS, Fifa Gate y Sai Bank.
En el caso de supuesta captación ilegal de dinero a través de la entidad financiera internacional Sai Bank, la Fiscal contó que llegaban abogados a su oficina para decirle que piense lo que va a hacer “porque se va a enfrentar a un empresario poderoso”. Mientras que en la investigación contra Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos, Salazar dijo haber sentido presión mediática y que empezó a recibir amenazas.
(Redacción Ibarra).- Como parte del plan anual de las acciones de control, la Contraloría General del Estado, Delegación Provincial de Imbabura realizó el examen especial de control a los procedimientos de contratación ejecutados en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 31 de agosto de 2018.
Nuestra redacción tuvo acceso a los documentos del informe borrador, en donde se realizan observaciones al proceso de construcción y contratación de la Fase 1 y 2 del Nuevo Mercado de Ibarra.
La Contraloría luego de un análisis minucioso a la documentación y procedimientos por parte del GAD Municipal, encontró varias novedades.
La primera, los estudios de prefactibilidad, proyecto arquitectónico, constructivo, solución estructural, propuesta de ejecución de la obra y puesta en marcha del proyecto Nuevo Mercado Amazonas, daban cuenta de la construcción del proyecto en una sola etapa. El consultor contratado para este estudio, tomando en cuenta las características del suelo, el nivel freático y demás parámetros, recomendó que la construcción se la realice en una sola etapa y que las actividades constructivas estén relacionadas secuencialmente entre las diferentes ingenierías, desde la concepción de infraestructura y superestructura.
Sin embargo, el GAD Municipal el 05 de octubre del 2015 suscribió el contrato de licitación de obras, para iniciar con la Fase Uno del proyecto, sin tomar en cuenta los recomendado en los estudios de prefactibilidad.
En enero del 2017, se entregó la fase uno del proyecto a un costo inicial de 5 034 649, 44 USD y se firmó un contrato complementario por un valor de 1 015 474, 27 USD, dando un gran total de 6 050 123, 71 USD invertidos en la primera fase.
En este proceso y al relacionar los precios unitarios de los rubros más representativos del presupuesto referencial, la Contraloría encontró un sobreprecio de alrededor de 910.845.02 USD en siete elementos utilizados en la construcción de la Fase Uno, que van desde Acero de refuerzo en barras, hasta Hormigón premezclado, mejoramiento de suelos entre otros.
El 22 de julio del 2016, el alcalde de Ibarra resolvió terminar con el proceso de contratación de la segunda fase del nuevo mercado con la empresa SEYSE, por varias irregularidades en la entrega de la documentación, que terminó en el descubrimiento y la utilización de documentos falsos, en los procesos precontractuales que fueron denunciados por varios concejales, en ese entonces.
Inmediatamente el alcalde, inició el proceso de contratación mediante la figura de Préstamo Proveedor, bajo la recomendación de un informe elaborado por la comisión especial creada para esta segunda etapa, que en su parte medular dice «La ejecución de la obra del Nuevo Mercado Amazonas está vinculada con la operación de endeudamiento público, por lo que su contratación se exceptúa del trámite previsto en la LOSNCP»
Sin embargo, el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, mediante oficio dirigido al alcalde el 09 de febrero del 2018, le recomienda ceñirse a lo que dice la ley de Contratación Pública, para llevar a cabo la contratación de la segunda fase del Mercado Amazonas y que se deben cumplir con todas las disposiciones que la misma ley dice.
Con respecto a esta fase, la Controlaría señala enfáticamente la presencia de una segunda sobrevaloración en el contrato de la segunda etapa, en vista de que en este segundo contrato, que salió a licitación se toma en cuenta el primer rubro que se realizó en la fase uno del proyecto, mismo que ya fue pagado y ejecutado.
Por ende, la Contraloría determina en su informe borrador que el presupuesto referencial de la etapa dos, que elaboró la Comisión Especial, conformada por Director de la Unidad de Macro Proyectos, el Director de Gestión Financiera y el Procurador Síndico, tiene un sobreprecio de alrededor de 6 050 123.71 USD, en vista de que incluyó en el rubro los trabajos que ya se realizaron y pagaron en la etapa uno del proyecto.
En sus conclusiones la Contraloría determinó que existió una inobservancia al estudio de prefactibilidad del proyecto Nuevo Mercado Amazonas, que decía que la obra se debió construir en una sola etapa y no en dos.
Además resalta el informe que se inobservó los precios unitarios facilitados por el GAD de Ibarra y se registró una sobrevaloración en 7 rubros, por un monto de más de 900 mil dólares.
También menciona que el proceso de contratación no sigue los procedimientos que determina el SERCOP, mismos que han desencadenado en la paralización por más de 2 años de la obra, haciendo que todo lo invertido se encuentre en deterioro y abandono sin prestar el servicio a la colectividad.
Finalmente, menciona que los presupuestos referenciales de la etapa dos, que detalló la comisión especial tienen un sobreprecio de más de 6 millones de dólares, en vista de que incluye los valores que ya se ejecutaron y pagaron en la fase uno del proyecto.
