(Redacciòn Ecuador).- El Gobierno Nacional extendió por un mes adicional la compensación económica destinada a transportistas interprovinciales e intraprovinciales debido al incremento del precio del diésel registrado desde septiembre de 2025. La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 378, emitido el pasado 8 de mayo.
Según informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte, el bono corresponde al consumo de combustible del mes de abril y busca mitigar el impacto de las variaciones internacionales en el costo del diésel. Con esta nueva ampliación, la compensación volverá a cubrir un total de ocho meses, tal como se planteó inicialmente.
El beneficio económico alcanza los USD 1.000 mensuales para unidades de transporte intraprovincial y USD 1.800 para el transporte interprovincial. El plazo de vigencia de la medida corre desde el 12 de septiembre de 2025.
La decisión representa la tercera reforma al Decreto Ejecutivo N.° 125, firmado el año pasado, y se da en medio de pedidos de varios sectores transportistas que advierten sobre el impacto operativo generado por el costo de los combustibles.
(Redacciòn Ecuador).-A un año de que Daniel Noboa asumiera la Presidencia de Ecuador, varios de los ofrecimientos realizados durante su campaña y al inicio de su gestión continúan siendo cuestionados por ciudadanos que consideran que algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo contradicen el discurso con el que llegó al poder.
“No más impuestos” vs IVA al 15% Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa aseguró que no se crearían nuevas cargas tributarias para los ecuatorianos. Sin embargo, pocos meses después de asumir el poder, el Gobierno impulsó el incremento del IVA del 12% al 15% como una medida para enfrentar la crisis fiscal y financiar acciones de seguridad. La decisión generó cuestionamientos debido al impacto directo en productos, servicios y el costo de vida de la población.
Aunque el Ejecutivo ha decretado de manera esporádica la reducción temporal del IVA al 8% durante feriados nacionales y fechas especiales con el objetivo de incentivar el turismo y dinamizar la economía, sectores ciudadanos y comerciales sostienen que estas medidas no compensan el efecto permanente que significó el aumento general del impuesto en el consumo diario de los ecuatorianos.
“Bajar la gasolina” vs incremento en combustibles Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa habló de reducir el impacto económico que enfrentaban los hogares ecuatorianos, especialmente en temas relacionados con los combustibles. Sin embargo, durante su administración se aplicaron incrementos en las gasolinas extra y ecopaís, medida que derivó en protestas y paralizaciones de transportistas a nivel nacional. Como parte de los acuerdos alcanzados tras las movilizaciones, el Gobierno implementó compensaciones económicas para ciertos sectores del transporte, beneficios que continúan vigentes hasta la actualidad.
Posteriormente, organizaciones indígenas también protagonizaron jornadas de protesta en rechazo al alza de combustibles y otras medidas económicas. En provincias como Imbabura se registraron cierres de vías y paralizaciones que se extendieron durante varias semanas, afectando el comercio, el turismo y la movilidad de miles de ciudadanos.
La discusión volvió a tomar fuerza este 12 de mayo, cuando nuevamente se registró un incremento en las tarifas de los combustibles, reactivando críticas de sectores ciudadanos que consideran que las decisiones adoptadas por el Gobierno contradicen el discurso de campaña relacionado con aliviar el costo de vida de la población.
“Bajar la luz” vs crisis energética y apagones Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa habló de aliviar el gasto de las familias ecuatorianas en servicios básicos; sin embargo, durante 2024 el país atravesó una de las peores crisis energéticas de los últimos años. Los cortes de luz llegaron a extenderse hasta por 14 horas diarias en varias provincias, afectando a hogares, comercios, industrias, estudiantes y trabajadores en todo el territorio nacional.
La emergencia eléctrica provocó millonarias pérdidas económicas y obligó al Gobierno a implementar medidas de contingencia para evitar un colapso mayor en el sistema energético. Entre ellas estuvo la compra de energía a Colombia, así como el impulso de proyectos de generación eléctrica y la incorporación de nueva infraestructura para enfrentar el déficit energético que aún continúa siendo motivo de preocupación en el país.
