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Asiauto inaugura nuevo concesionario de la marca JAC Azul y fortalece la movilidad en la región

(Redacción Ibarra).- El día de ayer se inauguró en Ibarra un nuevo concesionario JAC de la mano de Asiauto, empresa que durante más de 20 años ha construido una sólida reputación como proveedor de soluciones de movilidad en el país.

Paul Astudillo, gerente regional de Asiauto, destacó que este nuevo paso representa la evolución natural de la empresa hacia una movilidad más eficiente y sostenible.

“Nos hemos consolidado como un referente en soluciones automotrices confiables. Hoy nos sumamos a la red de movilidad inteligente, ofreciendo vehículos de calidad, con respaldo y una trayectoria que garantiza confianza a nuestros clientes”, señaló Astudillo.

Como concesionario multimarca con presencia nacional, Asiauto amplía ahora su portafolio con una propuesta que combina tecnología, desempeño y eficiencia en costos.

Santiago Guevara, gerente general de Armacar, destacó que la apertura del nuevo concesionario en Ibarra consolida su expansión al norte del país y acerca su portafolio de vehículos a la ciudadanía. Durante el evento, compartió detalles sobre la propuesta de valor de JAC y la importancia de fortalecer la oferta automotriz con modelos ensamblados en Ecuador, competitivos y adaptados a las necesidades locales.

En ese contexto, resaltó que la camioneta JAC T9 ha sido desarrollada para enfrentar con solvencia los distintos terrenos y condiciones geográficas del país, desde la ciudad hasta el campo. Combina robustez, tecnología y equipamiento con un mejor costo de tenencia y mantenimiento dentro de su segmento, posicionándose como una opción eficiente y confiable para trabajo y uso familiar.

Armacar, Aymesa y Asiauto consolidaron una alianza estratégica para el desarrollo y lanzamiento de las nuevas camionetas Pacífico y Páramo, modelos ensamblados en Ecuador y diseñados para adaptarse a las distintas realidades geográficas y productivas del país. Esta iniciativa fortalece la industria automotriz nacional y ofrece alternativas competitivas en precio, equipamiento y desempeño.

La camioneta del Ecuador

La camioneta Pacífico (4×2) está disponible en dos versiones. La opción a gasolina incorpora un motor de 2.500 centímetros cúbicos y tiene un precio de US$ 19.990, convirtiéndose en una alternativa accesible y potente para uso urbano y rural. Por su parte, la versión diésel está equipada con un motor 2.0 turbo diésel de geometría variable, que desarrolla 137 caballos de fuerza y 320 Newton metro de torque, con un precio de US$ 23.490. Esta configuración destaca por su equilibrio entre potencia y eficiencia, ideal para trabajo continuo y recorridos exigentes.

En el segmento 4×4, la camioneta Páramo incorpora el mismo motor 2.0 turbo diésel de geometría variable, con 137 HP y 320 Nm de torque, garantizando desempeño sólido en terrenos complejos. Además, cuenta con frenos de disco delanteros y posteriores, rin 18 con neumáticos AT (todo terreno), sistema de distribución por cadena —que aporta mayor durabilidad— y doble filtro de combustible, pensado para condiciones más demandantes. La Páramo tiene un precio de US$ 26.990, posicionándose como una opción robusta y competitiva dentro de su categoría.

El portafolio también incluye modelos eléctricos que ya se posicionan dentro del Top 5 de vehículos más vendidos en su categoría en el país, consolidando a JAC como una de las marcas líderes en electromovilidad.

Entre ellos destacan:

  • JAC E10X, con hasta 300 km de autonomía por carga, ideal para movilidad urbana eficiente.
  • JAC E30X, con una autonomía de hasta 405 km, ampliando las posibilidades de desplazamiento intercantonal e interprovincial.

Actualmente, el país cuenta con 52 puntos de carga activos, fortaleciendo la infraestructura para vehículos eléctricos. La expansión de electrolineras en Ecuador continúa en crecimiento, respaldando la transición hacia energías más limpias y reduciendo significativamente los costos operativos frente a vehículos tradicionales.

Con esta inauguración, Asiauto y JAC no solo fortalecen la oferta automotriz en la región norte, sino que impulsan un modelo de movilidad más inteligente, eficiente y sostenible.

Nueva ordenanza del Registro de la Propiedad en Ibarra: actualización de tarifas, exoneraciones y modernización con Folio Real

(Redacción Ibarra).- El Concejo Municipal de Ibarra aprobó la Ordenanza Sustitutiva para la Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón, luego de más de diez años sin actualización. La normativa anterior databa de 2011, mientras que la tabla de cobros se mantenía vigente desde 2003, pese a que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece que debe revisarse anualmente.

