(Redacción Imbabura).– Tras la eliminación de los murales que recordaban las movilizaciones de octubre de 2025, ocurrida el pasado 10 de abril en el sector del Partidero, en la vía hacia Cotacachi, comunidades indígenas, colectivos sociales y autoridades locales impulsaron su restauración como un acto de memoria y resistencia.
Las obras, ubicadas a lo largo de la vía E35, habían sido cubiertas con pintura durante trabajos de mantenimiento ejecutados por personal de la empresa Panavial, lo que generó rechazo en distintos sectores de la provincia.
En respuesta, comunidades y colectivos convocaron a artistas y ciudadanos, quienes participaron activamente en la recuperación del mural, destacando que la memoria colectiva no puede ser silenciada.
La inauguración oficial del renovado Mural de la Memoria de los Mártires se llevó a cabo el viernes 1 de mayo, en el mismo sector del Partidero. El acto fue organizado por dirigentes de la UNORCAC y UNICOBICI de Ilumán, e incluyó una ceremonia ritual en el considerado sitio sagrado.
En el mural se plasman los rostros de Efraín Fuerez, Edison David Farinango de Cotacachi, Jorge Guaman de San Rafael y Rosita Paqui de Loja, quienes fallecieron durante el paro nacional de 2025, en hechos atribuidos a la fuerza pública del gobierno de Daniel Noboa.
El espacio se consolida como un lugar de memoria, donde las comunidades buscan preservar la historia reciente y rendir homenaje a quienes consideran mártires de la lucha social.
(Redacción Ibarra).— Hace pocas horas, habitantes de Ambuquí se movilizaron en rechazo a las operaciones de una planta de asfalto, la cual —según denuncian— habría incumplido varios acuerdos establecidos previamente.
Los moradores recuerdan que hace exactamente un año ya protagonizaron un plantón, tras una resolución de la asamblea popular y dirigentes del sector, bloqueando la vía en señal de protesta por las afectaciones que, aseguran, genera la planta.
Entre los principales reclamos se mencionan presuntos problemas de salud en la población, así como el deterioro del paisaje natural del sector considerado de alto valor turístico y una de las principales fuentes de ingreso para las familias.
(Redacción Imbabura).- La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, denunció una presunta persecución política y judicial en su contra, luego de que la Fiscalía abriera una investigación por presunto financiamiento al terrorismo.
A través de un pronunciamiento público, Vercoutère aseguró que el proceso forma parte de una estrategia estatal para acallar voces críticas y disidentes, especialmente de mujeres, dirigentes indígenas y defensoras de derechos humanos.
La viceprefecta relató que el 21 de septiembre sus cuentas bancarias fueron bloqueadas sin previo aviso, junto con las de otras lideresas sociales. Asegura que no recibió notificación ni se presentaron pruebas, lo que a su criterio constituye una violación al debido proceso.
Días después, el 26 de septiembre, su nombre apareció en redes sociales dentro de una lista de personas investigadas por presunto enriquecimiento privado no justificado. En respuesta, presentó una acción de protección para exigir la restitución de sus derechos, la cual fue negada por la justicia constitucional.
Aunque el 31 de octubre anunció haber conseguido el desbloqueo de sus cuentas, horas más tarde fue notificada nuevamente por un nuevo proceso judicial: financiamiento al terrorismo.
La abogada Sonia Vera, defensora de Vercoutère, aseguró que su clienta ha sido víctima de un patrón de hostigamiento desde que lideró movilizaciones y procesos de defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos originarios.
Entre las acciones denunciadas figuran: Bloqueo arbitrario de cuentas sin orden judicial, procesos penales fabricados por supuestos delitos de terrorismo, vigilancia estatal y hostigamiento físico en Otavalo e Imbabura, estigmatización pública por parte de autoridades y medios afines al Gobierno.
Vercoutère advirtió que este tipo de procesos judiciales “con fines políticos” fomentan el miedo, la autocensura y la criminalización del liderazgo social, e hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que vigilen la situación en el país.
“No se trata solo de mi caso —subrayó—, sino del uso del poder judicial para callar a quienes piensan diferente”.