Aunque el Ejecutivo atribuyó la crisis a la sequía, la falta de mantenimiento y problemas estructurales heredados de administraciones anteriores, ciudadanos y sectores productivos continúan cuestionando la falta de previsión frente a una situación que impactó directamente en la economía y en la vida cotidiana de millones de ecuatorianos.
Plan Fénix y la inseguridad El “Plan Fénix” fue presentado como la principal estrategia para enfrentar la violencia y recuperar la seguridad en el país. Aunque el Gobierno ha desplegado operativos y estados de excepción, ciudadanos continúan manifestando preocupación por extorsiones, sicariatos y hechos violentos que persisten en varias provincias del Ecuador.
Con un año de gestión cumplido y un periodo presidencial que se extiende hasta 2029, el Gobierno de Daniel Noboa continúa enfrentando el desafío de equilibrar las promesas realizadas durante la campaña con las decisiones adoptadas en medio de la crisis económica, energética y de seguridad que atraviesa el país.
(Redaccion Ecuador).- El Gobierno nacional confirmó la implementación obligatoria de la denominada “tercera placa”, un sistema electrónico de identificación vehicular que comenzará a regir a nivel nacional entre julio y septiembre de 2026, durante el tercer trimestre del año. La medida fue anunciada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura Roberto Luque, como parte de un nuevo modelo de control vial y seguridad ciudadana.
El sistema consistirá en un chip electrónico “incorruptible” (TAG) acompañado de una calcomanía holográfica que será instalada en el parabrisas delantero al momento de matricular el vehículo. Este dispositivo funcionará como una identificación digital capaz de transmitir información en tiempo real.
Entre sus principales funciones estará el monitoreo de velocidad promedio entre dos puntos de una vía. Con este mecanismo, las autoridades podrán determinar si un conductor excedió los límites permitidos según el tiempo empleado en recorrer determinados tramos.
Por ejemplo, si un trayecto entre Ibarra y Quito tiene un tiempo estimado de aproximadamente dos horas circulando a 100 km/h, el sistema detectará automáticamente si el conductor realizó el recorrido en menor tiempo del permitido, reflejando un posible exceso de velocidad y generando las respectivas sanciones.
Las autoridades señalaron que esta tecnología también contribuirá a combatir delitos relacionados con vehículos, como robos y actividades criminales, gracias a la trazabilidad y monitoreo constante de la movilidad vehicular.
Con la llegada de este sistema, los radares tradicionales dejarán de ser el principal mecanismo de control en carretera y pasarán a ubicarse estratégicamente en curvas y zonas consideradas de alta peligrosidad o elevada tasa de accidentes.
Experiencias similares ya se han implementado en ciudades como Lima, donde las autoridades reportan resultados positivos en el control vehicular y la reducción de incidentes relacionados con tránsito y delincuencia.
Sin embargo, especialistas advierten que el acceso a información de movilidad en tiempo real también abre el debate sobre privacidad y protección de datos, debido a que el sistema manejará información sensible sobre recorridos, trazabilidad y desplazamiento de vehículos en distintas ciudades del país. Según expertos, un manejo inadecuado de estos datos podría derivar en usos indebidos o riesgos para la seguridad de los ciudadanos.
(Redacciòn Imbabura).- En el valle de Intag donde confluyen las parroquias García Moreno y Peñaherra del canton Cotacachi en mbabura, la historia de Llurimagua no es nueva. Desde la década de 1990, este proyecto minero ha pasado por manos de empresas japonesas, canadienses, chilenas y de la estatal ecuatoriana, sin lograr consolidarse. En todos los casos, un mismo factor ha frenado su avance: la resistencia sostenida de las comunidades.
Para este año el Gobierno ha anunciado la licitación del proyecto a pesar de que en 2023 la Corte Provincial de Imbabura revocó su licencia ambiental. El fallo determinó que se vulneraron los derechos de la naturaleza y que no se realizó una consulta ambiental adecuada, ordenando la suspensión de las actividades hasta cumplir con estos requisitos. Sin embargo, hasta la fecha, dicha consulta no se ha llevado a cabo.