Uno de los principales beneficios de la nueva ordenanza es que no se incrementa ningún valor en la inscripción de bienes de hasta 90.000 dólares, lo que garantiza que los proyectos sociales y créditos preferenciales continúen sin afectar a la ciudadanía. Estos trámites representan más del 80% de las inscripciones que realiza la entidad.

Además, los procesos de aclaración o rectificación de errores en escrituras o resoluciones tendrán un costo reducido al 25% del valor original. Por ejemplo, si una inscripción costaba 200 dólares, la aclaración ahora costará solo 50, en beneficio directo de los usuarios.

La actualización también busca mantener costos justos y sostenibles. Según la entidad, algunos trámites tenían valores que representaban menos del 10% del costo real del servicio. En ese sentido, se ajustaron aranceles como el certificado de gravamen, que pasa de 7 a 11,75 dólares (2,5% del salario básico unificado). Este ajuste, explican las autoridades, no representa un aumento repentino, sino la regularización de un rezago de casi dos décadas.

El Registro de la Propiedad de Ibarra destaca además por su eficiencia y modernización. Actualmente, el 95% de los certificados se entregan el mismo día de su solicitud, y los trámites se inscriben en un promedio de 24 a 48 horas. Para mantener este servicio, la institución avanza en la implementación del sistema de Folio Real, que asignará una clave única a cada bien inmueble, optimizando los tiempos de atención y reforzando la seguridad jurídica.

En materia de inclusión, la ordenanza contempla exoneraciones del 50% en aranceles para personas adultas mayores y personas con discapacidad superior al 30%, en cumplimiento de la ley. Asimismo, los procesos de justificación por homónimos —cuando se deben corregir errores ajenos al usuario— dejarán de tener costo, como una medida de equidad hacia los ciudadanos.

Con esta reforma, el Registro de la Propiedad de Ibarra busca equilibrar la sostenibilidad institucional con un servicio ágil, transparente y acorde a las necesidades actuales del cantón.

Movidelnor refuerza su política ambiental con gestión responsable de residuos de señalización vial

(Redacción Ibarra).- En un contexto donde la sostenibilidad se convierte en una exigencia institucional, la Empresa Pública de Movilidad del Norte (Movidelnor EP) consolida su compromiso ambiental a través de una estrategia técnica para el manejo de residuos derivados de sus procesos operativos, específicamente en tareas de señalización vial.

Durante 2024, la entidad adquirió 1900 canecas de pintura para ejecutar trabajos de señalización horizontal en los cantones que integran la mancomunidad. De ese total, 1436 ya han sido utilizadas, y los envases vacíos se integraron a un plan de manejo ambiental que prioriza la eficiencia técnica, la correcta disposición de residuos y la minimización del impacto ecológico.

La planificación no solo abarca el uso del producto para garantizar la seguridad en las vías, sino también la gestión de los desechos que genera. En ese sentido, el proveedor ST Innova S.A. -en cumplimiento del contrato inicial-, asume la recolección de los envases y el tratamiento técnico de los residuos químicos que puedan permanecer en ellos. Posteriormente, el plástico se reutiliza, evitando su descarte y dándole un nuevo uso.

Michael Jiménez, gerente general de Movidelnor, afirmó que todas las acciones de la empresa responden a una política transversal de responsabilidad ambiental. “Hemos asumido el compromiso de que cada proceso, desde la planificación hasta su cierre técnico, incorpore medidas para reducir nuestra huella ambiental. No se trata solo de pintar calles, sino de garantizar que los residuos no dañen el entorno y que los materiales tengan un ciclo de vida sostenible”, explicó.

Desde la parte técnica, Bryan Benavides, jefe de la Unidad de Señalización, señaló que tras el uso de la pintura, las canecas vacías se almacenan de forma segura. “Esto evita derrames y posibles daños al suelo o fuentes hídricas. Una vez acumuladas, se entregan al gestor ambiental, quien asegura un tratamiento correcto del material remanente”, puntualizó.

Mauricio Larrea, gerente de transporte de la entidad, destacó que Movidelnor está incorporando cláusulas de corresponsabilidad ambiental en cada contrato técnico que ejecuta. “Esto nos permite trabajar con proveedores comprometidos con la sostenibilidad, como ST Innova, que cumple estándares ambientales vigentes en sus procesos de recuperación de materiales”, aseguró.