(Redacción Imbabura).- Imbabura cumplió un mes de paralización, en un paro atípico que la convirtió en la única provincia donde continuaron los cierres y la interrupción de actividades. Durante ese tiempo, no se logró avanzar hacia una mediación efectiva, y la inestabilidad se mantuvo como un factor constante en la región. A lo largo de cuatro semanas, diversos acontecimientos marcaron el desarrollo de la protesta, dejando un registro de conflictos, bloqueos y enfrentamientos que reflejaron la magnitud del descontento en la provincia. A continuación les presentamos una cronología de los momentos clave que tuvo esta paralización en Imbabura.
12 de septiembre de 2025: El presidente Daniel Noboa promulgó el Decreto 126, eliminación del subsidio al diésel.
Una medida que generó un rechazo inmediato y desató protestas en distintos sectores del país, especialmente entre comunidades indígenas y transportistas. Ante la creciente tensión, la Presidencia de la República anunció que, a partir del sábado 13 de septiembre, la sede del Ejecutivo funcionaría temporalmente en Latacunga, Cotopaxi, mientras que la Vicepresidencia operaría desde Otavalo, en Imbabura. Esta reubicación buscaba garantizar la continuidad administrativa en medio de las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales e indígenas.
15 de septiembre: Inicio de los primeros bloqueos viales en Carchi
Transportistas bloquearon la vía en el sector de Julio Andrade y se enfrentaron con las fuerzas armadas. La tensión se moderó días después, tras la autorización del presidente Noboa para entregar beneficios económicos a los transportistas, lo que permitió levantar el paro en la provincia. Sin embargo, la calma resultó ser temporal.
18 de septiembre: CONAIE anuncia movilizaciones a nivel nacional
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció un paro nacional en rechazo al Decreto 126 y a otras políticas económicas del Gobierno. Ese mismo día, en Imbabura, el presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 145, designó a Luis Efraín Amaguaña Muenala, abogado kichwa otavaleño, como nuevo gobernador de la provincia. Sin embargo, Amaguaña renunciaría días después, presionado por dirigentes indígenas. Además, a través del Decreto Ejecutivo N.º 134, el mandatario declaró el estado de excepción y estableció toque de queda en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo y Carchi.
21 de septiembre: El movimiento indígena en Imbabura declara una paralización indefinida.
Mediante un comunicado, se declararon movilizaciones indígenas desde las 10 de la noche, anticipando bloqueos y concentraciones en puntos estratégicos de la provincia.
22 de septiembre: Primeros cierres viales en Imbabura.
Organizaciones indígenas como CHIJALLTA FICI, UNORCAC, FENOCIN y comunidades Kichwa Karanki, Natabuela, Cayambi y Otavalo se sumaron a las movilizaciones, bloqueando varios tramos de la vía E35 e imposibilitando el paso desde Imbabura hacia el sur del país. Ese mismo día, los manifestantes se concentraron en el ingreso a Otavalo, donde un fuerte contingente policial y militar provocó un enfrentamiento marcado por un nivel de violencia desproporcionado. Durante los disturbios se destruyeron bienes públicos, se dañaron cámaras del ECU911 e incluso se incendió el Comando de Policía Judicial de la ciudad. Motocicletas, patrulleros y vehículos particulares quedaron consumidos por las llamas. En el marco de los incidentes, las autoridades detuvieron a 18 personas acusadas de presunto terrorismo. En la audiencia de flagrancia realizada al día siguiente, se resolvió que de los 18 aprehendidos (15 adultos, 2 menores de edad y una mujer), 12 continuarían detenidos mientras avanzaba la instrucción fiscal y seis recuperaron su libertad. El 6 de octubre, la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente el pedido de habeas corpus presentado por la defensa de 10 de los 12 detenidos. En la audiencia se dispuso el retorno inmediato de siete de los privados de libertad, quienes regresaron el 15 de octubre desde la cárcel El Rodeo, en Manabí, hacia la jurisdicción de Imbabura, donde cumplirán la medida de prisión preventiva mientras avanza la instrucción fiscal. De los 10 detenidos beneficiados, tres ya habían sido trasladados previamente desde Manabí hasta la cárcel de Ibarra el pasado 30 de septiembre debido a problemas de salud. Paralelamente, 17 militares fueron retenidos por comunidades del cantón Otavalo, recuperando su libertad de manera gradual, mientras en Ibarra se desarrollaban marchas pacíficas.
23 de septiembre de 2025: Nueva gobernadora para Imbabura
El presidente Daniel Noboa designó a la abogada Elsy Maite Landeta Sánchez como nueva gobernadora de Imbabura mediante el decreto ejecutivo 154.
