(Redacción Imbabura).-La Empresa Pública de Movilidad del Norte, Movidelnor EP, y la Defensoría del Pueblo impulsan la campaña “La edad no quita derechos”, con el objetivo de promover la inclusión, el respeto y la empatía hacia las personas adultas mayores, especialmente en sus desplazamientos y uso del transporte público. Esta iniciativa busca generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de ponerse en el lugar de quienes, con el paso del tiempo, requieren mayor consideración. La campaña cuenta con el respaldo del sector del transporte local.
La campaña promueve el respeto de conductores y pasajeros hacia los adultos mayores en su desplazamiento por las ciudades mancomunadas. Michael Jiménez, gerente general de Movidelnor, explicó que el compromiso institucional es con la promoción de espacios de respeto y convivencia. Indicó que garantizar una movilidad segura y digna para todos fortalece la cultura de inclusión en la región y contribuye al bienestar de la comunidad.
“Se enfatiza la necesidad de que los conductores se detengan cuando los vean cruzar la calzada. Además, se exhorta a los operadores de transporte público a cumplir con la tarifa preferencial y a brindar asistencia al abordar los buses, evitando cualquier tipo de negación de este derecho. “Dentro de las unidades de transporte, exigimos que se cumpla con la obligación de los pasajeros de ceder los asientos preferenciales destinados a este grupo vulnerable de la población”, manifestó Jiménez.
Katherine Andrade, delegada de la Defensoría del Pueblo en Imbabura, destacó la importancia de esta campaña articulada para generar mayor conciencia en la ciudadanía. “Muchas veces las personas no se detienen a pensar en las dificultades que enfrentan los adultos mayores; esta iniciativa permite recordar que todos, en algún momento, llegaremos a esa etapa de la vida y que los derechos no se mendigan, se exigen”, dijo.
Por otra parte, Hernán Valencia, presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Ibarra, destacó la importancia de esta iniciativa y agradeció su puesta en marcha. Afirmó que se trata de una medida alineada con la Ley Orgánica del Adulto Mayor, la cual garantiza los derechos de este grupo poblacional bajo el principio de atención prioritaria y especializada. “Confiamos en que esta campaña contribuirá a mejorar la movilidad de quienes, como nosotros, enfrentamos barreras cotidianas para desplazarnos con seguridad por la ciudad”, manifestó.
Juan Carlos Yépez, gerente de la cooperativa San Miguel de Ibarra, ratificó el compromiso del sector transportista con el cumplimiento de la tarifa preferencial de 0,17 centavos de dólar para las personas adultas mayores. Aseguró que esta medida no solo responde a una obligación legal, sino que también representa un acto de justicia y solidaridad con quienes han aportado al desarrollo de la sociedad durante toda su vida.
(Redacción Ibarra),- La Empresa Eléctrica EMELNORTE informó sobre una interrupción del servicio eléctrico en diversos sectores del cantón Ibarra, producto de una intervención de terceros que derivó en una falla técnica de consideración.
Según el comunicado oficial, la situación se originó cuando la acción externa provocó la cercanía de vegetación a las redes eléctricas, lo que desencadenó un cortocircuito y la rotura de un cable conductor. Esta falla ocasionó la apertura de dos alimentadores principales en la Subestación San Agustín, afectando el suministro de energía en varias zonas del cantón.
Personal técnico de EMELNORTE ya se encuentra en el lugar ejecutando trabajos de reparación para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.
(Redacción Ibarra).- La madrugada del 8 de abril, un fuerte aguacero afectó seriamente 11 sectores de Ibarra, dejando zonas intransitables, viviendas con lodo, parques y redondeles deteriorados. En respuesta, la Alcaldía de Ibarra activó rápidamente su contingente, demostrando liderazgo y compromiso con la atención inmediata a la ciudadanía.
Alrededor de 100 operarios municipales se distribuyeron en las zonas de San Francisco del Tejar, Odilas, Barrio Rosita Paredes, Nazacota Puento, Princesa Pacha, Las Malvinas, Barrio El Bosque, San Eduardo, Av. Mariano Acosta, sector canal colector Ajaví, Parque Chile y Redondel Ajaví, brindando apoyo a la comunidad para limpiar las aceras y retirar el lodo de las viviendas.
El operativo incluyó un despliegue de maquinaria pesada con 2 excavadoras, 6 retroexcavadoras, 2 cargadoras, 2 motoniveladoras, 2 rodillos, 2 gallinetas y 7 volquetas, lo que permitió habilitar el tránsito en las principales vías afectadas. Alrededor de 150 m² de sedimentos fueronretirados de las zonas afectadas.
