(Redacción Imbabura).- El prefecto de la provincia de Imbabura, Richard Calderón Saltos perteneciente a la Revolución Ciudadana RC5, podría enfrentar un proceso de destitución por el incumplimiento a una sentencia de una acción de protección emitida en julio del 2023, la misma que se enmarca en el proceso de licitación de obra para la construcción del parque acuático Yuyucocha, en la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura, la misma que inició el ex prefecto Pablo Jurado, presupuestada en 3.6 millones de dólares con el financiamiento de un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador BEDE.

Esta historia inicia el 18 de marzo del 2022, cuando el entonces prefecto Pablo Jurado firmó la aceptación del crédito de 3.6 millones concedido por el BEDE, para la construcción de infraestructura física del parque acuático ubicado en el sur de Ibarra, el proyecto de la prefectura pretendía beneficiar a más de 485 mil personas y que generaría más de 115 plazas de empleo, además pretendía convertirse en un referente turístico para toda la provincia. El proyecto arquitectónico contaba con una plaza de acceso, área administrativa, área de talleres, restaurante, pasarela central, piscinas cubiertas y descubiertas temperadas, laguna, sauna y turco, teatro al aire libre, bar, enfermería, río lento, área de juegos infantiles, canchas deportivas, parqueaderos, área sensorial, baterías sanitarias y vestidores entre otros.

Jurado, inició ese mismo año con el proceso de contratación mediante un proceso de Licitación de Obras, dentro del Portal de Compras Públicas SERCOP, el mismo que fue signado con el código LICO-GPI-002-2022, se realizaron todos lo procedimientos legales correspondientes, la recepción de ofertas, entrega de preguntas y respuestas y varios consorcios personas naturales y demás participaron de la licitación, el proceso avanzó hasta la etapa de calificación de la Comisión Técnica, la misma que recomendó la adjudicación de la obra a un profesional de Imbabura, inmediatamente se recibió una denuncia a través del SERCOP, que avizoraba irregularidades en la calificación de las ofertas, mismas que presuntamente fueron presentadas con documentación falsa.
El 15 de marzo del 2023 el prefecto de ese entonces, emitió una resolución administrativa que declaraba desierto el proceso de contratación, motivando la necesidad institucional de dar por terminado el proceso, hasta ahí llega la primera parte de esta historia legal.

Profesionales del Consorcio GeoParque, quienes presentaron también la oferta y fueron parte del proceso pre contractual de la licitación y quedaron en segundo lugar, con una calificación de 96, es decir a 2 puntos del oferente que la Comisión Técnica declaró como ganador, presentaron una denuncia ante el SERCOP y una acción de protección que fue ingresada el 7 de julio del 2023, en el que solicitan se deje sin efecto la resolución del ex prefecto de Imbabura Pablo Jurado y se continúe con el proceso de contratación de la obra en Yuyucocha, por sorteo de ley la competencia de conocer esta causa recayó en la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Ibarra y la conoció el juez Dr. Jorge Orlando Chiza y este proceso está signado con el número de caso 10333-2023-01929

El 28 de Julio del 2023, luego de una audiencia pública oral y contradictoria en la que se escucharon los argumentos de las dos partes el Juez de la Unidad Judicial aceptó parcialmente la acción de protección, por reunir todos los requisitos previstos en el Art. 40 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y se dispuso la declaración de la vulneración del derecho constitucional a la Seguridad Jurídica y el Debido Proceso en la garantía a la motivación, se dejó sin efecto la resolución de fecha 15 de marzo del 2023 emitida por el ex Prefecto Pablo Jurado Moreno, mediante la cual resolvió declarar desierto el Proceso de Licitación de Obra Nro. LICO- GPI-002-2022, además y lo más importante, se dispuso retrotraer el proceso de licitación de obra y dispuso al Gobierno Provincial de Imbabura, vuelva a activar la licitación hasta el momento de la violación declarada en la sentencia a fin de que continúe con el proceso de contratación pública.

La prefectura de Imbabura inició motivó una apelación a esta sentencia, sin embargo la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, el lunes 13 de noviembre del 2023 ratificó la sentencia dictada y rechazó la apelación de la prefectura.

El pasado lunes 26 de febrero del 2024, nuevamente se convocó a una audiencia de revisión de cumplimiento de sentencia en la que la prefectura de Imbabura debía informar si cumplió con la sentencia del 28 de julio del 2023 y la ratificación de la Corte Provincial de noviembre del 2023, diligencia judicial que no se cumplió de manera clara en vista de que la prefectura de Imbabura argumentó la creación de una nueva comisión técnica que analizaría las ofertas del proceso de licitación de obra Nro. LICO-GPI-002-2022, hasta el momento de la violación declarada en esta sentencia, y además el juez solicitó nuevamente que se continúe con el proceso de contratación pública y le dio un plazo de tres días para que se presenten las razones jurídicas que argumenten las actuaciones dentro del proceso de licitación de obra.

En el caso de que el prefecto Richard Calderón Saltos, no justifique el cumplimiento de la sentencia se podría enfrentar a un proceso de destitución del cargo, incluso el mismo puede llegar a ser judicializado de forma penal y será la Corte Constitucional la que avoque conocimiento y proceda a disponer entre una de las acciones, la destitución del cargo que ostenta desde mayo del 2023.

Nuestra redacción intentó comunicarse con el prefecto de Imbabura, mediante su equipo de comunicación, sin embargo, hasta el cierre de este informe no se ha logrado contactar ni se ha podido concretar una entrevista para obtener una declaración.