Riqueza natural frente a intereses extractivos
Llurimagua se ubica en un ecosistema de bosque nublado que abarca cerca de 4.800 hectáreas y alberga una biodiversidad excepcional. En esta zona habitan especies en peligro de extinción como el oso de anteojos, el jaguar y el puma, además de anfibios únicos como la rana cohete resistencia y la rana arlequín hocicuda, esta última redescubierta tras haber sido considerada extinta.
La extraordinaria riqueza biológica del territorio se ha convertido en uno de los principales argumentos de las comunidades para rechazar el proyecto minero. A esto se suman las alertas sobre impactos ya evidenciados durante fases de exploración, como perforaciones profundas que, según denuncian los habitantes, habrían alterado fuentes de agua, modificando su temperatura y niveles de acidez, y generando posibles riesgos de contaminación.
En medio de este entorno se encuentran comunidades como Junín, donde la conservación no es un discurso, sino una forma de vida. Ríos cristalinos, paisajes naturales y atractivos como las “Cascadas Gemelas”, junto con iniciativas de ecoturismo, sostienen economías locales que dependen directamente del equilibrio del ecosistema.
Sin embargo, ese modelo que ha perdurado por años hoy enfrenta una amenaza latente: la posibilidad de que la actividad minera transforme de manera irreversible un territorio que, hasta ahora, ha apostado por vivir de la naturaleza sin destruirla.
Reformas legales y nuevas empresas aumentan la incertidumbre
El escenario se complica con la reciente reforma a la legislación minera, que según organizaciones ambientales podría flexibilizar los requisitos para la obtención de licencias y debilitar la consulta ambiental. Aunque la normativa aún genera interpretaciones diversas, existe preocupación de que se utilice para acelerar procesos sin cumplir plenamente con las garantías legales.
A esto se suma el interés de nuevas empresas internacionales en la concesión, lo que refuerza la intención de reactivar el proyecto. Paralelamente, se ha cuestionado la reclasificación de Llurimagua como proyecto de mediana escala, pese a ser considerado uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, lo que podría implicar menos exigencias en los trámites.
División y resistencia
Más allá del componente ambiental, el proyecto ha generado tensiones dentro de las propias comunidades. Mientras algunos sectores ven en la minería una posibilidad de empleo y desarrollo económico, otros defienden un modelo basado en la conservación, el ecoturismo y las economías locales sostenibles.
En Intag, iniciativas comunitarias han demostrado que es posible generar ingresos sin afectar el entorno natural. Sin embargo, la presión minera ha profundizado divisiones sociales que se mantienen hasta hoy.
Un conflicto abierto y una decisión pendiente
El futuro de Llurimagua sigue sin definirse. La falta de una consulta ambiental efectiva, las dudas sobre el cumplimiento de fallos judiciales y la posibilidad de nuevos procesos legales, incluso a nivel internacional, mantienen el conflicto en un punto crítico.
Más allá de lo técnico, el caso refleja un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo del país. Entre la explotación de recursos minerales y la conservación de territorios biodiversos, Intag se ha convertido en un símbolo de una decisión que Ecuador aún no termina de resolver.
(Redacción Ibarra).- Han pasado diez años desde el terremoto del 16 de abril de 2016, uno de los momentos más duros en la historia reciente del Ecuador. En apenas 75 segundos, un sismo de magnitud 7.8 sacudió al país, con epicentro en Manabí, dejando 663 personas fallecidas, miles de heridos y ciudades enteras destruidas. Las provincias más afectadas fueron Manabí y Esmeraldas.
Los daños fueron enormes. Según cifras oficiales, las pérdidas superaron los 3.344 millones de dólares. Además, 83 kilómetros de vías en 31 carreteras resultaron afectados, complicando aún más la movilidad y la llegada de ayuda en los primeros días. Ante la magnitud del desastre, el gobierno de Rafael Correa decretó el estado de excepción para las provincias más golpeadas, con el objetivo de agilizar la atención y la reconstrucción.
En los meses y años posteriores, el país destinó miles de millones de dólares para enfrentar la emergencia. Más de 2.400 millones fueron invertidos, principalmente en la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas y carreteras. Muchas zonas lograron levantarse nuevamente, aunque en algunos lugares las huellas del terremoto todavía son visibles.