Además, los municipios cercanos, como Mira, Antonio Ante y Pedro Moncayo también colaboraron enviando equipos para apoyar las labores de limpieza y restauración.
La Dirección de Gestión de Riesgos de la Alcaldía realizó trabajos preventivos de limpieza de canales y quebradas en el cantón meses atrás, lo que contribuyó a que los impactos de estas fuertes lluvias fueran menores en comparación con años anteriores.
Gracias a esta respuesta rápida y coordinada, las autoridades locales lograron minimizar el impacto en la comunidad y restaurar la normalidad en la ciudad.
(Redacción Imbabura).– Construido hace 35 años como la solución principal para el drenaje urbano de Ibarra, el colector del canal Ajaví, un embovedado rectangular de 1,80 x 1,80 metros y 2,25 kilómetros de longitud y construido en hormigón armado, fue ejecutado en 1989, durante la administración del entonces alcalde Alfonso Pasquel. Esta infraestructura se levantó sobre el antiguo cauce natural del río Ajaví, y hoy sigue siendo el principal sistema de evacuación de aguas residuales, escorrentía superficial e infiltración urbana de la ciudad, canalizando más del 42,26% del volumen total hacia el río Tahuando.
A este colector confluyen las quebradas Las Flores y Grande por el suroeste, y la quebrada San Clemente por el este, lo que incrementa significativamente su caudal y el riesgo de colapsos. Como refuerzo, se implementó un colector fluvial, situado 500 metros aguas arriba, con función exclusiva para evacuar aguas lluvias, que inicia en la Av. Camilo Ponce, gira por la Av. Heleodoro Ayala Ayala y se encausa en la Av. Mariano Acosta.
Sin embargo, la expansión de la frontera urbana y la modificación del uso de suelo han sobrepasado la capacidad operativa del sistema. Las consecuencias son evidentes: inundaciones cada vez más frecuentes, sectores vulnerables y una infraestructura que ya no responde a las necesidades actuales de la ciudad. A lo largo de los años, y remontándonos al menos dos décadas atrás, los eventos de inundación vinculados al colector del río Ajaví se han convertido en una constante en la ciudad de Ibarra. En abril de 2007 ya se reportaban anegamientos provocados por lluvias intensas en varios puntos del casco urbano, incluyendo este sector.
En octubre de 2008, el Cuerpo de Bomberos de Ibarra identificó más de 10 zonas vulnerables a inundaciones, entre ellas el barrio Pilanqui y el redondel de la Madre. Posteriormente, en 2011, un evento crítico dejó cerca de 20 cuadras del barrio Pilanqui completamente inundadas, afectando viviendas, talleres de muebles y varios comercios locales.
La situación continuó agravándose: en abril de 2018, las lluvias volvieron a generar colapsos parciales en el sistema de drenaje; le siguieron nuevos episodios en marzo de 2019, noviembre de 2020, marzo de 2021, marzo y abril de 2022. Más recientemente, el 23 de febrero de 2023, varios negocios aledaños al redondel de Ajaví sufrieron nuevamente pérdidas económicas considerables a causa de las inundaciones y en abril de 2024 ocurrió nuevamente.
La madrugada de ayer, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), las precipitaciones alcanzaron los 40,8 mm, consolidándose como las lluvias más intensas en lo que va del año en la ciudad de Ibarra, provocando nuevamente el desbordamiento del colector del río Ajaví a la altura de la intersección entre la avenida Mariano Acosta y la calle Heleodoro Ayala, afectando a más de 12 cuadras.
El denominador común en todos los eventos de inundación en Ibarra ha sido el mismo: el desbordamiento del río Ajaví y la ineficiencia de un colector que, tras 35 años, ya no responde a las necesidades de una ciudad en expansión. Desde la hidrología urbana, el Ajaví carecía de una salida natural eficiente hacia el Tahuando, y en una ciudad cada vez más impermeabilizada, el embovedamiento se consideró una solución técnica válida en su momento.
Sin embargo, el Ing. Pedro Romero, experto en hidráulica fluvial, advierte: “Fue una medida inevitable, pero no sostenible en el tiempo si no se acompaña de mantenimiento, ampliación y educación ciudadana. El agua siempre buscará su camino, y si el canal es insuficiente o está cerrado, lo sobrepasará”.
Romero además subraya que el problema de fondo es la falta de planificación integral en una ciudad con expansión desordenada,“Si el Ajaví hubiese conservado su cauce natural, con una franja de protección y diseño hidráulico-natural, como lo hacen las ciudades con infraestructura verde, no habría sido necesario embovedarlo. Hoy, existen estudios y modelos de fluidos que permiten gestionar el agua sin ocultarla bajo concreto”.
