(Redacción Imbabura).- Con la llegada del nuevo año escolar en la región Sierra y Amazonía, los hogares ecuatorianos experimentan emociones mixtas; mientras los niños muestran entusiasmo por el retorno a clases, para muchos padres y madres representa un desafío económico importante. Los gastos en educación, salud, útiles escolares, uniformes, transporte y alimentación generan una carga que, en muchos casos, se solventa gracias a las pensiones alimenticias.

En Imbabura, los índices de morosidad en el pago de pensiones alimenticias siguen siendo altos, afectando tanto a hombres como a mujeres. Los montos adeudados pueden variar desde un salario básico hasta cifras que superan los 100 mil dólares en algunos casos. La Ley de la Niñez y Adolescencia establece, en su art. 11, que el interés superior del niño es prioridad y debe guiar todas las decisiones de autoridades, instituciones públicas y privadas, asegurando un justo equilibrio entre derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes.

El Código también regula la mediación en juicios de alimentos. Según los artículos 43 y 47, la mediación es un procedimiento extrajudicial en el que las partes, asistidas por un mediador neutral, buscan un acuerdo voluntario que ponga fin al conflicto. El acta resultante debe incluir los hechos del conflicto, las obligaciones de cada parte y las firmas de los involucrados. En casos de menores y alimentos, los acuerdos alcanzados pueden ser revisados conforme a la normativa vigente.

A pesar de estas disposiciones, muchos ciudadanos recurren a artimañas jurídicas para eludir sus responsabilidades y existen ciudadanos deudores que enfrentan apremio personal por no pago de pensiones. Algunos eluden las responsabilidades saliendo del país para no pagar y también generan ventas ficticias de bienes para no cumplir con la obligación del alimentista.

Carlos P., padre de dos hijos en Ibarra, menciona: «No cuento con los recursos suficientes y siento que los acuerdos de pensión son muy estrictos; el cálculo no me alcanza para cubrirlos y cumplir con todo lo demás es casi imposible». Por su parte, Verónica M., madre de un niño de 11 años, señala: «Con 200 dólares al mes apenas alcanza para los gastos básicos. En mi caso, el padre de mi hijo sí paga la pensión, pero se ausenta sin preocuparse por el desarrollo afectivo de mi hijo».

En la provincia los pagos de pensiones alimenticias presentan distintos niveles de cumplimiento. Algunas madres y padres cumplen con lo estipulado, otras acumulan deudas y algunas madres incluso llegan a abusar de esta obligación. En todos los casos, los más afectados son los niños, quienes sufren las consecuencias económicas y emocionales. A través del portal web del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) se puede consultar los valores correspondientes a las pensiones y verificar su cumplimiento.