A una década de la tragedia, Ecuador no solo recuerda a las víctimas, sino también lo que cambió a partir de ese momento. Hoy existe una mayor conciencia sobre la importancia de estar preparados ante desastres. Se han fortalecido los protocolos de emergencia, se realizan simulacros y se han mejorado las normas de construcción para reducir riesgos.
Pero si hay algo que marcó esos días, fue la solidaridad. Miles de ecuatorianos se unieron para ayudar. Desde distintas provincias se enviaron víveres, ropa, medicinas y todo tipo de ayuda para los damnificados.
En el caso de Imbabura, la respuesta fue inmediata. En ciudades como Ibarra se organizaron centros de acopio y se recolectaron toneladas de ayuda que fueron enviadas a la costa. También hubo voluntarios de entidades como el Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja que viajaron para colaborar directamente en las zonas afectadas. Ese apoyo se convirtió en un ejemplo del espíritu solidario del país.
(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional anunció una disminución temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector turístico con motivo del feriado de Carnaval 2026. La medida regirá del sábado 14 al martes 17 de febrero.
La decisión fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 304, firmado por el presidente Daniel Noboa, y establece que la tarifa del IVA pasará del 15% al 8% exclusivamente para servicios vinculados a actividades turísticas.
El propósito de esta disposición es estimular el turismo interno y fortalecer la actividad económica en uno de los periodos de mayor desplazamiento de viajeros a escala nacional.
El beneficio estará dirigido únicamente a los establecimientos que consten en el registro oficial del Ministerio de Turismo. Entre los servicios contemplados se encuentran:
Hospedaje: hoteles, hostales y alojamientos similares.
Alimentos y bebidas: restaurantes, cafeterías y locales gastronómicos.
Transporte turístico y alquiler de vehículos con fines turísticos.
Agencias de viajes y operadoras que ofrezcan paquetes y recorridos.
Organización de eventos como congresos, ferias y convenciones.
El control sobre la correcta aplicación de la nueva tarifa estará a cargo del Servicio de Rentas Internas, que verificará que los comprobantes de venta reflejen el 8% durante los días establecidos. Con esta reducción temporal, las autoridades buscan incentivar el consumo en el sector y generar mayor movimiento económico durante el feriado.
(Redacción Ibarra).- El cuerpo sin vida de Deyran P. C., de 15 años, fue hallado cerca de las 16:30 del jueves 5 de febrero en el sector del Anillo Vial, en la intersección de las calles Latacunga y Calle 5, al norte de Ibarra, según información proporcionada por el ECU 911. Posteriormente, el adolescente fue identificado por sus familiares, quienes lo habían reportado como desaparecido desde la noche del lunes 2 de febrero.
Personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Secuestros, Extorsión y Muertes Violentas (Dinased) y de Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo e inició las investigaciones correspondientes. De acuerdo con información preliminar, el caso es tratado como una muerte violenta.
Deyran vivía en el barrio Santa Teresita de Alpachaca y era el hijo menor de Evelyn C. Según el testimonio de su familia, el joven salió de su domicilio alrededor de las 15:00 del lunes 2 de febrero con destino al sector de San Benito de Palermo, donde iba a visitar a unos familiares. Cerca de las 21:00, su teléfono celular se apagó y no se volvió a tener noticias de su paradero.
El jueves 5 de febrero la madre de Deyran, con varios familiares y vecinos recorrieron desde el último lugar donde fue visto el joven y continuaron por el Anillo Vial, desde el redondel de Santa Teresita hasta el estadio La Cocha, en el sector de Lomas de Azaya. Durante la búsqueda, una mujer y un hombre en situación de calle habrían alertado sobre un posible punto donde podría encontrarse el joven. Cerca de ese lugar, entre la maleza, fue localizado el cuerpo con visibles laceraciones en el rostro.
Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl, en Ibarra, para la realización de las investigaciones forenses correspondientes. Más tarde, fue trasladado a la ciudad de Esmeraldas, donde se practicó la autopsia de rigor, con el objetivo de identificar y recolectar muestras de ADN en el cuerpo.
El cuerpo de Deyran presentaba signos evidentes de violencia, entre ellos el uso de objetos cortantes que habrían provocado lesiones en las extremidades, así como armas blancas, con una posible herida cercana al pecho. Además, se investigó el presunto uso de sustancias químicas, aparentemente ácido, en el rostro, lo que habría sido empleado para dificultar su reconocimiento, según relataron sus familiares.