Con información y videos del Cuerpo de Bomberos de Ibarra
(Redacción Ibarra).- Las intensas lluvias registradas durante la madrugada de este lunes provocaron un nuevo desbordamiento del colector del río Ajaví, generando emergencias en varios sectores del sur de Ibarra.
El punto más crítico se registró en la intersección de las avenidas Mariano Acosta y Heleodoro Ayala, en el sector conocido como TV Cable. El agua y el lodo se desbordaron hacia las calles aledañas, afectando viviendas, locales comerciales y dejando acumulaciones de sedimentos en el interior de varias casas.
Las avenidas Fray Vacas Galindo, Cristóbal de Troya y Mariano Acosta, desde el redondel de La Madre hasta la calle Genaro Jaramillo, permanecen totalmente cerradas al tránsito vehicular debido a la gran cantidad de lodo y escombros.
Desde las primeras horas de la mañana, personal del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, EMAPA y la Alcaldía desplegaron equipos y maquinaria para realizar labores de limpieza, desalojo de agua y mitigación de riesgos.
Hasta el momento no se han reportado personas heridas, pero se mantiene la alerta ante posibles nuevas precipitaciones. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar circular por las zonas afectadas y tomar precauciones.
(Redacción Imbabura).-El Instituto Universitario ITCA realizó este lunes una rueda de prensa en la que dio a conocer importantes avances en su modelo educativo, enfocados en la diversificación de modalidades de estudio y en la expansión de su infraestructura. El evento contó con la presencia de la rectora, Dra. Alicia Soto Montalvo, y del vicerrector académico, Mgs. Edison Rodríguez.
Durante su intervención, la rectora anunció que ITCA apunta a fortalecer su formación tecnológica superior a través de modalidades presencial, semipresencial y online, adaptándose así a las nuevas dinámicas del entorno profesional. Actualmente, el instituto acoge a una comunidad de 1.900 estudiantes y mantiene una oferta académica sólida en áreas clave como salud, educación, administración, contabilidad, seguridad y prevención.
Entre las carreras destacadas se encuentran:
-Tecnología Superior Universitaria en Enfermería, Emergencias Médicas y Rehabilitación Física
– Educación Básica (modalidad online e híbrida) y Educación Inicial
– Contabilidad y Tributación, Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios, Marketing y Comunicación Digital
– Seguridad Ciudadana y Orden Público, Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales
Con una inversión por semestre de 704 dólares, los estudiantes pueden acceder a programas de educación superior que conducen a la obtención de su título en cinco periodos académicos.
La Dra. Soto también enfatizó el papel de la inteligencia artificial como una herramienta clave para facilitar los procesos educativos. En esa línea, informó que la semana pasada se llevaron a cabo jornadas académicas de capacitación docente en el uso de IA aplicada a la enseñanza. Además, aprovechó para anunciar la reciente ampliación de la sede de ITCA en la ciudad de Manta, reforzando su compromiso con la educación tecnológica de calidad y la formación de profesionales altamente capacitados.
Por otro lado, destacó que desde hace tres años ITCA mantiene un contrato exclusivo con la empresa Selva Alegre para la prestación de servicios en el área de prevención de riesgos laborales, lo que representa una valiosa oportunidad de vinculación real para los estudiantes de esta carrera.
En el ámbito de posgrado, el instituto ofrece maestrías con una duración de 10 meses, cuyo costo regular es de 1.500 dólares, pero actualmente con una tarifa promocional de 1.200 dólares. Además, ITCA ha participado en tres procesos de becas estatales: TEC, Saudi y Futuro Femenino, ampliando así las oportunidades de acceso a la educación superior para más estudiantes. Las inscripciones y matrículas estarán abiertas del 14 de abril al 6 de mayo, fecha en la que también se dará inicio oficial al nuevo período académico.
(Redacción Imbabura).- El proceso electoral del Sindicato de Choferes Profesionales de Imbabura, realizado el pasado fin de semana, estuvo marcado por denuncias e irregularidades. Días antes de los comicios, el concejal de Ibarra y hasta entonces secretario general del Sindicato, Edwin Vásquez, fue notificado de que su candidatura a la reelección no había sido calificada por el Tribunal Electoral del gremio, generando controversia. Vásquez presentó una acción de protección ante la justicia para frenar las elecciones. Un juez de Imbabura (Jhonny Gustavo Palacios Soria) acogió la acción y ordenó suspender el proceso electoral previsto para el sábado 5 de abril de 2025. Sin embargo, el Tribunal Electoral del sindicato decidió continuar con las votaciones a pesar de dicha orden judicial, argumentando apego a sus estatutos internos, por lo que los comicios se llevaron a cabo en medio de un clima tenso y de incertidumbre jurídica.