El ministro del Interior confirmó que 50 personas fueron detenidas a nivel nacional en manifestaciones, 20 en Imbabura de los cuales dos personas de nacionalidad venezolana estarían ligadas al Tren de Aragua.
24 de septiembre: Daniel Noboa encabezó el primer convoy que ingresó a Imbabura.
Un contingente policial y militar se trasladó hacia Otavalo por carretera mientras el presidente de la república arribó en helicóptero alrededor de las 9 de la mañana. Desde allí, pronunció un breve discurso, pero se retiró sin ofrecer ninguna resolución ni respuesta concreta a la población.
En los días posteriores, la crisis se extendió a sectores como Peguche, Ilumán, Caluquí, González Suárez, Antonio Ante, Zuleta, Cayambe, Urcuquí, El Juncal y Lita, donde los bloqueos en ejes viales rurales paralizaron la movilidad en toda la región.
26 de septiembre:CONAIE da por finalizado el paro, sin embargo las bases no aceptan.
En una asamblea realizada en las instalaciones de la UNOPAC, en el cantón Cayambe, alrededor de 100 dirigentes de comunidades y organizaciones locales se reunieron para conocer y ratificar las resoluciones adoptadas por la dirigencia principal de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El encuentro estuvo encabezado por Marlon Vargas, presidente de la Conaie; Ercilia Catañeda, vicepresidenta; y Dennis de la Cruz, presidenta del Pueblo Kayambi. Durante la reunión se resolvió levantar las paralizaciones en los cantones Cayambe, Pedro Moncayo y Otavalo a partir del 27 de septiembre, a las 09:00.
26 de septiembre: Retienen a presidente de la CONAIE en Otavalo
Comuneros de Huaycopungo, en el cantón Otavalo, retuvieron al presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, tras el anuncio del fin del paro. Las comunidades lo acusaron de traición y anunciaron que debería someterse a la justicia indígena. Durante la reunión, todas las comunidades ratificaron que el paro continuaría en Imbabura hasta que se cumplieran sus demandas.
El 28 de septiembre: Primer fallecido por manifestaciones en Imbabura
Efraín Fueres, ciudadano de 47 años oriundo de Cuicocha, se convirtió en la primera víctima mortal de las movilizaciones, tras recibir un disparo por parte de personal militar en Ilumán, según testigos.
Días después, el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior se trasladaron a Ibarra para reunirse en la Gobernación, aunque no se conocieron acuerdos ni medidas concretas que lograran apaciguar la crisis.
Las protestas continuaron en Imbabura y comenzaron a tornarse vandálicas, ya que los manifestantes pincharon neumáticos e intimaron a los dueños de negocios para obligarlos a cerrar sus locales, mientras que la escasez de gasolina, gas doméstico y alimentos se convirtió en un problema recurrente para la población, en especial la otavaleña.
El 1 de octubre: FICI desconoce a su presidente
La decisión de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI) de declarar una tregua temporal y abrirse al diálogo con el Gobierno Nacional genero fracturas internas en el movimiento indígena del norte del país. Pocas horas después de emitido el comunicado oficial de la FICI, varias comunidades y organizaciones de base anunciaron que desconocen la resolución y a la dirigencia encabezada por Mesías Flores, presidente de la Federación. Lenin Farinango, presidente del pueblo Kichwa Karanki, declaró que nunca recibió “ni una llamada del presidente de la FICI”, y ratificó que las comunidades Karanki se mantienen en las medidas de hecho. “Intentan dividir al movimiento indígena”, advirtió.
04 de octubre: Se elimina el toque de queda en Imbabura
Tras varios días de bloqueos en el norte del país, la Corte Constitucional revisó los decretos del Ejecutivo y determinó que el toque de queda vulneraba derechos fundamentales, mientras que el estado de excepción solo se justificaba en Carchi e Imbabura, las provincias más afectadas por la crisis.
El 6 de octubre: Invasión a florícolas en Cotacachi
Jessica Torres, vicepresidenta de la UNORCAC, lideró a aproximadamente 200 manifestantes indígenas que invadieron una finca florícola en Cotacachi de Expoflores, intimidando a los trabajadores y presionándolos para sumarse a la paralización.
El 8 de octubre: Movilización masiva de indígenas a Ibarra
Un intento de tomarse Ibarra se registró durante una marcha multitudinaria a las afueras del edificio de la gobernación. El dirigente indígena de la UNORCAC, Guido Perugachi, advirtió que si la ciudad no colaboraba con el paro, volverían a tomarse la urbe y a causar destrozos.