Este enfoque integral, coinciden los voceros institucionales, busca demostrar que la movilidad segura y la protección ambiental no son objetivos excluyentes, sino principios complementarios que pueden avanzar en paralelo, en procesos que integren la eficiencia operativa con una visión ambiental sólida, en beneficio de la ciudadanía y del entorno natural del norte del país.

EMAPA-O se deslinda de la responsabilidad directa sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales en Otavalo

(Redacción Otavalo).- Aunque reconoce que 14 plantas de tratamiento de aguas residuales operan actualmente en el cantón, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) asegura que no tiene la competencia legal ni la responsabilidad directa sobre todas estas infraestructuras. Así lo dio a conocer Gustavo Andrade, Gerente General de EMAPAO-EP en entrevista, señalando limitaciones normativas y presupuestarias que impiden su intervención plena.

Año 2025

Desde EMAPAO se sostiene que, según el artículo 49 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y la ordenanza que regula su funcionamiento (art. 5), la responsabilidad de operar y mantener las plantas solo recae en aquellas que la empresa administra directamente, y que no puede intervenir en infraestructuras manejadas por juntas comunitarias o prestadores externos, a pesar de que muchas de estas plantas presentan problemas operativos. Aun así, afirman realizar tareas como limpieza, remoción de lodo y monitoreo ambiental, pero aclaran que lo hacen por compromiso social, no por obligación legal.

Año 2023

Sin embargo, en un vídeo institucional colgado en el canal de YouTube de EMAPAO-EP, con fecha 19 de enero de 2023, el Ing. Pablo Paredes, director técnico de la empresa, afirma que el servicio de agua potable está directamente relacionado con el de alcantarillado sanitario, pues a través de este sistema se recolectan las aguas residuales generadas en las viviendas para ser canalizadas hacia las plantas de tratamiento. Esta declaración pone en duda el discurso actual de la empresa, que insiste en no tener responsabilidad sobre el funcionamiento de dichas plantas.

Esta postura adquiere un contexto más amplio cuando se considera que la responsabilidad real del funcionamiento de las plantas recae en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD Municipal) de Otavalo. El Municipio fue el ente ejecutor del proyecto de 11 plantas inauguradas en 2012, con fondos del Banco del Estado y el aval del Gobierno de Rafael Correa, quien asistió personalmente a su inauguración. En ese entonces, se prometía sanear la cuenca del lago San Pablo mediante estas infraestructuras, que ahora enfrentan serias deficiencias.

Con el paso del tiempo, varias plantas dejaron de operar adecuadamente. Estudios técnicos revelaron baja eficiencia en la depuración del agua y falta de cumplimiento con la normativa ambiental. En mayo de 2025, el Ministerio del Ambiente (MAATE) inició un proceso sancionador contra la alcaldía de Anabel Hermosa por el vertido de aguas residuales al lago, alegando que las 14 plantas estaban inoperativas, contradiciendo así el discurso institucional.

A pesar de esta grave situación, EMAPAO continúa deslindando su responsabilidad, alegando falta de competencia legal, ingresos limitados —pues sus recursos provienen solo de las tasas por servicios básicos— y obstáculos en la contratación pública. De hecho, el pliego tarifario no se actualizaba desde hace 14 años hasta que fue revisado en la presente administración.

La empresa también sostiene que ha invertido más de 720 mil dólares desde mayo de 2023 en mantenimiento, laboratorios, adquisición de bombas y pago de personal, y que en abril de 2025 se firmó un contrato para adquirir bombas nuevas, cuyo incumplimiento por parte del contratista está actualmente en proceso de sanción.

La legislación ambiental ecuatoriana y el Código Orgánico del Ambiente son claros al establecer que la gestión de aguas residuales es una competencia directa de los municipios. A pesar de ello, ni el Municipio ni EMAPAO han asumido de forma decidida el liderazgo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de tratamiento en Otavalo.

Actualmente, se han planteado propuestas para repotenciar las plantas y construir un colector perimetral en torno al lago San Pablo. También se ha creado un laboratorio especializado para el monitoreo de aguas residuales. Sin embargo, las soluciones estructurales siguen en el papel, mientras las aguas contaminadas continúan afectando los ecosistemas de la zona.

EMAPAO insiste en que no le corresponde asumir la responsabilidad, mientras el Municipio de Otavalo —verdadero ente competente según la ley— enfrenta procesos sancionatorios y no logra garantizar el funcionamiento adecuado de una infraestructura vital para la salud ambiental de la región.