Con los nombres señalados por vecinos y testigos, la familia logró ubicar a tres sospechosos, quienes fueron trasladados al comando policial. En este punto, no se descartó una presunta participación de los tres implicados en una posible violación grupal.
En el lugar, los tres sospechosos se habrían estado generando acusaciones entre ellos y brindando versiones contradictorias, lo que derivó horas después en que fueran puestos en libertad por disposición de la Fiscalía, debido a que había transcurrido el plazo legal de las 24 horas de flagrancia.
Por su parte, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron públicamente el asesinato de Deyran, a quien identifican como una adolescente trans de 15 años. De acuerdo con la información difundida por la Asociación Silueta X, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+ y otros colectivos de la diversidad, el cuerpo presentaba indicios de tortura y violencia severa.
Desde una perspectiva técnica y legal, expresaron su preocupación por lo que califican como una respuesta institucional lenta, indicando que la dilación en los tiempos de búsqueda y captura habría permitido que los sospechosos evadieran la detención en flagrancia. También alertaron sobre la falta de un enfoque de género y diversidad en el tratamiento inicial del caso.
En un comunicado conjunto, exigieron al Estado ecuatoriano que el crimen no sea tratado como un delito común y solicitaron acciones concretas, entre ellas: el respeto a la identidad de género de la víctima en los procesos judiciales y en la cobertura mediática, la ejecución inmediata de órdenes de captura contra los presuntos responsables y garantías de protección para las personas que han brindado información clave. Finalmente, las organizaciones recalcaron que este caso se suma a otros hechos de violencia contra personas trans en el país.
Ante estos hechos, la familia, junto a vecinos y diversos colectivos, anunciaron una marcha pacífica que se realizará esta tarde desde las 15:00, partiendo desde el sector de Santa Teresita de Alpachaca, con el objetivo de exigir justicia y respuestas claras por parte de las autoridades.
(Redacción Ecuador).- Los recientes controles ejecutados por el Estado en agencias del Registro Civil responden a una estrategia nacional para combatir la intermediación ilegal, los cobros indebidos y la venta de turnos fraudulentos, prácticas que afectan directamente a la ciudadanía.
Como parte de estas acciones, este martes se realizaron operativos simultáneos en varias ciudades del país, con la participación de la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas, Gobernaciones y agencias municipales de control. Las intervenciones permitieron reducir la presencia de tramitadores en los exteriores de las agencias, inspeccionar locales comerciales y detectar irregularidades administrativas vinculadas a permisos y facturación.
Según información oficial, en 2025 se ejecutaron 99 operativos a escala nacional, que dejaron 46 personas aprehendidas, una sentencia por falsificación y uso de documento falso, y ocho locales clausurados, evidenciando que las detenciones se producen por delitos relacionados con la tramitación ilegal y el fraude documental.
En este contexto, y en medio de la investigación a 32 locales comerciales ubicados en los alrededores de varias agencias del Registro Civil a nivel nacional, en la ciudad de Tulcán cuatro funcionarios del Registro Civil del Carchi fueron desvinculados este martes, en un procedimiento que ha generado cuestionamientos por presuntas presiones y amenazas para forzar la firma de sus renuncias. Según denunciaron abogados de los afectados, la medida se habría ejecutado tras la llegada del coordinador general del Registro Civil a la dependencia local, bajo el argumento de supuestas irregularidades, concretándose al final de la jornada la salida obligada de cuatro servidores.
Las defensas legales aseguran que varios de los funcionarios contaban con nombramiento definitivo y que habrían sido advertidos con posibles penas de prisión de entre cuatro y cinco años si no renunciaban, sin que se les informara el presunto delito. También denunciaron impedimentos para brindar asesoría legal, la ausencia de Fiscalía y Policía durante el proceso, y la incomunicación de los empleados. Entre los desvinculados figuran servidores con hasta 24 y 15 años de trayectoria institucional.