No es la primera vez que una elección de este gremio se judicializa. Ya en 2019, los comicios fueron suspendidos por orden de un juez tras impugnaciones legales de los candidatos, debiendo postergarse hasta el año siguiente. Asimismo, tras las elecciones de 2015, un grupo de socios inconformes legó a tomarse las instalaciones del sindicato en protesta, denunciando irregularidades en el proceso y en la gestión de la directiva vigente. En aquel entonces, incluso se presentó una acusación penal por un supuesto secuestro de funcionarios durante la ocupación, lo que evidencia el historial de conflictos poselectorales en la institución. En esta última elección de 2025, a pesar de las acciones judiciales en curso, finalmente se logró realizar el escrutinio. Según reportes locales, los resultados dieron un estrecho triunfo a la Lista 1, y las demás candidaturas aceptaron los cómputos preliminares, aunque no se descarta que las disputas legales continúen en los tribunales en las semanas posteriores. Los socios del gremio esperan que, superada la pugna electoral, la nueva directiva pueda trabajar con normalidad y recuperar la estabilidad institucional.
Edwin Vásquez Mera estuvo al frente del Sindicato de Choferes de Imbabura durante 16 años consecutivos, periodo en el que obtuvo cuatro reelecciones seguidas. Su liderazgo comenzó en 2009 (tras suceder a Milton Ramírez) y se extendió hasta 2025, convirtiéndolo en uno de los dirigentes gremiales de más larga data en la provincia. Bajo su gestión, el sindicato logró importantes avances institucionales. En 2018, por ejemplo, la entidad obtuvo la acreditación nacional para brindar servicios de capacitación profesional a conductores, tras una evaluación de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones. Esto permitió reactivar la escuela de conducción del sindicato –que años atrás había estado envuelta en escándalos por presunta venta de licencias– y ofrecer nuevamente cursos de perfeccionamiento a nivel local y nacional. Gracias a esta legitimación, hacia 2018 unos 800 alumnos se formaban en la escuela de conducción, incluso con programas de recuperación de puntos de licencias. Otro logro destacado de la administración Vásquez fue la adquisición de un nuevo predio de 4.500 m² en Ibarra para ampliar la infraestructura del gremio y eventualmente construir un centro de capacitación más moderno. Estos hitos, junto con la estabilidad administrativa, fueron presentados por sus partidarios como indicadores del fortalecimiento institucional logrado en su mandato.
No obstante, la prolongada permanencia de Vásquez en el poder también generó controversias y críticas. En las elecciones de diciembre de 2015, su lista ganó por escaso margen –346 votos contra 325 de su principal contendor, Napoleón Játiva– lo que desató denuncias de fraude y protestas por parte de la oposición interna. A inicios de 2016, un grupo de socios descontentos llegó a ocupar pacíficamente la sede sindical exigiendo una asamblea para tratar su malestar con la dirigencia, a la que acusaban de irregularidades administrativas. Aquella crisis terminó con la intervención policial y la detención temporal de dirigentes opositores, evidenciando la polarización dentro del gremio.
En años posteriores, cada proceso electoral sindical bajo la dirección de Vásquez estuvo marcado por impugnaciones legales: en 2019, su entonces rival Abdón Cervantes impugnó el proceso logrando frenarlo temporalmente en tribunales, y en 2024-2025 ocurrió algo similar con la acción judicial que buscó impedir los comicios. Críticos acusaron a Vásquez de aferrarse al cargo y no dar paso a la renovación dirigencial, señalando un “continuismo” en el poder. De hecho, durante su gestión, Edwin Vásquez también incursionó en la política local: en 2023 fue elegido concejal de Ibarra por el partido Avanza, aprovechando su proyección como líder sindical. Este rol dual de político y dirigente gremial generó roces; algunos opositores dentro del sindicato cuestionaban si podía atender ambos frentes sin conflictos de interés. Vásquez, por su parte, siempre defendió su administración señalando mejoras en beneficio de los choferes y atribuyendo las denuncias en su contra a disputas de poder internas. Con su salida tras 16 años, deja un sindicato con logros en capacitación y patrimonio, pero también con el reto de recomponer la unidad luego de años de divisiones.
