(Redacción Ibarra).- Comercial Hidrobo S.A. anunció en rueda de prensa la decimoséptima edición del Autoshow Ibarra, que se desarrollará del 6 al 9 de noviembre en el Centro Cultural “El Cuartel”, de 10:00 a.m. a 20:00 horas.
Este esperado evento, consolidado como la feria automotriz más importante del norte del país, tendrá entrada gratuita, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de una exhibición sin precedentes que reunirá 12 reconocidas marcas de vehículos nuevos, entre ellas: Toyota, Mazda, Nissan, Renault, Chery, DongFeng, Jeep, Ram, Fiat, Changan, BAIC y Foton. Asimismo, participarán dos destacadas marcas de motocicletas del grupo chino Loncin —la más vendida en el país— y Voge.
El Autoshow Ibarra 2025 contará con espacios interactivos, actividades para toda la familia y una amplia exposición de modelos que se adaptan a distintos gustos, estilos de vida y necesidades de movilidad. Además, los asistentes podrán acceder a beneficios exclusivos, que incluyen descuentos especiales, matrícula, accesorios y mantenimientos gratuitos, así como tasas preferenciales de financiamiento y la posibilidad de entregar su vehículo usado como parte de pago. A estos atractivos se suman alianzas estratégicas con Banco Capital, Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui y Diners Club, instituciones que respaldan la parte crediticia y comercial del evento, facilitando a los visitantes una experiencia de compra ágil, segura y con múltiples opciones de financiamiento.
Con esta nueva edición, Comercial Hidrobo S.A. celebra 50 años de servicio y confianza en el mercado imbabureño.
(Redacción Imbabura).- La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, denunció una presunta persecución política y judicial en su contra, luego de que la Fiscalía abriera una investigación por presunto financiamiento al terrorismo.
A través de un pronunciamiento público, Vercoutère aseguró que el proceso forma parte de una estrategia estatal para acallar voces críticas y disidentes, especialmente de mujeres, dirigentes indígenas y defensoras de derechos humanos.
La viceprefecta relató que el 21 de septiembre sus cuentas bancarias fueron bloqueadas sin previo aviso, junto con las de otras lideresas sociales. Asegura que no recibió notificación ni se presentaron pruebas, lo que a su criterio constituye una violación al debido proceso.
Días después, el 26 de septiembre, su nombre apareció en redes sociales dentro de una lista de personas investigadas por presunto enriquecimiento privado no justificado. En respuesta, presentó una acción de protección para exigir la restitución de sus derechos, la cual fue negada por la justicia constitucional.
Aunque el 31 de octubre anunció haber conseguido el desbloqueo de sus cuentas, horas más tarde fue notificada nuevamente por un nuevo proceso judicial: financiamiento al terrorismo.
La abogada Sonia Vera, defensora de Vercoutère, aseguró que su clienta ha sido víctima de un patrón de hostigamiento desde que lideró movilizaciones y procesos de defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios.
Entre las acciones denunciadas figuran: Bloqueo arbitrario de cuentas sin orden judicial, procesos penales fabricados por supuestos delitos de terrorismo, vigilancia estatal y hostigamiento físico en Otavalo e Imbabura, estigmatización pública por parte de autoridades y medios afines al Gobierno.
Vercoutère advirtió que este tipo de procesos judiciales “con fines políticos” fomentan el miedo, la autocensura y la criminalización del liderazgo social, e hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen la situación en el país.
“No se trata solo de mi caso —subrayó—, sino del uso del poder judicial para callar a quienes piensan diferente”.
(Redacción Ecuador).- El presidente Daniel Noboa anunció oficialmente la convocatoria a una nueva consulta popular que se realizará en diciembre de 2025. El proyecto incluye 7 preguntas clave que abordan reformas estructurales en política, justicia, economía y seguridad, con las que el Gobierno busca impulsar su visión de modernización institucional y atraer inversión extranjera.
Entre los temas más polémicos se encuentran la autorización para que fuerzas militares extranjeras operen en el país, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la posibilidad de permitir casinos en hoteles cinco estrellas como medida para reactivar el sector turístico.
Además, se propone eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, reducir el número de asambleístas, permitir el trabajo por horas en el sector turístico y habilitar la posibilidad de realizar juicios políticos a jueces de la Corte Constitucional, una de las instituciones clave del sistema judicial ecuatoriano.
El anuncio se realizó tras semanas de expectativa por parte de la ciudadanía, analistas y actores políticos, muchos de los cuales ya han comenzado a expresar sus posturas a favor o en contra de la consulta.