13 de octubre: Segundo convoy humanitario ingresó a Imbabura por la vía Zuleta.
Un convoy humanitario ingreso a Imbabura con resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para abastecer a las comunidades afectadas por los bloqueos y actos de violencia debido al paro en Ecuador. El Bloque de Seguridad confirmó que el convoy transportó víveres, colchones, gas, medicinas y otros insumos esenciales destinados a la población civil que permanece aislada por la interrupción de vías. El convoy contó con la presencia y acompañamiento de representantes de la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Humano, Registro Social, Cruz Roja, medios de comunicación, delegados de la Fiscalía General del Estado y equipos técnicos encargados de la asistencia. La presencia de organismos institucionales formo parte del protocolo para asegurar transparencia, seguimiento y atención directa a las comunidades afectadas.
14 de octubre: Fuerte represión y enfrentamientos entre manifestantes y militares en Otavalo.
El Gobierno Nacional confirmó en rueda de prensa que su misión principal era devolver la paz a Imbabura, al siguiente día, Otavalo amaneció militarizado, y el ministro del Interior, John Reimberg, declaró a los medios: “Vamos a quedarnos hasta que todo vuelva a la normalidad. Aquí estaremos todo el tiempo que sea necesario; Imbabura no está sola”. El ministro indicó que un convoy humanitario fue atacado esa madrugada por manifestantes y este hecho desencadenó un enfrentamiento en el que la fuerza pública reprimió a los manifestantes con dureza. La ciudad se convirtió en un verdadero campo de batalla con calles destrozadas, actos de vandalismo, militares persiguiendo a manifestantes y más de 40 personas detenidas, la mayoría de las cuales fue liberada poco después gracias a la intervención legal de sus abogados y al respaldo de la comunidad. En medio del caos, un periodista comunitario resultó herido por el impacto de una bala –
15 de Octubre: Segundo comunero falleció por impacto de bala
José Guamán, de 30 años, recibió un disparo en el pecho durante las manifestaciones del día anterior, permaneció en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra en cuidado intensivo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado en helicóptero a Quito, pero lamentablemente falleció durante el trayecto.
15 de octubre: Alto al fuego y primeros acuerdos
Tras 23 días de paralización provincial, el presidente del pueblo Kichwa de Otavalo y la alcaldesa Anabel Hermosa Acosta anunciaron el cese de hostilidades y el inicio de mesas de diálogo directas con el Gobierno Nacional, misma que se instaló la tarde del 15 octubre en el hotel Yamor Continental, en donde 60 dirigentes, la curia y el ministro del Interior finalmente pudieron llegar a un acuerdo y anunciaron el fin del paro.
15 de octubre: Efímero final del paro en Imbabura
Luego del anuncio en rueda de prensa, las bases del movimiento indígena se declararon en rebeldía, causando una ruptura total, desconocieron los acuerdos y acusaron a sus dirigentes de traición, llegando incluso a agredir al presidente de la FICI, Mesías Flores, mientras informaba sobre el fin de las movilizaciones. Al final de la noche las vías no fueron habilitadas.
El 16 de octubre: Pronunciamientos de la alcaldesa de Otavalo
En una asamblea realizada a los pies de la Alcaldía de Otavalo, la alcaldesa encabezó un encuentro entre las bases y los dirigentes indígenas con el objetivo de buscar una salida al paro. En medio de un ambiente tenso, marcado por acusaciones y nuevos pedidos, la primera autoridad del cantón exhortó a los presentes a regresar a sus territorios, dialogar sobre las propuestas y socializarlas en las mesas técnicas que se instalarían el lunes 20 de octubre.
19 de octubre: FICI asume liderazgo de las movilizaciones en Imbabura
La CHIJALLTA-FICI asumió el control total del paro en Imbabura mediante un comunicado difundido en redes sociales, la organización informó que Sisa Inés Cotacachi, actual vicepresidenta, asumirá la presidencia en reemplazo de Mesías Flores, debido a su “ausencia y falta de liderazgo” Asimismo, la FICI invitó a la CONAIE, ECUARUNARI y FENOCIN a participar en el proceso de diálogo nacional, aunque precisó que las organizaciones de Imbabura serán las encargadas de dirigir el proceso
19 de octubre: Gobierno denuncia incumplimientos de acuerdos y suspende el diálogo.