El pasado fin de semana, Cristóbal Moncayo Taboada fue electo como nuevo Secretario General del Sindicato de Choferes de Imbabura, poniendo fin a la era de Edwin Vásquez. Moncayo obtuvo 284 votos, imponiéndose por un estrecho margen sobre sus contendientes Abdón Cervantes (262 votos), Fausto Vásquez (141) y Mario Esparza (101). Su victoria en unos comicios muy disputados le otorga el mando del gremio para el período 2025–2029. Moncayo no es ajeno al sindicato: es un dirigente de larga trayectoria en la institución. En elecciones anteriores se había desempeñado como presidente del Tribunal Electoral del sindicato, lo que le dio experiencia en la organización interna y en la normativa gremial. También encabezó la Lista 1 en esta contienda, rodeado de colaboradores cercanos al directorio saliente, aunque durante la campaña enfatizó la necesidad de cambio y reconciliación entre los choferes tras las disputas de los últimos años, su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito sindical y profesional del transporte.
Moncayo llega a la Secretaría General con varios retos inmediatos. El principal desafío será unificar al gremio después de un proceso electoral tan polarizado. Deberá tender puentes con la facción de Abdón Cervantes y otros grupos que han sido opositores al régimen anterior, para así evitar nuevas fracturas internas. Asimismo, enfrenta la posible judicialización pendiente: la acción de protección impulsada por Edwin Vásquez podría seguir su curso legal, por lo que Moncayo tendrá que lidiar con eventuales fallos judiciales que intenten revertir o cuestionar su elección.
En cuanto a la gestión, prometió mantener y mejorar los logros alcanzados en capacitación de conductores; esto implica consolidar la reciente acreditación nacional de la escuela de manejo del sindicato y quizás ampliar la infraestructura educativa aprovechando el terreno adquirido en 2018. También ha ofrecido mayor transparencia administrativa y reformar estatutos si es necesario para evitar vacíos legales como los que permitieron reelecciones indefinidas.
Algunos observadores señalan que su triunfo podría significar un “continuismo” de la era Vásquez, dado que Moncayo formó parte del aparato sindical anterior. Sin embargo, en sus primeras declaraciones el nuevo dirigente ha asegurado que actuará con independencia y que “se viene una nueva etapa” para el sindicato, enfocada en el bienestar de los socios. Entre sus propuestas están impulsar convenios para mejorar la seguridad social de los choferes, programas de educación vial para sus agremiados y gestionar apoyo público para proyectos del gremio a nivel provincial.
La tarea que tiene por delante Cristóbal Moncayo no es menor: deberá demostrar con hechos que puede romper con las prácticas cuestionadas del pasado cuando sea necesario, sin descuidar los aciertos logrados. Su éxito dependerá de lograr pacificar al sindicato, modernizar la gestión y responder a las necesidades de aproximadamente 1.000 miembros (entre socios activos y jubilados) que conforman el gremio de choferes profesionales de Imbabura. Los próximos meses serán clave para ver si Moncayo consolida su liderazgo con legitimidad y si cumple las expectativas de renovación que muchos conductores de la provincia demandan tras 16 años de la misma administración.
(Redacción Esmeraldas).- En días pasados la Asamblea Nacional trasladó parte de su agenda legislativa a Esmeraldas, en el marco de las denominadas sesiones territoriales, con el objetivo de escuchar a la ciudadanía y abordar de cerca los problemas que afectan a la provincia, especialmente en materia de seguridad, empleo y servicios básicos.
La comisión convocada incluía a varios miembros del bloque de la Revolución Ciudadana, quienes participaron en reuniones con autoridades locales y representantes comunitarios. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de trabajo cerró con una polémica: al menos seis asambleístas fueron captados en un penthouse privado, compartiendo licor y música en un ambiente de fiesta.
Videos que circulan en redes sociales muestran a los legisladores riendo y bebiendo, mientras otros asistentes los graban entre risas. La situación ha generado críticas en redes sociales, donde ciudadanos denuncian una falta de respeto hacia una provincia golpeada por la violencia y el abandono estatal.
Aunque desde el bloque de la Revolución Ciudadana no ha habido un pronunciamiento oficial, la presidenta de la Asamblea, Pierina Correa, aseguró que se pedirá un informe detallado de los hechos para “evaluar responsabilidades”.