Según el presidente, estas reformas buscan «destrabar al país, generar empleo y fortalecer la democracia». Sin embargo, sectores sociales y opositores advierten que varias de las preguntas podrían poner en riesgo derechos ciudadanos y abrir la puerta a una concentración del poder.
Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas en diciembre de 2025 para responder cada una de las preguntas de forma individual, en un proceso que podría redefinir varios aspectos del funcionamiento del Estado.
Estas son las 7 preguntas de la nueva consulta popular:
1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la presencia de fuerzas militares extranjeras en el territorio ecuatoriano para combatir el crimen organizado transnacional?
2. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos?
3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y reestructurar el sistema de representación en la Asamblea Nacional?
4. ¿Está usted de acuerdo con permitir la instalación y funcionamiento de casinos exclusivamente en hoteles de cinco estrellas como incentivo turístico?
5. ¿Está usted de acuerdo con que se puedan realizar juicios políticos a los jueces de la Corte Constitucional?
6. ¿Está usted de acuerdo con permitir el trabajo por horas en el sector turístico como forma de fomentar el empleo?
7. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)?
(Redacción Ibarra).- Han pasado 61 años desde que el Mercado Amazonas se convirtió en un punto clave para el comercio popular en Ibarra. Fundado en 1964 por cerca de 100 emprendedores provenientes del antiguo Mercado del Águila, este centro de abastos marcó un cambio en la forma de comercializar productos en la ciudad, atrayendo a la población hacia lo que en ese entonces era un potrero, más allá del Obelisco.
Con el paso del tiempo, el mercado creció, se consolidó y se convirtió en un referente para el abastecimiento de la ciudadanía. Sin embargo, hoy enfrenta un panorama muy distinto que preocupa a los ibarreños.
Debido a su antigüedad y prolongado tiempo de operación, el Mercado Amazonas muestra un evidente deterioro en su infraestructura. Este desgaste ha traído consigo graves problemas de insalubridad, como la presencia de plagas, un sistema de alcantarillado que emite olores desagradables y un basurero ubicado cerca de la calle Obispo Mosquera, que causa molestias tanto a los transeúntes como a los vehículos que circulan por la zona. Las mingas realizadas de forma esporádica no han sido suficientes para mejorar las condiciones higiénicas, y con el paso de los años el mercado ha perdido funcionalidad y atractivo para los consumidores.
A esto se suma el desorden generado por el comercio informal, especialmente en la calle Obispo Mosquera, donde diariamente se produce una intensa congestión vehicular por la ocupación de la calzada por parte de vendedores ambulantes. Esta problemática obligó, hace algunos meses, a la colocación de una barrera metálica para evitar la apropiación del espacio público. Sin embargo, las tensiones han persistido, generando enfrentamientos entre comerciantes informales y agentes de control municipal, mientras que los vendedores establecidos dentro del mercado continúan denunciando falta de control, orden y acción efectiva por parte de las autoridades.
Otra problemática evidente en los alrededores del Mercado Amazonas es la inseguridad. En sus inmediaciones se ha identificado la venta de artículos de dudosa procedencia; esta situación se agrava por la notoria falta de patrullaje policial y la escasa presencia de agentes de seguridad, lo que convierte al sector en un punto vulnerable para actividades ilícitas.
Ante este escenario, se conoce que el alcalde Álvaro Castillo ha mencionado en intervenciones anteriores que existe una propuesta para la construcción de un nuevo Mercado Amazonas en un terreno ubicado entre las calles Heleodoro Ayala y José Tobar Tobar, en las inmediaciones de la terminal terrestre. Una vez efectuado el traslado, el actual espacio del mercado sería destinado para la implementación de una estación de transferencia de buses urbanos.
Sin embargo, la mañana de hoy, en rueda de prensa, Blanca Quiguango, representante de los comerciantes del Mercado Amazonas, se pronunció sobre el proyecto, aclarando que durante una socialización realizada el día de ayer con los dirigentes del mercado y el alcalde de la ciudad, él informó que actualmente no existe un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. En ese contexto, explicó que el Municipio se encuentra buscando financiamiento a través de empresas internacionales, entre ellas una mexicana y otra española; esta última ya habría presentado su documentación, la cual se encuentra en proceso de verificación. Se prevé que en aproximadamente ocho días se mantenga una nueva reunión con las partes involucradas, donde se podrían conocer avances concretos y decisiones sobre el futuro del proyecto.
Mientras tanto, aseguró que el Mercado Amazonas continuará abierto y funcionando con normalidad, garantizando así el sustento de cientos de familias que dependen de esta actividad.
Finalmente, hizo un llamado a los comerciantes y a la ciudadanía a no dejarse confundir por rumores o información emitida por líderes y grupos que no representan los intereses reales del sector. “Los comerciantes no estamos desamparados. Es fundamental mantenerse informados por canales oficiales y autoridades legítimas”, puntualizó.
