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Llurimagua: el cobre que podría sepultar la vida en Intag

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(Redacciòn Imbabura).- En el valle de Intag donde confluyen las parroquias García Moreno y Peñaherra del canton Cotacachi en mbabura, la historia de Llurimagua no es nueva. Desde la década de 1990, este proyecto minero ha pasado por manos de empresas japonesas, canadienses, chilenas y de la estatal ecuatoriana, sin lograr consolidarse. En todos los casos, un mismo factor ha frenado su avance: la resistencia sostenida de las comunidades.

Para este año el Gobierno ha anunciado la licitación del proyecto a pesar de que en 2023 la Corte Provincial de Imbabura revocó su licencia ambiental. El fallo determinó que se vulneraron los derechos de la naturaleza y que no se realizó una consulta ambiental adecuada, ordenando la suspensión de las actividades hasta cumplir con estos requisitos. Sin embargo, hasta la fecha, dicha consulta no se ha llevado a cabo.

Riqueza natural frente a intereses extractivos

Llurimagua se ubica en un ecosistema de bosque nublado que abarca cerca de 4.800 hectáreas y alberga una biodiversidad excepcional. En esta zona habitan especies en peligro de extinción como el oso de anteojos, el jaguar y el puma, además de anfibios únicos como la rana cohete resistencia y la rana arlequín hocicuda, esta última redescubierta tras haber sido considerada extinta.

La extraordinaria riqueza biológica del territorio se ha convertido en uno de los principales argumentos de las comunidades para rechazar el proyecto minero. A esto se suman las alertas sobre impactos ya evidenciados durante fases de exploración, como perforaciones profundas que, según denuncian los habitantes, habrían alterado fuentes de agua, modificando su temperatura y niveles de acidez, y generando posibles riesgos de contaminación.

En medio de este entorno se encuentran comunidades como Junín, donde la conservación no es un discurso, sino una forma de vida. Ríos cristalinos, paisajes naturales y atractivos como las “Cascadas Gemelas”, junto con iniciativas de ecoturismo, sostienen economías locales que dependen directamente del equilibrio del ecosistema.

Sin embargo, ese modelo que ha perdurado por años hoy enfrenta una amenaza latente: la posibilidad de que la actividad minera transforme de manera irreversible un territorio que, hasta ahora, ha apostado por vivir de la naturaleza sin destruirla.

Reformas legales y nuevas empresas aumentan la incertidumbre

El escenario se complica con la reciente reforma a la legislación minera, que según organizaciones ambientales podría flexibilizar los requisitos para la obtención de licencias y debilitar la consulta ambiental. Aunque la normativa aún genera interpretaciones diversas, existe preocupación de que se utilice para acelerar procesos sin cumplir plenamente con las garantías legales.

A esto se suma el interés de nuevas empresas internacionales en la concesión, lo que refuerza la intención de reactivar el proyecto. Paralelamente, se ha cuestionado la reclasificación de Llurimagua como proyecto de mediana escala, pese a ser considerado uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, lo que podría implicar menos exigencias en los trámites.

División y resistencia

Más allá del componente ambiental, el proyecto ha generado tensiones dentro de las propias comunidades. Mientras algunos sectores ven en la minería una posibilidad de empleo y desarrollo económico, otros defienden un modelo basado en la conservación, el ecoturismo y las economías locales sostenibles.

En Intag, iniciativas comunitarias han demostrado que es posible generar ingresos sin afectar el entorno natural. Sin embargo, la presión minera ha profundizado divisiones sociales que se mantienen hasta hoy.

Un conflicto abierto y una decisión pendiente

El futuro de Llurimagua sigue sin definirse. La falta de una consulta ambiental efectiva, las dudas sobre el cumplimiento de fallos judiciales y la posibilidad de nuevos procesos legales, incluso a nivel internacional, mantienen el conflicto en un punto crítico.

Más allá de lo técnico, el caso refleja un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo del país. Entre la explotación de recursos minerales y la conservación de territorios biodiversos, Intag se ha convertido en un símbolo de una decisión que Ecuador aún no termina de resolver.

Controles ambientales limitan la venta de palma de cera por Domingo de Ramos

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(Redacción Ibarra).- En Ibarra, en vísperas de la celebración del Domingo de Ramos, era habitual ver a decenas de comerciantes ubicados a lo largo de la avenida Fray Vacas Galindo, frente al mercado La Playita, ofreciendo ramos y adornos elaborados con palma de cera. Cada año, varias familias ibarreñas acudían desde temprano para adquirir estos arreglos como parte del ritual previo a la celebración religiosa.