(Redacción Ecuador).- En Ecuador, el incremento del robo de vehículos mantiene en alerta a autoridades, aseguradoras y ciudadanía. Un caso emblemático ocurrió en septiembre de 2023, cuando delincuentes sustrajeron cinco camionetas Chevrolet D-Max de un concesionario en Quito en una sola madrugada . Los guardias de seguridad fueron sometidos y los ladrones incluso removieron los sistemas de rastreo de las camionetas para evitar su localización . Este audaz robo evidenció la alta demanda de las D-Max en el mercado negro y puso de relieve una preocupante tendencia nacional: estas camionetas, fabricadas por Isuzu (y comercializadas por Chevrolet en Ecuador), se han posicionado entre los vehículos más robados del país.
¿Por qué la D-Max es de las más robadas?
Diversos factores convergen para hacer de la Chevrolet D-Max un objetivo codiciado por los ladrones. En primer lugar, se trata de un modelo sumamente popular: fue el vehículo más vendido en Ecuador en 2021 , lo que significa que hay miles de unidades circulando en el país. Esta abundancia facilita su reventa ilegal (los delincuentes pueden camuflar una D-Max robada entre tantas similares) y asegura una alta demanda de autopartes en el mercado negro. De hecho, representantes del sector aseguran que el robo de vehículos y de partes y piezas se ha disparado debido a la crisis de inseguridad , alimentando un lucrativo comercio clandestino de repuestos.
Otro aspecto es la facilidad para vulnerar la seguridad de muchas camionetas. Expertos señalan que modelos de pickups populares carecen de tecnología avanzada en alarmas o cerraduras, lo que hace más sencillo forzarlos o encenderlos sin llave . Las D-Max, sobre todo en versiones más básicas o antiguas, podrían no contar con inmovilizadores electrónicos sofisticados, volviéndolas presa fácil frente a delincuentes con conocimientos mecánicos. Esta vulnerabilidad contrasta con su alto valor: cada D-Max nueva está valorada en torno a USD 30.000 , y sus componentes (motores, computadoras, carrocería) alcanzan precios elevados si se venden por separado en el mercado negro.
Además, las camionetas como la D-Max resultan atractivas por su versatilidad y potencia. Fuentes policiales indican que muchos vehículos robados son luego desmantelados para vender piezas o incluso utilizados para cometer otros delitos . En Ecuador se ha detectado que el crimen organizado muestra especial interés en camiones de carga, vehículos 4×4 y camionetas, debido a su utilidad para transportar mercadería ilícita o movilizarse en zonas rurales . No en vano, gremios automotrices han advertido que bandas delictivas usan vehículos robados en actividades como extorsiones y secuestros . Una camioneta robusta como la D-Max, capaz de circular en terrenos difíciles, puede servir a esos fines, incrementando su “valor estratégico” para la delincuencia.
Finalmente, la facilidad de reventa juega un rol importante. Al ser un modelo popular en sectores agropecuarios, de la construcción y entre emprendedores, existe un amplio mercado informal dispuesto a comprar camionetas o partes a menor precio, sin preguntar procedencia. Algunos robos trascienden fronteras: autoridades de Colombia alertaron en 2023 sobre una modalidad en la que vehículos alquilados en Ecuador son robados y llevados fuera del país; de enero a septiembre, más de 15 autos robados en Ecuador fueron recuperados en Colombia . Esto sugiere que ciertas D-Max podrían ser sacadas del territorio ecuatoriano para ser vendidas ilegalmente en países vecinos, complicando aún más su rastreo.
En suma, alta demanda comercial, poco deterrente tecnológico, valiosas autopartes y utilidad para el crimen organizado conforman el cóctel de razones por las que la D-Max se ha convertido en “el botín preferido” de los ladrones. Tanto es así que compañías de seguros han tomado nota: algunas han excluido temporalmente a la D-Max de sus pólizas (junto a otros modelos muy robados) debido a la alta siniestralidad por robos . En agosto de 2023, por ejemplo, Zurich Seguros dejó de asegurar nuevas D-Max, y Mapfre hizo lo propio requiriendo obligatoriedad de rastreo satelital para asegurarlas . Esta reacción de las aseguradoras refleja la magnitud del problema y el riesgo excepcional que representa este modelo.
Cifras en ascenso: robos de vehículos desde 2023
Las estadísticas oficiales confirman que el robo de vehículos en Ecuador está en niveles alarmantes y en ascenso en los últimos años. Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre enero y octubre de 2023 se denunciaron 8.851 robos de carros en el país . Esta cifra es similar a la de 2022 en el mismo periodo (que cerró con alrededor de 11 mil vehículos sustraídos en todo el año), pero representa un 60% más incidentes que los ocurridos en 2021 . Para tener perspectiva histórica, en 2019 se registraron 5.653 robos de vehículos, de modo que en apenas tres años el delito se duplicó con creces, llegando a 11.372 casos en 2022 . La tendencia 2023 se mantenía en esos picos: hasta junio de 2023 ya iban 5.025 vehículos robados reportados, prácticamente la misma tasa alta del año anterior .