La situación actual del Mercado Amazonas evidencia que el modelo de hace seis décadas ya no responde a las necesidades de una ciudad con alrededor de 170 mil habitantes y en crecimiento.
(Redacción Otavalo).- Aunque reconoce que 14 plantas de tratamiento de aguas residuales operan actualmente en el cantón, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) asegura que no tiene la competencia legal ni la responsabilidad directa sobre todas estas infraestructuras. Así lo dio a conocer Gustavo Andrade, Gerente General de EMAPAO-EP en entrevista, señalando limitaciones normativas y presupuestarias que impiden su intervención plena.
Año 2025
Desde EMAPAO se sostiene que, según el artículo 49 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la ordenanza que regula su funcionamiento (art. 5), la responsabilidad de operar y mantener las plantas solo recae en aquellas que la empresa administra directamente, y que no puede intervenir en infraestructuras manejadas por juntas comunitarias o prestadores externos, a pesar de que muchas de estas plantas presentan problemas operativos. Aun así, afirman realizar tareas como limpieza, remoción de lodo y monitoreo ambiental, pero aclaran que lo hacen por compromiso social, no por obligación legal.
Año 2023
Sin embargo, en un vídeo institucional colgado en el canal de YouTube de EMAPAO-EP, con fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Pablo Paredes, director técnico de la empresa, afirma que el servicio de agua potable está directamente relacionado con el de alcantarillado sanitario, pues a través de este sistema se recolectan las aguas residuales generadas en las viviendas para ser canalizadas hacia las plantas de tratamiento. Esta declaración pone en duda el discurso actual de la empresa, que insiste en no tener responsabilidad sobre el funcionamiento de dichas plantas.
Esta postura adquiere un contexto más amplio cuando se considera que la responsabilidad real del funcionamiento de las plantas recae en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD Municipal) de Otavalo. El Municipio fue el ente ejecutor del proyecto de 11 plantas inauguradas en 2012, con fondos del Banco del Estado y el aval del Gobierno de Rafael Correa, quien asistió personalmente a su inauguración. En ese entonces, se prometía sanear la cuenca del lago San Pablo mediante estas infraestructuras, que ahora enfrentan serias deficiencias.
Con el paso del tiempo, varias plantas dejaron de operar adecuadamente. Estudios técnicos revelaron baja eficiencia en la depuración del agua y falta de cumplimiento con la normativa ambiental. En mayo de 2025, el Ministerio del Ambiente (MAATE) inició un proceso sancionador contra la alcaldía de Anabel Hermosa por el vertido de aguas residuales al lago, alegando que las 14 plantas estaban inoperativas, contradiciendo así el discurso institucional.
A pesar de esta grave situación, EMAPAO continúa deslindando su responsabilidad, alegando falta de competencia legal, ingresos limitados —pues sus recursos provienen solo de las tasas por servicios básicos— y obstáculos en la contratación pública. De hecho, el pliego tarifario no se actualizaba desde hace 14 años hasta que fue revisado en la presente administración.
La empresa también sostiene que ha invertido más de 720 mil dólares desde mayo de 2023 en mantenimiento, laboratorios, adquisición de bombas y pago de personal, y que en abril de 2025 se firmó un contrato para adquirir bombas nuevas, cuyo incumplimiento por parte del contratista está actualmente en proceso de sanción.
La legislación ambiental ecuatoriana y el Código Orgánico del Ambiente son claros al establecer que la gestión de aguas residuales es una competencia directa de los municipios. A pesar de ello, ni el Municipio ni EMAPAO han asumido de forma decidida el liderazgo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento en Otavalo.
Actualmente, se han planteado propuestas para repotenciar las plantas y construir un colector perimetral en torno al lago San Pablo. También se ha creado un laboratorio especializado para el monitoreo de aguas residuales. Sin embargo, las soluciones estructurales siguen en el papel, mientras las aguas contaminadas continúan afectando los ecosistemas de la zona.
EMAPAO insiste en que no le corresponde asumir la responsabilidad, mientras el Municipio de Otavalo —verdadero ente competente según la ley— enfrenta procesos sancionatorios y no logra garantizar el funcionamiento adecuado de una infraestructura vital para la salud ambiental de la región.
(Redacción Ibarra).- Este 03 de enero del 2024, se desarrolló una sesión extraordinaria de Concejo Municipal en la que se trató la autorización para que el Alcalde de la ciudad Álvaro Castillo proceda a la venta del bien inmueble ubicado en la calle Mariano Acosta y carrera Galo Plaza Lasso, con una extensión aproximada de 13 mil metros cuadrados y un avaluó que bordea los 6 millones de dólares, el terreno queda junto al parque Ciudad Blanca y esta venta busca financiamiento para otros proyectos en la ciudad.