El Gobierno Nacional anunció la suspensión del diálogo con los movimientos indígenas, citando incumplimientos de los acuerdos, cambios en los representantes y acciones violentas que, según el Ejecutivo, quebrantaban lo pactado previamente. Por ello, calificó los hechos ocurridos posteriormente como responsabilidad íntegra del movimiento indígena en la provincia.
21 de octubre: Paro provincial condenado a terminar
La Unión de Comunidades y Barrios Indígenas y Campesinas de Ilumán (UNICOBICI) resolvió en una asamblea comunitaria regresar a sus territorios. Durante la reunión, se señaló que continuarán en resistencia de forma pacífica desde cada comunidad, permaneciendo vigilantes ante los acontecimientos. Fabián Díaz, dirigente de Ilumán criticó duramente que solo cuatro cantones se mantienen en resistencia activa, afirmando que el paro no representa a todo el Ecuador. Añadió que, si la movilización se convierte en un paro verdaderamente nacional, las comunidades de Ilumán volverían a salir a las calles.
21 de Octubre: Comunidades de Imantag anuncian fin del paro
En una reunión que duró hasta la madrugada las comunidades de Imantag dieron por finalizado el paro en sus territorios y anunciaron la apertura total de la vía Imantag–Atuntaqui. Además, ofrecieron disculpas públicas a toda la comunidad por los inconvenientes ocasionados durante los días de movilización.
22 de octubre: Primeas vías habilitadas en Imbabura.
Medinte labores de limpieza se aperturó un tramo de la vía Atuntaqui-Santa Bertha que fue bloqueada con palos y piedras como parte de los primeras vías en ser habilitadas en la provincia.
22 de octubre: CONAIE anuncia fin del paro
Al medio dia, el presidente de la CONAIE Marlon Vargas se pronunció al país mediante un video en el que ratificó que, frente al anuncio del Gobierno de desplegar toda la fuerza del Estado para habilitar las vías en Imbabura, la organización ha decidido dar por terminado el paro. Vargas informó que se dará paso a la apertura de las vías e hizo un llamado a las comunidades a replegarse a sus territorios, para salvaguardar la vida.
22 de octubre: UNORCAC anuncia que mantendrá la resistencia pese a comunicado de la CONAIE del fin del paro
La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) emitió un pronunciamiento en el que aclaró que no pertenece a la CONAIE y que, pese al anuncio de su presidente Marlon Vargas de dar por terminado el paro, mantendrán la resistencia en la provincia de Imbabura. En su comunicado, la organización confirmó que las vías en Cotacachi permanecerán cerradas y que el día de mañana realizarán una gran marcha que saldrá desde el centro de Cotacachi hasta el ingreso al cantón. Los dirigentes expresaron su preocupación por el anuncio del presidente de la República, quien ordenó el despliegue de toda la fuerza del Estado para reabrir las vías en Imbabura. Afirmaron que, pese al temor por posibles enfrentamientos, mantendrán su resistencia de manera pacífica, defendiendo su derecho a la protesta.
22 de octubre: Fuerzas Armadas hacen un barrido de la vía E35 para despejar el paso
Durante la tarde, dos convoyes de las Fuerzas Armadas iniciaron las labores de limpieza y despeje de la vía E35, uno avanzando desde Otavalo hacia Ibarra y otro en sentido contrario, desde Ibarra hacia Otavalo. La operación contó con el apoyo de maquinaria pesada que trabaja en la remoción de escombros, ramas y obstáculos que permanecían sobre la calzada tras 30 días de bloqueos. De igual manera, personal policial se mantiene desplegado a lo largo del corredor vial, garantizando el control de la zona y la seguridad del operativo.
Luego del paso del primer convoy moradores de San Rafael de la Laguna, en el cantón Otavalo salieron nuevamente a las vías y atacaron a los vehículos que se movilizaban pinchando neumáticos y afectando a parabrisas de los vehículos.
22 de octubre: FICI convoca a reunión de emergencia
La FICI anunció que iniciará la apertura de las vías en toda la provincia, luego de varias jornadas de diálogo con las comunidades. Con esta decisión, la FICI se convirtió en una de las últimas organizaciones en levantar el paro provincial que se extendió por casi un mes.