Las cifras de 2025 tampoco dan respiro. En la capital, por ejemplo, el Comando de Policía de Quito reportó un aumento del 81% en robos de autos al comparar enero-mayo de 2024 con el mismo periodo de 2023 . A nivel nacional, el primer trimestre de 2025 mostró incrementos en varias provincias, manteniendo la problemática en niveles críticos. Esta realidad ha llevado a que el país se ubique incluso en rankings internacionales poco envidiables – Ecuador apareció en 2023 dentro del Top 10 de países con mayor criminalidad a nivel mundial, en parte debido a estos delitos contra la propiedad .
¿Dónde pegan más los robacarros? Los datos señalan que la costa ecuatoriana es la más golpeada. La provincia de Guayas (con su urbe principal Guayaquil) ocupa el primer lugar en incidencia: concentró cerca del 36% de todos los robos vehiculares en el primer semestre de 2023 . Le siguen zonas también costeras o de vías transitadas: Los Ríos (23% de los casos, especialmente en la ciudad de Quevedo) y Santo Domingo de los Tsáchilas (19%) . Pichincha, donde está Quito, aportó alrededor del 8% en ese periodo , aunque en números absolutos anuales suele disputar el segundo lugar. Estadísticas acumuladas recientes ubican a Guayas y Pichincha al tope de la lista, seguidas de Santo Domingo, Los Ríos y Manabí como las provincias con más robos de vehículos reportados . Es evidente que las grandes urbes portuarias y zonas con corredores viales estratégicos son el caldo de cultivo ideal para este delito: allí confluyen mayor parque automotor, redes delictivas bien estructuradas y facilidades para ocultar o dispersar rápidamente los vehículos sustraídos.
Otro dato relevante es el tipo de vehículo más robado. Si bien cualquier auto puede ser blanco, en 2023 se observó un auge en el robo de pickups, todoterrenos y camiones – justamente vehículos como la D-Max – tal como se mencionó anteriormente. De igual manera, las motocicletas han sufrido un auge todavía mayor: hasta agosto de 2023 se denunciaron 10.131 robos de motos, superando las cifras de años previos . Esto refleja una diversificación de los objetivos de las bandas, que buscan desde autos compactos urbanos hasta camionetas y motos utilitarias, cada uno con su nicho de reventa ilícita.
Las 10 marcas más robadas desde 2023
El fenómeno del robo de vehículos en Ecuador no distingue origen: abarca desde modelos japoneses hasta americanos y chinos. Sin embargo, algunas marcas destacan por aparecer con mayor frecuencia en las denuncias. De acuerdo con un informe de la empresa de rastreo satelital Tracklink, las siguientes son las 10 marcas de vehículos más robadas en Ecuador en los últimos años.
En el primer lugar se encuentra Chevrolet, que no sorprende dada su amplia cuota de mercado en Ecuador – recordemos que bajo esta marca se venden modelos muy populares, incluida la D-Max. Le sigue Hino, especializada en camiones, lo cual coincide con el auge del robo de transporte pesado reportado en 2023 . Marcas asiáticas como Hyundai, Mazda, Kia y Nissan también figuran en los primeros puestos, reflejo de la gran cantidad de vehículos de esas procedencias en el país. Llaman la atención las chinas JAC y Great Wall en la lista: en la última década han ganado terreno en el mercado ecuatoriano con SUV y camionetas a precios competitivos, y aparentemente los ladrones han seguido esa tendencia. Cierran el ranking Toyota (donde pick-ups Hilux y 4×4 Fortuner son objetivos frecuentes) y Suzuki (con modelos como Grand Vitara muy difundidos).
Este “top 10” del robo sugiere que los delincuentes van tras las marcas más comunes y utilitarias. No necesariamente porque un Chevrolet o un Kia sean intrínsecamente más fáciles de robar que un Mercedes, sino porque hay mayor oferta y demanda: es más rentable robar donde hay volumen (más unidades para elegir y más compradores de repuestos usados). También influye el factor de seguridad de fábrica – varias marcas de gama media pueden carecer de sistemas avanzados antirrobo en modelos antiguos, a diferencia de marcas premium que incorporan tecnología de punta. Con todo, ninguna marca está exenta: incluso vehículos lujosos han sido blanco (por ejemplo, Toyota Fortuner y Ford F-150 aparecen en las listas de exclusión de aseguradoras por alto riesgo ). En definitiva, la estadística de marcas más robadas es un reflejo tanto de la popularidad en el parque automotor como de las oportunidades que explota la delincuencia.
