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Imbabura duplicó su burocracia en la época del correísmo y hoy enfrentará los despidos de Noboa

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(Redacción Imbabura). El Gobierno de Daniel Noboa anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos a nivel nacional, una medida que, aunque aún no detalla cuántos trabajadores serán afectados en la provincia de Imbabura, ya despierta un debate sobre el tamaño del Estado y su papel en la economía y los servicios públicos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Imbabura registra actualmente 18.581 servidores públicos, una cifra que casi se duplicó durante la presidencia de Rafael Correa (2007–2017), cuando pasaron de 10.443 a 18.741. Este incremento respondió a una política de expansión estatal que apostó por fortalecer la presencia del Estado a través de nuevos hospitales, escuelas, instituciones públicas y programas sociales. La contratación de personal fue clave para operar esta estructura.

Sin embargo, esa misma expansión generó una carga fiscal elevada. Tras la caída de los precios del petróleo y el endeudamiento progresivo, el Estado comenzó a mostrar señales de desgaste económico. Desde 2017, con Lenín Moreno, se redujo el ritmo de contrataciones, y con Guillermo Lasso el número de funcionarios disminuyó aún más.

Hoy, la decisión de Noboa de reducir 5.000 plazas se presenta como una medida de contención frente a una crisis fiscal profunda. El recorte apunta a un Estado más liviano, en teoría más eficiente, pero también implica riesgos: menos personal podría significar reducción de servicios públicos en sectores clave como salud, educación y seguridad.

En provincias como Imbabura, donde muchas familias dependen de empleos estatales, la medida podría tener un impacto social y económico considerable.

220 mil personas mejoraron sus condiciones de vida en Ecuador según datos del INEC

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(Redacción Ecuador).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que la pobreza extrema en Ecuador bajó al 10,4 % a nivel nacional en junio de 2025, lo que representa que alrededor de 220 mil personas han salido de esta condición en el último año. Según el informe, en las zonas urbanas la pobreza extrema disminuyó al 3,5 %, mientras que en áreas rurales se mantiene elevada, con un 25,1 %, lo que significa que una de cada cuatro personas en el campo vive en condiciones de extrema precariedad.

Pese a la aparente mejora, el propio INEC señaló que no existe una diferencia estadísticamente significativa con respecto a junio de 2024, lo que evidencia que el cambio es leve y no representa una transformación estructural en las condiciones de vida de los ecuatorianos más vulnerables.

En contraste con los datos oficiales, ciudadanos en distintas partes de la provincia expresan que la realidad económica cotidiana sigue siendo compleja. En recorridos realizados en Ibarra, Cotacachi y Otavalo, se constata un aumento del comercio informal, empleos por horas y una creciente dificultad para cubrir el costo de la canasta básica. Muchas personas indican que, aunque no se consideren dentro del umbral de pobreza extrema, sus ingresos han disminuido y sus condiciones laborales se han precarizado.

“Los datos pueden decir que hay menos pobreza, pero en mi barrio cada vez hay más gente vendiendo en las calles o buscando trabajo”, señala Silvia Aguirre, madre de familia oriunda de la ciudad de Ibarra. Este tipo de testimonios refleja una desconexión entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana, que se inclina más hacia la incertidumbre económica y la inestabilidad laboral.

Mientras tanto, algunos analistas económicos advierten que la mejora registrada por el INEC, aunque positiva, podría ser frágil y desigual. El empleo adecuado sigue estancado y la informalidad laboral supera el 55 %, lo que impide que amplios sectores de la población accedan a una seguridad económica sostenida. Aseguran que, sin políticas públicas orientadas a la generación de empleo formal y a la redistribución efectiva de la riqueza, los avances podrían revertirse con facilidad.