23 de octubre: Marcha por la dignidad en homenaje a la víctimas del Paro 2025
Esta mañana, distintas comunidades indígenas se congregaron a la entrada a Cotacachi para dar inicio a una marcha pacífica por la dignidad, convocada por la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi UNORCAC y la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura FICI. Bajo el lema “Por la memoria, la resistencia y la dignidad de nuestros pueblos”, los participantes avanzaron por la vía E35 con tambores, flautas, banderas y consignas, en homenaje a Efraín Fueres, José Guamán y Rosa Paqui, las tres personas que perdieron la vida durante las protestas sellando de este modo el fin del paro en Imbabura.
(Redacción Otavalo).- Desde tempranas horas del día, representantes de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (CHIJALLTA FICI) mantuvieron reuniones internas en Otavalo para definir la hoja de ruta que guiará la mesa de diálogo. A la salida, varios comuneros solicitaron a los dirigentes transparencia y apertura en el proceso, insistiendo en que participen todos los líderes de las comunidades afiliadas a la FICI.
El ex presidente de la organización, Manuel Catucuango, señaló en declaraciones recogidas por Radio Ilumán que el movimiento acudirá unido para plantear sus principales demandas al Gobierno. “Iremos todos los presidentes de las 45 comunidades, trabajaremos por puntos concretos: la eliminación del Decreto 126, la liberación de los detenidos durante las protestas, el fin de la persecución judicial a los dirigentes, y el esclarecimiento de las muertes de Efraín Fueres y José Guamán”, afirmó.
Por parte del Gobierno Nacional se confirmó la presencia del Ministro del Interior John Reimberg, mientras de parte del los dirigentes indígenas están Presidente de la FICI, presidente de los pueblos, cabildos y uniones que conforman la CHIJALLTA FICI, además el padre Cristian Andrade, párroco de San Francisco de Otavalo, junto con la alcaldesa Hermosa, llegaron al Hotel Yamor Continental, sitio designado para el desarrollo de la mesa de diálogo. En los alrededores se implementaron estrictas medidas de seguridad y se restringió el acceso únicamente a delegaciones acreditadas.
Durante la jornada, se prevé que los representantes de las comunidades presenten formalmente sus planteamientos ante las autoridades nacionales. Según informó la alcaldesa, el objetivo de este proceso es restablecer la paz y reconstruir los canales de comunicación entre el Estado y los pueblos originarios de la Sierra Norte.
El encuentro se desarrolla en medio de una fuerte expectativa ciudadana, mientras Otavalo busca recuperar la calma tras los enfrentamientos registrados en las últimas semanas.
(Redacción Otavalo).- Diecisiete días de paro nacional han bastado para aislar completamente a Otavalo del resto del Ecuador. Los cierres viales al norte, al sur y en los ejes rurales han incomunicado al cantón, que hoy vive una de sus crisis más duras.
El centro de la ciudad permanece desolado: calles vacías, negocios cerrados y mercados sin actividad. Los comerciantes, sin la posibilidad de vender sus productos, enfrentan pérdidas totales. El desabastecimiento es evidente y la escasez de alimentos empieza a sentirse con fuerza, sobre todo en productos que no se producen en el cantón, como cárnicos, lácteos y comestibles de supermercados.
En varios sectores no hay presencia policial, lo que ha generado un ambiente de temor e incertidumbre. Según la ciudadanía otavaleña, grupos de indígenas armados transitan por las calles custodiando que los locales permanezcan cerrados. La gente asegura que actúan con intimidación, vulnerando el derecho al trabajo y restringiendo toda actividad comercial.
La dificultad en la movilidad es otro golpe para los otavaleños. El transporte público ha desaparecido por el desabastecimiento de combustible, y la población se ve obligada a caminar o movilizarse en motos y bicicletas. Sin embargo, muchos aseguran que manifestantes pinchan los neumáticos de los vehículos que intentan circular, dejando a las personas sin opciones.
La crisis del gas doméstico se ha convertido en una de las mayores preocupaciones en Otavalo. Los distribuidores solo pueden ingresar a las comunidades donde, según múltiples denuncias, los dirigentes imponen condiciones para acceder a los cilindros. A modo de extorsión, el gas se entrega únicamente a quienes apoyan activamente el paro nacional. Este hecho quedó en evidencia en la comunidad de Peguche, donde un ciudadano denunció haber sido víctima de esta práctica. Según su testimonio, algunos dirigentes se toman atribuciones para decidir quién puede comprar y quién no.