Sin embargo, esta práctica ha ido desapareciendo debido a los controles ambientales y a una mayor conciencia ciudadana. El uso de ramos en Semana Santa se remonta a los primeros siglos del cristianismo y está inspirado en un pasaje bíblico, la entrada de Jesús a Jerusalén, cuando la gente lo recibió con ramas de palma como símbolo de reconocimiento. Por tanto, esta tradición no se originó en Ecuador ni en América. La palma es una especie propia de Medio Oriente, pero con el paso del tiempo, en distintas regiones se comenzaron a utilizar ramas locales como olivo, sauce u otras. En la región andina, donde no existen palmas de ese tipo, países como Ecuador, Colombia y Perú adoptaron la palma de cera por ser la especie más similar y disponible en los Andes, utilizándola durante décadas.

Es por esta razón que la palma de cera ha reducido significativamente su presencia en los bosques andinos, siendo considerada una especie amenazada y en peligro de extinción. Su lenta regeneración, que puede tardar aproximadamente 80 años en alcanzar su madurez reproductiva, dificulta su recuperación a corto plazo tras la intervención humana. Además, esta especie cumple un papel fundamental en el ecosistema, ya que es el hábitat de anidación del loro orejiamarillo.

Debido a su importancia ecológica, su uso, transporte y comercialización están prohibidos en el país. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 247 sobre delitos contra la flora y fauna silvestres, establece penas privativas de libertad de uno a tres años para quienes cacen, trafiquen, transporten o comercialicen especies, partes o derivados de flora o fauna silvestre amenazada o en peligro de extinción, con el fin de proteger la biodiversidad.

En Imbabura, el Ministerio del Ambiente y Energía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecuta operativos de control en los días previos al Domingo de Ramos para evitar la deforestación de este recurso natural.

Hoy, en lugar de palma de cera, los ciudadanos optan por alternativas como romero, laurel, trigo, maíz o incluso arreglos artesanales con plantas locales. En algunos puntos de Ibarra, estos nuevos ramos ya forman parte de la oferta de los comerciantes, manteniendo el simbolismo sin generar impacto ambiental.

Patronato Provincial y Empresa Pública Imbavial EP entran en proceso de extinción

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(Redacción Ibarra).- El Consejo Provincial de Imbabura, reunido este viernes 21 de julio de 2023, resolvió, en primer debate, la extinción del Patronato Provincial y de la Empresa Pública Imbavial EP. Esto, con el objetivo de dar un nuevo giro a la administración de la Prefectura, mejorando la atención y los servicios en favor de la ciudadanía. El análisis y razonamiento de los miembros del organismo, justamente se dio en este sentido, para luego emitir su votación.

Conforme establecen los procedimientos apegados al derecho, en esta primera instancia se realizaron las exposiciones, en el seno del cuerpo colegiado, de los razonamientos para encaminar estas decisiones, a través de ordenanzas. Luego, en una segunda reunión, con todos los elementos de sustento se dará paso a un nuevo debate para resolver en forma definitiva estos temas.

En el caso del Patronato, la Viceprefecta Paolina Vercoutère Quinche argumentó que se trata de cambiar el modelo de atención, ajustándolo a las exigencias actuales y, sobre todo, en el afán de responder a las expectativas que tiene la población de contar con instituciones eficientes que presten servicios de calidad, acorde a sus necesidades.

“El cambio apunta a contar con una dirección que buscará transversalizar el enfoque de género y derechos humanos en cada una de las acciones, fortaleciendo la institucionalidad interna, con una estructura y administración pública acorde a los tiempos actuales. Lo más fácil era acomodarnos a un sistema que ya estaba funcionando, pero tenemos la gran tarea de transformar y construir una política pública para el desarrollo del territorio”.

La aprobación, en primer debate, de la ordenanza de liquidación de la Empresa Pública Imbavial EP se justificó en el informe que dio cuenta de los problemas detectados en la operación, la falta de control en el área administrativa y financiera de la empresa. Dentro de este procedimiento se tomará en cuenta lo que establece la ley, el informe jurídico, económico y detalento humano. Por lo pronto, el directorio, que lo preside el prefecto Richard Calderón, ya resolvió que los más adecuado es la liquidación.