(Redacciòn Ecuador).- Cada vez es más frecuente que consumidores se encuentren con una sorpresa al momento de cancelar un producto o servicio: el establecimiento les informa que deberán pagar un recargo adicional por utilizar una tarjeta de crédito. Aunque muchos aceptan el cobro para evitar inconvenientes, esta práctica es ilegal en Ecuador.

De acuerdo con la normativa vigente de la ley del consumidor en el Art. 50.- Pagos con Tarjeta de Crédito se establece que El precio para el pago con tarjeta de crédito, será el mismo precio que al contado. Toda oferta, promoción, rebaja o descuento exigible respecto a la modalidad de pago al contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en su conocimiento oportuna y adecuadamente, en la publicidad o información respectiva y de manera expresa, lo contrario.

En 2016, mediante una resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria, se estableció que las comisiones derivadas de este servicio deben ser asumidas por el comercio y no por el consumidor.

Especialistas señalan que algunos negocios aplican estos recargos con el objetivo de mantener mayor liquidez y reducir los costos asociados a las transacciones electrónicas. Sin embargo, esta decisión no puede afectar el precio final que paga el cliente.

También se ha aclarado que la Superintendencia de Bancos no es la entidad encargada de controlar este tipo de prácticas, ya que el contrato por la prestación del servicio de tarjetas de crédito corresponde a la relación entre los establecimientos y las instituciones financieras emisoras.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a la ciudadanía a denunciar los casos en los que se cobren valores adicionales por pagar con tarjeta de crédito, recordando que el precio anunciado debe ser el mismo que el consumidor cancele, independientemente del medio de pago utilizado.

Las autoridades recomiendan a los consumidores solicitar comprobantes de pago y conservar cualquier evidencia que permita sustentar una denuncia en caso de que se les cobre un recargo no autorizado.