Las pocas provisiones que logran ingresar al cantón ya tienen destino asegurado; van dirigidas casi exclusivamente a las comunidades en protesta, mientras el centro urbano permanece sin abastecimiento. En Otavalo se ha instaurado una especie de monopolio en el que la consigna es clara: “Si no apoyas el paro, no hay comida”.
Otavalo, reconocida por su dinamismo comercial, cultural y turístico, hoy se encuentra paralizada, asfixiada por los bloqueos y la incertidumbre. Sus habitantes claman por ayuda y por el restablecimiento del orden, mientras el Gobierno Nacional parece guardar silencio ante una crisis que se agrava cada día.
(Redacción Imbabura).- En Imbabura, especialmente en ciudades como Otavalo e Ibarra, se registra un incremento de precios y escasez de productos como cárnicos y lácteos. El desabastecimiento de combustible se ha podido estabilizar de manera momentánea gracias a tanqueros que llegaron a la provincia por la ruta Ibarra-San Lorenzo y lograron abastecer algunas estaciones de servicio. Sin embargo, el problema más crítico en la región sigue siendo la falta de gas doméstico, una situación que se ha agravado tras 16 días de paro nacional y la persistencia de bloqueos en las carreteras.
En Otavalo, la situación se agrava porque los distribuidores solo ingresan a comunidades bajo designación indígena, medida que profundiza la escasez y genera creciente desesperación entre la población. Esto se evidencia en reportes a nuestra redacción, donde ciudadanos de Peguche denuncian que la venta de gas se organiza a través de grupos de WhatsApp de los dirigentes comunales, quienes establecen que «solo se venderá a quienes participen activamente del paro nacional». Una decisión arbitraria que muchos consideran egoísta y sin respeto hacia quienes no desean sumarse a la protesta.
En Ibarra, decenas de ciudadanos acuden al parque industrial, donde funcionan los centros de distribución de gas, con la esperanza de conseguir un cilindro. Muchos terminan siguiendo a los camiones cargados de las distribuidoras, intentando comprar gas en el camino a precios que rondan los 3,75 USD. Relatos de moradores indican que, a pesar de contar con reservas, los centros de distribución se niegan a vender al público, lo que genera molestia e indignación entre la ciudadanía y deja a muchas personas recorriendo las calles con los tanques vacíos.
Según reportes de ciudadanos, para hoy se estima que se han destinado alrededor de 2.147 bombonas de gas a la ciudad de Ibarra, distribuidas en distintos puntos de venta. Sin embargo, las autoridades de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), los jefes políticos, los comisarios nacionales y el intendente de Policía no han emitido pronunciamiento alguno ni han implementado medidas para controlar la especulación y las irregularidades en la distribución del gas. Tampoco se han coordinado acciones con los distribuidores de gas licuado de petróleo (GLP) ni con los dirigentes barriales, con el objetivo de mejorar y garantizar un suministro adecuado del producto.
(Redacción Imbabura).- Aunque las elecciones del Sindicato de Choferes de Imbabura se llevaron a cabo el pasado 5 de abril de 2025, recién se conoce que la acción de protección presentada por el concejal Edwin Vásquez Mera para frenar el proceso fue negada, confirmando la proclamación de Cristóbal Moncayo como nuevo secretario general y marcando el fin de los 16 años de liderazgo de Vásquez al frente del gremio.
Días antes de los comicios, el Tribunal Electoral del Sindicato descalificó la candidatura de Vásquez para la reelección, lo que generó controversia y tensión entre los socios. En respuesta, Vásquez, quien también es concejal de Ibarra y hasta entonces secretario general del sindicato, presentó una acción de protección que, en primera instancia, fue acogida por el juez Jhonny Gustavo Palacios Soria, ordenando la suspensión de las elecciones.
A pesar de esta decisión judicial, el Tribunal Electoral del sindicato decidió continuar con las votaciones, alegando que sus estatutos internos respaldaban la realización del proceso, lo que derivó en un clima de incertidumbre.
Tras la apelación, la justicia revocó la sentencia de primera instancia y negó la acción de protección, concluyendo que no se vulneraron los derechos constitucionales de participación, debido proceso ni seguridad jurídica. La resolución emitida dejó sin efecto la suspensión de las elecciones y ratificó la validez de los comicios, habilitando a la lista encabezada por Cristóbal Moncayo para asumir la conducción del Sindicato.