El impacto y las respuestas ante la ola de robos
El incremento de robos de camionetas D-Max y de vehículos en general ha generado preocupación en distintos sectores y ha motivado respuestas concretas. Por un lado, las aseguradoras han tenido que ajustar sus políticas. La siniestralidad (pagos por robos) en seguros de autos subió al 75% a julio de 2023, cuando históricamente rondaba el 54% . Esto llevó a que compañías como Zurich, Mapfre y Seguros Constitución emitieran comunicados excluyendo temporalmente de cobertura a modelos proclives al robo. En todos esos listados figura la Chevrolet D-Max como una de las camionetas vetadas para nuevos seguros , junto a otros vehículos muy sustraídos (Chevrolet Sail, Kia Picanto, Toyota Hilux, etc.). Incluso en casos donde no se niega el seguro, se exige al cliente instalar dispositivos de rastreo satelital y pagar primas notablemente más altas para mitigar el riesgo. Un propietario de SUV relató que su póliza se encareció más de un 60% en 2023 y solo obtuvo renovación tras colocar un GPS en el auto . La situación se ha vuelto tan crítica que el ramo de seguros vehiculares en 2023 acumuló pérdidas técnicas por USD 10 millones hasta julio , forzando medidas drásticas de las aseguradoras para evitar la quiebra.
Por otro lado, el sector automotor y financiero ha alzado la voz pidiendo acciones al Estado. A raíz del sonado robo de las cinco D-Max en Quito, gremios como la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), la Federación de Empresas de Seguros (Fedeseg) y la Asociación de Bancos unieron esfuerzos para exigir mayores controles . Entre las propuestas planteadas al Gobierno está modernizar el registro nacional del parque automotor – es decir, mejorar la trazabilidad de la propiedad vehicular para dificultar la reventa de carros robados . También solicitan endurecer la supervisión en los trámites de transferencia de vehículos usados, de modo que un ladrón no pueda legalizar fácilmente un auto ajeno con documentos falsificados . Otras ideas incluyen implementar la identificación digital vehicular (una especie de chip o etiqueta electrónica en cada automotor) y fortalecer el control a deshuesaderos y venta de repuestos de segunda mano, que muchas veces son la última parada de los vehículos robados.
Mientras las políticas de fondo toman forma, la Policía Nacional reporta algunos golpes contra esta modalidad delictiva. En lo que va de 2024, solo en Quito se habían recuperado más de 200 vehículos robados a mayo , gracias a operativos que desarticularon centros de acopio de autopartes y el uso de tecnología de rastreo. No obstante, la tasa de recuperación sigue siendo baja respecto al volumen de robos; de allí la importancia de la prevención. Los expertos recomiendan a los dueños de camionetas y autos más buscados tomar medidas extra de seguridad: instalación de alarmas sofisticadas, traba de volante o pedal, GPS oculto, láminas de seguridad en vidrios e incluso estacionar en lugares seguros e iluminados siempre que sea posible . Estas precauciones, aunque no infalibles, pueden disuadir a los delincuentes o facilitar la localización del vehículo en caso de hurto.
(Redacción Cotacachi).- En horas de la madrugada de este domingo, fue reportado el robo de una camioneta Chevrolet Luv D-Max perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Cotacachi. El hecho ocurrió en la Zona de Intag, una región rural de difícil acceso ubicada al noroccidente del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.
Según información preliminar, el vehículo habría sido sustraído por desconocidos en circunstancias aún no esclarecidas. Las autoridades temen que el automotor ya se encuentre en desplazamiento hacia otras zonas del país.
Rutas posibles del vehículo robado:
Se presume que la camioneta podría estar siendo trasladada por rutas que conectan la zona de Intag con sectores como Cielo Verde, Los Bancos, Puerto Quito, Quinindé, Esmeraldas y Santo Domingo.
El Cuerpo de Bomberos ha hecho un llamado urgente a la ciudadanía para que, en caso de visualizar un vehículo con estas características y sin identificación oficial visible, contacten de inmediato al ECU 911 o al destacamento policial más cercano.
La institución señaló que el vehículo es fundamental para la atención de emergencias en zonas rurales, por lo que su pérdida representa un grave perjuicio operativo y un riesgo directo para la comunidad.
En desarrollo. La policía nacional ya ha sido notificada y se espera que en las próximas horas se emita una alerta oficial para facilitar su localización.