El burgomaestre manifestó la importancia de esta resolución en vista de que se invertirán en la contraparte de un crédito no reembolsable de financiación extranjera, que bordea los 38 millones de dólares, para que los proyectos de recuperación de Yahuarcocha, construcción de una planta de tratamiento para el lugar y la construcción de un nuevo subcentro de Salud en Ibarra y el Centro de Convenciones de la ciudad.
«Este bien de 13 mil metros cuadrados, fue entregado en donación por la Municipalidad en el año 2012 para que se construya en ese terreno la plataforma gubernamental, sin embargo este nunca se construyó, apenas iniciamos la administración revertimos esa donación y ahora es nuestro» afirmó.
Finalmente con 8 votos a favor, dos en contra y un voto en blanco se aprobó esta autorización para que se pueda proceder con la venta de este terreno en beneficio de la ciudad.
Andrade Marín.- En el evento simbólico de entrega de los recursos se realizó junto a la Fábrica Imbabura, el evento contó con presentaciones de grupos de danza. | Foto: Alex Godoy R./ Imbabura Hoy
(Redacción Antonio Ante).- Los municipios de Antonio Ante, Cayambe, Ibarra, Otavalo y Pedro Moncayo firmaron hoy miércoles 3 de junio de 2015 un convenio de crédito por 47.6 millones de dólares con el Banco del Estado (BDE) para la construcción del proyecto regional de agua potable Pesillo-Imbabura.
Este sistema abastecerá las necesidades de líquido vital de los pobladores de 162 comunidades rurales y cinco centro urbanos que comprenden las zonas altas del cantón Cayambe y las zonas nororientales de Pedro Moncayo, Otavalo, Antonio Ante y la sur-oriental de Ibarra, constituyéndose en una de las mayores intervenciones sanitarias realizadas en la región andina del país.
«Este proyecto se hace realidad iniciando los 19 años de lucha, por primera vez en la vida, vamos a tener agua potable» manifestó, Juan Serrano, presidente del Consejo de Aguas del Proyecto Pesillo-Imbabura, quien hizo énfasis en lo que han tenido que luchar para que el proyecto llegue a concretarse.
El esquema de financiamiento del proyecto contempla un aporte no reembolsable del Gobierno Nacional de 31 millones de dólares y la entrega de un crédito consolidado de 16.6 millones para los cinco cabildos, con lo que se emprenderá en la iniciativa que dotará de líquido vital a 250.000 residentes de Pichincha e Imbabura.
“Este financiamiento, que pondrá fin a los históricos problemas de abastecimiento del líquido vital en la zona, constituye una de las mayores operaciones realizadas por el Banco del Estado en el sector de agua potable y saneamiento ambiental, en consonancia con el esfuerzo del Gobierno Nacional de propiciar el desarrollo territorial con servicios óptimos y lograr ciudades equitativas y competitivas, alineadas a la política del Buen Vivir”, aseguró Verónica Gallardo, gerente general de la entidad financiera,.
«Es un día histórico para Imbabura y Pichincha, luego de 19 años se ha logrado concretar un proyecto que beneficiará a 5 cantones hermanados y que beneficiará a más de 250.000 habitantes» aseguró, Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra y presidente de la Mancomunidad Pesillo-Imbabura.
El caudal de agua que alimentará Pesillo-Imbabura provendrá del proyecto de riego Cayambe-Tabacundo, a través de un túnel de trasvase por el que se canalizarán hasta 700 litros de agua por segundo
Los alcaldes de los cinco cantones acordaron solicitar conjuntamente un crédito al Banco del Estado por 16.6 millones de dólares para cubrir el 35% del monto requerido para la ejecución de la iniciativa además de solicitar el apoyo del Gobierno Nacional para cubrir el saldo restante, lo que finalmente se concretó a través de la entidad financiera estatal.
El Gobierno Nacional, por tanto, aportará con los 31 millones de dólares restantes, equivalentes al 65% del proyecto bajo la figura de fondos no reembolsables para esta obra de infraestructura que demandará entre 18 y 24 meses para su construcción.
El esquema de financiamiento estructurado por el Banco del Estado prevé que cada municipalidad aporte conforme su capacidad de endeudamiento con la institución financiera, en un rango que irá entre el 50% y 65%.
El histórico acuerdo prevé que los cinco Municipios creen una empresa pública para la administración, operación y mantenimiento del sistema Pesillo-Imbabura, con la participación comunitaria.