Edwin Vásquez Mera dirigió el Sindicato de Choferes de Imbabura durante 16 años consecutivos (2009–2025), tras suceder a Milton Ramírez, y logró cuatro reelecciones seguidas, consolidándose como uno de los dirigentes gremiales de mayor trayectoria en la provincia. Con el fallo judicial y la proclamación de resultados Vásquez ya no podrá postularse en futuros procesos electorales dentro del sindicato.
(Redacción Ibarra).- Han pasado 61 años desde que el Mercado Amazonas se convirtió en un punto clave para el comercio popular en Ibarra. Fundado en 1964 por cerca de 100 emprendedores provenientes del antiguo Mercado del Águila, este centro de abastos marcó un cambio en la forma de comercializar productos en la ciudad, atrayendo a la población hacia lo que en ese entonces era un potrero, más allá del Obelisco.
Con el paso del tiempo, el mercado creció, se consolidó y se convirtió en un referente para el abastecimiento de la ciudadanía. Sin embargo, hoy enfrenta un panorama muy distinto que preocupa a los ibarreños.
Debido a su antigüedad y prolongado tiempo de operación, el Mercado Amazonas muestra un evidente deterioro en su infraestructura. Este desgaste ha traído consigo graves problemas de insalubridad, como la presencia de plagas, un sistema de alcantarillado que emite olores desagradables y un basurero ubicado cerca de la calle Obispo Mosquera, que causa molestias tanto a los transeúntes como a los vehículos que circulan por la zona. Las mingas realizadas de forma esporádica no han sido suficientes para mejorar las condiciones higiénicas, y con el paso de los años el mercado ha perdido funcionalidad y atractivo para los consumidores.
A esto se suma el desorden generado por el comercio informal, especialmente en la calle Obispo Mosquera, donde diariamente se produce una intensa congestión vehicular por la ocupación de la calzada por parte de vendedores ambulantes. Esta problemática obligó, hace algunos meses, a la colocación de una barrera metálica para evitar la apropiación del espacio público. Sin embargo, las tensiones han persistido, generando enfrentamientos entre comerciantes informales y agentes de control municipal, mientras que los vendedores establecidos dentro del mercado continúan denunciando falta de control, orden y acción efectiva por parte de las autoridades.
Otra problemática evidente en los alrededores del Mercado Amazonas es la inseguridad. En sus inmediaciones se ha identificado la venta de artículos de dudosa procedencia; esta situación se agrava por la notoria falta de patrullaje policial y la escasa presencia de agentes de seguridad, lo que convierte al sector en un punto vulnerable para actividades ilícitas.
Ante este escenario, se conoce que el alcalde Álvaro Castillo ha mencionado en intervenciones anteriores que existe una propuesta para la construcción de un nuevo Mercado Amazonas en un terreno ubicado entre las calles Heleodoro Ayala y José Tobar Tobar, en las inmediaciones de la terminal terrestre. Una vez efectuado el traslado, el actual espacio del mercado sería destinado para la implementación de una estación de transferencia de buses urbanos.
Sin embargo, la mañana de hoy, en rueda de prensa, Blanca Quiguango, representante de los comerciantes del Mercado Amazonas, se pronunció sobre el proyecto, aclarando que durante una socialización realizada el día de ayer con los dirigentes del mercado y el alcalde de la ciudad, él informó que actualmente no existe un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. En ese contexto, explicó que el Municipio se encuentra buscando financiamiento a través de empresas internacionales, entre ellas una mexicana y otra española; esta última ya habría presentado su documentación, la cual se encuentra en proceso de verificación. Se prevé que en aproximadamente ocho días se mantenga una nueva reunión con las partes involucradas, donde se podrían conocer avances concretos y decisiones sobre el futuro del proyecto.
Mientras tanto, aseguró que el Mercado Amazonas continuará abierto y funcionando con normalidad, garantizando así el sustento de cientos de familias que dependen de esta actividad.
Finalmente, hizo un llamado a los comerciantes y a la ciudadanía a no dejarse confundir por rumores o información emitida por líderes y grupos que no representan los intereses reales del sector. “Los comerciantes no estamos desamparados. Es fundamental mantenerse informados por canales oficiales y autoridades legítimas”, puntualizó.
La situación actual del Mercado Amazonas evidencia que el modelo de hace seis décadas ya no responde a las necesidades de una ciudad con alrededor de 170 mil habitantes y en crecimiento.
Hoy en Imbabura 