(Redacción Imbabura).- La Prefectura de Imbabura alcanzó y superó anticipadamente el objetivo de intervención vial proyectado hasta el año 2027. Hasta el momento, la institución ha ejecutado 158 kilómetros de obras viales, entre asfaltados, adoquinados y empedrados, superando la meta inicial de 150 kilómetros, informó el prefecto Richard Calderón durante un conversatorio con los medios de comunicación el miércoles pasado; las obras se ejecutaron en los seis cantones, principalmente en zonas rurales, con una inversión de USD 36,65 millones, y para 2026 se prevén nuevas intervenciones viales, varias de ellas ya cuentan con estudios técnicos.
En el cantón Ibarra se reportan cerca de 30 kilómetros intervenidos, entre los que destaca el asfaltado de la vía Rumipamba–Chirihuasi, ejecutado con una inversión de USD 1,8 millones. Otros cantones también registran avances importantes: Otavalo suma más de 27 kilómetros, Cotacachi 23 kilómetros, Antonio Ante supera los 21 kilómetros y Pimampiro alcanza más de 34 kilómetros de obras viales.
Calderón señaló que uno de los mecanismos clave para cumplir estos objetivos ha sido la ordenanza “Contigo Construimos”, que establece un esquema de coparticipación en el que la Prefectura aporta el 65% del financiamiento y los beneficiarios el 35%. “Pese a las limitaciones presupuestarias, hemos encontrado alternativas que nos han permitido cumplir y superar lo planificado”, afirmó.
Durante el conversatorio también se anunció los proyectos que se ejecutarán en 2026. Entre ellos constan los estudios para la rehabilitación y mejoramiento de la vía Y de Cuicocha–Santa Rosa–Apuela–Aguagrum, en el cantón Cotacachi. Además, se prevé la construcción de la circunvalación del lago San Pablo, una obra de 15 kilómetros con un presupuesto referencial de USD 5 millones, que será financiada a través del Banco de Desarrollo del Ecuador y que apunta a fortalecer la conectividad y el turismo en la zona.
Finalmente, se incluyen en la planificación el mejoramiento vial y la construcción del puente sobre el río Blanco, que conectará Otavalo con la parroquia Quiroga, así como el adoquinado de la vía Sigsiloma–Guaraczapas, en Ibarra, un tramo de 5 kilómetros con una inversión estimada de USD 3,5 millones.
Ante este escenario positivo para la provincia, fue inevitable consultar y conocer de primera mano sobre dos obras viales pendientes e inconclusas en la provincia de Imbabura: el paso lateral de Ibarra y el recurrente deterioro del kilómetro 114, sector El Guadual, en la vía Ibarra–San Lorenzo. Al respecto, el prefecto de Imbabura, Richard Calderón, señaló que estas infraestructuras, clave para el desarrollo y la conectividad provincial, son de competencia directa del Ministerio de Transporte e Infraestructura. No obstante, recalcó que desde la Prefectura de Imbabura existe la predisposición de brindar apoyo técnico y operativo, incluyendo personal especializado y maquinaria, con el objetivo de contribuir a una solución definitiva. Sin embargo, Calderón enfatizó que la ejecución de acciones concretas depende en gran medida de una respuesta y decisión ministerial, ya que solo mediante una coordinación interinstitucional efectiva se podrán aplicar los cambios estructurales necesarios y atender de manera integral estas problemáticas viales que afectan a la provincia.
(Redacción Ecuador).- Mediante el Decreto Ejecutivo N.º 249, firmado el miércoles 17 de diciembre de 2025, se dispuso la suspensión de la jornada laboral del viernes 2 de enero de 2026 en todo el territorio ecuatoriano. La medida aplica para los sectores público y privado y forma parte del feriado nacional por Año Nuevo.
El decreto establece que el descanso obligatorio correspondiente al 1 de enero se extienda al viernes 2, permitiendo así un feriado continuo que irá del jueves 1 al domingo 4 de enero de 2026. En el texto oficial se especifica que la jornada suspendida no será recuperable, por lo que no deberá compensarse posteriormente.
Esta disposición tiene carácter oficial y obligatorio, ya que se encuentra sustentada en un decreto ejecutivo vigente. Por lo tanto, el viernes 2 de enero de 2026 es feriado nacional y debe cumplirse conforme a lo establecido en la normativa.
