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Pasado judicial de Juan Arias entra en escena en plena carrera electoral por la Alcaldía de Ibarra

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(Redacción Ibarra).- Luego de que reconocidos medios de comunicación digitales locales, provinciales y nacionales vertieran información que señalaba que el candidato a la Alcaldía de Ibarra, Juan Arias, habría sido detenido en aparente estado de embriaguez, pocas horas después de protagonizar un incidente con un candidato a concejal de otra organización política, y tras los comentarios realizados por José Moncayo en un espacio periodístico, el equipo de nuestra redacción realizó una verificación de los datos para contrastar dicha información.

Al revisar el portal de procesos de la Función Judicial se constató que Juan Fernando Arias Carvajal sí registra una detención, pero esta corresponde al 13 de agosto de 2023, es decir, a un hecho ocurrido hace tres años y que no guarda relación temporal con el incidente que actualmente circula en redes sociales.

De acuerdo con la información que consta en el proceso judicial, la resolución señala que existió colaboración del procesado con el agente de tránsito durante el procedimiento y que no hubo intención de darse a la fuga ni circunstancias agravantes. En aplicación del artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena fue reducida en un tercio, estableciéndose tres días de privación de libertad, descontándose el tiempo que permaneció privado de su libertad por esta causa. Además, se estableció una multa de USD 300 y la reducción de tres puntos en su licencia de conducir.

Tras la incendiaria acusación, Arias publicó en sus redes sociales un comunicado en el que reconoció que el video difundido era real y que no había sido generado mediante inteligencia artificial, pero aclaró que no correspondía a un hecho ocurrido en la actualidad. La publicación posteriormente fue eliminada de sus redes sociales.

La controversia se produce a pocos días de que se oficialicen las candidaturas y se cumpla el proceso de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un escenario marcado por la actividad política y la exposición de antecedentes de los aspirantes.

Mientras tanto, ciudadanos y sectores políticos han cuestionado este tipo de publicaciones y las atribuyen a posibles estrategias de confrontación electoral entre candidatos, al considerar que la difusión de hechos ocurridos años atrás podría tener como objetivo afectar la imagen de los aspirante y desacreditar su trabajo de cara a las próximas elecciones.

Contenido íntimo generado con IA nueva herramienta para extorsionar

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(Redacción Ecuador).- El avance acelerado de la Inteligencia Artificial ha traído consigo herramientas capaces de crear imágenes, audios y videos hiperrealistas en cuestión de segundos. Sin embargo, este progreso también ha abierto una preocupante puerta a la generación de contenido íntimo falso —conocido como deepfake— utilizado para acosar, humillar y extorsionar a las personas.

Hoy, cualquier usuario con acceso a ciertas aplicaciones puede tomar una fotografía real y, mediante IA, alterarla para simular desnudos o situaciones sexuales inexistentes. Este tipo de manipulación, además de vulnerar gravemente la privacidad y la dignidad de las víctimas, se ha convertido en un método de presión y extorsión ya que los agresores amenazan con difundir el material si no reciben dinero, favores o silencio.

Este fenómeno, cada vez más frecuente, cobra especial relevancia tras un posible caso registrado en la Unidad Educativa San Roque en el cantón Otavalo. Durante una asamblea de padres de familia realizada el jueves 23 de abril, se denunció que un estudiante de octavo año habría utilizado herramientas de Inteligencia Artificial para manipular fotografías de sus compañeros, generando contenido inapropiado que no solo circuló dentro del plantel, sino que, según los representantes, incluso habría sido comercializado.

La reacción fue inmediata. Padres del curso afectado calificaron el hecho como una grave vulneración a la dignidad de los menores y anunciaron acciones legales tanto contra el estudiante implicado como contra la institución, señalando una falta de control y protección.

La reunión se tornó tensa cuando el padre del menor acusado exigió pruebas antes de aceptar sanciones. Además, se mencionó que el estudiante pertenecería a un grupo con discapacidad, lo que añade complejidad al manejo del caso desde el punto de vista disciplinario y jurídico.

Ante la gravedad de la situación, los padres han advertido con un retiro masivo de alumnos si no se garantizan cambios inmediatos. La crisis ya ha derivado en el anuncio de modificaciones en el rectorado y ha puesto en debate incluso la posibilidad de recurrir a mecanismos como la justicia indígena.

El artículo 166-A del Código Orgánico Integral Penal se establece que la persona que, sin consentimiento, difunda, publique, comparta o entregue a terceros imágenes, audios o videos de carácter íntimo o sexual de otra persona, vulnerando su privacidad, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a seis años, la cual puede agravarse si concurren circunstancias como relación de confianza, finalidad de daño o difusión masiva del contenido.

En el caso de contenido íntimo falso generado con inteligencia artificial, como el ya mencionado “deepfakes”, puede ser sancionado bajo varias figuras del COIP pese a que la normativa no lo regula de forma expresa. En la práctica, estos casos pueden configurarse como delitos de extorsión o extorsión sexual cuando existe chantaje, así como infracciones contra el honor —como la calumnia— si se afecta la reputación de la víctima, e incluso vulneración a la intimidad según las circunstancias.

El caso de Otavalo no es aislado, sino un reflejo de una problemática creciente en la manipulación de la Inteligencia Artificial como herramienta de daño.